Reforma a la Ley 268, de campañas electorales

Este viernes se llevará a cabo una reunión de Diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene como objeto tratar tres proyectos de reforma a la Ley 268, que regula todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas electorales. Los tres proyectos tienen en común la pretensión de actualizar los montos que reciben los partidos políticos y alianzas por parte del Estado local y, en consecuencia, los topes de gastos. Sin tener en cuenta otras cuestiones que se pretenden o que se deberían reformar de la Ley 268 (que son muchas y justifican una nota aparte), lo que es indudable es que los montos, fijados para la elección del año 2000, habían quedado seriamente desactualizados, por lo menos si se pretende conservar el espíritu que dio lugar a la aprobación de la ley en 1999 y los montos que entonces se fijaron como adecuados.

En un post anterior, relacionado con la ley de Reforma Política aprobada a nivel nacional, hice una serie de consideraciones respecto del financiamiento de los partidos políticos que entiendo necesario repetir a fin de expresar mi opinión:

Es difícil pensar en mejorar algo sin invertir en ello. No necesariamente se trata de dinero, puede ser esfuerzo físico o mental, tal vez tiempo.
Cuando se trata de políticas públicas es imposible creer que se puede asignar menos recursos económicos a mejorar la calidad de algún servicio prestado por el Estado. Es así que a nadie se le ocurriría proponer mejorar la educación, la salud o la defensa nacional a través de una reducción de su presupuesto.
No obstante, con la política parece ocurrir lo contrario. Parte de la crisis de representación ha tenido como resultado y se alimenta a la vez de la extensión de un discurso que pretende mejorar la política a través de la reducción del gasto que la misma genera (aunque en la práctica el costo puede ser mucho mayor). Se cree que con políticos mal pagos, con pocos recursos para capacitación y reduciendo las posibilidades de que los dirigentes honestos puedan contar con fondos para hacer campaña se puede mejorar la calidad de la representación.
Sin quererlo o decididamente a propósito, se genera el ambiente para que haya dos clases de políticos: los ricos y los que roban (categorías para nada excluyentes, por cierto y sobre todo con demasiados ejemplos a la vista). Profundizar este modelo sólo puede hacernos recaer en el fracaso y la frustración que nos tienen como abonados.
Cualquier reforma política seria debería encarar la cuestión del financiamiento desde dos premisas: que sea suficiente para sostener el funcionamiento constante de estructuras partidarias que generen políticos formados y que les permita discutir públicamente su agenda de propuestas en condiciones de igualdad y sin condicionamientos del lado de quienes ponen dinero para las campañas.
Dicho de otra forma, habría que dar el debate para la eliminación del financiamiento privado (dado que se trata de una inversión la tasa de retorno de la misma siempre es en perjuicio de la sociedad) y habría que trabajar sobre las condiciones para que los partidos políticos cuenten con los fondos necesarios para capacitación y para el planteo constante de propuestas alternativas de gobierno.

La Ley 268 tiene hoy, 11 años después de su aprobación y a pesar de que ha habido estabilidad de precios sino todo lo contrario, los mismos montos que en el año 2000, cuando el presupuesto de la Ciudad era menos de la octava parte de lo que es hoy. El Consenso respecto de la necesidad de modificar esto es amplio. Los tres proyectos (404-D-2011, 433-D-2011 y 695-D-2011) llevan las firmas de Diputados de buena parte de los bloques de la Legislatura: Coalición Cívica, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, PRO, Encuentro Progresista y Solidaridad e Igualdad.

La principal diferencia entre las iniciativas es la forma de fijar los montos. Mientras que por un lado se pretende que la ley de presupuesto establezca cada año el valor de una unidad fija, por otro se propone fijar el monto total de lo erogado por la Ciudad como un porcentaje del presupuesto.

En mi opinión, es mejor la segunda alternativa. Si bien las propuestas están lejos de tomar un porcentaje cercano a lo que se invirtió en materia electoral en el año 2000, establecer un porcentaje respecto del total del presupuesto generaría un criterio mucho más objetivo que el que se logre alcanzar por consenso en la aprobación del presupuesto correspondiente a cada año electoral.
De todas formas, la 268 se merece un debate más profundo. Por ahora, habrá que ver si se logra acuerdo para actualizar aunque sea un poco lo que reciben los partidos, que aún con lo que se pretende aumentar de financiamiento, en su gran mayoría no recibirán ni siquiera el monto necesario para imprimir las boletas.


Yapa: Vinculado con este tema del costo de la política, en el día de ayer, los Diputados de la Ciudad se dieron a sí mismos un importante aumento de sueldo, bastante por encima del que recibieron los empleados de la Legislatura. El proyecto se presentó en mesa de entradas a las 17:49 hs. y fue aprobado menos de una hora más tarde. Como se trata de la reforma a la Ley 2, debería ser de doble lectura (art. 89° inc. 7 de la Constitución de la Ciudad), pero tengo la impresión de que se les escapó el detalle. Francamente, y más allá de chicanas y suspicacias, yo defiendo que quienes tienen tamaña responsabilidad y fueron elegidos por los ciudadanos ganen cifras acordes a ello, y lo defiendo a tal punto que lo escribo aquí con mi nombre y apellido. Una pena que muchos de los que ayer votaron el proyecto 776-D-2011, con tanta urgencia, hagan discursos en otro sentido.