De los cuatro ejes que conforman el proyecto de reforma política que estamos analizando, lo que se denomina “modernización del Código Electoral” es lo que mejores perspectivas presenta, más allá que dentro del capítulo referido al tema se incluyen algunas modificaciones vinculadas a los temas de publicidad, o que no se avance demasiado en lo que debe ser la capacitación de las autoridades de mesa. Muchas de las modificaciones tienen que ver con la incorporación de tecnología, pero también hay varias que tienen relación con la modificación de algunos aspectos anacrónicos del Código que no se refieren precisamente al uso de plataformas informáticas.
Entre los mencionados anacronismos se encontraba la prohibición de votar a los que, no habiendo sido declarados dementes en juicio, se encontraban recluidos en establecimientos públicos destinados a los mismos. No estaría mal aquí englobar la figura en “incapaces” (el caso de los sordomudos que no se puedan dar a entender por escrito: inc. b, Art. 3º entraría también en esta figura) para que una discapacidad que no haya sido declarada por un juez como un impedimento al ejercicio del voto no permanezca como una forma de discriminación. Esperemos que sea objeto de modificación a tiempo, sino quedará pendiente para el futuro.
Otra antigüedad que tenía el Código era por cierto la diferenciación entre mesas de electores masculinos y femeninos, y que por suerte se va a eliminar de una vez por todas si es que se aprueba esta ley. También se establece un tope para la cantidad de ciudadanos agrupados en cada mesa, lo que puede significar un perjuicio en términos de fiscalización para partidos pequeños, pero esos partidos tienden a desaparecer con el proyecto. El crecimiento de la cantidad de empadronados en las mesas llevó a muchísimos problemas en la elección de 2007 (había 450 por mesa), lo que generó demoras, colas, mal humor y gente que finalmente desistió de votar (además de especulaciones respecto de maniobras para robar boletas), y esos problemas prácticamente desaparecieron con la disminución a 380 de la cantidad de ciudadanos por unidad de votación en 2009. Con el nuevo tope de 350 empadronados por mesa, votar volverá a ser algo más sencillo para todos (sobre todo en la elección general, con pocos partidos).
Por su parte, se actualiza el tema de las secciones electorales incluyendo como tales a las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires (algo que también necesitaba actualización), y en cuanto al uso de tecnología, se incorpora el uso de registros informatizados en lugar de los tradicionales ficheros de papel (aunque con buen tino la Cámara Nacional Electoral se quedará con constancias documentales de los registros informáticos) y se garantiza a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso al Registro de Electores, lo que permitirá que los distritos que así lo deseen puedan avanzar en la confección de padrones propios.
Tal vez queda pendiente hacer en este caso una modificación que se plantea en la primera nota respecto de la utilización de una boleta única. En un panorama de pocos partidos, y por lo menos para la elección general, debería analizarse seriamente su implementación y el suministro por parte del Estado.
Como se habrá visto, el balance del proyecto presenta todo tipo de aristas, pero en general las cuestiones negativas sobresalen un poco por sobre el resto. No hay que olvidar que se trata de una iniciativa que aborda muchos temas y que posiblemente se podría avanzar en buenas reformas si el oficialismo tuviera intención de buscar consenso en lugar de ver como se alcanza la ajustada mayoría de 129 Diputados.
Esperemos que sea así, aunque se ve difícil. En estas horas se están haciendo algunas modificaciones para obtener dictamen que parecen básicamente apuntar a suavizar los requisitos que permiten la subsistencia de los partidos, pero es necesario mejorar en muchos otros aspectos este proyecto.
martes, 17 de noviembre de 2009
"Reforma Política CFK": Financiamiento y Campañas (Parte III de IV)
Es difícil pensar en mejorar algo sin invertir en ello. No necesariamente se trata de dinero, puede ser esfuerzo físico o mental, tal vez tiempo.
Cuando se trata de políticas públicas es imposible creer que se puede asignar menos recursos económicos a mejorar la calidad de algún servicio prestado por el Estado. Es así que a nadie se le ocurriría proponer mejorar la educación, la salud o la defensa nacional a través de una reducción de su presupuesto.
No obstante, con la política parece ocurrir lo contrario. Parte de la crisis de representación ha tenido como resultado y se alimenta a la vez de la extensión de un discurso que pretende mejorar la política a través de la reducción del gasto que la misma genera (aunque en la práctica el costo puede ser mucho mayor). Se cree que con políticos mal pagos, con pocos recursos para capacitación y reduciendo las posibilidades de que los dirigentes honestos puedan contar con fondos para hacer campaña se puede mejorar la calidad de la representación.
Sin quererlo o decididamente a propósito, se genera el ambiente para que haya dos clases de políticos: los ricos y los que roban (categorías para nada excluyentes, por cierto y sobre todo con demasiados ejemplos a la vista). Profundizar este modelo sólo puede hacernos recaer en el fracaso y la frustración que nos tienen como abonados.
Cualquier reforma política seria debería encarar la cuestión del financiamiento desde dos premisas: que sea suficiente para sostener el funcionamiento constante de estructuras partidarias que generen políticos formados y que les permita discutir públicamente su agenda de propuestas en condiciones de igualdad y sin condicionamientos del lado de quienes ponen dinero para las campañas.
Dicho de otra forma, habría que dar el debate para la eliminación del financiamiento privado (dado que se trata de una inversión la tasa de retorno de la misma siempre es en perjuicio de la sociedad) y habría que trabajar sobre las condiciones para que los partidos políticos cuenten con los fondos necesarios para capacitación y para el planteo constante de propuestas alternativas de gobierno.
Lejos de estos ejes, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional trabaja sólo respecto del financiamiento de las campañas electorales y reduce la duración de las mismas. El análisis de cada una de las medidas que instaura el proyecto deja la sensación de que no sólo se trata de la parte peor trabajada del mismo, sino que además sus consecuencias se pueden prever como las más perniciosas.
No se trata de relativizar los efectos de las modificaciones a las cuestiones vinculadas con la personería de los partidos y las condiciones de presentación de los candidatos, temas sobre los que también se realiza una crítica, pero en ambos casos existe un margen de mejora sustancial que no reduzca el sistema político a un bipartidismo por la fuerza (de hecho es probable que se negocien ciertas mejoras en el Parlamento). El problema es que definitivamente el tema de campañas y financiamiento está mal encarado (o encarado en beneficio del Gobierno, lo que da igual) y no parece haber margen razonable para mejorar su redacción.
En lo que hace puntualmente a las modificaciones, se ha dado cierta publicidad a la eliminación del financiamiento privado a través personas de existencia ideal. En realidad, en la forma en que está abordado este tema no es más que maquillaje. Si partimos del hecho de que las campañas salen muchísimo más caras de lo que se rinde al final de las mismas (por lo menos en los casos de los candidatos con más chances), que en los informes de campañas es común que haya prestanombres, como ya ha sido demostrado en un sonado caso judicial, y que existe infinidad de formas de financiar una campaña sin que queden registros de los gastos, la modificación que se propone sólo sirve para que desaparezca el incentivo que algunas empresas tienen de figurar en las rendiciones de cuentas para obtener desgravaciones impositivas. Otro resultado es muy difícil de encontrar.
