Inundados de excusas

La Ciudad ha sufrido hace sólo cuestión de horas una nueva inundación que afectó a miles de personas, incluidas algunas víctimas fatales. Como suele ocurrir en estas ocasiones, se discute la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad respecto de si se podría haber evitado o al menos paliado la situación.

Con la discusión ya instalada, Mauricio Macri volvió una vez más a victimizarse y a echar culpas por doquier. 
La verdad es que se hace un poco complicado discutir estos temas habiendo personas que perdieron su vida, pero tengo la sensación de que algunas cuestiones requieren ser planteadas para sentirnos un poco más cerca de evitar que haya una próxima vez. Dejar pasar que se mienta, y más cuando se cuenta con una protección mediática formidable que instala como datos de la realidad cosas que definitivamente son falsas, es algo que no nos debemos perdonar.

Dijo el Jefe de Gobierno: 

"No me parece nada bien que una vez más desde el gobierno nacional se pongan a hacer politiquería con esto, porque son los responsables de que las obras no se hagan"

El argumento central, que hemos escuchado hasta el cansancio, es que el Gobierno Nacional no otorga los avales que la Ciudad Necesita para endeudarse y concretar la obra, una obra que según la Ley 3226 cuesta u$s 123 millones y cuyo plazo de concreción va de tres a cuatro años.

La disponibilidad de recursos

La gestión de Mauricio Macri cuenta con un presupuesto para el año 2013 de $ 40.549.912.585. A lo largo de los primeros 5 años de gestión, la Ciudad ha tenido un presupuesto récord producto de la combinación de aumentos de impuestos, crecimiento de la economía y una política de endeudamiento que se ve reflejada en el cuadro expuesto arriba, que nos muestra el crecimiento del stock de deuda de la Ciudad medido en dólares: un total de u$s 832 millones.

Es decir, no es que la Ciudad no se haya endeudado o que no la dejen hacerlo. La deuda aumentó durante la gestión del PRO un 145% (en dólares, porque en pesos creció el 282%) y sólo el último año el crecimiento fue de casi cuatro veces el presupuesto que la obra tenía al momento de aprobarse la ley 3226: u$s 452 millones.

Hubo claramente otras prioridades.

El problema es que esas prioridades poco tuvieron que ver con la concreción de obras. La inversión, como porcentaje del presupuesto, se mantiene estable e incluso a la baja respecto de años en los que la Ciudad no se endeudaba. De hecho, a pesar de aumentar la deuda en 452 millones de dólares en el 2012, el porcentaje de inversión sobre el total del presupuesto fue el más bajo de los últimos 8 años: 13,38%.

Endeudarse por una cifra que multiplica el costo de una obra como la que necesita el Vega-Medrano, sin destinar ese endeudamiento a obras de infraestructura comparables (el crédito para el Maldonado se obtuvo antes y los 300 millones de dólares que se tomaron en abril del 2010 al 12,5% anual para hacer subtes todavía no se ejecutaron en su totalidad, casi un tercio del dinero no fue utilizado), es una forma de establecer prioridades.

La formulación, sanción, recorte y subejecución del presupuesto

Cuando el Poder ejecutivo envía el Proyecto de Ley de Presupuesto a La Legislatura, es habitual que los legisladores le hagan cambios. Esos cambios no se hacen en cada una de las planillas que tiene el proyecto de presupuesto porque es un trabajo muy complejo y la Legislatura no cuenta con la capacidad técnica de hacerlo. Por ese motivo, los cambios se vuelcan en una planilla que se adjunta al final del texto de la ley y sus anexos, y tiene un formato bastante sencillo en el que se detalla a qué políticas se le sube el presupuesto y, en contrapartida, a cuales se le baja.

Fragmento planilla de ajuste 2013

Históricamente la Legislatura se tomó el trabajo de detallar de dónde se obtenían los ahorros, cortando específicamente aquellas partidas que se consideraban excesivas. Desde el año 2011, el macrismo cambió este esquema: a partir de entonces, se detallan todos los aumentos, pero los recortes se dejan a cargo del Jefe de Gobierno, autorizándolo a podar a gusto del rubro “Obras Varias y Gastos de Capital”, como se puede ver en el renglón más bajo de la imagen.

Este cambio de sistema de trabajo tiene un primer problema: antes los legisladores tenían que recortar gastos superfluos y lo hacían respecto de gastos corrientes (por ejemplo, la partida de publicidad y propaganda) en su mayor parte. Ahora, todos los cambios se traducen en disminución de obras públicas.

La Autorización para recortar “obras varias” fue en el 2011 de $ 883.112.807[1], en el 2012 de $ 607.940.000[2] y en el 2013 de $ 600.300.000[3]. Como se puede observar más abajo, en las tres ocasiones el Jefe de Gobierno utilizó dichas facultades para recortar la partida por él mismo solicitada para hacer las obras de inundaciones que necesitan los barrios más afectados (entre los que destacan los aledaños a las cuencas Vega y Medrano).

