La Ciudad de Buenos Aires tiene dos frentes de inversión en obras de envergadura estructural: subtes e inundaciones. De las obras para mitigar el efecto de las lluvias, la más importante es hoy la del arroyo Maldonado.
La gestión de Mauricio Macri se ha caracterizado en este último año y medio por la transferencia de recursos públicos al sector privado a través del pago de sobreprecios, adelantos financieros y redeterminaciones de precios. La obra del arroyo Maldonado no sólo es parte de este esquema, sino que muestra directamente cómo el Jefe de Gobierno hace negocios con el dinero de todos los ciudadanos.
El Acuerdo Macri-Telerman El 1° de marzo de 2004, Aníbal Ibarra anunciaba a la Legislatura que se estaba “cerrando un préstamo directo con el Banco Mundial, por u$s 150 millones, para las obras de mitigación de inundaciones en el Arroyo Maldonado, debajo de la Avenida Juan B. Justo.” Poco después, el 2 de diciembre, envía el proyecto de ley para aprobar el convenio con el BIRF, finalmente por u$s 130 millones, por el que además se declaraba de utilidad pública una serie de terrenos destinados a la puesta en marcha de las obras. Dicho proyecto fue convertido en ley el 17 de marzo de 2005, y promulgado por el Ejecutivo a través del decreto 477/05, publicado en el Boletín Oficial del día 19 de abril de ese año.
Ese mismo año, la Ciudad concluía la que hasta ese momento había sido la obra hidráulica de mayor importancia, el canal aliviador del arroyo Vega, que históricamente había generado inundaciones en el barrio de Belgrano.
Aníbal Ibarra fue suspendido de sus funciones en noviembre de 2005, por un acuerdo entre distintos sectores políticos que aprovecharon la tragedia de Cromañon para repartirse el Gobierno, en especial los sectores encabezados por Telerman y Macri.
Lamentablemente, no sólo se trató de repartirse el Gobierno, sino de posicionar a las empresas de la familia Macri en las obras públicas de la Ciudad, y de comenzar a generar las condiciones para hacer negocios a costa de los ciudadanos, proceso que fue acentuado una vez que Macri llegó a ocupar la sede de Bolívar I.
El grupo Macri ha tenido a lo largo de los años distintos emprendimientos, llevados a cabo a través de distintas empresas. Durante la última Dictadura Militar, por ejemplo, el grupo se quedó con una parte del contrato de la Basura a través de la conocida empresa Manliba, negocio que renegoció durante la gestión de un ex gerente de Socma como Carlos Grosso y al que intentó volver a participar a través de a empresa Iecsa, sin éxito, en el año 2004 (la licitación la ganaron otras empresas).
Decíamos arriba que el acuerdo Macri-Telerman no sólo implicó el “loteo” del Gobierno de la Ciudad (el macrismo colocó al Ministro de Economía y al de Obras Públicas, así como al Director General de Educación Privada, por ejemplo), sino que posicionó mejor a la empresa de la familia Macri, Iecsa, que logró no sólo algunos contratos para obras públicas, sino algunos privilegios dignos de destacar.
Con fecha 22 de mayo de 2007, Telerman firma dos decretos: el 737/07 y el 738/07, por el que adjudica a la empresa Iecsa la obras de los cruces bajo nivel la calle Punta Arenas y de la Avenida Mosconi, respectivamente, con las vías del Ferrocarril Urquiza. Los montos de las obras fueron de $ 22.113.000 para la primera de ellas y de $ 26.146.000 para la segunda.
Hasta aquí nada que pueda parecer extraño. Cabe agregar que, para evitar justificadas impugnaciones a la candidatura de Mauricio (la Constitución de la Ciudad establece claramente la incompatibilidad entre el cargo de Jefe de Gobierno y la participación en empresas contratistas) su padre anunció al inicio de la campaña electoral la venta de Iecsa en la Comisión Nacional de Valores.
Ahora bien, ¿se desprendió Macri de Iecsa? Hay que tener en cuenta un par de cosas: la “venta” de la empresa fue concretada al primo hermano de Mauricio, Angelo Calcaterra, en algo así como 61 millones de dólares, e incluía el 51% de las acciones de otra empresa del grupo, Creaurban, que entre otros negocios construye torres en Puerto Madero. Además, la venta se pactó en cuotas que se pagarán hasta el año 2014, por lo que Mauricio podría recuperar la empresa familiar si es que su primo decide dejar de pagar en algún momento, algo en lo que la familia ha hecho escuela, en el Correo para mencionar un caso.
Lo importante es apreciar que pocos meses antes de concretarse esa operación, la empresa Iecsa había comprado la mitad del paquete accionario de Calcaterra S.A. Es decir, la familia acostumbra hacer estos pases de manos de las empresas a su cargo y todo parece indicar que los Macri siguen manejando Iecsa.