Como muestra de la poca efectividad de la medida, cabe mencionar que en la última rendición de ingresos de campaña del macrismo aparecen entre los aportantes varios Caputo (entre ellos uno que se llama igual que el dueño de la constructora que lleva ese apellido). Habría que ser demasiado ingenuos para desvincular los intereses personales de esta gente de los muchos intereses que la empresa constructora tiene en contratos que presta o puede prestar en el futuro.
De todas maneras, es muy importante destacar que la tendencia que han mostrado las mayores restricciones de gastos de campaña (entre ellas la falta de actualización respecto de la inflación de los aportes públicos que en la práctica opera como una disminución de los mismos) han fortalecido a los candidatos con mayor capacidad de compra de espacios televisivos, y no me refiero exactamente a los spots de campaña. Muy a pesar de lo que parece atacar el proyecto de ley, es difícil creer que la fortaleza de la campaña de De Narváez haya radicado en las propagandas partidarias en lugar de la popularidad que el imitador del programa de Marcelo Tinelli le aseguró. Si De Narváez pagó por ello no quedó registrado en ninguna parte, y por supuesto que a la credibilidad de Tinelli no le convendría blanquear eso ni aún en el caso en que el candidato lo quiera hacer.
Más aún, la posibilidad de comprar espacios como invitado en programas periodísticos a través del pago con publicidad de empresas por el “servicio” es algo imposible de frenar con este proyecto (más bien lo alienta), y es algo de lo que también se valen mucho los gobiernos a través de la publicidad oficial.
El proyecto avanza en la prohibición de la contratación de publicidad de campaña a través de los medios de comunicación audiovisual, estableciendo sanciones para los partidos (pérdida de aportes futuros) y para los medios (pérdida de licencias). Este aspecto de la reforma es interesante pero presenta dos interrogantes muy fuertes: el primero es respecto a la cantidad de espacio que recibirán los partidos (se garantiza un piso de sólo ocho emisiones en horario central en toda la campaña a todos los partidos, y además sin especificar un piso para la cantidad de tiempo) y la sanción, si no fuera por la que reciben los medios de comunicación, hay que medirla en función de lo que los fondos públicos pueden representar para una campaña. Si nos guiamos por lo que ha sido el reparto de espacios gratuitos en las ultimas elecciones, es difícil poder esperar mucho, a pesar de que la ley establece que las emisoras deben destinar el 10% de su programación. Dado que su reglamentación queda en manos del Gobierno de turno, posiblemente siga siendo muy poco.
Por su parte, la sanción de pérdida del dinero público puede tener escasa significación si el aporte no es sustancioso. Dado que la ley modifica la relación de gastos empleando el término “módulos” en lugar de “pesos”, será también aquí el Poder Ejecutivo el que decida cuánto vale un módulo y por lo tanto cuánto se aporta. Un candidato con mucho caudal de aportes privados bien puede darse el lujo de violar reiteradas veces la ley si no le importa carecer del aporte estatal.
Otros dos temas en los que avanza la reforma son la definición de las actividades de campaña y el tema de la difusión de encuestas de opinión. El primero de ellos define una serie de actividades (prácticamente todo lo que se puede hacer dentro de una campaña) siempre y cuando sean realizadas “durante el periodo establecido para la realización de la campaña” (¿será que fuera de ese periodo no lo son?). Cabe mencionar que en la forma en que está redactado el artículo 70º de la propuesta casi todo lo que hace un político (sobre todo cuando está en la oposición) se puede considerar campaña y violación de la ley. Da la impresión de que no se entiende demasiado que la actividad permanente de los políticos tiene que ver con la intención de "captar la voluntad política del electorado" porque así se construye poder y apoyo para concretar ideas.
El segundo establece la creación de un registro de encuestadores, el establecimiento de una serie de requisitos para publicar una encuesta y la prohibición de publicarlas dentro de los quince días previos a una elección. Lo más extraño de esta propuesta es que la sanción para los encuestadores que no cumplan con las obligaciones que establece la ley es la pérdida de su inscripción en el registro y no existe sanción para quienes publiquen encuestas fuera de lo establecido por la ley (la sanción en este caso es también para el encuestador). No existe ninguna razón para inscribirse en un registro si no existe sanción para un tercero que publique las encuestas de quienes no cumplen la ley y si la sanción para el encuestador es quedar fuera del registro.
Este último punto muestra la poca profundidad y calidad del trabajo respecto de un tema muy importante como es el financiamiento de las campañas. Lo que queda claro de la propuesta es que se profundiza un esquema de financiamiento en negro de la política a través de la compra de periodistas y comunicadores de todo estilo y sobre todo de mucho rating. La limitación de la publicidad oficial solamente prohíbe “contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”, algo que más o menos significa que el spot no puede decir algo tan burdo como “vote a tal”.
Cuando se trata de políticas públicas es imposible creer que se puede asignar menos recursos económicos a mejorar la calidad de algún servicio prestado por el Estado. Es así que a nadie se le ocurriría proponer mejorar la educación, la salud o la defensa nacional a través de una reducción de su presupuesto.
No obstante, con la política parece ocurrir lo contrario. Parte de la crisis de representación ha tenido como resultado y se alimenta a la vez de la extensión de un discurso que pretende mejorar la política a través de la reducción del gasto que la misma genera (aunque en la práctica el costo puede ser mucho mayor). Se cree que con políticos mal pagos, con pocos recursos para capacitación y reduciendo las posibilidades de que los dirigentes honestos puedan contar con fondos para hacer campaña se puede mejorar la calidad de la representación.
Sin quererlo o decididamente a propósito, se genera el ambiente para que haya dos clases de políticos: los ricos y los que roban (categorías para nada excluyentes, por cierto y sobre todo con demasiados ejemplos a la vista). Profundizar este modelo sólo puede hacernos recaer en el fracaso y la frustración que nos tienen como abonados.
Cualquier reforma política seria debería encarar la cuestión del financiamiento desde dos premisas: que sea suficiente para sostener el funcionamiento constante de estructuras partidarias que generen políticos formados y que les permita discutir públicamente su agenda de propuestas en condiciones de igualdad y sin condicionamientos del lado de quienes ponen dinero para las campañas.
Dicho de otra forma, habría que dar el debate para la eliminación del financiamiento privado (dado que se trata de una inversión la tasa de retorno de la misma siempre es en perjuicio de la sociedad) y habría que trabajar sobre las condiciones para que los partidos políticos cuenten con los fondos necesarios para capacitación y para el planteo constante de propuestas alternativas de gobierno.
Lejos de estos ejes, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional trabaja sólo respecto del financiamiento de las campañas electorales y reduce la duración de las mismas. El análisis de cada una de las medidas que instaura el proyecto deja la sensación de que no sólo se trata de la parte peor trabajada del mismo, sino que además sus consecuencias se pueden prever como las más perniciosas.
No se trata de relativizar los efectos de las modificaciones a las cuestiones vinculadas con la personería de los partidos y las condiciones de presentación de los candidatos, temas sobre los que también se realiza una crítica, pero en ambos casos existe un margen de mejora sustancial que no reduzca el sistema político a un bipartidismo por la fuerza (de hecho es probable que se negocien ciertas mejoras en el Parlamento). El problema es que definitivamente el tema de campañas y financiamiento está mal encarado (o encarado en beneficio del Gobierno, lo que da igual) y no parece haber margen razonable para mejorar su redacción.