Las modificaciones no se hicieron producto de un análisis de las condiciones de mercado, o luego de llegar a la conclusión de que el Gobierno Nacional no iba a ayudar en algo. En estos casos, hubo muy pocos días de diferencia entre la sanción del presupuesto por parte de la Legislatura y los recortes de Macri: el presupuesto 2011 se aprobó el 3 de marzo del mismo año y el decreto de distribución de créditos para todas las áreas de Gobierno es del 13 de abril. El presupuesto 2012 se aprobó el 24 de noviembre del 2011 y la distribución el 6 de enero del 2012. En cuanto al Presupuesto 2013, fue sancionado por la Legislatura el 13 de diciembre del 2012 y la distribución se hizo el 3 de enero.

Este es el detalle:

2011:

Presupuesto sancionado por la Legislatura: $ 18.752.546

Presupuesto luego de los recortes en el momento de la promulgación de la Ley: $ 5.610.882

Ejecución: $ 13.719.377,32

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 73,16% 

2012:

Presupuesto sancionado por la Legislatura: $ 294.977.900

Presupuesto luego de los recortes en el momento de la promulgación de la Ley: $ 233.911.660

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 11.947.363,77

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 4,05% 

2013:

Presupuesto sancionado por la Legislatura: $ 26.722.829

Presupuesto luego de los recortes en el momento de la promulgación de la Ley: $ 20.722.829

El caso de recorte y subejecución más grave es sin duda el del año 2012 (igual de grave es no asignar presupuesto de todas formas). El Jefe de Gobierno, a la hora de definir de dónde iba a sacar recursos para aumentar el presupuesto a otras áreas, decidió podar más de $ 61 millones del presupuesto destinado a las obras de infraestructura de la red pluvial. No lo hizo tras llegar a la conclusión de que no iba a concretar las obras durante el año. No lo hizo tras pedir avales incesantemente o explorar otras alternativas de financiamiento. Lo hizo el 6 de enero. Aquí también estableció prioridades. 

Presupuesto sancionado por la Legislatura para el 2012

Decreto de Distribución de Créditos - Jefe de Gobierno

Ejecución presupuestaria 4to Trimestre 2012

También las estableció al formular el Presupuesto 2013, bajándolo a aproximadamente un 10% del presupuesto del 2012. No contento con eso, igual lo recortó al promulgar la Ley de Presupuesto.

La forma de contratar

La obra de la cuenca Vega-Medrano, cuya necesidad fue subrayada en el marco de un Plan presentado en febrero del 2008 por el Jefe de Gobierno, se encuentra en etapa de propuesta de preadjudicación desde mayo del año 2009. 

El más cercano antecedente de obras para mitigar inundaciones es el del Arroyo Maldonado. Luego de conseguirse, en el año 2004, un crédito del Banco Mundial para financiar la construcción de túneles aliviadores para el entubado que corre bajo la Avenida Juan B. Justo, se licitó la obra, adjudicada finalmente por Mauricio Macri a un consorcio integrado por una empresa italiana (Ghella) y la empresa del propio Jefe de Gobierno, IECSA, ahora gestionada por su primo, Ángelo Calcaterra, tema que ya abordamos en otro post.

El esquema de financiamiento separado de la concreción de la obra permite ampliar el número de oferentes y a la vez garantiza mayores posibilidades de llevar las tareas a cabo.

La obra del Maldonado, con el financiamiento y el proceso de licitación finalizado antes de que Macri asuma su Gobierno, con modificaciones al contrato que encarecieron la obra y la demoraron respecto de sus plazos originales, es hoy “vendida” como un logro del Gobierno del PRO mediante una millonaria campaña publicitaria.

Lo cierto es que tras casi cinco años de administración macrista, no hay prácticamente avances en el resto de las obras del Plan Hidráulico.

El esquema utilizado para concretar la obra del Maldonado fue dejado de lado por el macrismo. En los pliegos de la licitación para la obra del Vega Medrano se estableció que los oferentes debían proponer al Gobierno de la Ciudad un modo de financiamiento, es decir, a quién y cómo pedirle prestada la plata para hacerla.

La propuesta de preadjudicación de la Licitación Pública N° 1343/08 “Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las Cuencas Vega y Medrano”, recayó sobre una oferta que preveía la solicitud de un préstamo del tipo de garantía recíproca. Este tipo de préstamos se hace mediante un acuerdo multilateral firmado por los países miembros. En esta modalidad, los bancos centrales de los países avalan el pedido de los gobiernos locales, quienes deben, a su vez, ofrecer al banco central, una contragarantía. Entre los requisitos, se estipula que la contragarantía que la Ciudad debe ofrecer al Central estará compuesta por activos autoliquidables.

El Gobierno de la Ciudad necesita autorización de la Legislatura para contraer deuda, algo que no fue tenido en cuenta al momento de la licitación. Para subsanar esto, y más de un año después de haber licitado la obra que se pretendía pagar con un préstamo, el Jefe de Gobierno envió al parlamento local un proyecto de Ley que autorizaba el endeudamiento. Los legisladores aprobaron el proyecto, transformándolo en la Ley 3226.

