Aumento de la tarifa del Subte: algunos números

 Imagen: Red de Subtes - Metrovías

La decisión del Gobierno de la Ciudad, pocos días después de hacerse cargo del Subte, de subir la tarifa de $ 1,10 a $ 2,50 ha generado una serie de polémicas. Me parece importante aportar a la discusión a partir de algunos números que tienen que ver con los niveles de subsidio e inversión, para luego dar algunas opiniones al respecto.

Tarifa y subsidio

Determinar el nivel actual de subsidio es un tanto complejo en la medida en que no existe una fuente certera respecto de la cantidad de pasajeros por año que transporta el subte. La cuenta, teniendo ese dato, sería relativamente sencilla: basta dividir el monto anual de subsidio (fijado en el acuerdo de transferencia del servicio de la Nación a la Ciudad en $ 720 millones) entre la cantidad total de viajes para poder determinar el nivel promedio de subsidio que recibe cada viaje.

Ahora bien, ¿de dónde sacamos un numero de viajeros anuales para hacer la cuenta? La revisión de artículos periodísticos nos da cifras muy disímiles, incluso dentro de un mismo artículo. A modo de ejemplo, podemos citar un artículo de Clarín que casualmente Metrovías colgó en su página web: se consigna que la cifra de pasajeros en octubre del 2010 ya superaba el millón y medio por día tomando en cuenta sólo los días hábiles. No obstante, se afirma que la cifra total de pasajeros en 2009 había sido de 289 millones, cifra muy por debajo de los 367 millones de pasajeros que habría que totalizar si tomáramos solamente los días hábiles de un año y los multiplicáramos por 1,5 millones.

Alguna fuente de SBASE acercó un número a partir del cual se podría hacer la cuenta, que surgiría de multiplicar 1,3 millones por 330 días. En ese caso tendríamos 429 millones de pasajeros al año. Otra opción podría ser tomar la cifra de la empresa que en su página web se publicita como la encargada de la concesión del 95% de los espacios publicitarios en el Subte: según VíaNews la cifra promedio por día es de 1.267.415 (una cifra bastante precisa pareciera), lo que multiplicado en este caso por los 365 días del año nos da poco más de 462 millones de viajes.

Es decir, tomando las últimas dos cifras, el subsidio promedio sería:

$ 720.000.000 / 429.000.000 viajes =  $ 1,68

$ 720.000.000 / 462.000.000 viajes = $ 1,56

Es decir, el costo del boleto sin subsidio estaría entre los $ 2,66 y $ 2,78, pero habida cuenta que en el acuerdo de transferencia la Nación continuará transfiriendo el 50% del monto de subsidios durante el 2012, si la Ciudad decidiera no subsidiar ni con un centavo el boleto del Subte el precio debería oscilar entre $ 1,88 y $ 1,94, cifras que se encuentran bastante lejos de los $ 2,50 que se determinaron a partir de la semana pasada.

Aprovechar el momento

¿Por qué entonces se decide un valor de boleto tan superior al que debería determinarse si no se subsidiara el boleto? La razón radica en el texto del acuerdo firmado por la Nación y la Ciudad: si bien en un primer momento la oferta de la Nación fue mantener el 50% de los subsidios en la medida en que la Ciudad pusiera su parte, finalmente dicha condición no sólo desapareció sino que se abrió la puerta para que la Ciudad destine los fondos de esas transferencias a cualquier otra cosa. El texto, en su cláusula tercera, indica que "en caso de que durante el año calendario de 2012 se verificaran reducciones de necesidades de subsidios, los remanentes resultantes deberán ser aplicados a inversiones específicas en el servicio" (la negrita es mía).

Aquí radica una de las principales razones en el apuro para aumentar la tarifa. Cuanto más alto sea el valor del boleto y cuanto antes se aumente, menor necesidad de volcar subsidios al servicio, con lo que de los $ 360 millones que recibirá la Ciudad se podrían destinar a "inversiones específicas en el servicio" entre $ 200 millones y $ 250 millones.

¿Inversiones?

Dirá el lector que encuentra alguna contradicción entre el "deberán" de la cláusula del acuerdo y mi afirmación en el sentido de que la plata va a ir a para a cualquier otra cosa. Paso a explicar.

La Ley de Presupuesto 2012 prevé $ 1.178.325.200 para SBASE, y el Plan Plurianual de Inversiones de la Ciudad especifica la fuente y el destino de los fondos para cada una las obras de Subte en marcha. Según el Plan de Inversiones cerca de la mitad de esos fondos provienen de fondos del Tesoro, mientras que aproximadamente 237 millones tienen origen en el porcentaje que merced a la ley 23.514 se cobra en patentes y ABL y el resto provendrá de endeudamiento.

En definitiva, como los fondos del Tesoro pueden ser movidos hacia otros destinos (la ley de Presupuesto otorga al Jefe de Gobierno amplias facultades para mover partidas), en la práctica la totalidad del ingreso por las transferencias del Estado Nacional podría terminar siendo aplicado al arreglo de plazas y veredas, por ejemplo. 

Para poder avanzar en alguna conclusión en este sentido, se puede recurrir a lo que ha sido la gestión del PRO en materia de Subtes. Muy lejos de la promesa de la campaña de 2007 (10 km. por año), y según el detalle publicado por la página enelsubte.com, Macri apenas construyó en su primer mandato 5,49 kilómetros, un poco por debajo de los 5,51 km. construidos por De la Rúa-Olivera y cerca de la mitad de los 10,71 kilómetros construidos durante la gestión de Aníbal Ibarra (Telerman sumó apenas un kilómetro a la red durante sus dos años de gobierno). Todo esto en medio de presupuestos en niveles récord gracias a una combinación de crecimiento de la economía a altas tasas, mayores impuestos y más endeudamiento.

El gráfico nos muestra cómo, a pesar del contexto arriba descripto, la inversión en subtes respecto del total del presupuesto se ha mantenido bastante estable en torno al 2% del gasto total durante el periodo 2001-2007 (incluso en los peores momentos de la crisis económica de principios de siglo). Cabe mencionar que en función de lo que establece la ley 23.514 (un plus sobre el pago de patentes y ABL que se puede observar en las respectivas boletas), la Ciudad debe destinar lo recaudado obligatoriamente al subte, pero en casi toda la década la inversión fue superior, con la excepción del año 2009 en que prácticamente se destinó al Subte nada más que lo recaudado en función de dicha norma.

Cuando observamos la ejecución del presupuesto durante el periodo del gobierno del PRO, tenemos que el mejor año fue el de 2008, cuando de un presupuesto de $ 265 millones se terminó ejecutando casi $ 350 millones (se incluyen $ 75 millones que se pagaron a fin de año como anticipo financiero a las empresas Roggio y Dycasa por obras que pocos días después del pago se decidió suspender). Ese año se invirtió bastante por encima de lo recaudado por la ley 23.514 ($ 116 millones según la AGIP), pero lo cierto es que a diferencia de años anteriores en los que la Ciudad había invertido al mismo tiempo en que se reducía la deuda, en el 2008 la deuda creció en un $ 950 millones.

En el 2009 se paralizó la ampliación de la red. Como dijimos más arriba, se decidió no invertir fondos del Tesoro por encima de obligado por la Ley, recortando brutalmente el presupuesto asignado por la Legislatura ($ 447.509.495 de los que sólo se ejecutaron $ 145.727.363,34). Eso a pesar de que la deuda de la Ciudad creció en otros $ 1.200 millones ese año.

En el año 2010 Macri obtuvo el tan mentado "financiamiento". Colocó deuda en el mercado internacional por u$s 300 millones para hacer subtes a la bonita tasa del 12,5% anual, para concluir invirtiendo ese año $ 437 millones de los que $ 150 millones provenían de la ley 23.514. Es decir, se endeudó por 300 millones de dólares a una tasa del 12,5% y se utilizaron menos de 300 millones de pesos.