En lo que hace puntualmente a las modificaciones, se ha dado cierta publicidad a la eliminación del financiamiento privado a través personas de existencia ideal. En realidad, en la forma en que está abordado este tema no es más que maquillaje. Si partimos del hecho de que las campañas salen muchísimo más caras de lo que se rinde al final de las mismas (por lo menos en los casos de los candidatos con más chances), que en los informes de campañas es común que haya prestanombres, como ya ha sido demostrado en un sonado caso judicial, y que existe infinidad de formas de financiar una campaña sin que queden registros de los gastos, la modificación que se propone sólo sirve para que desaparezca el incentivo que algunas empresas tienen de figurar en las rendiciones de cuentas para obtener desgravaciones impositivas. Otro resultado es muy difícil de encontrar.
Como muestra de la poca efectividad de la medida, cabe mencionar que en la última rendición de ingresos de campaña del macrismo aparecen entre los aportantes varios Caputo (entre ellos uno que se llama igual que el dueño de la constructora que lleva ese apellido). Habría que ser demasiado ingenuos para desvincular los intereses personales de esta gente de los muchos intereses que la empresa constructora tiene en contratos que presta o puede prestar en el futuro.
De todas maneras, es muy importante destacar que la tendencia que han mostrado las mayores restricciones de gastos de campaña (entre ellas la falta de actualización respecto de la inflación de los aportes públicos que en la práctica opera como una disminución de los mismos) han fortalecido a los candidatos con mayor capacidad de compra de espacios televisivos, y no me refiero exactamente a los spots de campaña. Muy a pesar de lo que parece atacar el proyecto de ley, es difícil creer que la fortaleza de la campaña de De Narváez haya radicado en las propagandas partidarias en lugar de la popularidad que el imitador del programa de Marcelo Tinelli le aseguró. Si De Narváez pagó por ello no quedó registrado en ninguna parte, y por supuesto que a la credibilidad de Tinelli no le convendría blanquear eso ni aún en el caso en que el candidato lo quiera hacer.
Más aún, la posibilidad de comprar espacios como invitado en programas periodísticos a través del pago con publicidad de empresas por el “servicio” es algo imposible de frenar con este proyecto (más bien lo alienta), y es algo de lo que también se valen mucho los gobiernos a través de la publicidad oficial.
El proyecto avanza en la prohibición de la contratación de publicidad de campaña a través de los medios de comunicación audiovisual, estableciendo sanciones para los partidos (pérdida de aportes futuros) y para los medios (pérdida de licencias). Este aspecto de la reforma es interesante pero presenta dos interrogantes muy fuertes: el primero es respecto a la cantidad de espacio que recibirán los partidos (se garantiza un piso de sólo ocho emisiones en horario central en toda la campaña a todos los partidos, y además sin especificar un piso para la cantidad de tiempo) y la sanción, si no fuera por la que reciben los medios de comunicación, hay que medirla en función de lo que los fondos públicos pueden representar para una campaña. Si nos guiamos por lo que ha sido el reparto de espacios gratuitos en las ultimas elecciones, es difícil poder esperar mucho, a pesar de que la ley establece que las emisoras deben destinar el 10% de su programación. Dado que su reglamentación queda en manos del Gobierno de turno, posiblemente siga siendo muy poco.
Por su parte, la sanción de pérdida del dinero público puede tener escasa significación si el aporte no es sustancioso. Dado que la ley modifica la relación de gastos empleando el término “módulos” en lugar de “pesos”, será también aquí el Poder Ejecutivo el que decida cuánto vale un módulo y por lo tanto cuánto se aporta. Un candidato con mucho caudal de aportes privados bien puede darse el lujo de violar reiteradas veces la ley si no le importa carecer del aporte estatal.
Otros dos temas en los que avanza la reforma son la definición de las actividades de campaña y el tema de la difusión de encuestas de opinión. El primero de ellos define una serie de actividades (prácticamente todo lo que se puede hacer dentro de una campaña) siempre y cuando sean realizadas “durante el periodo establecido para la realización de la campaña” (¿será que fuera de ese periodo no lo son?). Cabe mencionar que en la forma en que está redactado el artículo 70º de la propuesta casi todo lo que hace un político (sobre todo cuando está en la oposición) se puede considerar campaña y violación de la ley. Da la impresión de que no se entiende demasiado que la actividad permanente de los políticos tiene que ver con la intención de "captar la voluntad política del electorado" porque así se construye poder y apoyo para concretar ideas.
El segundo establece la creación de un registro de encuestadores, el establecimiento de una serie de requisitos para publicar una encuesta y la prohibición de publicarlas dentro de los quince días previos a una elección. Lo más extraño de esta propuesta es que la sanción para los encuestadores que no cumplan con las obligaciones que establece la ley es la pérdida de su inscripción en el registro y no existe sanción para quienes publiquen encuestas fuera de lo establecido por la ley (la sanción en este caso es también para el encuestador). No existe ninguna razón para inscribirse en un registro si no existe sanción para un tercero que publique las encuestas de quienes no cumplen la ley y si la sanción para el encuestador es quedar fuera del registro.
Este último punto muestra la poca profundidad y calidad del trabajo respecto de un tema muy importante como es el financiamiento de las campañas. Lo que queda claro de la propuesta es que se profundiza un esquema de financiamiento en negro de la política a través de la compra de periodistas y comunicadores de todo estilo y sobre todo de mucho rating. La limitación de la publicidad oficial solamente prohíbe “contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”, algo que más o menos significa que el spot no puede decir algo tan burdo como “vote a tal”.
miércoles, 11 de noviembre de 2009
"Reforma Política CFK": Internas Abiertas (Parte II de IV)
En la primera nota de las cuatro que componen este análisis del proyecto de modificaciones a las normas electorales enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento, mencionábamos que uno de los cuatro ejes del mismo trataba sobre las condiciones para que los partidos puedan presentar candidatos. La fórmula elegida es un sistema denominado "PASO": Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias."
Uno de los costados del esquema es que la convocatoria a internas se realiza en función de la fecha que fije el Poder Ejecutivo para las elecciones generales (Presidente y/o Senadores y/o Diputados), un aspecto en el que se retrocedió en 2009 luego de eliminarse la fecha fija para las elecciones de cada año electoral y regresar al sistema de llamado en función de los intereses del Poder Ejecutivo. Como en este caso la elección primaria debe realizarse entre 60 y 90 días antes de la elección general los partidos (sobre todo los nuevos) quedan presos de las posibles maniobras de quienes tengan a su cargo la administración del Estado Nacional. Nada mal estaría que en todo caso se vuelva a establecer una fecha fija para las elecciones cada dos años, fijando en todo caso también una fecha para la realización de internas, y que las reglas de juego sean las mismas para todos, especialmente con los problemas que los diferentes partidos y candidatos enfrentarán en 2011 si es que se avanza en esta reforma.
Cabe destacar que las internas son obligatorias no sólo para los votantes, sino también para todos los partidos, incluidos aquellos que presenten una única lista. El sistema de votación será el mismo que en las elecciones generales, con la particularidad de que en el cuarto oscuro los electores tendrán a su disposición boletas de todos los candidatos de la totalidad de las agrupaciones políticas (partidos, alianzas, confederaciones) que se presenten.