El artículo 4° de la ley, un texto propuesto por el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, afectó en garantía de repago del préstamo los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, cuando deberían ser títulos o letras emitidos en la moneda en que se solicita el préstamo.

Hemos escuchado una y otra vez a Mauricio Macri decir que esta obra está parada “a la espera de los avales del Banco Central”. En efecto, el convenio en cuestión estipula que para realizar financiamientos internacionales se debe contar con el aval del Banco Central. A su vez, la Ciudad debe ofrecer al Central una contragarantía con la cual el Gobierno de la Ciudad no contaba, por lo que el BCRA no podía nunca avalar el pedido.

El informe de Auditoría

Estos problemas fueron señalados por un informe de la Auditoría General de la Ciudad, aprobado en forma unánime por el Colegio de Auditores. En el informe se revela que de las cinco obras auditadas durante el año 2011, todas incluidas en el Plan Hidráulico, tres de ellas no registran ejecución: las obras de la cuenca de los arroyos Ochoa y Elia, la cuenca del arroyo Erézcano y la cuenca de los arroyos Vega y Medrano. Respecto al mecanismo de financiamiento:

"los pliegos licitatorios establecían que los oferentes debían proponer al GCABA un modo de financiamiento, a pesar de no contar éste con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para dicha operación. Esta situación debió ser subsanada más de un año después a través de la sanción de la Ley 3226. Sin embargo, dicho instrumento legal, oportunamente propuesto por el Ejecutivo de la Ciudad y votado por el cuerpo legislativo, autoriza un mecanismo de garantía del financiamiento que no se adecua a la normativa que regula el marco de aplicación del Convenio CCR-ALADI, propuesto como forma de financiamiento de la obra en cuestión por parte del oferente." (la negrita es mía)

El informe fue aprobado el día 18 de julio del 2012 y recibido en la Legislatura el 16 de agosto. Fue en función de los planteos que la Legislatura trató sobre tablas el 1º de noviembre un proyecto de Ley que autorizaba al Ejecutivo a endeudarse para las obras del Vega, en un monto hasta u$s 250 millones, y abriendo la posibilidad de recurrir a cualquier clase de acreedor, tal como se expresa en el artículo segundo de la ley aprobada con el número 4352:

Artículo 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer, en el mercado Internacional y/o nacional, uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales. El monto del/los empréstito/s será de hasta dólares estadounidense doscientos cincuenta millones (U$S 250.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y estará representado por una o más series y/o tramos y/odesembolsos.

La ley fue promulgada de hecho el día 22 de noviembre y recién se publicó en el Boletín Oficial el 18 de enero de 2013. Lo importante es que recién cinco años después de anunciadas las obras se disocia el financiamiento de la construcción de la obra.

Prioridades. Ejecución 2012.

Cabe destacar que pretender que una obra sea de alto interés para la Ciudad y dejarla atada a la obtención de un crédito no es una definición técnica sino política. Más aún cuando se trata de una obra que se va a realizar en un plazo de tres a cuatro años: los pagos se van haciendo a medida que avanza la obra y no hay que poner todo el dinero junto. 
Claramente, sean u$s 123 millones o el doble, la tercera o cuarta parte de ese dinero representa un porcentaje muy pequeño del presupuesto de la Ciudad como para dejar su concreción librada a la obtención de un préstamo. Hacerlo es una definición política, es una definición de prioridades.
Estas prioridades también se pueden observar en lo que es la ejecución del presupuesto, tomando los datos del 2012. Algunos ejemplos:

Dirección General de Educación Privada: 

Presupuesto de sanción: $ 1.332.869.952

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 1.576.362.526,95

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 118,27%

Dirección General de Limpieza (recolección de residuos a través de empresas privadas):

Presupuesto de sanción: $ 1.873.317.663

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 2.831.034.080,71

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 151,12%

Instituto de Vivienda

Presupuesto de sanción: $ 755.448.433

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 555.802.479,79

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 72,21%

Ministerio de Salud - Bienes de Uso (Contrucciones y equipamiento):

Presupuesto de sanción: $ 471.036.360

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 376.163.460,74

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 79,86%

Transferencias a Subterráneos de Buenos Aires para obras (el porcentaje de ejecución no implica que se haya utilizado el dinero, sino que sólo se lo transfirió):

Presupuesto sancionado por la Legislatura: $ 1.178.325.200

Presupuesto luego de los recortes en el momento de la promulgación de la Ley: $ 884.376.984

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 527.954.631

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 44,80%

Infraestructura escolar: 

Presupuesto de sanción:  $ 293.436.883

Ejecución al cierre del cuarto trimestre: $ 230.467.081,13

Ejecución respecto del presupuesto de sanción: 78,54%

Secretaría de Comunicación Social (maneja la pauta del Gobierno):

Presupuesto de Sanción: $ 217.189.884

Ejecución: $ 265.254.265,84

Porcentaje de ejecución: 122,13% 

Estos ejemplos muestran que también con la ejecución del presupuesto se establecen prioridades. Mientras el presupuesto para las obras de infraestructura de la red pluvial fue ejecutado en un porcentaje insignificante, el dinero destinado a las empresas de recolección de residuos creció de modo desorbitante, alcanzando una ejecución del 151,12%, lo que implica casi 1.000 millones de pesos más que lo presupuestado para el 2012. Dinero que habría sobrado para hacer las obras que el Jefe de Gobierno dice no poder financiar y que tanto necesitan los barrios del norte de la Ciudad.