Si a esto le sumamos que en el año 2011 se había ejecutado al tercer trimestre la suma de $ 440 millones y que por ley 23.514 la Ciudad presupuestó un ingreso de $ 172 millones por ese concepto, en casi dos años no se terminó de utilizar ni la mitad de un préstamo que cuesta en intereses u$s 37,5 millones por año (cifra cercana a la totalidad de la recaudación por ley 23.514, además).

Con este panorama, es verdaderamente muy difícil creer que el presupuesto 2012 será ejecutado en forma tal que se necesiten $ 200 millones adicionales para obras. Más aún, es muy probable que buena parte de esas inversiones que hoy figuran en el presupuesto 2012 financiadas con fondos del Tesoro se terminen pagando también con parte del crédito si la ejecución del 2011 no alcanza el 100% (por lo pronto, y como anticipamos el año pasado, se publicitó durante la campaña la inauguración en noviembre de 2011 de estaciones que aún no se terminaron). En definitiva, entre la subejecución del 2011 y el cambio de destino de los subsidios a transferencias, Macri espera liberar el uso de gran parte de los $ 500 millones que hoy deberían financiar inversiones en el Subte con fondos del Tesoro.

Una política de transporte

En medio de todo esto, ni una referencia a qué política de transporte pretende la Ciudad. El debate ha girado sobre tópicos como el precio justo del servicio y la capacidad de pago de los usuarios, y se ha recurrido a absurdas comparaciones de precios con ciudades de distintos niveles de ingreso y por sobre todo, enorme diferencia en la calidad del servicio: el Subte de Buenos Aires es de los pocos que no cuentan con un solo coche con aire acondicionado (todo un detalle subir el precio del boleto cuando en los vagones hace 50º), las frecuencias son muy malas y el servicio termina alrededor de las 23 horas (por citar algunas cuestiones, hay blogs que se dedican a detallar todas las peripecias de los usuarios).
Las comparaciones con otros lugares del mundo y lo que se paga no tienen en cuenta, además, que en donde el Metro funciona bien suele haber esquemas tarifarios diferenciados, donde el valor del boleto difiere sustancialmente de lo que se paga si se compran 10 tickets juntos y ni hablar si se compra un abono mensual (que además de permitir viajes ilimitados en Metro suele permitir combinar las veces que se quiera con autobuses o trenes del área en cuestión).
Es así, por ejemplo, que el Metro de Madrid cuesta 2 Euros, pero se puede pagar un boleto de 10 viajes (combinable con autobuses) a sólo 9,50 Euros (menos de la mitad de valor cada boleto) o comprar un abono mensual que arranca en 47,60 Euros y permite viajar las veces que se quiera en una variedad de transportes.
Fijar un boleto, nos parezca justo o no el precio, en el doble de lo que cuestan colectivos (que en algunos casos cuentan incluso con aire acondicionado) no parece ser parte de una política razonable de transporte. Proponer invertir más de $ 1.000 millones en un año para tener una política tarifaria que oriente la demanda hacia el transporte de superficie no tiene demasiado sentido.

Es bueno el argumento de que hay que subsidiar a la demanda y no a la empresa. Miles de usuarios habituales, que realmente necesitan el servicio para ir a trabajar y estudiar (hay abonos para algunos estudiantes por contrato de concesión), deberían ser destinatarios de un abono mensual a precio ventajoso (podría ser en torno a $ 45 o $ 50 mensuales), subsidiado por el Estado. Incluso debería trabajarse en conjunto entre la Ciudad y Nación para aprovechar la infraestructura del SUBE y permitir abonos que sirvan para combinar subtes, trenes y colectivos, de forma de favorecer especialmente a quienes viajan hasta cuatro horas al día para recorrer la distancia entre su casa y el trabajo.

Más allá de que todo apunta a que la Ciudad no tiene la menor intención de subsidiar a nadie, que Metrovías haya repartido recientemente dividendos por $ 150 millones (sin contar lo que gana a través de empresas que controla y subcontrata) nos tiene que hacer replantear no sólo el esquema de subsidios sino el fondo del problema, lo que importa un aprendizaje respecto de las políticas de los '90: pensar que el Estado es tan ineficiente y corrupto como para que sea más conveniente subsidiar $ 150 millones de ganancias a un privado tiene un trasfondo ideológico inobjetable. En todo caso, si es ineficiente y corrupto para hacerse cargo de un servicio que en casi dos décadas de privatización ha empeorado (a pesar de los esfuerzos del Estado por extender la red), ¿por que va a ser eficiente y honesto para subsidiar y controlar?

Nuevo endeudamiento para la Ciudad

Dos razones me inclinan a escribir este post: la primera de ellas, entregar algunos datos sobre la evolución y el estado actual de la deuda de la Ciudad en el marco de un nuevo pedido de endeudamiento que la Legislatura probablemente apruebe esta misma semana. La segunda, analizar el impacto de la política de endeudamiento llevada adelante por la gestión Macri en la inversión pública, específicamente en obras de infraestructura. Este segundo punto me parece muy importante por algo que ya comenté en una nota anterior sobre la política de endeudamiento del PRO, y que tiene que ver con las posibilidades de sopesar una gestión de gobierno.

 El cuadro que muestra esta nota está en pesos, e incluye la denominada deuda flotante (pagos que quedan pendientes a los proveedores al cierre del ejercicio). Si bien la existencia de una deuda flotante es normal (no todos los certificados que se presentan sobre fin de año pueden ser pagados antes del 31 de diciembre), retrasarse en el pago a provedores también es una forma de financiarse, y como en algún momento lo hemos comentado, la actual gestión lo ha hecho cuando encontró dificultades para colocar endeudamiento a través de títulos públicos, como ocurrió en 2008. Hecha la aclaración, y dado que esta forma de mostrar la deuda puede ser engañoso dado el aumento de los recursos de la Ciudad, pasamos al siguiente cuadro, que muestra la evolución de la deuda respecto de los ingresos totales de la Ciudad para el ejercicio siguiente (el cálculo 2011 está tomado del vigente en la ejecución del segundo trimestre):

Como se puede observar, tras el fuerte aumento de la carga de la deuda producido por la devaluación (2002), el índice fue mejorando paulatinamente hasta el año 2007, justamente antes del inicio de la gestión de Mauricio Macri, y a partir de ahí comienza a empeorar. De la mano de este deterioro, podemos observar un aumento de la carga del servicio de la deuda en aproximadamente un punto respecto del gasto total. Eso sin contar el costo financiero de demorar pagos a provedores, mucho más difícil de cotejar y que se termina trasladando al precio de las obras y servicios que contrata la Ciudad. 
Si bien no se trata de un resultado catastrófico, es importante observar cómo ha influido ese crecimiento de la deuda (realizado en un contexto de altas tasas de crecimiento económico y de aumento de los recursos tributarios y no tributarios de la Ciudad) en la inversión pública.

Política de endeudamiento

La política de endeudamiento fue explicitada y justificada por el Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, aún antes de asumir su cargo, en su segunda visita a la Legislatura en el marco de las reuniones para aprobar el Presupuesto 2008. Decía Grindetti el 23 de noviembre de 2007:  

“la inversión no ha sido para nada ambiciosa en estos años. El promedio de estas columnas prevé una inversión del orden del 11.5 por ciento respecto del gasto desde el año 2000 hasta el 2007. La administración actual proponía un 14 por ciento y nosotros pensamos llevarla al 22.9 por ciento respecto del gasto. Esta situación claramente ha generado en la ciudad lo que me parece que corresponde llamar “pasivo de infraestructura”.