Haciendo negocios con Buenos Aires El acuerdo entre Macri y Telerman dio sus frutos rápidamente. La Ciudad, que hasta entonces había sido gobernada sin déficit y que había generado un fondo anticíclico para no repetir la experiencia de 2002, expandió en forma audaz sus gastos corrientes a fin de soportar una estructura de cargos mucho mayor, producto de los acuerdos legislativos del nuevo Gobierno. El superávit pronto desapareció, y lo que también desapareció fueron los fondos ahorrados para épocas de crisis, a pesar de que la economía (y los recursos de la Ciudad) crecían a tasas altísimas.
Esto produjo un cierto ahogo de las cuentas públicas hacia el final del Gobierno de Telerman, que una vez que perdió las elecciones tuvo que decidir la suspensión de muchas obras públicas y enviar un proyecto de ley a la Legislatura para hacer efectivos esos cambios (la ley se aprobó con el número 2407). Extrañamente, las modificaciones presupuestarias, que por supuesto también aprobó el macrismo, incluían un aumento de recursos destinados a obras de pasos bajo a nivel por $ 5.105.194.
Las obras adjudicadas a Iecsa no comenzaron en 2007, pero gracias a un párrafo introducido en el pliego de licitación se otorgó a la empresa la posibilidad de cobrar $ 7 millones en concepto de adelanto financiero. Esa práctica fue generalizada por el Gobierno de Macri a través de la Resolución 276-MDU-08, que establece la facultad de pagar hasta un 25% de los contratos de obra pública por adelantado (15% en concepto de acopio de materiales y 10% en concepto de adelanto financiero).
Además, el Ministro de Desarrollo Urbano otorgó a la empresa Iecsa una ampliación del plazo de la obra en Punta Arenas de 273 días (el contrato establece un plazo de 360), el día 6 de agosto de 2008.
Es decir, mientras no había plata para otras cosas, había para adelantar dinero para obras (que no habían sido iniciadas) a una empresa de la familia de quien para ese entonces ya había sido electo Jefe de Gobierno.
La relación de negocios entre Macri y Telerman, y la vinculación con las empresas de la familia no termina ahí. El Ministro de Economía de Telerman (uno de los principales responsables del pago a las empresas mencionadas de los adelantos financieros) pasó a ocupar un cargo en el directorio del Banco Ciudad, en el que hasta finales de 2007 se desempeñó quien ahora es Ministro de Economía de la Ciudad, Néstor Grindetti, que fue además Director de Iecsa y vicepresidente de Creaurban, cargos para los que es necesario además ser accionista. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, trabajó en las firmas Socma (otra empresa del Grupo Macri) y Sideco, en la que fue gerente, y el Secretario Legal y Técnico de la Ciudad, Pablo Clousellas, fue síndico de la empresa Creaurban.
La generalización de los adelantos financieros, que posibilitó por ejemplo el pago de $ 75 millones a dos empresas contratistas en el subte por obras que un mes después se decidieron posponer, es uno de los pilares de la política económica del Gobierno de Mauricio Macri. El otro es un esquema de redeterminaciones de precios que permite el pago a cuenta de las mismas en forma provisoria. El pago de adelantos y redeterminaciones, además por supuesto de las adjudicaciones de las obras y cualquier modificación que sufran los contratos, depende de los funcionarios mencionados más arriba.
Dicho de otra manera, cualquier adelanto financiero, redeterminación de precios o modificación del contrato que lo haga más barato u oneroso depende de funcionarios que provienen de las empresas familiares del Jefe de Gobierno, quien no podemos afirmar que aún se haya desprendido de ellas.
Cabe mencionar que la empresa Iecsa resultó adjudicataria de la obra de canales aliviadores de la Cuenca Erézcano, en el sur de la Ciudad, a través de un decreto que firmó Telerman a menos de un mes de dejar el Gobierno, por un monto de $ 89.634.107,30. A un año de adjudicada la obra el Ministro Chaín ya aprobó mediante la Resolución 873/08 del Ministerio a su cargo una solicitud de redeterminación provisoria del contrato.
Este es el marco en el que se desarrollan las obras públicas de la Ciudad. Un marco en el que se puede detener todas las obras en el subte pero pagar adelantos financieros. En el que se puede hacer retroceder la participación de salud y educación en el presupuesto a la vez que se utilizan los recursos votados para esas áreas por la Legislatura para reparar veredas, mientras se encuentran los recursos para sostener financieramente a las empresas contratistas de obras públicas. En el que la principal obra de infraestructura que queda en pie está en manos de una empresa vinculada al Jefe de Gobierno.