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[1] Versión Taquigráfica del 3 de marzo de 2011, pág. 166, Legislatura de la Ciudad.

[2] Versión Taquigráfica del 24 de noviembre de 2011, pág. 771, Legislatura de la Ciudad.

[3] Versión Taquigráfica del 13 de diciembre de 2012, pág. 76, Legislatura de la Ciudad.

La imagen que encabeza esta nota pertenece al Gobierno de la Ciudad.

Links:
Ejecución presupuestaria y cuentas anuales de Inversión. Ministerio de Hacienda, GCBA.
Buscador de Normativa del Gobierno de la Ciudad
Buscador de proyectos legislativos (hacer clic en "proyectos")
Buscador de Versiones Taquigráficas - Legislatura
Auditoría de la Ciudad

El traspaso del Subte: ¿Hace falta que la Legislatura lo vote?

En el interesante intercambio de spots que se produjo allá por agosto de este año entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se plantearon una serie de argumentos que escaparon absolutamente del debate público, que por obra y gracia del rol de los grandes medios de comunicación giró en torno a la agresividad de los contendientes y al uso de fondos publicitarios para exponer sus respectivas posturas. Uno de los tópicos más importantes fue, a mi entender, lo relativo a la vigencia o no del Acta firmada a comienzos de este año.

Da la impresión, en medio de la discusión parlamentaria acerca del proyecto presentado por el Jefe de Gobierno para “hacerse cargo” del Subte (lo pongo entre comillas porque de la lectura del contenido del proyecto me da la impresión de que lo que se intenta es responsabilizar a la Legislatura y mantener el statu quo actual), que el macrismo ha logrado (resalto el papel de sus aliados mediáticos una vez más en este punto) instalar en la sociedad porteña la idea de que el Acta del 3 de enero aún no está operativa, y que sin el paso previo por la Legislatura se encuentra de manos atadas. Todo ello, por supuesto, en un marco en el que de todas maneras mucha gente le reprocha su renuencia a remangarse la camisa frente a la aparición de algún conflicto en el distrito que gobierna.

De la serie de argumentos esgrimidos en el spot del gobierno porteño, ilustramos la nota con los que hacen referencia específica al tema de la operatividad del Acta. Me permito señalar que las afirmaciones allí expuestas han sido contradichas por el propio Gobierno de la Ciudad, y no estoy hablando de gestiones anteriores o de lo que pensaba el PRO a comienzos de su gestión allá por 2007, sino de argumentos esgrimidos en este mismo año.

Con motivo de la lluvia de amparos presentados luego de que por decreto 27/12 Macri subiera la tarifa del subte en un 127% (de $ 1,10 a $ 2,50), la Ciudad contestó el traslado realizado por el juez en el marco de la causa “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ Amparo (art. 14 CCBA)” (Expediente Nº 43.599/0). En la contestación dio sobrados argumentos acerca de la “operatividad” del Acta y el entramado normativo en el que se sustenta, así como también de la aprobación ya efectuada por la Legislatura. Es conveniente citar algunos párrafos en forma textual:

“La suscripción del Contrato de Concesión se realizó con la intervención de la ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

“Posteriormente, El Estado Nacional, de común acuerdo con el Concesionario, produjo una revisión del contrato original, según se sustenta en las disposiciones del Decreto Nº 543/97.

En esa oportunidad, el Estado Nacional decidió asimismo transferir a la ya entonces Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el control del servicio de transporte ferroviarios de pasajeros –subterráneos y premetro- comprendiendo, tal control, el ejercicio de la fiscalización y cumplimiento de la ejecución del Contrato de Concesión firmado entre el Estado Nacional y la Empresa Concesionaria Metrovías S.A. aprobado por decreto Nº 2608 del 22 de diciembre de 1993.

Por Decreto Nº 393/99, entre otras cosas, se aprobó la Addenda al Contrato de Concesión que formalizara la revisión indicada. (…) la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, al sancionar el Estatuto  Constitutivo, estableció en su artículo 7º que la ciudad de Buenos Aires es sucesora de los derechos y obligaciones legítimos de la ex – Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado Nacional en las competencias, poderes y atribuciones que se le transfieren…”

“También por el consabido Decreto Nº 393 se invitó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para que dentro de un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de vigencia del decreto, prestara su adhesión a la transferencia del control del Servicio del Transporte Ferroviario de Pasajeros –Subterráneos y Premetro- comprendiendo tal control el ejercicio de la fiscalización y cumplimiento de la ejecución del Contrato de Concesión firmado entre el Estado Nacional y la Empresa Concesionaria Metrovías S.A.