Más allá de lo poco atinado que parecía entonces elaborar un promedio que incluyera los peores años de la crisis con la que nuestro país encaró el comienzo del milenio, parece un buen punto de partida para analizar el destino de los casi $ 4000 millones en los que aumentó la deuda de la Ciudad en este periodo de Gobierno. Vale decir, para comenzar, que la cifra del 22,9% sobre el total del gasto ha estado hasta ahora muy lejos de ser alcanzada por la gestión Macri: 

Lo que muestra este cuadro es que con la excepción del año 2008, la Inversión Real Directa sobre el total del gasto de la Ciudad (el indicador que utilizó Grindetti en 2007), no ha superado en 2009 y 2010 ni siquiera el porcentaje del 2005, ni hablar del del 2006, aunque habida cuenta que en el 2007 se terminó liquidando el Fondo Anticíclico que la Ciudad había formado durante la gestión de Aníbal Ibarra, tal vez podría aducirse que en el número de ese año hay un impacto de obras lanzadas sobre la base de contar con dicho financiamiento extra. Por este motivo, y teniendo en cuenta que en una reciente reunión de la Comisión de Presupuesto el Subsecretario Eglez tomó como referencia el 2005 para hablar de ejecución presupuestaria, tomaremos ese año 2005 como referencia para el análisis que sigue.

Comencemos tomando la diferencia entre el año 2008 y 2005 para ver qué fue lo que se financió con el aumento de la deuda de ese año (aproximadamente $ 950 millones). Los 3,5 puntos de mejora en la relación de inversión del 2008 son muy pobres respecto del aumento del endeudamiento durante ese año: a números del 2008, el 3,5% del gasto es menos de $ 500 millones, y el stock de deuda cerró ese año en $ 3687 millones contra los $ 2722 del año 2007.

Lo que se puede observar en los cuadros es que el aumento de la deuda en $ 4.000 millones no redundó en un crecimiento de la inversión sino que impactó de lleno en el gasto corriente. Dicho de otra manera, al mantenerse la relación de la inversión respecto del gasto, cada 100 pesos que la Ciudad tomó como deuda, apenas 15 se destinaron a inversión. Aproximadamente el 85% terminó financiando gastos corrientes.

En el año 2009 la Inversión cayó en términos nominales a pesar de que el gasto total de la Ciudad pasó de $ 12.777 millones a $ 15.093 millones. La Ciudad invirtió $ 187 millones menos que el año anterior, ya que la cifra de inversión pasó de los $ 2.519 millones referidos más arriba a $ 2.332 millones. La deuda, por su parte, creció en $ 1.191 millones.

En el 2010, por su parte, con la deuda creciendo en $ 1981 millones, la inversión llegó a los $ 2.926 millones, apenas $ 594 millones más que el año anterior, con un gasto total que alcanzó los $ 19.952 millones.
Veámoslo de otra forma. Supongamos que hubiese sido cierta la excusa del Jefe de Gobierno respecto de que la Nación le impidió el acceso a financiamiento y que la deuda no se hubiera podido aumentar. Veamos el siguiente cuadro, en el que restamos de la cifra destinada a la inversión (y por ende también del gasto total), el aumento de la deuda neta a lo largo del periodo 2005-2010:

¿Qué nos muestra este cuadro? Que lejos de lo afirmado por Grindetti, la política de endeudamiento no sirvió para aumentar la cantidad de dinero destinado a obra pública sino apenas para sostener los niveles de inversión en cifras cercanas a la del 2005, en el que la deuda de la Ciudad aumentó apenas en $ 84 millones. Lo más preocupante es que en un contexto de aumentos de impuestos, crecimiento económico y venta de activos la Ciudad destina cada vez menos de sus recursos propios a la inversión pública, alcanzando cifras de inversión similares a los de la crisis de principios de la década. Como correlato de ello, el aumento de la carga de los servicios de la deuda dejará en el futuro menos recursos disponibles para obras, y el peso del gasto corriente deja a la Ciudad en una situación de vulnerabilidad muy grande respecto de la aparición de una nueva crisis económica.
En este marco es que se pretende aumentar aún más el endeudamiento de la Ciudad, ya que si bien este año hay que desembolsar una cifra muy elevada en amortizaciones, los u$s 500 millones que la Legislatura ha de autorizar esta misma semana superan con creces lo que hay que pagar.

Se hace difícil no sucumbir a la tentación de hacer hoy las obras que vamos a disfrutar en el futuro (aunque en el paquete de endeudamiento se destinan $ 165 millones a obras de bacheo y veredas que difícilmente duren más tiempo que el plazo de amortización del préstamo). Lo cierto es que el endeudamiento no ha significado un salto en términos de inversión como se pretendía en 2007.
Resulta imposible pensar que en el futuro la Ciudad no va a necesitar dinero para hacer obras. En momentos en que se discute cómo se financia el Estado a nivel global y la Nación lleva adelante una política de desendeudamiento que permite dotar de solidez a las cuentas públicas para llevar adelante políticas que inyecten recursos en la economía cuando aparecen crisis económicas, la Ciudad ha recorrido un camino inverso, un camino que termina en un fuerte ajuste del gasto público si sobreviene una crisis. Una receta conocida, con resultados conocidos.

El voto de los porteños

Con los resultados provisorios de la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires ya en la mano, es tiempo de empezar a completar un análisis que se inició al día siguiente de la primera rueda y en el que preveíamos un resultado casi idéntico al que finalmente se dio.

En este momento, muchos asistimos con perplejidad al volumen de apoyo obtenido por Mauricio Macri, aún cuando lo hayamos tomado como posible o haya sido parte de nuestras pesadillas. No es buen momento, creo yo, para enojarse con los porteños por lo que votaron. A mi entender, hay que tratar de entender el resultado y analizar qué cuestiones fallaron en el armado de una propuesta alternativa y en la comunicación de esa propuesta. Tratando de ser lo más sintético posible, algunas reflexiones.

Dos Ciudades

No hay muchos casos de ciudades autónomas del tamaño y la importancia de Buenos Aires. Me refiero específicamente al modo en que confluyen en una misma jurisdicción las responsabilidades propias de un gobierno municipal con las de un gobierno provincial. Es así que el mismo gobierno se encarga de cuestiones como el podado de un árbol y a la vez de gestionar un sistema de salud que cuenta con 33 hospitales. Podemos así movernos entre los distintos grados de responsabilidad del Gobierno con muchísimos ejemplos más.

Una primera cuestión que surge de este panorama es que existe en el tejido social de la Ciudad de Buenos Aires un importante sector de la población para el que los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad son básicamente los municipales: el arreglo de baches y veredas, el mantenimiento del alumbrado, el cuidado de las plazas, etc. Para muchos de ellos, el sistema de salud pública sólo puede interponerse en su camino en caso de un accidente en la vía pública porque cuentan con obra social o medicina prepaga, la escuela de sus chicos es privada (aunque reciba un subsidio estatal nadie considera que el colegio de los chicos se paga más allá del esfuerzo personal de afrontar una cuota), no necesitan de las políticas de vivienda (por lo menos no de las orientadas a los sectores más postergados), ni de lo que haga desarrollo social.

Si por un momento nos detuviéramos a pensar cuáles son las políticas básicas para el desarrollo de cualquier individuo en la sociedad, tal vez podamos acordar en cinco: salud, educación, trabajo (me refiero en este caso a que genere un ingreso personal y familiar que garantice cuestiones también básicas como la alimentación y la vestimenta, por ejemplo), vivienda y seguridad. Todos estos temas forman parte de la agenda básica del gobierno de la Ciudad, (y habrá que agregarles la gestión del tránsito y transporte, obviamente no en lo referido al bache o pavimentación, y la prevención de inundaciones), en buena medida compartidos con la Nación. Muchos de los ciudadanos de Buenos Aires sólo demandan seguridad, habida cuenta que tienen cubierto el resto.

En este sentido, cabe hacer una primera diferenciación entre dos niveles de votantes, muy en bruto: los que votan sólo un Gobierno Municipal y los que votan también un Gobierno provincial.

Obviamente, se trata de extremos ideales y por supuesto que en medio de ellos hay una escala de grises, a medida que disminuye o aumenta la dependencia de los bienes públicos en materia de salud, educación, etc.

Es cierto que buena parte de las materias "municipales" deberían ser gestionadas en el futuro inmediato por las Comunas, pero sea por la casi nula información al respecto (algo que probablemente el macrismo hizo deliberadamente para que la agenda de campaña no se centrara en temas sociales), o porque las elecciones también son un balance de lo que se hizo en los últimos cuatro años, por lo menos por esta vez siguieron siendo parte de lo que votamos los porteños cuando votamos Jefe de Gobierno.

