El trabajo esclavo y la vista esquiva

Nos encontramos la semana pasada con este artículo en el diario La Nación, firmado por el propio Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. La nota, en la que el líder del PRO habla de la importancia de la industria de la indumentaria en la Ciudad, sale justo al día siguiente de que se conociera que su cuñado había sido imputado por reducir a la servidumbre a trabajadores bolivianos en talleres pertenecientes a su empresa.

Hasta ahora, ese hecho no apareció en el diario fundado por Mitre.

Cifras

Macri dice en la nota que la industria de la indumentaria es la principal fuente de empleo en la Ciudad, con 54.653 empleos formales. A primera vista, se trata de un error: el Gobierno de la Ciudad, que él tiene a su cargo, cuenta con una plantilla de alrededor de 150.000 cargos. Si bien es cierto que la cifra incluye por ejemplo cargos docentes (en muchos casos hay docentes con más de un cargo), no tiene en cuenta los miles de contratos de locación de servicio que tiene la Ciudad. De cualquier manera, la diferencia es muy grande.

Tal vez quiso referirse a empleos en la actividad privada, o tal vez tenga estimaciones respecto del alto grado de informalidad en esta rama de actividad que le hagan pensar que hay más de 100.000 empleos en negro. Lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que no desconoce ni la existencia de trabajo en negro ni tampoco la de trabajo esclavo en una industria en la que cuenta con lazos familiares.

La Ley 3019

Pocos meses antes de iniciar su noviazgo con la empresaria textil Juliana Awada, Macri envió a la Legislatura un proyecto de ley para declarar “la Emergencia Laboral y de Infraestructura en la micro y pequeña empresa de las industrias de la indumentaria, calzado y afines emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires” y, al mismo tiempo, crear el Programa de Regularización “Buenos Aires produce”. El proyecto, que ingresó a la Legislatura en septiembre de 2008, recordaba en su mensaje el incendio que se había producido en un taller clandestino de la calle Luis Viale en el año anterior (gestión Telerman), en el que habían fallecido un hombre, una mujer y cuatro chicos. El hecho ponía en evidencia, también según los fundamentos del proyecto, “la gravedad de la situación y la necesidad de un abordaje de fondo” que exigía “la adopción de medidas sin demora.” El proyecto agregaba que “una gran cantidad de familias –en su mayoría de nacionalidad boliviana– obtiene su sustento prestando su fuerza laboral en este subsector, que opera en condiciones de suma precariedad en lo referente a su estructura, condiciones laborales y de higiene y seguridad.”  La Legislatura aprobó la ley el 12 de marzo de 2009. Los argumentos del despacho de Comisión fueron los mismos que los del Jefe de Gobierno, que promulgó con su firma la ley el 7 de abril del 2009.

La ley no fue, hasta la fecha, reglamentada, a pesar de que en su texto establecía que la reglamentación debía hacerse en un plazo de 30 días.

Pasaron casi 5 años de su sanción (12 de marzo de 2009). 

El Informe de la Auditoría General de la Ciudad

La Auditoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en junio del 2012 un informe (4.11.13 “Dirección General de Protección del Trabajo. Regularización de Micro y Pequeño Emprendimiento de la Industria Indumentaria”) en cuya conclusión se afirma que:

“debe destacarse que en el período bajo análisis no se ejerció una fiscalización de los talleres con trabajo a domicilio correspondiente a la Micro y Pequeña Empresa de la Industria Indumentaria en los términos de la Ley 3.019, por ausencia de reglamentación de la ley, ni se cumplió con los objetivos primarios del programa presupuestario relacionados con la entrega de subsidios para paliar la situación de emergencia  de los talleres mencionados: más del 70% del presupuesto para estos subsidios ($ 750.000 de $ 1.063.353) fue utilizado finalmente para otros fines que no tenían que ver con el programa creado en función de la mencionada Ley.” 

Los $ 750.000 del presupuesto destinado a financiar subsidios y regularizar talleres clandestinos tuvieron finalmente como destino la contratación de la empresa UBATEC S.A. por un “servicio de consultoría y asesoramiento para la prestación de un servicio de digitalización y procesamiento de imágenes en formato PDF” para la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad.

El informe también revela la escasez de inspecciones realizadas por la Dirección General de Protección del Trabajo, las cuales no tuvieron prácticamente ningún efecto. A pesar de que el plazo establecido por el artículo 30º de la Ley 265 (“Competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires”), para dictar resolución y notificar al infractor es de 60 días hábiles, el promedio de demora fue de 297 días. Esto impacta directamente en la posibilidad de hacer efectiva la sanción: el 87.82 % de las multas impuestas no fueron cobradas por el GCABA, el 2.98 % se cobraron parcialmente y el 9.20 % se cobraron a través de planes de pago, según consigna el informe.

La Auditoría de la Ciudad subrayó “la imperiosa necesidad” de que el Jefe de Gobierno “proceda a la reglamentación de la Ley 3019”. La ley establece requisitos mínimos (inscripción, adhesión, plan de adecuación edilicia y plazo de ejecución) para acceder a los beneficios (subsidios) derivados de su implementación. Nada de esto puede hacerse si Macri no reglamenta la ley.
El Informe de la Auditoría fue remitido a la Vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, hace más de un año y medio.

Sin soluciones ni sanciones

Tal como se expone en los propios fundamentos del proyecto que dio lugar a la norma, “una vía de abordaje del problema puede ser la punitiva, ordenando la clausura lisa y llana de dichas unidades informales de producción, con el consabido costo de la pérdida de la fuente de sustento para innumerables trabajadores y trabajadoras. Otra alternativa posible consiste en desarrollar un programa de regularización de la actividad, destinado a las micro y pequeñas empresas.” Medidas imposibles de desarrollar si Macri ignora la Ley que él mismo impulsó y luego promulgó. Esta práctica del jefe de Gobierno porteño resulta una variante al hecho de vetar sistemáticamente leyes sancionadas por la Legislatura, aún las votadas por su propio bloque.

En definitiva, es muy llamativo el paulatino cambio de conducta de Macri, ya que pasó de expresar su preocupación por el tema a incumplir la ley que permitiría fiscalizar y fundamentalmente regularizar los talleres textiles clandestinos. En el medio, se casó con una empresaria cuya firma viene siendo denunciada en forma reiterada por beneficiarse con las condiciones de trabajo esclavo a las que se ven sometidas una innumerable cantidad de personas.