Además, los candidatos que deseen participar de las internas deberán presentar adherentes en la forma en que lo establezca "cada Carta Orgánica Partidaria o Reglamento de Alianza Electoral", con un piso aproximado de 28.000 en el caso de candidatos a Presidente y Vice (uno por mil del padrón nacional repartidos en al menos cinco distritos) y del dos por mil hasta un millón (dos mil en los distritos más poblados) para la presentación de precandidaturas a Senadores y Diputados.
De los fundamentos del proyecto surge que esta forma de elección de candidatos "implica por una parte que el electorado se involucre y, por otra, imprime de mayor representatividad y legitimidad a los precandidatos electos por cada agrupación política". Verdaderamente es bastante opinable esta afirmación, básicamente porque la experiencia reciente de intentar obligar a los partidos a realizar internas abiertas tuvo exactamente el efecto contrario: la mayoría las abandonó por completo.
Es posible así que los partidos exijan en sus cartas orgánicas que los avales provengan de afiliados al partido, algo que podría reducir enormemente las chances de que exista competencia interna, pero más allá de eso es muy importante pensar si este mecanismo fortalece a los partidos o los debilita. Nadie podría negar que un mayor caudal de votos en la interna puede dar mayor sustento a una candidatura, pero el rol de los afiliados (requisto que para la ley ni siquiera es obligatorio si se desea ser candidato) disminuye notablemente, y las candidaturas han de surgir ya no de quienes mejor representan a un partido, sino del resto de la sociedad, algo que claramente juega a favor de quienes puedan tener mayor exposición mediática.
Tal vez sea mejor expresarlo con un ejemplo: cuando se formó la denominada Alianza, Fernando De la Rúa no tenía mayoría dentro de su propio partido (aunque las encuestas lo mostraban como el mejor candidato que la UCR podía presentar si quería competir en serio por la presidencia) y para nada su estilo bastante conservador congeniaba con el perfil que durante mucho tiempo había mostrado el Frepaso en cuanto a su construcción política. No obstante ello, a través de internas abiertas se lo convirtió en el candidato de dos fuerzas políticas que poco a poco lo fueron abandonando una vez que ya en el cargo el rumbo de la política se alejó de lo que la Alianza suponía representar.
Es seguramente mi punto de vista y puede no ser compartido, pero considero mejor para fortalecer los partidos brindar elementos para que crezca su actividad interna (el financiamiento para la actividad permanente de los partidos es casi inexistente, al menos la parte que se hace en blanco desde el Estado), y alentar el involucramiento de los ciudadanos a través de la afiliación y la participación dentro de los partidos, y no haciendo exactamente lo contrario. Más aún, si un candidato gana una interna abierta cuando la hubiera perdido en caso de ser cerrada, su fracaso en la gestión será una carga inmerecida para el partido así como ocurriría lo contrario con su éxito.
También habría que analizar con mayor detenimiento este objetivo de "involucrar" a los ciudadanos a través de la obligación de votar en internas. Cuesta creer que los argentinos seamos un poco más propensos a hacernos cargo de lo que elegimos por estar obligados a votar en las internas de los partidos, sobre todo cuando no lo hacemos ahora que en las elecciones generales el universo de candidatos y partidos tiende al infinito y hay para todos los gustos.
Un último aspecto de la Reforma es que se exige un piso de votos del 3% (se suma a estos efectos los votos de todas las líneas internas de cada agrupación) sobre el total de los votos válidos de las PASO para que una precandidatura sea proclamada, un requisito que seguramente barrerá con buena parte de los partidos pequeños ya en las elecciones internas y que parece demasiado alto (tal vez sería más razonable un porcentaje cercano al 1%). Puede incluso ocurrir que un candidato a presidente se quede afuera habiendo sacado el 2,9% de los votos con una lista única y que un partido que lleve diez candidatos que entre todos apenas superen el 3% logre proclamar a uno de ellos a pesar de que saque un 1,2%, por ejemplo.
Más allá de este detalle, es destacable tener en cuenta que de todas maneras con este sistema sería más que razonable incorporar la boleta única a la elección general, habida cuenta el reducido número de opciones que han de quedar para la misma.
Uno de los costados del esquema es que la convocatoria a internas se realiza en función de la fecha que fije el Poder Ejecutivo para las elecciones generales (Presidente y/o Senadores y/o Diputados), un aspecto en el que se retrocedió en 2009 luego de eliminarse la fecha fija para las elecciones de cada año electoral y regresar al sistema de llamado en función de los intereses del Poder Ejecutivo. Como en este caso la elección primaria debe realizarse entre 60 y 90 días antes de la elección general los partidos (sobre todo los nuevos) quedan presos de las posibles maniobras de quienes tengan a su cargo la administración del Estado Nacional. Nada mal estaría que en todo caso se vuelva a establecer una fecha fija para las elecciones cada dos años, fijando en todo caso también una fecha para la realización de internas, y que las reglas de juego sean las mismas para todos, especialmente con los problemas que los diferentes partidos y candidatos enfrentarán en 2011 si es que se avanza en esta reforma.
Cabe destacar que las internas son obligatorias no sólo para los votantes, sino también para todos los partidos, incluidos aquellos que presenten una única lista. El sistema de votación será el mismo que en las elecciones generales, con la particularidad de que en el cuarto oscuro los electores tendrán a su disposición boletas de todos los candidatos de la totalidad de las agrupaciones políticas (partidos, alianzas, confederaciones) que se presenten.
Además, los candidatos que deseen participar de las internas deberán presentar adherentes en la forma en que lo establezca "cada Carta Orgánica Partidaria o Reglamento de Alianza Electoral", con un piso aproximado de 28.000 en el caso de candidatos a Presidente y Vice (uno por mil del padrón nacional repartidos en al menos cinco distritos) y del dos por mil hasta un millón (dos mil en los distritos más poblados) para la presentación de precandidaturas a Senadores y Diputados.
De los fundamentos del proyecto surge que esta forma de elección de candidatos "implica por una parte que el electorado se involucre y, por otra, imprime de mayor representatividad y legitimidad a los precandidatos electos por cada agrupación política". Verdaderamente es bastante opinable esta afirmación, básicamente porque la experiencia reciente de intentar obligar a los partidos a realizar internas abiertas tuvo exactamente el efecto contrario: la mayoría las abandonó por completo.
Es posible así que los partidos exijan en sus cartas orgánicas que los avales provengan de afiliados al partido, algo que podría reducir enormemente las chances de que exista competencia interna, pero más allá de eso es muy importante pensar si este mecanismo fortalece a los partidos o los debilita. Nadie podría negar que un mayor caudal de votos en la interna puede dar mayor sustento a una candidatura, pero el rol de los afiliados (requisto que para la ley ni siquiera es obligatorio si se desea ser candidato) disminuye notablemente, y las candidaturas han de surgir ya no de quienes mejor representan a un partido, sino del resto de la sociedad, algo que claramente juega a favor de quienes puedan tener mayor exposición mediática.
Tal vez sea mejor expresarlo con un ejemplo: cuando se formó la denominada Alianza, Fernando De la Rúa no tenía mayoría dentro de su propio partido (aunque las encuestas lo mostraban como el mejor candidato que la UCR podía presentar si quería competir en serio por la presidencia) y para nada su estilo bastante conservador congeniaba con el perfil que durante mucho tiempo había mostrado el Frepaso en cuanto a su construcción política. No obstante ello, a través de internas abiertas se lo convirtió en el candidato de dos fuerzas políticas que poco a poco lo fueron abandonando una vez que ya en el cargo el rumbo de la política se alejó de lo que la Alianza suponía representar.