Ahora bien, primer problema para la campaña de Filmus: la gestión de Mauricio Macri contó con varios factores a su favor: el "viento de cola" de la economía nacional que impactó positivamente en los ingresos de la Ciudad, una fuerte política de endeudamiento y subas de impuestos (algunas ya olvidadas, parece, y otras que pasaron desapercibidas) que los hicieron aún más holgados, y una política de disminución de la participación de la inversión social en el gasto total de la Ciudad, todos factores que contribuyeron al aumento de las partidas destinadas al "embellecimiento" de Buenos Aires y que hemos detallado y demostrado en varios post anteriores.

Tal vez el ejemplo más extremo del votante "municipal" podría mostrarse con esta imagen, capturada de una conversación en twitter:

Sin duda que se trata de un ejemplo muy extremo, pero en estos casos se hace necesario aplicar herramientas de análisis de opinión pública y cuantificar qué franja de la población tiene esta clase de razonamiento. Tengo de todas formas la impresión de que Durán Barba, así como en su momento contó con números que respaldaban la posición xenófoba e irresponsable del Jefe de Gobierno mientras se desarrollaba una crisis en el Parque Indoamericano, tiene números que le indican que muchos de los porteños tienen la necesidad de, al menos, quedarse tranquilos con su conciencia respecto a los temas sociales. Creo que eso se explica cuando vemos el importante despliegue de afiches que hacían referencia a la entrega de notebooks por parte de Clarín a los alumnos de las escuelas, las "historias para creer" que en algunos casos encima fueron falsas y debieron quitarse de difusión, y el fuerte blindaje por parte de los medios en torno a estos asuntos.

Creo que en estos temas la Campaña de Filmus estuvo ausente. El eje de la campaña se centró en temas sociales. No hay que mentirse, pero a pesar de que las calles de la Ciudad tienen muchos baches aún, no sería coherente con lo expresado más arriba no admitir que el macrismo puso mucho dinero en el tema y mostró, de la mano de la colocación de carteles amarillos por doquier, una actividad frenética. Más allá de eso, creo que de todas maneras no es razonable abandonar un eje de campaña en el que la complejidad de los problemas a solucionar siempre deja espacio a la crítica y a la propuesta superadora (en alguna nota anterior mostré deficiencias en la gestión del tema del bacheo que podrían servir de ejemplo).
Es posible que se haya creído que se trataba de un terreno donde precisamente quienes más interesados puedan mostrarse al respecto son los que votan por una cuestión ideológica al macrismo. Puede observarse que en las zonas más acomodadas de la Ciudad el macrismo sacó porcentajes en segunda vuelta cercanos al 80% (Comuna 2, por ejemplo). Tal vez el terreno no era nada fértil, pero sigo creyendo que se trata de una gran concesión.
Tampoco es cuestión de negar que el macrismo tenga algunos méritos para mostrar en la materia. La nivelación de la Avenida Patricios y su puesta en valor provocó una oleada de votos al PRO, así como seguramente mucha gente se debe haber quedado chocha con su vereda nueva. Con motivo de cumplirse un año y medio de la gestión de Macri, y bajo el título ¿Cuánto pagarías por tu vereda?, señalábamos:

Cabe preguntarse entonces, si la agenda de la administración que asumió en diciembre de 2007 reflejaba o no las aspiraciones de los porteños. ¿Estábamos convencidos de que se gasta demasiado en Salud y Educación?, ¿pensamos que es más necesario arreglar con nuestros impuestos la vereda de la sede del Citibank en la esquina de Mitre y San Martín -Macri parece haber llegado a la conclusión de que era necesario ayudar económicamente a los bancos antes que el propio George W. Bush- que dotar de una adecuada instalación de gas a una escuela?
Si bien queda claro que una importante porción de la población de la Ciudad de Buenos Aires sólo va a las escuelas públicas cuando le toca votar y que el único contacto con la salud pública se produce en caso de sufrir un accidente de tránsito, cuesta creer se prefiera una matriz de gasto como la que se gestó en el último año y medio. De otra manera no se entiende la necesidad de mostrar un lado humano por parte del macrismo y de gastar fortunas en verdades a medias -que no son más que mentiras- en spots publicitarios en los que se pone de relieve la dimensión del gasto educativo (en términos nominales y no en reales).
Tal vez haga falta trabajar mucho para difundir la forma en que se gastan los dineros de los porteños. Costará mucho (al fin y al cabo se debe enfrentar a una formidable máquina publicitaria como la que controla hoy el Gobierno de la Ciudad), pero se puede demostrar que así como se mintió respecto del aumento de impuestos (algo que volverá a ocurrir a fines de este año), también se mintió respecto de las áreas prioritarias para la inversión pública en la gestión PRO.
Tal vez haya una porción del electorado porteño que considera poco relevante invertir en salud, en vivienda y en educación pública, y que es más importante que ello reparar veredas en barrios acomodados. A ellos habrá que convencerlos de que la inclusión social y la igualdad de oportunidades generan más seguridad, mayor desarrollo económico y, al fin y al cabo, mayores posibilidades de que tengamos recursos para invertir en baldosas.

Creo francamente que nunca se remontó esa cuesta. No se trata de responsabilizar a nadie, leyéndome a mi mismo encuentro esa tendencia a hablarles de escuelas y hospitales a quienes lo único que les interesa es tener la vereda en condiciones. ¿Tenemos entonces que abandonar nuestras convicciones? Seguro que no, pero siempre tenemos que tener en claro que para llevarlas a cabo hay que acceder al gobierno, y para eso se necesitan votos. Además, y más allá de la importancia que demos a ciertos temas, mientras formen parte de las responsabilidades de Gobierno se hace necesario tener políticas específicas en carpeta y reitero, desarrollar críticas y propuestas alternativas a lo que se hace.
Se trata, además, de un terreno muy propicio para desarrollar el discurso "de gestión" en el que la política está ausente. Ceder terrenos en estos asuntos resulta a mi entender gravoso, aunque no tenga la posibilidad en este momento de cuantificarlo adecuadamente.


La nacionalización de la elección

Cuando se iniciaba la campaña, pensaba en lo difícil que podría serle a Macri remar la sensación de que cuatro años más de gobierno, con Cristina Fernández de Kirchner gobernando al país hasta el 2015, iban a redundar en más impotencia y excusas de su parte. Si se la había pasado todo el mandato echando la culpa al gobierno nacional de todo lo que le salía mal (su quejas respecto a la imposibilidad de "acceder a financiamiento" y la política de endeudamiento son clara muestra de que se utilizó hasta el hartazgo esta mentira), ¿a qué nos iba a estar invitando los próximos cuatro años?
Pues bien, la campaña de Filmus, apoyada en encuestas que daban alta intención de voto a CFK en la Ciudad, tomó este cariz:

Confieso que antes de la campaña me imaginaba lo difícil que le sería a Macri invitar a los porteños a cuatro años más de impotencia. Si sus falencias eran a causa de un gobierno nacional que caminaba hacia una segura reelección, ¿qué nos podía ofrecer a futuro? No obstante, cierta demora en la instalación de un candidato por parte del Frente para la Victoria más la certeza de que la decisión fue toda de CFK, contribuyó a generar la imagen de que el candidato no era más que un "delegado" del gobierno. De ahí a presentar la "sintonía" como una extorsión al porteño (los medios y el resto de los partidos también juegan), un pasito. Inteligentemente, la campaña de Macri llamó a defender la autonomía:

Ya para la segunda vuelta se intentó hacer eje en una comunicación que siguió hablándole a los convencidos. Esta vez, intentando sumarse a la onda de los globos de colores ofreciendo corazones. Con lo resultados en la mano, podemos decir que no sirvió de mucho:

En definitiva, mientras la campaña se basó en aglutinar a los votantes de Cristina y se hizo eje en los temas sociales (en los que así como ocurre con la mejora de los índices de mortalidad infantil el gobierno nacional también tiene algo que ver), se dejó libre el espacio para hacer campaña en las cuestiones relacionadas con el interés de una amplia proporción de votantes de la Ciudad, se permitió que en materia de seguridad prevalezca la imagen de que la policía metropolitana era el único intento serio por parte de alguien para resolver el problema (la implementación del refuerzo de la seguridad en el sur por parte de la Nación sólo una semana antes de la elección tuvo a mi entender un efecto contraproducente, una especie de demostración de que la voluntad de hacerse cargo del tema aparece sólo ante una inminente derrota electoral). En este esquema, haber renunciado a la que en definitiva fue la única posibilidad de acceder a un debate de candidatos más que un error fue una consecuencia.
El resultado hoy nos muestra a un macrismo que tendrá una Legislatura casi a su merced (tiene 26 votos seguros y 10 diputados más con los que negociar mayorías que incluyan apropiarse de fondos del Banco Ciudad, seguir endeudando a Buenos Aires y volver a aumentar los impuestos, entre una larga lista de temas que permanecen en agenda). Una legitimidad de casi el 65% para impulsar cualquier expediente pendiente (mudanza del gobierno de la Ciudad a los terrenos del Borda y Moyano, Puerto Madero 2, etc.).
Es muy probable que, así como ocurre en muchas zonas de la Ciudad, el avance de los negocios inmobiliarios desplace población dependiente de los bienes públicos y se acentúe la "municipalización". Sin dejar de lado el contenido antipolítico, mediático y corporativo del neomenemismo triunfante en Buenos Aires que genera también un apoyo en sectores sociales medios y bajos, tenemos que tener presente que la derecha en la Ciudad es probablemente más fuerte que nunca.
Cabe mencionar que además la instalación de una agenda de cambio social no sólo genera una esperable reacción entre los ricos, sino que muchas veces genera temor en clases medias y bajas. La reacción de muchos de los vecinos de la zona del Indoamericano, plegándose al discurso en contra de la entrega de viviendas a los sectores más postergados es una muestra de ello. El macrismo sabe jugar con estos efectos (no se puede negar que el tema de Shoklender les vino como anillo al dedo), lo cual invita a redoblar esfuerzos no sólo en materia de pelea cultural, sino en la atención de los problemas pendientes de solución en distintas capas de la sociedad (en materia de vivienda, por ejemplo, la clase media tiene un grave problema de acceso por una cuestión de costos, y se hace necesaria una agenda de política pública que comprenda y encare el fenómeno si es que se quiere avanzar con mayor sustento en resolver los problemas más acuciantes de quienes están aún fuera del sistema).
Tal vez tendríamos que dejar de lado ciertas lecturas que hablan de tercios (progresista, de derecha e independientes). Si tenemos en cuenta que la única victoria contundente del espacio progresista (más allá de la composición de la UCR, De la Rúa no expresaba eso) se dio en el año 2000 cuando Ibarra le ganó a Cavallo, y que a duras penas se logró la reelección en 2003 luego de perder en primera vuelta frente al actual Jefe de Gobierno, tal vez se haga necesario reorientar la mirada hacia una construcción que abarque en la forma los más amplia posible el espacio (durante la campaña se produjo el rídiculo de permitir la existencia de dos colectoras y luego hacer todo lo posible luego por invisibilizarlas) y formule una propuesta que interpele a todos los ciudadanos de Buenos Aires. En buena medida, se trata de una batalla cultural contra visiones instaladas a lo largo de décadas y consolidadas de la mano de la fiesta del menemismo, visiones que además cuentan con la fuerza de un complejo mediático que sostiene su poder en ellas y que juega permanentemente a retroalimentarlas.

Escrutino Definitivo de las Elecciones del 10 de julio - Ciudad de Buenos Aires

Tras el trabajo de revisión de las actas y de las urnas efectuado la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad entregó hoy los resultados definitivos (resta resolver algún tema puntual sobre la carga de los datos correspondientes a la Comuna 9 que presentaría el PRO) de las elecciones celebradas el 10 de julio pasado.

Jefe de Gobierno:

Sobre un padrón de 2.486.991 electores, votaron 1.819.295, es decir un 73,15 % (en las elecciones del 2009 votó un 74,15%). Los resultados más relevantes para la categoría de Jefe y Vicejefe de Gobierno han sido los siguientes:

PRO (Macri - Vidal): 836.608 votos, 47,07% de los votos válidos*

Frente para la Victoria (Filmus - Tomada): 495.339 votos, 27,87%.

Proyecto Sur (Solanas - Selser): 227.863 votos, 12,82%.

Coalición Cívica (Estenssoro - Sanchez): 58.817 votos, 3,31%.

Unión Cívica Radical (Giudici - Augugliaro): 36.203 votos, 2,04%.

Frente Progresista por Buenos Aires (Telerman - Kravetz): 31.326 votos, 1,76%.

El resto de los partidos obtuvo cifras inferiores a los 30.000 votos. Tres de ellos, incluso, no alcanzaron ni siquiera el equivalente en votos al piso de afiliados (4.000) que la ley exige para que un partido conserve la personería (casos de manual de sellos de goma).

Diputados:

Respecto de los resultados en la elección de Diputados, los números indican un total de 1.763.115 votos válidos, que principalmente se repartieron de la siguiente manera:

PRO (boleta encabezada por Bergman): 792.519 votos, 44,94%, con lo que obtuvo 16 bancas.

Frente Para la Victoria (Cabandié): 247.140 votos, 14,01%, 5 bancas.

Proyecto Sur (Bergel): 227.430 votos, 12,89%, 4 bancas.

Frente Progresista y Popular (Ibarra): 118.345 votos, 6,71%, 2 bancas.

Nuevo Encuentro (Cerruti): 114.693 votos, 6,50%, 2 bancas.

Coalición Cívica (Ferraro): 69.623 votos, 3,94%, 1 banca.

Ya por debajo de la cantidad de votos en blanco (40.894), podemos encontrar el mismo orden que para la elección de Jefe de Gobierno, con el radicalismo en 36.887 votos (2,09%) y el partido de Telerman, quien encabezaba también la boleta de legisladores de la Ciudad, con 33.164 votos (1,88%).

Comunas:

Respecto de las Juntas Comunales, y para no aburrir con los números, me limitaré a describir cuantos miembros de cada Junta Comunal consiguieron las tres principales fuerzas (el sistema D' Hont exigía en estos casos un piso de votos que ningún otro partido o alianza logró alcanzar). En todos los casos hay que tener en cuenta que más allá de la distribución de los cargos, y debido a que las normas establecen que el ganador se alza con la presidencia de la junta comunal, el PRO presidirá las juntas comunales de las 15 comunas en que se divide la Ciudad:

• En las Comunas 2 y 13 el PRO obtuvo cinco miembros de junta, en tanto que el Frente para la Victoria y Proyecto Sur obtuvieron uno cada uno.
• En las Comunas 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 14 el PRO obtuvo también una mayoría propia con cuatro de los siete lugares en disputa, en tanto que el Frente para la Victoria obtuvo dos y Proyecto Sur el restante.
• Por su parte, en las Comunas 5, 8, 9 y 15, el PRO y el Frente para la Victoria consiguieron tres lugares cada uno, mientras que Proyecto Sur obtuvo uno al igual que en el resto de la Ciudad.
  

* Se computa el total de votos excluidos los votos en blanco y los votos nulos (art. 96 de la Constitución de la Ciudad). El total de votos válidos para la categoría asciende a 1.777.419.

La Ciudad y el equipamiento hospitalario

Cuando un domingo de mayo de 2008 abrí el suplemento Zona del diario Clarín (en ese entonces lo compraba todavía), lo primero en lo que pensé fue en cómo los medios de comunicación masiva suelen ser de gran ayuda cuando se intenta imponer un negocio a costa de los ciudadanos. Ni bien vi el artículo cuya imagen encabeza este post recordé automáticamente el proyecto que el 8 de abril de ese mismo año el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había presentado en la Legislatura de la Ciudad y al que se había asignado el número 529-J-2008 (en la página del Cedom se puede buscar el proyecto). Lo recordé y pensé en la presión de los medios porque el debate era fuerte y no se vislumbraban grandes posiblidades de acuerdo.