La transferencia es considerada en el ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiéndose la adhesión a dicha transferencia mediante la Ley 373, publicada el 20 de julio de 2000”

Por estos motivos es que en el Acta se utiliza la palabra “ratifica” y el decreto de Macri argumenta entre sus fundamentos que “se procedió a ratificar”. De hecho, el “visto” del decreto de aumento de tarifas hace referencia a: “El Acta Acuerdo de Transferencia de los Servicios de Transporte Subterráneo y Premetro celebrada con fecha 3 de enero de 2012, entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes Nº 210, 373 y 4.041, los Decretos Nacionales Nº 2.608/93, 1.527/94 y 393/99…” (La negrita es mía).

Volviendo al texto de la contestación del traslado, el Procurador afirma:

“… la Nación y la ciudad Autónoma de Buenos Aires han acordado, con fecha 3 de enero de 2012 la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de garantizar la prestación del servicio público del transporte subterráneo, mejorando la calidad del mismo. Dicha transferencia, contrariamente a lo que pretende la actora, está avalada por la Legislatura de la Ciudad (Ley 373 que adhiere al Decreto del PEN Nº 393/99)” (la negrita es mía).

Y sigue:

“En el artículo SEGUNDO de la referida Acta, se establece que la Ciudad asume a partir de su firma “el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también, el íntegro ejercicio de la potestad de fijar unilateralmente las tarifas del servicio.” (La negrita es mía).

“Este artículo tiene operatividad técnica inmediata, con independencia de los procedimientos que deban cumplirse en relación al “acta” y/o a “los actos jurídicos que sean necesario suscribir para la formalización de las demás cuestiones legales, económicas y administrativa correspondientes” (artículo QUINTO del “Acta”) pues ese control y fiscalización del servicio no puede quedar en el “limbo”. No entenderlo es dejar el ejercicio del poder de policía en “manos anónimas” ” (la negrita es mía).

Más adelante se insiste con la “operatividad automática” al referirse a los efectos que tendría la suspensión cautelar del aumento:

“Todo ello no haría más que conspirar con (sic) la prestación del servicio, el cual a través del Acta Acuerdo –que goza de operatividad automática- la Ciudad ha garantizado la continuidad del mismo.

Como ya dije, mediante la Ley Nº 373, que adhirió a la ciudad al decreto del PEN Nº 393/99, nuestra Legislatura tomó la debida intervención habilitando la “realización de todos los actos necesarios para transferir la fiscalización y el control” del contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos. El Acta es, precisamente, uno de esos actos.

(La negrita es mía).

El argumento final, subrayado en el texto de la presentación, dice:

“Consecuentemente no hay acto nuevo o extraño a la Legislatura de la Ciudad que pueda resultar violatoria a la disposición constitucional, por cuanto el Ejecutivo de la Ciudad ha actuado conforme a la voluntad manifiesta en la referida Ley 373” (la negrita es mía).

Sin duda que los propios dichos de la Ciudad contestan sobradamente los argumentos. La pretensión de haber devuelto la facultad de fijar las tarifas tan firmemente sostenida por su procurador, no tiene ningún sustento jurídico, ya que merecería la firma de un nuevo acuerdo que reemplace al anterior o basarse en alguna cláusula contractual que lo permita. Ninguna de ambas cosas existe.

Decisión política

A números del Presupuesto 2012, un punto porcentual equivale a 350 millones de pesos:

PD: Gracias @CarolAbS por ponerme al tanto del tweet de María Eugenia Vidal.

El Subte y cómo "fundir a la Ciudad" por mano propia

Publicidad Oficial del Gobierno de la Ciudad durante la Campaña

 electoral del 2011,  anunciando la inauguración de las estaciones

 del Subte en Villa Urquiza que aún hoy no concretó

Macri se niega a hacerse cargo del Subte aduciendo una supuesta “deuda de obras” del Gobierno Nacional y la falta de “financiamiento” para avanzar en obras futuras. ¿Realidad o excusas?

Todos conocemos la promesa electoral que allá por 2007 hizo Mauricio Macri: 10 kilómetros de Subte por cada año de gestión. Todos sabemos, al mismo tiempo, que la administración del PRO quedó muy lejos del objetivo planteado. El Jefe de Gobierno adujo una y otra vez supuestas trabas al financiamiento de las obras por parte del Gobierno Nacional. Esa discusión da marco a la disputa en torno al convenio firmado a principios de este año por el que la Ciudad se comprometía a hacerse cargo del Subte y por el que luego se aumentó un 127% la tarifa. El Jefe de Gobierno, que por decreto llevó el valor del boleto de Subte a $ 2,50, decidió luego no hacerse cargo en medio de denuncias de obras inconclusas y, nuevamente, de falta de financiamiento.

Un recorrido por la gestión y sus números pinta un panorama bastante disímil de lo que aduce Macri.

La deuda para el Subte como caso testigo

La Ley 23.514 asigna parte de la recaudación de ABL y Patentes a obras del Subte. En la última década, todos los gobiernos destinaron recursos del Tesoro por encima de esos fondos para las obras del Subte. En promedio, durante ese periodo la Ciudad destinó a la ampliación de la red el 2% del gasto total. La gran excepción fue en 2009, cuando Macri recortó vía decreto el presupuesto asignado por la Legislatura ($ 447 millones de los que sólo se ejecutaron $ 145 millones).