Es seguramente mi punto de vista y puede no ser compartido, pero considero mejor para fortalecer los partidos brindar elementos para que crezca su actividad interna (el financiamiento para la actividad permanente de los partidos es casi inexistente, al menos la parte que se hace en blanco desde el Estado), y alentar el involucramiento de los ciudadanos a través de la afiliación y la participación dentro de los partidos, y no haciendo exactamente lo contrario. Más aún, si un candidato gana una interna abierta cuando la hubiera perdido en caso de ser cerrada, su fracaso en la gestión será una carga inmerecida para el partido así como ocurriría lo contrario con su éxito.
También habría que analizar con mayor detenimiento este objetivo de "involucrar" a los ciudadanos a través de la obligación de votar en internas. Cuesta creer que los argentinos seamos un poco más propensos a hacernos cargo de lo que elegimos por estar obligados a votar en las internas de los partidos, sobre todo cuando no lo hacemos ahora que en las elecciones generales el universo de candidatos y partidos tiende al infinito y hay para todos los gustos.
Un último aspecto de la Reforma es que se exige un piso de votos del 3% (se suma a estos efectos los votos de todas las líneas internas de cada agrupación) sobre el total de los votos válidos de las PASO para que una precandidatura sea proclamada, un requisito que seguramente barrerá con buena parte de los partidos pequeños ya en las elecciones internas y que parece demasiado alto (tal vez sería más razonable un porcentaje cercano al 1%). Puede incluso ocurrir que un candidato a presidente se quede afuera habiendo sacado el 2,9% de los votos con una lista única y que un partido que lleve diez candidatos que entre todos apenas superen el 3% logre proclamar a uno de ellos a pesar de que saque un 1,2%, por ejemplo.
Más allá de este detalle, es destacable tener en cuenta que de todas maneras con este sistema sería más que razonable incorporar la boleta única a la elección general, habida cuenta el reducido número de opciones que han de quedar para la misma.
martes, 10 de noviembre de 2009
"Reforma Política CFK": Reconocimiento y subsistencia de los Partidos (Parte I de IV)
El proyecto de “Reforma Política” (sí, entre comillas) enviado por el Gobierno Nacional al Congreso lleva el pomposo nombre de “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. Esta forma de titular tan PRO no debería evitarnos la lectura del proyecto sino todo lo contrario, y mucho menos aventurar juicios acerca de su contenido.
Es probable que todos coincidamos en la necesidad de alcanzar los objetivos que plantea el título de la ley propuesta, pero lo que se escribe plantea una serie de interrogantes.
Según los fundamentos del proyecto, el resultado de la aplicación de la nueva ley será que “los partidos recuperarán el rol de protagonistas del debate y las políticas públicas” y vamos a “volver a contar con partidos sólidos y representativos”. Es importante que tengamos en cuenta esos dos horizontes en nuestro análisis.
El texto trabaja sobre cuatro ejes: los requisitos para la obtención y el sostenimiento de la personería de los partidos, las condiciones para la proclamación de candidatos, el financiamiento de las campañas electorales y lo que se denomina (en buena medida lo es) la modernización del Código Electoral.
Respecto del primero de ellos, cualquier diagnóstico serio permite llegar a la conclusión de que hay un excesivo número de partidos si tenemos en cuenta que, según datos del propio proyecto, existen en la actualidad 685 partidos, y 33 de ellos son de orden nacional.
No está mal en principio que haya variedad, pero lo cierto es que un gran número de agrupaciones son sólo sellos de goma: partidos que conservan su personería aún sin contar con afiliados ni vida partidaria alguna, pero que son útiles a quienes se dedican al transfuguismo y necesitan de vez en cuando “alquilar” la habilitación para participar en una elección sin tener partido propio.
El primer cambio importante que introduce la ley (art. 1º) es la eliminación del reconocimiento provisorio (aunque con un texto bastante malo) reemplazando los avales (firmas que no implicaban compromiso alguno ni afiliación al nuevo partido) por afiliaciones y elevando el piso de afiliados del cuatro por mil (hasta un millón de habitantes) al cinco por mil (también con el tope de un millón).
La eliminación del reconocimiento provisorio y el aumento de la cantidad de afiliados necesarios para formar un nuevo partido es una medida muy fuerte que seguramente generará un obstáculo muy grande a la formación de nuevos partidos, pero no es necesariamente mala. Juntar firmas de gente que puede no tener ningún interés en que un partido exista no es algo demasiado razonable, y además el sistema de planillas (una copia se la queda el partido) se prestaba demasiado a que exista un “mercado” de compra y venta de las mismas. Era muy llamativo encontrarse con el hecho de que muchos partidos no sólo no lograran la cantidad de afiliados necesarios para obtener el reconocimiento definitivo sino que muchos de ellos no pudieran hacerlo a pesar de haber tenido buenas performances electorales.
De todas formas, el piso de afiliados parece sumamente alto, y obtenerlos previamente a una elección parece casi imposible. Tal vez se podría seguir otorgando el reconocimiento provisorio, pero sobre una base menor de afiliados (el 50% o el 70%, por ejemplo).
Un punto que también es necesario analizar es la forma en que se afilian los ciudadanos. El sistema ha dado lugar a una innumerable cantidad de irregularidades que no tienen casi nunca castigo, y que tienen que ver también con la compra y venta de afiliaciones y el procedimiento (gravoso para quien es afiliado incorrectamente) para rechazarlas. Este tema, que tiene que ver con la propuesta de hacer caducar a todas las afiliaciones (algo que me parece por cierto muy exagerado y que por suerte no está en el proyecto), tiene mucho que ver con la transparencia y no es abordado para nada en la propuesta del Ejecutivo Nacional.
Los partidos tienen la obligación de contar con encargados de constatar la veracidad de las afiliaciones, pero en concreto si alguien aparece con un documento falso o brinda datos que no le pertenecen es difícil imputar a quien pone su firma por ello. En la práctica, casi no hay condenas por afiliar a ciudadanos fallecidos, por ejemplo.
Habría que trabajar algunas variantes para que los partidos puedan afiliar ciudadanos con un poco más de control, como por ejemplo a través de escribanos o abriendo oficinas en los barrios que dependan de la justicia electoral. Es un tema para trabajar más profundamente, pero muy necesario.
Otro de los requisitos que introduce el proyecto, y en este caso para los partidos nacionales, es el de contar con un piso del cinco por mil en al menos cinco distritos, condición a la que se agrega la obligación de que el total de afiliados en el país alcance el 1% del padrón nacional, lo que da una cifra cercana a 28.000 afiliados. Según los fundamentos del proyecto, sólo 7 de los 33 partidos nacionales alcanzan hoy el piso del 4 por mil en por lo menos 5 distritos, y habría que ver cuántos de esos 7 alcanzan los nuevos requisitos. Esta es básicamente la razón por la que se cree que el PJ y la UCR serán los principales beneficiarios de la ley.
Lo más complicado del texto es que el piso de afiliados que se establece es uno de los requisitos que se incorpora a la ley de partidos políticos para conservar la personería, lo que seguramente eliminará a la mayoría de los partidos ya existentes. A esto se añade la elevación del piso de votos necesarios en al menos una de dos elecciones: del dos al tres por ciento del padrón (nótese que al ser sobre los empadronados, teniendo en cuenta que vota cerca del 75% de los mismos, la cifra se eleva a aproximadamente un 4% de los votos).