La obra del Maldonado, Yaciretá porteño: el pozo de los cien millones de pesos El 14 de febrero de 2008 el Jefe de Gobierno firma el decreto 121/08 que adjudica a la firma Ghella el contrato para las obras de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, por un monto total de $ 279.353.720,73 más u$s 56.874.225, que al cambio del momento en que se hizo la oferta rondaba los u$s 150 millones. La empresa, de origen italiano, había competido con los consorcios de empresas Odebrecht-Supercemento y SELI-Dycasa, que habían ofertado montos muy superiores, de u$s 280 millones y u$s 202 millones, respectivamente.
Para ese entonces no sólo había una enorme disparidad entre las ofertas: la empresa Ghella ya no actuaba sola. Se había fusionado con Iecsa, según anunció Calcaterra en noviembre de 2007, y había formado ODS. A pesar de que tanto Ghella como Iecsa informaron al diario Clarín (nota del 8 de marzo de 2008) que Iecsa no tenía nada que ver con la obra del Maldonado, el gerenciamiento de ODS quedó en manos de Calcaterra.
Es decir, no sólo se asoció una empresa familiar de los Macri con la empresa italiana a cargo de la obra del Maldonado. Al frente del consorcio que tiene a su cargo la obra de infraestructura más importante que está llevando a cabo la Ciudad en este momento (en parte debido a la paralización de las obras del Subte), está el primo del Jefe de Gobierno.
Por otra parte, el Decreto 542/08, del 13 de mayo de ese año, aprueba la Licitación de servicios de consultoría para la inspección y control de las obras, al consorcio integrado por las firmas Geodata y CADIA. Geodata, empresa con sede en Torino, ha supervisado obras de su compatriota Ghella en Italia y otras partes del mundo, integran el directorio de la Sociedad Italiana de Tunelería y se han asociado para participar en licitaciones en forma conjunta.
Difícil que se controlen demasiado, pero para esto el Gobierno de la Ciudad designó a través de la Disposición N° 4 - DGOING/08 como Director de Obra en representación del Gobierno de la Ciudad al Ingeniero Eduardo Cohen. La Disposición fue firmada por el Director General de Obras de Ingeniería Roberto Walter Klix.
El contrato con la UTE Geodata-Cadia se paga por horas trabajadas, así sea en Buenos Aires o en Torino, algo también difícil de controlar.
Paralelamente, y al poco tiempo de firmarse un contrato que incluía más de 600 especificaciones técnicas (entre las especificaciones técnicas se encontraban las que daban los detalles de los 3 pozos de ataque, las que fueron plenamente aceptadas por Ghella. Además, todo el proyecto de obra –incluyendo estos 3 pozos- fue realizado por un consorcio internacional líder en estas obras de ingeniería y su óptimo funcionamiento fue chequeado a través de un modelo físico a escala que construyó y operó el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata), desde el Gobierno de la Ciudad se solicitó a la contratista que “se evaluaran alternativas para acelerar los pasos de ejecución.”
Tan solo un mes después, la empresa presenta un proyecto de modificación por el que en lugar de los tres pozos circulares de 14,40 metros de diámetro y 3 metros de profundidad (unidos en triángulo por paredes comunes), propuso la construcción de un único pozo circular de aproximadamente 40 metros de diámetro y 35 de profundidad.
Entre las condiciones para el otorgamiento del crédito se encuentra la contratación de Expertos Internacionales en la materia, que se manifestaron en contra de las modificaciones realizadas al contrato por tratarse de una mala solución desde el punto de vista técnico y, además, más cara.
La modificación haría ganar supuestamente a la obra 5 meses de tiempo.
Nos permitimos poner en duda la “autoría” del pedido de modificación. Lo cierto es que las modificaciones, sugeridas por quien sea, implican un costo adicional de las obras de entre $ 50 millones y $ 100 millones, que por supuesto no tienen nada que ver con la licitación de la que participaron otras empresas.
Adelantos financieros, modificaciones de los contratos, funcionarios de un Jefe de Gobierno que han sido empleados de las empresas que tienen a su cargo la obra y que el día de mañana pueden volver a ser de su dueño original (algunos dicen que los Calcaterra son “calcaterros” de Macri), modificaciones presupuestarias para generar con la tierra una península que pueda originar, como Puerto Madero, negocios para Creaurban y Caputo, consultoras encargadas de controlar a una empresa del mismo país de origen, redeterminaciones de precios de por medio. Probablemente la obra del Arroyo Maldonado supere en términos de costos y de negociados lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Como si Yaciretá, monumento nacional a la corrupción, estuviera siendo construida en la puerta de nuestras casas.
Aníbal Ibarra – Fernando Renzi