A partir de entonces el Tesoro dejó de aportar fondos para el Subte. Se usan los recursos de la Ley 23.514 y lo que se pueda sumar a partir de aumentar el endeudamiento. Al día de hoy no hay cambios en esta política.

En 2010 la Ciudad consiguió colocar un bono de u$s 475 millones de dólares (300 millones para el Subte y 175 millones para otras obras), por el que se pagó una tasa del 12,5% anual y comisiones del 2% que son objeto de investigación judicial. La deuda de la Ciudad cerró el 2010 con un aumento de $ 4000 millones respecto de lo heredado. A pesar de ello, Macri insistió con el argumento de que el Gobierno Nacional le bloqueaba el acceso al financiamiento incluso hasta la campaña electoral del 2011.

Según los balances de SBASE, presentados en la Cuenta de Inversión, en el 2010 la Ciudad entregó un total de $ 167.071.219 de lo conseguido con el bono.

Es decir, se tomó deuda por 300 millones de dólares a una tasa del 12,5% y se utilizaron $ 167.071.219 Además, SBASE cerró el año con un saldo en Cuenta Corriente que saltó de $ 4.355.118 en 2009 a $ 61.728.216.

O sea que les sobró la plata. Peor aún, los u$s 37,5 millones que se pagan al año de intereses hubieran sobrado para cubrir lo que se terminó gastando (a un cambio de $ 4 por dólar, la cuenta es sencilla).

La razón de este despropósito fue que se tomó la deuda sin contar con los proyectos para realizar las obras.

Por su parte, en el año 2011 la empresa recibió, provenientes del Bono $ 623.807.142. Es decir, la suma de lo que recibió SBASE, al cabo de dos años, fue de $ 790.878.361. Y quedaron de saldo en las cuentas de la empresa $ 71.495.760,80 a fin de año.

Es decir, de una operación de crédito de $ 1.200 millones por la que se pagó un interés del 12,5% anual en dólares, la Ciudad usó en dos años apenas el 60%. Al cierre del mes de abril SBASE había recibido $ 76.173.009 más del bono, pero SBASE tiene colocado un plazo fijo por $ 50 millones y además un saldo en cuentas de $ 42.259.176,53

En resumen:

Fuente: Cuentas anuales de inversión 2010-2011 (Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad), más informe de aplicación de los Fondos Ley 23.514 (SBASE). 

Como si esto fuera poco, en el balance de SBASE se consigna que el Gobierno de la Ciudad le debe a la empresa fondos provenientes de la ley 23.514: “bajo el concepto “Créditos con el GCBA” se incluyen $ 96.199.120 correspondientes a créditos con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de las solicitudes efectuadas en el marco de la Ley Nº 23.514, entre otros conceptos. Del importe antes indicado $ 35.942.486 tienen fecha de origen en ejercicios anteriores y no han sido cancelados a la fecha de emisión del presente informe”.

La deuda de la Ciudad no ha parado de crecer durante la gestión Macri. Supera los $ 7000 millones (incluida la deuda flotante) según datos del primer trimestre de este año suministrados por el Ministerio de Hacienda, lo que implica aproximadamente el doble en dólares de lo que se debía en 2007. Todo ello en un contexto de fuerte crecimiento económico y de aumento de impuestos durante el transcurso del periodo de Gobierno. Lo increíble es que se grita a los cuatro vientos que no se permite acceder a un dinero que luego termina pagando tasas altísimas por dormir en cuentas bancarias.

Y las obras bien, gracias.

Mortalidad infantil y control de daños

Ayer se dio a conocer el informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad que da cuenta de un fuerte aumento en la tasa de mortalidad infantil del distrito: 26%. Si bien el informe esta fechado en abril de este año, la noticia se supo recién a esta altura de junio porque la oposición accedió al informe y le dio estado público. Sino tal vez no habría sido noticia, a pesar de que el descenso en las cifras del año pasado generó una profusa movida de prensa por parte del Gobierno de la Ciudad.

Francamente es un tema sobre el cual duele opinar. Entristece que el distrito más rico del país tenga tasas de mortalidad infantil en aumento mientras en el resto de las provincias se produce un descenso sostenido  (en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la baja del último año alcanzó el 4,17%). Más aún cuando podemos observar fuertes diferencias entre distintas zonas de la Ciudad: en las más postergadas, las cifras de mortalidad infantil ya estarían superando las de ocho provincias argentinas, de acuerdo a los últimos datos disponibles (son de 2010, por lo que el número podría incluso ser mayor): Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Más doloroso es comprobar que la tasa de mortalidad infantil subió al mismo nivel del 2004, a contramano de lo que ocurre en el resto del país:

 Se trata de 78 muertes infantiles más que el año pasado.