En la nota de Clarín se describía la crítica situación en materia de equipamiento de los hospitales. Algunos de sus párrafos merecen ser citados:

"Un listado básico de lo que falta: al menos tres resonadores magnéticos (un millón de dólares cada uno), no menos de seis tomógrafos computados (500 mil dólares cada uno), mesas de cirugía para operar, equipos de hemodiálisis, respiradores pediátricos y de adultos, ecógrafos básicos, equipos de rayos X. Todos elementos elementales de trabajo, cuyo funcionamiento es fundamental en la medicina moderna, pero que escasean o funcionan mal o están rotos para siempre porque, de tan viejos, ya no se consiguen repuestos. Y faltan a montones, en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad, y desde hace años."

"Lo único positivo de esta crisis es que, al menos, es admitida por todos los sectores de la Salud y por todas las banderas políticas. La cuestión es cómo resolverla. El ministerio de Salud, a cargo de Jorge Lemus, propone que la única solución es con fondos extraordinarios al presupuesto, lo que por ahora es resistido en la oposición."

La negrita es mía, y resalto el texto porque tiene que ver con lo que decía más arriba. Una catástrofe descripta por el diario, y la oposición que asume una posición tan repudiable.
Siguiendo con el texto, tras el diagnóstico venía la única solución posible:

"¿Cómo se soluciona? Con inversión, con bastante plata. El gobierno porteño elaboró un proyecto de ley que implicaría endeudar a la Ciudad en 150 millones de pesos para poder comprar un poco de todo: resonadores, tomógrafos, mamógrafos, mesas de anestesia, equipos radiográficos y hasta respiradores pediátricos, un elemento básico que durante 2007, cuando estalló la epidemia de la bronquiolitis, hubo que salir a pedir prestado a clínicas privadas."

Todo esto acompañado de un editorial, cinco días después, titulado "La crisis del sistema de salud porteño", en el que se destacaba (esta vez la negrita es del diario) que uno de los ejes de dicha crisis era el "atraso tecnológico por falta de inversiones"
¿Cúal era la causa del conflicto en la Legislatura ante tamaña y evidente necesidad? Lo que ocurrió fue que el listado de equipos necesarios que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura, más o menos a finales de abril había sido objeto de una denuncia por parte de Aníbal Ibarra, que en su página web detalló que el listado de equipos que supuestamente había elaborado el Gobierno de la Ciudad tras el relevamiento de las necesidades de los hospitales, incluía una marca “G-Scan” que, "casualmente, era producida y comercializada por una firma italiana: “Esaote SA”."

Por ese motivo, se envió una nota a las Comisiones de Salud y de Presupuesto, solicitando la siguiente información:

• Relevamientos realizados en los años 2007 y 2008, detallando las solicitudes de cada Hospital.
• Criterios utilizados para dar lugar o no a las solicitudes, y para destinar equipamiento no solicitado por los hospitales.
• Costo estimado de los equipos que componen el anexo del proyecto de ley.
• Necesidades de personal relevadas para operar los equipos, y plan de incorporación de dicho personal.
• Estado del préstamo PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Necesidades que se pueden cubrir a través del mismo y estado de la licitación 13/08.

No se pedía nada del otro mundo. Se solicitaba la información básica necesaria para saber si el listado de equipos había sido correctamente efectuado (es decir, de acuerdo a las necesidades del sistema de salud), o el listado correspondía efectivamente a saldos ofrecidos por una empresa extranjera.
La información jamás fue brindada por el Poder Ejecutivo y eso se plasmó en uno de los despachos de minoría.
El oficialismo logró que se emitieran los dictámenes el día 24 de junio del 2008. Casi a modo de refuerzo, el mismo diario Clarín publicó una nota, tres días después, titulada "Hay días en que funciona sólo un tomógrafo para los hospitales", en la que mencionaba que el problema era "parte de una crisis que Clarín reveló hace un mes". El párrafo más saliente, a mi entender, era éste:

La tecnología que poseen los hospitales porteños caducó. Y se somete a la aparatología a un reciclado constante: un día se rompe un tomógrafo, al otro día se rompe otro, entonces se satura un tercero que luego se descompone justamente por la alta demanda. Así todo el tiempo, con un funcionamiento heterogéneo , le dijo a Clarín Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales. Gilardi considera que lo más importante es la recuperación de la tecnología. En este sentido el Poder Ejecutivo impulsa en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca endeudar a la Ciudad en unos $ 150 millones de pesos para financiar la compra de tomógrafos, resonadores, mamógrafos y camillas de anestesia. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Salud y Presupuesto de la cámara y este jueves sería tratado por los legisladores. Un tomógrafo cuesta unos US$ 500.000 y un resonador, US$ 1 millón.

 Más interesante aún es lo que dice un pequeño artículo de opinión que acompañaba la nota, firmado por Guillermo Allerand. Creo que vale la pena citarlo completo:

Paradójicamente, la Ciudad necesita endeudarse en 150 millones de pesos para saldar una deuda que tiene con su sistema de salud. El Gobierno porteño espera que la Legislatura le apruebe un gasto a través de un bono para poder comprar algo que ya no puede esperar: aparatos de diagnóstico por imágenes modernos, que sirvan para la prevención y seguimiento de enfermedades no sólo de los habitantes de la Capital, sino de aquellos que llegan a atenderse desde el Gran Buenos Aires o incluso desde el Interior. Aquí no puede seguir dilatándose el tema bajo ninguna condición política. Es la salud de la gente.

 La negrita, una vez más a mi cargo, resalta el concepto más importante. No importa de lo que se trate, lo que sea que se esté haciendo está bien.
La ley se aprobó el 3 de julio de 2008.

La caída de la licitación

A pesar de que la ley logró aprobarse bajo supuestas garantías de imparcialidad en la licitación (se sacaron las denominaciones de equipos que daban exclusividad a la firma italiana), la derivación fue casi previsible:  la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 17/DGCyC/2008 dio como resultado que sólo fue "Conforme Legal y Administrativamente" la propuesta de la firma "INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A." Como relata Página 12 el día 29 de noviembre de 2008:

"La observación del diputado" (por Ibarra) "hizo que en aquel momento, cuando se aprobó la ley, se sacara el nombre de la marca. Pero tiempo después, el 15 de octubre último, cuando Lemus fue a la Legislatura a dar un informe, Ibarra quiso saber si a esa licitación se había presentado una empresa italiana. “Se presentaron cinco empresas”, respondió Lemus, sin dar más precisiones. Una semana después, el procurador Pablo Tonelli emitió su dictamen sobre esa licitación: se habían presentado cuatro empresas, de las cuales una se retiró antes de ser evaluada y otras dos fueron descalificadas porque presentaron de manera incompleta la documentación que se les exigía. ¿Cuál quedó? La italiana Inso Sistemi per le Infrastru-tture Sociale. “Otra vez Google me permitió saber que esta empresa es socia de E Saote en emprendimientos en Italia, Chile y Uruguay”, dijo Ibarra. (...) Lemus manifestó desconocimiento acerca de este proceso, por lo cual el legislador le sugirió que “averigüe, no sea cosa de que usted quede involucrado en una situación irregular”."