El esquema diseñado por el proyecto dificulta pensar en más de cinco partidos nacionales, y lo mismo ocurre en cada distrito, donde es probable que los partidos locales tampoco puedan sostenerse frente a los nacionales por las exigencias en términos de votos.
Este diseño tiene algunas cosas positivas, ya que se elimina a los denominados sellos de goma y posiblemente los partidos sean más fuertes, aunque no necesariamente más representativos. El gran problema podría ser que buena parte de la sociedad no se encuentre representada en esos pocos partidos.
Es muy difícil pensar a futuro un nuevo sistema político que gire en torno a lo viejo. La gran pregunta es si la salida a la crisis de representatividad la pueden dar dos partidos que pueden dar a luz presidentes tan disímiles como Menem y Kirchner o como Alfonsín y De La Rúa. También es probable que se genere alguna fuerza de centroizquierda y otra de centroderecha que aglutinen votos en torno a una ideología y no tanto en función de la gestión de intereses que pueden variar según quienes ejercen el rol de líderes de los partidos tradicionales. La experiencia uruguaya del Frente Amplio nos muestra la posibilidad de que un partido que construya desde otra lógica pueda desplazar opciones tradicionales.
Tener una democracia de corporaciones como en Estados Unidos o una democracia de partidos políticos como en Europa debería preocuparnos muchísimo más que la forma de contener al peronismo bajo la tutela de Kirchner, pero el resultado no creo que esté cerrado, o al menos tengo la esperanza de ello.
Es probable que todos coincidamos en la necesidad de alcanzar los objetivos que plantea el título de la ley propuesta, pero lo que se escribe plantea una serie de interrogantes.
Según los fundamentos del proyecto, el resultado de la aplicación de la nueva ley será que “los partidos recuperarán el rol de protagonistas del debate y las políticas públicas” y vamos a “volver a contar con partidos sólidos y representativos”. Es importante que tengamos en cuenta esos dos horizontes en nuestro análisis.
El texto trabaja sobre cuatro ejes: los requisitos para la obtención y el sostenimiento de la personería de los partidos, las condiciones para la proclamación de candidatos, el financiamiento de las campañas electorales y lo que se denomina (en buena medida lo es) la modernización del Código Electoral.
Respecto del primero de ellos, cualquier diagnóstico serio permite llegar a la conclusión de que hay un excesivo número de partidos si tenemos en cuenta que, según datos del propio proyecto, existen en la actualidad 685 partidos, y 33 de ellos son de orden nacional.
No está mal en principio que haya variedad, pero lo cierto es que un gran número de agrupaciones son sólo sellos de goma: partidos que conservan su personería aún sin contar con afiliados ni vida partidaria alguna, pero que son útiles a quienes se dedican al transfuguismo y necesitan de vez en cuando “alquilar” la habilitación para participar en una elección sin tener partido propio.
El primer cambio importante que introduce la ley (art. 1º) es la eliminación del reconocimiento provisorio (aunque con un texto bastante malo) reemplazando los avales (firmas que no implicaban compromiso alguno ni afiliación al nuevo partido) por afiliaciones y elevando el piso de afiliados del cuatro por mil (hasta un millón de habitantes) al cinco por mil (también con el tope de un millón).
La eliminación del reconocimiento provisorio y el aumento de la cantidad de afiliados necesarios para formar un nuevo partido es una medida muy fuerte que seguramente generará un obstáculo muy grande a la formación de nuevos partidos, pero no es necesariamente mala. Juntar firmas de gente que puede no tener ningún interés en que un partido exista no es algo demasiado razonable, y además el sistema de planillas (una copia se la queda el partido) se prestaba demasiado a que exista un “mercado” de compra y venta de las mismas. Era muy llamativo encontrarse con el hecho de que muchos partidos no sólo no lograran la cantidad de afiliados necesarios para obtener el reconocimiento definitivo sino que muchos de ellos no pudieran hacerlo a pesar de haber tenido buenas performances electorales.
De todas formas, el piso de afiliados parece sumamente alto, y obtenerlos previamente a una elección parece casi imposible. Tal vez se podría seguir otorgando el reconocimiento provisorio, pero sobre una base menor de afiliados (el 50% o el 70%, por ejemplo).
Un punto que también es necesario analizar es la forma en que se afilian los ciudadanos. El sistema ha dado lugar a una innumerable cantidad de irregularidades que no tienen casi nunca castigo, y que tienen que ver también con la compra y venta de afiliaciones y el procedimiento (gravoso para quien es afiliado incorrectamente) para rechazarlas. Este tema, que tiene que ver con la propuesta de hacer caducar a todas las afiliaciones (algo que me parece por cierto muy exagerado y que por suerte no está en el proyecto), tiene mucho que ver con la transparencia y no es abordado para nada en la propuesta del Ejecutivo Nacional.
Los partidos tienen la obligación de contar con encargados de constatar la veracidad de las afiliaciones, pero en concreto si alguien aparece con un documento falso o brinda datos que no le pertenecen es difícil imputar a quien pone su firma por ello. En la práctica, casi no hay condenas por afiliar a ciudadanos fallecidos, por ejemplo.
Habría que trabajar algunas variantes para que los partidos puedan afiliar ciudadanos con un poco más de control, como por ejemplo a través de escribanos o abriendo oficinas en los barrios que dependan de la justicia electoral. Es un tema para trabajar más profundamente, pero muy necesario.
Otro de los requisitos que introduce el proyecto, y en este caso para los partidos nacionales, es el de contar con un piso del cinco por mil en al menos cinco distritos, condición a la que se agrega la obligación de que el total de afiliados en el país alcance el 1% del padrón nacional, lo que da una cifra cercana a 28.000 afiliados. Según los fundamentos del proyecto, sólo 7 de los 33 partidos nacionales alcanzan hoy el piso del 4 por mil en por lo menos 5 distritos, y habría que ver cuántos de esos 7 alcanzan los nuevos requisitos. Esta es básicamente la razón por la que se cree que el PJ y la UCR serán los principales beneficiarios de la ley.
Lo más complicado del texto es que el piso de afiliados que se establece es uno de los requisitos que se incorpora a la ley de partidos políticos para conservar la personería, lo que seguramente eliminará a la mayoría de los partidos ya existentes. A esto se añade la elevación del piso de votos necesarios en al menos una de dos elecciones: del dos al tres por ciento del padrón (nótese que al ser sobre los empadronados, teniendo en cuenta que vota cerca del 75% de los mismos, la cifra se eleva a aproximadamente un 4% de los votos).
El esquema diseñado por el proyecto dificulta pensar en más de cinco partidos nacionales, y lo mismo ocurre en cada distrito, donde es probable que los partidos locales tampoco puedan sostenerse frente a los nacionales por las exigencias en términos de votos.
Este diseño tiene algunas cosas positivas, ya que se elimina a los denominados sellos de goma y posiblemente los partidos sean más fuertes, aunque no necesariamente más representativos. El gran problema podría ser que buena parte de la sociedad no se encuentre representada en esos pocos partidos.