Comunicación y campaña:

En marzo de 2011, fue el propio Mauricio Macri el que dio a conocer la noticia. Esto publicó en su cuenta de twitter: 

En este entonces, y como se recuerda hoy en una nota del Diario Tiempo Argentino:

Macri afirmó que el descenso en la mortalidad infantil era “resultado de las políticas de salud pública que se han implementado en la ciudad desde diciembre de 2007”, y que eso demostraba “el buen trabajo hecho desde los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la ciudad, como también desde la Agencia de Protección Ambiental”. Para su Ministro de Salud, Jorge Lemus, agregaba entonces: “Esperamos una tendencia sostenida al descenso de la mortalidad infantil a través del programa de Cobertura Porteña de Salud, el sistema de Regionalización Materna y Neonatal para la oportuna derivación y los programas sociales y ambientales.” (las negritas son mías).

Los diarios afines al macrismo, le dieron adecuada cobertura al anuncio. Clarín lo llegó a publicar en tapa:

La Razón, otro diario del mismo grupo, lo consideró incluso como el título más importante del día:

La Nación, por su parte, destacó en su título que se trataba de una baja histórica (en efecto lo era), y remarcó tanto en la bajada como en el primer párrafo que se trataba de "cifras oficiales".

Control de daños:

En esta oportunidad, el tratamiento de estos medios ha sido sustancialmente distinto. El único diario que puso en su tapa el tema fue Tiempo Argentino, que en su nota también dejó claro que se trata de cifras oficiales:

De la misma forma, Página 12, lo aclara en el subtítulo de la nota:

Este diario también consignó la respuesta del Gobierno de la Ciudad, en conferencia de prensa y ya sin Macri presente:

El ministro de Salud porteño respondió con una conferencia de prensa, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Lemus aseguró que el aumento está “dentro del rango de variación interanual esperado para el cuatrienio, que siempre exhibe subas y bajas. En 2008 bajó, en 2009 subió, en 2010 bajó y en 2011 subió”, expresó el funcionario y destacó que “en este nuevo cuatrienio de 2008-2011, bajo la gestión Macri, alcanzó 7,7 por mil, que es la más baja de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”

El argumento pasó de esperar un "descenso sostenido" a esperar que el aumento esté dentro de un "rango de variación interanual" en el que por algún motivo el dato tiene que andar a los saltos.

Ahora bien, volviendo a un tema recurrente de este blog, el alcance de la protección mediática a Mauricio Macri se puede ver en toda su dimensión en las enormes diferencias de tratamiento que el tema tuvo en esta oportunidad. Más allá de que el asunto pueda estar en tapa o no, lo que puede obedecer a una situación coyuntural tal vez, el Diario Clarín publicó la siguiente nota:

En este caso, ya no se trata de cifras oficiales. No se dice nada al respecto. El tratamiento del tema es rebajado a una polémica entre "figuras del kirchnerismo" y funcionarios del Gobierno que logran que en el primer párrafo quede instalada la idea de que se trata de "la tasa más baja de la historia de la Ciudad" aunque, como vimos más arriba, hay que remontarse al año 2004 (es decir, 8 años atrás), para encontrar una cifra tan alta.
Mucho peor ha sido el tratamiento del diario La Nación. La noticia ni siquiera mereció un lugar en el diario de hoy y apenas fue publicada ayer a las 18:58 hs. en la edición web:

En este caso, otra vez se ignora que se trata de cifras oficiales del Gobierno porteño. El dato se reemplaza por un título en el que algunas personas (que después resultan ser "legisladores y funcionarios kirchneristas" y "representantes K") denuncian algo. El subtítulo destaca que para los funcionarios macristas se trata de "cifras normales". Es posible que la certeza respecto de la normalidad del asunto haya convencido al diario de poner en tapa un tema mucho más importante para editores y lectores, sin duda:

 Terrible. ¿Será o no la Ciudad un distrito "Pet Friendly"?

El juego de las diferencias

Dado el escaso tiempo que últimamente tengo para escribir, me pareció una buena ocasión mostrar una de las tantas diferencias de criterio a las que nos tiene acostumbrados Clarín, en este caso para defender a su pollo para la carrera presidencial de 2015.

Podríamos arrancar recordando el tratamiento que dio el diario a lo que fueron los preparativos para las fiestas del bicentenario (algo comenté en este post). En ese momento, pudimos ver algo como esta imagen, en la que se ubicó al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, al frente de la cruzada ciudadana contra el colapso de las avenidas y sus desastrosas consecuencias:

Con los preparativos para la carrera de TC 2000 que la Ciudad decidió organizar en pleno centro de la Ciudad, diseminando muros de concreto por las avenidas más importantes durante alrededor de un mes, bloqueando paradas de colectivos y otras yerbas, el tratamiento periodístico del diario fue durísimo, como podemos ver:

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En este caso, asistimos a un enfoque abrumadoramente distinto. La preocupación genuina por no complicar el tránsito nos advierte que las complicaciones no serán diferentes a las de cualquier día, por más que a la 9 de Julio le falten, qué se yo, unos cuatro carriles.