Poco tiempo después,a través de la RESOLUCIÓN Nº 90/GCABA/MSGC/09, del 3 de febrero de 2009, se dejó sin efecto la licitación con estos argumentos:

Que tan escasa participación de oferentes en la etapa decisiva del trámite licitatorio dificulta la selección de la mejor oferta para la contratación prevista en la Ley 2780;

Que la adquisición del equipamiento hospitalario previsto en dicha norma resulta ser, por su cantidad, magnitud y complejidad, la mayor de las últimas décadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que debe asegurarse la mayor transparencia economía, eficiencia y eficacia en su trámite;

Que asimismo es dable destacar el hecho que a través de adquisiciones efectuadas por el propio Ministerio de Salud y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha incorporado nuevo equipamiento hospitalario, conlleva la posible necesidad de replantear los requerimientos oportunamente relevados para esta contratación, lo cual podría incluso podría tornar preciso efectuar actividad legislativa tendiente a realizar cambios en los Anexos de la Ley N° 2780;

La ejecución del presupuesto

Cualquiera podría pensar que la preocupación por dotar a los Hospitales y Centros de Salud de equipamiento adecuado era genuina, y que de acuerdo al texto de la Resolución se buscarían caminos alternativos para resolver un problema tan acuciante.
He señalado en artículos anteriores la preocupante baja de la participación presupuestaria de las áreas sociales, y en particular he mencionado al Ministerio de Salud como uno de los grandes perdedores de la política presupuestaria del PRO.
Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que durante la gestión de Mauricio Macri el Ministerio de Salud perdió dos puntos de participación en el presupuesto, lo que a números del 2010 equivaldría a unos $ 420 millones.
El gráfico siguiente muestra la participación de la inversión en maquinaria y equipo (rubro que incluye desde los equipos más básicos a tomógrafos y ambulancias) dentro del total del gasto en Salud. Es fácil notar que, aún con una menor participación en el total hay una caída abrupta de la inversión que se acerca mucho a los niveles del peor año de la crisis que se desató a principios de este siglo en la Argentina:

Más claro se nota cuando observamos la relación con el total del gasto:

El promedio del periodo 2003-2005, en torno a un tercio de punto (con un pico del 0,44% del total de gastos en 2004) equivale a números del 2010 a unos $ 70 millones, mientras que en el 2010 se invirtió sólo $ 13,59 millones:

Este cuadro, vale aclararlo, no está realizado en base a valores reales sino nominales. Aún así, es más que evidente la brutal caída de la inversión en maquinaria y equipo de Salud. De hecho, la inversión del año 2010 es menor a la del 2004, a pesar de que el gasto total del año pasado multiplicó por cinco lo que la Ciudad había gastado entonces. Más aún, si comparamos los últimos tres años de la gestión Ibarra con los últimos tres años, la inversión durante el periodo de Gobierno del Ingeniero Macri es sustanciamente menor (poco menos de $ 38 millones contra casi $ 46 millones del ex Jefe de Gobierno), y apenas superior a lo que se invirtió en sólo dos años durante la gestión de Jorge Telerman (casi $ 33 millones). Vuelvo a subrayar que se trata de valores nominales.
Esto en parte se explica por los niveles de ejecución presupuestaria del área. Los resultados tienen en buena parte que ver con una política presupuestaria de presentación de objetivos enormes cuando se envía el presupuesto a la Legislatura (en parte basados en el impacto presupuestario del denominado Plan de Equipamiento Hospitalario del que estamos hablando), pero los datos son elocuentes (cabe aclarar que en el caso del 2002 se recondujo el presupuesto y se asignó una cifra muy pequeña, lo que distorsiona el dato porque verdaderamente se invirtió muy poco):

La tendencia, que hasta el 2006 fue de sobreejecución del presupuesto, se convirtió en una fuerte subejecución. La lógica conclusión es que el único objetivo del Plan de Equipamiento Hospitalario era efectivamente comprar un paquete cerrado a un oferente único y que la evidencia de la maniobra terminó dejando al descubierto otra cuestión innegable: el equipamiento hospitalario está muy lejos de ser un objetivo de política pública para el PRO.

Fondo Vivienda Porteña

El estallido generado por la política de Vivienda del Gobierno de la Ciudad a fines del año pasado, con lamentables episodios, disparó un debate muy necesario respecto de uno de los derechos básicos de las personas, que no suele tener la misma consideración que la educación, la salud o la seguridad en la mayoría de las conciencias, aunque a mi entender no debería ser así.

Decía en una reciente nota sobre el tema:

Entre tanta discusión cruzada a partir de la toma del parque indoamericano y tanta apelación vergonzosa a la xenofobia y el racismo por parte de quienes tienen a su cargo nada menos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece importante hacer eje en el necesario debate acerca de cuál es el piso de derechos que el Estado debe garantizar. Así como todos somos constestes en que entre esos derechos sin duda se cuentan la educación y la salud, cabe preguntarse porqué se reacciona en forma tan violenta cuando de lo que se trata es de garantizar que todos podamos tener un espacio donde vivir y no terminemos tirados en la calle.

Pues bien, uno de los argumentos más fuertes entre quienes planteaban oposición a una mayor inversión en vivienda social era que muchos sectores de clase media, que generalmente no son contemplados por las políticas de vivienda, tampoco tenían forma de alcanzar la vivienda propia y se veían condenados al alquiler de por vida.

Ese reclamo lo escuchamos y leímos innumerables veces en nuestra oficina.

Es importante hacer una distinción. Muchos de los que plantean el argumento no tienen ni la más mínima intención de resolver el problema de acceso a la vivienda de sectores bajos y medios. La política crediticia del Banco Ciudad, por ejemplo, nos da una pauta respecto de la postura que se puede asumir frente a este tema:

Como se puede observar, cuando asume la actual conducción del Banco Ciudad, macrista en su mayoría, la suma de los préstamos hipotecarios y los créditos otorgados a grandes empresas totalizaba $ 2057 millones, de los cuales el 53,28% pertenecía al primer grupo. En la actualidad, la participación en ese total de los créditos hipotecarios cayó al 42,65%, es decir más de diez puntos.
Esto se produce en medio de un contexto de crecimiento de los depósitos producto del crecimiento económico y la inflación. Vale entonces mencionar que mientras en este periodo el stock de préstamos hipotecarios creció un 107 %, el stock de préstamos a grandes empresas lo hizo en un 217 %. 
El 2010 deja un resultado neto para el Banco Ciudad de $ 639 millones, de los que el Poder Ejecutivo de la Ciudad pretende usar buena parte para engrosar el presupuesto (más de $ 400 millones). Entendiendo que no es una buena política utilizar las ganancias del Banco Ciudad para cubrir los gastos corrientes del Poder Ejecutivo (ganancias que serían aún mayores si por ejemplo no se hubieran utilizado para pagar gratificaciones por cifras cercanas a los $ 100.000 a altas autoridades del Banco), y atendiendo la necesidad de financiar un programa que acerque los créditos a una franja de la población que hoy a pesar de su esfuerzo no los puede alcanzar, se trabajó en un proyecto que tenga en cuenta ambas cuestiones. Fue presentado por Aníbal Ibarra, junto a los legisladores Juan Cabandié, Rubén Campos y Maria Elena Naddeo, y se puede acceder al mismo en este link.

Nunca Menos

Finalmente el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad entregó las cifras provisorias (los números finales vendrán de la mano de la Cuenta de Inversión un poco más adelante) de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2010. 

Los datos permiten, en este caso, actualizar algunos informes que hemos publicado anteriormente, y tal vez lo haga para cada tema en particular en notas posteriores, pero lo que se desprende a primera vista del informe de ejecución presupuestaria es que el camino de reducción de la participación de áreas sociales en el gasto total de la Ciudad iniciado ya desde comienzos de la gestión de Mauricio Macri tiende a profundizarse, más allá de los conflictos con docentes y estudiantes o lo ocurrido con el tema de la vivienda a fines del año pasado.
A esta altura, me resulta muy difícil no reiterarme en lo que ya he comentado largamente en este blog. El cuadro que encabeza la nota es elocuente: la suma de los porcentajes de participación de los Ministerios de Salud y Educación, más lo correspondiente al Instituto de Vivienda, sobre el total de gastos de la Ciudad, muestra una pérdida de ocho puntos porcentuales respecto del 2005 (último año de la gestión de Aníbal Ibarra).
Si tenemos en cuenta lo que significa un punto en el total de gastos de la administración pública en 2010, equivale a una pérdida conjunta de presupuesto de $ 1.600 millones.