Es muy difícil pensar a futuro un nuevo sistema político que gire en torno a lo viejo. La gran pregunta es si la salida a la crisis de representatividad la pueden dar dos partidos que pueden dar a luz presidentes tan disímiles como Menem y Kirchner o como Alfonsín y De La Rúa. También es probable que se genere alguna fuerza de centroizquierda y otra de centroderecha que aglutinen votos en torno a una ideología y no tanto en función de la gestión de intereses que pueden variar según quienes ejercen el rol de líderes de los partidos tradicionales. La experiencia uruguaya del Frente Amplio nos muestra la posibilidad de que un partido que construya desde otra lógica pueda desplazar opciones tradicionales.
Tener una democracia de corporaciones como en Estados Unidos o una democracia de partidos políticos como en Europa debería preocuparnos muchísimo más que la forma de contener al peronismo bajo la tutela de Kirchner, pero el resultado no creo que esté cerrado, o al menos tengo la esperanza de ello.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Macri "Precidente"
Clic en la imagen para agrandar
Interesante descubrir las aspiraciones de "precidir" de Mauricio. En esta página de flickr en la que se reconoce como autor (al link se llega a través de la página de PRO), nuestro Jefe de Gobierno informa que "precidió" una ceremonia de designación de Ciudadano Ilustre al matemático israelí Yisrael Robert John Aumann.
Parece obvio lo de la falta de ortografía. Lo que no es tan obvio es lo que dice la Ley 578, de Reconocimientos y Distinciones de la Ciudad, en su artículo 5º:
Artículo 5º.-Ciudadano/a Ilustre.La distinción de Ciudadano/a ilustre de la Ciudad de Buenos Aires será otorgada mediante ley de la Legislatura, aprobada por los dos tercios de los miembros del cuerpo. Sólo podrán ser otorgadas un máximo de diez (10) distinciones anuales.
Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en la Ciudad de Buenos Aires o que hayan residido en ella durante 10 años como mínimo y que se hayan destacado por la obra y la trayectoria desarrollada en el campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa de los derechos sostenidos por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La distinción consistirá en una medalla de oro alusiva en cuyo reverso llevará impreso el Escudo Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y un Diploma de Honor que la acredite y será otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la "Semana de Buenos Aires.(Conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 1173, BOCBA Nº 1832 del 04/12/2003)
El muchacho no parece reunir las condiciones para ser declarado Ciudadano Ilustre y por cierto jamás se presentó proyecto alguno en la Legislatura para designarlo como tal...
lunes, 2 de noviembre de 2009
El fútbol y la televisión pública
Podría hacer una larga lista de medidas tomadas por el Gobierno que comparto. Por supuesto que también tengo críticas, pero entre estas últimas debo decir que lo que menos me gusta es el empeño que se pone algunas veces para caricaturizar algunas buenas decisiones.
Dicho de otro modo, si se convierte una puja por un par de puntos de derecho de exportación adicionales al comercio de soja en la lucha por la reforma agraria, probablemente se termine retrocediendo, además de abrir el camino para un fuerte retroceso en la implementación de políticas redistributivas.
¿Cabe alguna duda de que el próximo gobierno va a reducir fuertemente las retenciones y va a volver al camino del endeudamiento para cubrir ese agujero fiscal? Fue esta administración la que logró que la discusión sobre el nivel de derechos de exportación se convierta en una discusión sobre su subsistencia como política tributaria.
Cuando estaba a punto de resolverse la rescisión del contrato entre la AFA y el Grupo Clarín me permití opinar algunas cosas sobre el tema, y me pareció lógico apoyar abiertamente la posibilidad de que la televisión pública se haga con los derechos de transmisión.
Van casi tres meses desde que se produjeron los cambios, y me parece que hay algunos temas que merecen un análisis detallado.
En primer lugar, me preocupa especialmente que las transmisiones de los partidos de fútbol se hagan casi exclusivamente con publicidad oficial. No me parece del todo mal que dicha publicidad se quiera emitir cuando se pasan partidos de fútbol (al fin y al cabo tienen una buena cantidad de rating garantizado), pero que sólo podamos ver los logros del gobierno no sólo es bastante burdo, sino además muy costoso.
Habría que empezar por hacerle entender a los cerebros a cargo de tamaña decisión que la gente no mira la televisión pública para ver la propaganda del Gobierno sino para ver buenas programaciones, que por cierto las tiene (Visión 7 Internacional, Capusotto, Ciega a citas, etc.) y que el bombardeo de spots sobre logros de gestión aburre y cansa. Es fantástico que se tenga la decisión de terminar Atucha II, y será bueno que se concrete la promesa, pero el mensaje de "estamos contentos" que se puede ver en esta y otras propagandas de esta administración es tan torpe como decorar todos los días la tapa de tu diario con malas noticias porque ves afectados tus negocios por las decisiones del Gobierno.
La otra cara del problema es que se da parte de la razón a quienes hablaron de la "estatización" del fútbol y opinaron respecto de destinos mejores para los dineros públicos. No hace falta convertir al fútbol en un gasto para el Estado cuando puede ser un buen negocio. Lo que se está haciendo en buena medida servirá de excusa en el futuro para que el Estado pierda una buena fuente de ingresos como la que pueden generar estas transmisiones.
PD: Encima cambiamos a Fernando Niembro por Marcelo Araujo, uf...
miércoles, 21 de octubre de 2009
Asco
La imagen que se puede ver (haciendo clic sobre ella se puede hacerlo en tamaño natural), muestra algunos de los comentarios que los foristas del diario La Nación (el "goriforo" según uno de los que escriben ahí) hicieron a la publicación de un reportaje a Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA. El comentario de más arriba es antisemita y xenófobo (como muchos), y tuvo nada menos que 22 votos a favor!!!!
Mientras, el diario no se hace cargo y permite que se discrimine de todas las formas posibles, que se manche el nombre de cualquiera y que se diga cualquier estupidez.
Es inexplicable que los medios pongan su nombre a este tipo de comentarios (casi siempre anónimos) y que no tengan ninguna responsabilidad en ello. Que en algún momento los puedan moderar o eliminar (este llevaba ya una hora de publicado y había sido leído al menos por 31 personas) no es excusa para brindar espacio a este tipo de expresiones.
martes, 20 de octubre de 2009
Obras en escuelas: Haciendo cada vez menos en Buenos Aires
Imagen: Spot publicitario del Gobierno de la Ciudad (www.buenosaires.gov.ar)
La discusión sobre políticas públicas se puede hacer cotejando datos o a través de impresiones. Para cotejar datos se requieren fuentes confiables y colectar cifras que sean útiles a los fines que se persiguen.
Cuando no existen estadísticas serias y actualizadas (da mucha vergüenza lo que sucede con el Instituto Nacional de Estadística y Censos), cuando no se cuenta con series de datos que permitan dar contexto a las cifras, la discusión sobre políticas públicas pasa a depender de opiniones, y por sobre todo de quienes las forman y difunden.
Si los medios de comunicación se utilizan para difundir lo que el aparato publicitario de un Gobierno quiere o si desean hacer todo lo contrario en defensa de sus intereses como empresas, será difícil confrontar la opinión publicada sin contar con buenos datos estadísticos.