Edición/ del 29/3/2012:

No podíamos perdernos la oportunidad de agregar lo que el diario publicó al día siguiente de esta nota. Perdimos unos carriles y se nos perdió el mapa en el que podemos encontrar dónde queda la General Paz:

Los vetos de Macri

El lunes pasado tuve una vez más la oportunidad de charlar con Gerardo Fernández en su programa "Perdidos en América", que se emite por Radio América, AM 1190, los lunes de 22 a 24. El tema, en esta oportunidad, fueron los vetos del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri.

En los primeros 20 minutos del audio podés encontrar la charla en la que analizamos la política de vetos del PRO y su impacto en la cocina de la política porteña. En el blog de Gerardo, Tirando al Medio, tenés la posibilidad acceder tanto a los audios del programa completo, como a los de todas las emisiones del programa.

Respecto de las fuentes de información sobre los vetos que menciono en el audio, podés buscar en el Sistema de Información Normativa de la Ciudad la totalidad de las normas vetadas, con los correspondientes textos de los vetos. Para acceder al listado completo de los vetos de Macri te alcanza con seleccionar "decreto" en Tipo de Norma, al tope del buscador, seleccionar "Gestión Mauricio Macri" en el séptimo cuadro, y luego hacer clic en "texto libre" y añadir la palabra "veto" donde dice "con las palabras".

También el ex legislador Gonzalo Ruanova lleva un registro actualizado en su blog. Ahí podés encontrar también cada una de las votaciones de las leyes.

Si te interesa leer mi nota sobre el veto a la ley de publicidad oficial, este es el link.
Por mi parte, el agradecimiento a Gerardo por la invitación y la cordialidad de siempre.

Sembrar paranoia

Entre la gran cantidad de aristas positivas que dejó el debate y posterior sanción de la Ley de Medios podemos decir que sin duda una de ellas es que todos tenemos un poco más de conciencia respecto del rol de los medios y su papel como gestores o propietarios de intereses. Algunos de ellos, como el Grupo Clarín y el diario La Nación, se han lanzado a un burdo rol de oposición al gobierno. Burdo y ciego.

En su urgencia por intentar que todos sintamos día a día que vivir en la Argentina es una auténtica maldición divina, recurren a recursos tan desagradables como el artículo cuya imagen ilustra esta nota, firmado por un señor de nombre José Crettaz, que no tuvo mejor idea que recurrir a un título como "Sabrán donde anduvimos". 

En la nota, el autor se despacha con la siguiente frase: "el recorrido que los usuarios del SUBE hacen por la ciudad en colectivo, tren o subte queda registrado públicamente en Internet con detalle de fechas, horarios, tipo de transporte, línea e interno utilizado. Para acceder a esa información alcanza con disponer del número de la tarjeta. Un dato difícil pero no imposible de conseguir", lo que acompañado y sazonado con un "Podrían darse muchos argumentos respecto de los riesgos que presenta el hecho de que cualquiera sepa a qué hora se abandona el hogar y en qué y con qué frecuencia se viaja. O simplemente recordar que la inseguridad sigue al tope de la lista de preocupaciones de la sociedad", arma la combinación perfecta para cumplir con el desagradable objetivo de lo que para este diario es ya moneda habitual: ciudadanos temerosos, que sienten el mismo odio y preocupación que las políticas del Gobierno les generan a los poderosos que están tratando de defender privilegios indefendibles como controlar Papel Prensa, entre otros varios.

Cabe mencionar, tal vez sea un detalle, que la tarjeta SUBE, que el Gobierno pretende implementar masivamente, surgió primero como un esquema para reemplazar las siempre difíciles monedas y mejorar el acceso a los medios de transporte por parte de los usuarios. Para ello, algunos medios, entre los que también se cuenta La Nación, hicieron un lobby importante por el sistema. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, otro título típico de la forma de actuar de este medio, publicado un año y medio atrás: 

En este artículo, cuando se refiere a la solución del problema, se menciona que "otro alivio es Mis Monedas Card, que lanzó 50.000 tarjetas para usar en quioscos, librerías y autoservicios chinos, y espera llegar a 200.000 este año. El sistema único de boleto electrónico (SUBE) aporta lo suyo, pero sigue lejos de la instrumentación total, como prometió el Gobierno. Además, sólo se usa el 30% de las 300.000 tarjetas repartidas."

En ese momento, también la SUBE tomaba los datos personales y permitía seguir vía web el gasto (al igual que ocurre con la tarjeta Monedero y también con las tarjetas de crédito, siempre es una ventaja poder tener la posibilidad de controlar que no aparezcan gastos que uno no efectuó), pero se ve que no era problema. Pretender que la decisión del Gobierno (lograr que la gente utilice un sistema que puede permitir evitar el fraude por parte de las empresas a la hora de percibir subsidios) sea una maniobra destinada a convertirnos a todos en presa fácil de alguien (basta ver que el título tiene también la intención de sugerir que el Gobierno puede usar esa información para perseguir peligrosos ciudadanos que viajan en colectivo todos los días, como se expresa en el grueso de los comentarios de los foristas) es de una bajeza muy grande.

Burdo, ciego y dañino.