Algunos datos:

El Ministerio de Educación, al que en el 2007 (último ejercicio previo al mandato del actual Jefe de Gobierno) le tocó el 27,84% del total de gastos, se llevó en 2010 el 24,75%. Según los parámetros de la ley de financiamiento educativo, el piso es el 27,57%. Todo ello en un marco de crecimiento de la participación de los subsidios a escuelas privadas dentro de la cartera educativa: las transferencias a Escuelas Privadas, que en 2007 fueron por $ 412 millones, en 2010 significaron  $ 918 millones. Su participación dentro del Ministerio de Educación pasó del 14,93% al 17,78%:

La Ejecución del presupuesto de infraestructura escolar respecto de lo aprobado por la Legislatura fue del 36,07 %.

El caso de Vivienda es paradigmático. Los conflictos del año pasado no fueron casuales sino que tienen estrecha relación con el abandono de la política de vivienda por parte de la Ciudad:

El gráfico no está hecho en base a valores reales, sino nominales. En el año 2005 la Ciudad destinó $ 214 millones a la política de Vivienda y en el año 2010 la suma de $ 231 millones. Eso sí, mientras el gasto total de la Ciudad en 2005 ascendió a $ 5.815 millones, en 2010 multiplicó esa cifra casi por cuatro. La principal explicación la podemos encontrar en el derrumbe de los niveles de ejecución presupuestaria: 

El presupuesto del Instituto de Vivienda fue ejecutado en tan solo el 44,6 % en 2010. Sobre el total de Gastos, el Instituto de Vivienda se llevó solamente el 1,1%. En 2007 era el 2,91%:

 

El Ministerio de Salud también registró la menor participación sobre el total de gastos de los últimos 10 años: el 20,71%.

La gestión de los contratos de residuos alcanzó un nuevo récord: $ 1.364 millones, es decir el doble de lo que se gastaba en 2007.

Eso sí, la publicidad oficial tuvo otro año de rotundo éxito presupuestario: la Secretaría de Comunicación Social llegó a gastar en "Publicidad y Propaganda" la suma de $ 136.685.013,62, cuando su presupuesto original era de $ 95.900.697. Es decir, una ejecución del 142,52 % del presupuesto, engrosado a costa de comedores escolares, por ejemplo.

Entrevista en "Conectados en la radio" II: Vivienda

Ayer por la noche tuve nuevamente la oportunidad de dialogar con Gerardo Fernández, conductor del programa "Conectados en la Radio" que se emite por Radio Cooperativa (AM 770, también por internet), de lunes a jueves de 22:30 hs. a 24:00 hs. El tema fue la subejecución del presupuesto en materia de Vivienda durante la gestión de Mauricio Macri.

En el blog de Gerardo, "Tirando al Medio" se puede encontrar un post sobre la nota, que incluye el audio de la misma (audio que además encabeza este artículo).

Derechos básicos: Vivienda

Entre tanta discusión cruzada a partir de la toma del parque indoamericano y tanta apelación vergonzosa a la xenofobia y el racismo por parte de quienes tienen a su cargo nada menos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece importante hacer eje en el necesario debate acerca de cuál es el piso de derechos que el Estado debe garantizar. Así como todos somos constestes en que entre esos derechos sin duda se cuentan la educación y la salud, cabe preguntarse porqué se reacciona en forma tan violenta cuando de lo que se trata es de garantizar que todos podamos tener un espacio donde vivir y no terminemos tirados en la calle.

Nada tiene eso que ver con que existan situaciones de injusticia ni con justificar la toma compulsiva de terrenos públicos o privados. Tampoco con dejar de lado que la vivienda es un problema para amplias franjas de la población, no sólo los pobres, ya que la acción del Estado no se hace sentir al momento de generar alternativas de crédito para la población ni incentivos para la construcción de viviendas a precios razonables. Lamentablemente, en este tema la política está en manos de un mercado que prefiere construir inmensas moles vacías en Puerto Madero o agotar la infraestructura de barrios densamente poblados en los que el valor del metro cuadrado construido es el más alto.

En medio del fárrago de normas que se blanden de todos lados, una de las leyes que hay que cumplir es el presupuesto. Podemos discutir si los montos asignados en la misma son correctos o no, si corresponde gastar o invertir el dinero en uno u otro asunto, lo que no podemos hacer es no invertir los fondos que se asignan en dicha ley, mucho menos cuando se trata de dinero que se debe destinar a garantizar derechos básicos. Porque cuando existen conflictos como el de Soldati, una de las cuestiones que salta inmediatamente es la puja por acceder a los programas estatales en materia de vivienda, que se tornan aún más insuficientes si no se ejecuta el presupuesto.

Los números

Pasando al detalle de las cifras sobre las que hablamos con Gerardo, lo primero que hay que mencionar es que los números correspondientes a la ejecución del presupuesto de Vivienda durante la gestión de Mauricio Macri muestran que ni siquiera tomando la evolución de la inversión en términos nominales se puede utilizar el típico argumento de la comunicación PRO en el sentido de que durante el periodo de gestión del ingeniero se invirtió más que durante los gobiernos de Ibarra y Telerman. Es así que mientras los gastos totales de la Ciudad (según las correspondientes cuentas de inversión suministradas por el Ministerio de Hacienda) crecieron entre el 2007 y el 2009 un 63,10 %, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad gastó un 17,42 % menos en 2009 que en el ejercicio en el que el actual Jefe de Gobierno ganó las elecciones:

Volviendo a insistir en el hecho de que se trata de inversión en términos nominales y no reales (el gasto total de la Ciudad fue en 2005 de $ 6.000 millones y rondará este año los $ 20.000 millones), la suma de lo invertido en el último trienio (con un trimestre pendiente de ejecución) es sensiblemente inferior a lo que la Ciudad invirtió en el trienio anterior (parte durante el Gobierno de Ibarra y parte durante el de Telerman): $ 638 millones contra $ 828 millones.

Por supuesto que no se trata de que la Legislatura se haya vuelto loca y votado presupuestos cada vez más bajos. Lo que descendió, y lo sigue haciendo, es el porcentaje de ejecución del presupuesto (el correspondiente al 2010 es el acumulado al tercer trimestre):

No es casualidad, entonces, que la participación de la Inversión en Vivienda sobre el total de gastos de la Ciudad, se haya derrumbado:

En este contexto, podemos observar que de los $ 77 millones que ejecutó el IVC este año, casi $ 38,5 son gastos en personal, por lo que el comportamiento de la ejecución en los distintos programas es el siguiente (clic en imagen para agrandar*):

Fuente: Ejecución Presupuestaria, Tercer Trimestre 2010, Ministerio de Hacienda.

Uno de los argumentos utilizados en su defensa por el Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, en su visita a la Legislatura en el día de ayer, fue que había otras áreas que complementan la inversión en vivienda. La UGIS (Unidad De Gestión Intervención Social) lleva una ejecución aceptable de su presupuesto ($ 27 millones sobre $ 43 millones), pero en el rubro "construcciones" la ejecución es de $ 1.628.046,96 sobre $ 4.840.000. La Corporación del Sur lleva ejecutados $ 33 millones (no contamos con el desagregado, aunque no todo se utiliza para vivienda) y el programa de mejoramiento de villas del Ministerio de Espacio Público lleva ejecutados $ 1.696.967,95 sobre $ 5.000.000 (todo en subsidios, además), cifras que en modo alguno modifican el panorama de subejecución en la materia.
Poco puede hacer la Legislatura frente a este panorama. Sobre el cierre de 2009, y con la ejecución del tercer trimestre en la mano, que hasta ese momento el 85% de los cambios que la Legislatura había efectuado en el presupuesto 2009 enviado oportunamente por el Poder ejecutivo habían sufrido recortes (recortes que hemos mostrado claramente hacia dónde van en este post) o no habían sido ejecutados. Algunos ejemplos del resultado final de programas cuyo presupuesto fue incrementado por el Poder Legislativo (clic para agrandar):

Fuente: Cuenta de Inversión 2009, Ministerio de Hacienda.



* Nota: Como se puede notar, el crédito vigente es aproximadamente $ 6 millones superior al crédito de sanción. La razón es el aumento salarial que, como el resto del personal de la Ciudad, recibió el personal del IVC.