En estos días en los que un escándalo sobre espionaje a dirigentes opositores se encuentra en plena ebullición en la Ciudad, es llamativo comparar la cobertura de los distintos medios masivos de comunicación: mientras algunos publican avances a diario y llevan a la primera plana el asunto, otros le han dado cobertura mínima al tema, como si no tuviera importancia. Sin duda no es lo mismo que mientras un día la nota es tapa de un diario, otro periódico se dedica a informar sobre las molestias que ocasiona la caca de los perros en un barrio de la Ciudad.
Es así que sometidos a la confusión informativa y a la mentira habitual, los ciudadanos ejercen su derecho a votar sin contar con información adecuada y la democracia se deteriora.
Las campañas publicitarias, y en general las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno de la Ciudad, tienen la particularidad de brindar muchas cifras sobre obras y gasto público, pero casi nunca se toman en contexto. Se utilizan las cifras sobre inversión pública a valores nominales para compararlas con años anteriores y se subraya el crecimiento del gasto, cuando muchas veces la comparación a valores constantes obligaría a concluir lo contrario de lo que se desea comunicar.
Otras veces se hacen afirmaciones del tipo "se dieron 24.700 soluciones en materia de alumbrado público", lo que incluye desde colocación de nuevos postes de luz al cambio de una lamparita, todo por igual. Además, si bien la cifra puede sonar a muchísimo, hay que ver de qué periodo de tiempo se está hablando y cuánto se acostumbraba hacer en periodos similares durante otros años. Es decir, podría ser verdad que se hizo más que nunca, podría ser perfectamente lo contrario.
Cuando hablamos de infraestructura escolar, encontramos el mismo patrón de comunicación: cifras que no dicen nada. Por eso me tomé el trabajo de analizar la ejecución presupuestaria en materia de infraestructura escolar y compararla con años anteriores.
La primera sorpresa que me encontré, a pesar de las declaraciones y del presupuesto supuestamente record en infraestructura escolar para el año 2008 (algo que fue parte del discurso PRO incluso durante la última campaña electoral), es que tomando el periodo 2003-2008 (lamentablemente no cuento con los datos de años anteriores) el porcentaje de ejecución del presupuesto fue por lejos el más bajo: 56,93%. Había sido del 65,42% en 2003, 66,16% en 2004, 92.8% en 2005, de un sorprendente 130,62% en 2006, y del 86,54% en 2007.
Por otra parte, la ejecución presupuestaria al segundo trimestre de 2009 (últimos datos suministrados por el Gobierno de la Ciudad) es en el rubro construcciones de apenas el 17,46%. En este caso, con un presupuesto para infraestructura escolar substancialmente menor (en términos reales y nominales) al presupuesto del año anterior, a pesar de que este año podemos esperar una tasa de inflación superior al 15%.
O sea, nada parece indicar que deseen cambiar la tendencia. Por eso es difícil creer el argumento de que la venta de terrenos de la zona de Catalinas Norte, que la semana pasada se votó en segunda lectura con las mismas mayorías que en la primera votación se va a destinar a mejorar la infraestructura escolar.
Lo más preocupante es que el presupuesto que el Poder Ejecutivo de la Ciudad envía para el año 2010 es mucho menor al que se envió para los años 2008 y 2009: apenas $ 145.293.903. Aún si se ejecutara este presupuesto en su totalidad, en términos reales la inversión sería por lejos la más baja de los últimos 8 años (sólo podría ser peor en 2009 si la ejecución en el segundo semestre fuera un desastre de proporciones bíblicas).
Claramente la educación pública no forma parte de las prioridades de esta administración.
sábado, 10 de octubre de 2009
Veletas
Imagen: Edición web de Clarín, 16 de julio de 2008
Una veleta es un dispositivo que marca la dirección del viento, y muchas veces los argentinos asumimos nuestra posición en función de la dirección del viento que dicta la opinión publicada en los medios masivos de comunicación.
No estaría nada mal que comencemos por hacernos cargo de ello, educando a nuestros hijos y a nosotros mismos en el hábito de leer aún a aquellos que representan las ideas menos afines a las nuestras.
Eso en dictadura es casi imposible hacerlo. Las dictaduras hacen todo lo que tienen a mano para impedir el pensamiento crítico: matar, secuestrar, torturar, sacar Decretos - Ley.
Cuando los legados normativos de esas dictaduras permiten que unos pocos decidan qué leemos todos, la democracia es casi una caricatura de sí misma. Todos sabemos que en la Argentina existe un grupo de medios que puede decidir si alguien es presidente, o si alguien definitivamente no lo va a ser. Ni hablar de cargos menores.
En el debate por la nueva ley de medios el principal exponente de la oposición lejos estuvo de los bloques políticos que integran el senado. El mayor conglomerado de medios del país, el Grupo Clarín, asumió sin tapujos el rol de opositor atacando desde todos los frentes al Gobierno y ocultando cualquier chanchullo de los dirigentes de la oposición (en especial uno de espías en el que también podría estar involucrado el multimedio).
Muchos de los elementos de presión fueron utilizados ya en la votación respecto del nivel de derechos de exportación (más comunmente conocidos con el nombre de retenciones). En especial, incinerar públicamente a cualquier legislador que pudiese mostrar un cambio en su posición (sólo en el caso de quienes votaran a favor de la ley, claro), aunque luego de la votación sobre la Resolución 125 no pareció algo a resaltar negativamente respecto de la conducta del propio vicepresidente de la Nación, que votó en contra del gobierno que integra.
Además, la votación en general de la ley salió 44 a 24, algo que difícilmente pueda atribuirse a casos de transfuguismo.
Lo que más me preocupa, de todas formas, es el permanente intento de juzgar la actuación de las instituciones (el Senado, la Cámara de Diputados, la Justicia) en función del resultado. Esto es, si el Senado votó en contra de mis intereses o de mis convicciones, poco menos que habría que cerrarlo.
Por eso me parece importante recordar la encuesta que publicaba Clarín en días triunfales. Ese mismo Senado, con sus mismos integrantes, cumplía un rol "beneficioso para la democracia" según el 93,4% de los encuestados (nada menos que 123.268 personas, y pensar que con 600 encuestados se puede vaticinar el resultado de una elección...).
Hoy lo volvió a cumplir. La aprobación de la nueva ley de medios es un paso importantísimo para que exista pluralidad de información, aunque en su implementación el camino va a ser arduo, y el Gobierno tiene una enorme responsabilidad respecto de quienes apoyaron esta norma desde años de lucha y esfuerzo frente a las grandes corporaciones y sus cómplices.
viernes, 2 de octubre de 2009
Prioridades en materia de educación
En una nota que escribí en junio detallé cómo se venía reduciendo la participación de Educación en el gasto de la administración de la Ciudad desde que asumió Macri. Acompañé el texto con un gráfico en el que mostraba la fuerte suba de la incidencia de las transferencias a escuelas privadas.
Con la llegada del proyecto de presupuesto 2010 a la Legislatura, noté que las estimaciones para el 2009 se vienen quedando cortas, y es posible que Macri logre en 2010 que de cada cinco pesos que la Ciudad destina a Educación, uno se transfiera directamente a las escuelas de gestión privada.
Si tomamos en cuenta la ejecución del presupuesto 2008, podemos observar que mientras ese año el gasto en personal del Ministerio de Educación creció alrededor del 24%, las transferencias a escuelas privadas crecieron casi el 50%, lo que hizo que el gasto en privada creciera considerablemente sobre el total del gasto educativo.
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