De los cuatro ejes que conforman el proyecto de reforma política que estamos analizando, lo que se denomina “modernización del Código Electoral” es lo que mejores perspectivas presenta, más allá que dentro del capítulo referido al tema se incluyen algunas modificaciones vinculadas a los temas de publicidad, o que no se avance demasiado en lo que debe ser la capacitación de las autoridades de mesa. Muchas de las modificaciones tienen que ver con la incorporación de tecnología, pero también hay varias que tienen relación con la modificación de algunos aspectos anacrónicos del Código que no se refieren precisamente al uso de plataformas informáticas.
Entre los mencionados anacronismos se encontraba la prohibición de votar a los que, no habiendo sido declarados dementes en juicio, se encontraban recluidos en establecimientos públicos destinados a los mismos. No estaría mal aquí englobar la figura en “incapaces” (el caso de los sordomudos que no se puedan dar a entender por escrito: inc. b, Art. 3º entraría también en esta figura) para que una discapacidad que no haya sido declarada por un juez como un impedimento al ejercicio del voto no permanezca como una forma de discriminación. Esperemos que sea objeto de modificación a tiempo, sino quedará pendiente para el futuro.
Otra antigüedad que tenía el Código era por cierto la diferenciación entre mesas de electores masculinos y femeninos, y que por suerte se va a eliminar de una vez por todas si es que se aprueba esta ley. También se establece un tope para la cantidad de ciudadanos agrupados en cada mesa, lo que puede significar un perjuicio en términos de fiscalización para partidos pequeños, pero esos partidos tienden a desaparecer con el proyecto. El crecimiento de la cantidad de empadronados en las mesas llevó a muchísimos problemas en la elección de 2007 (había 450 por mesa), lo que generó demoras, colas, mal humor y gente que finalmente desistió de votar (además de especulaciones respecto de maniobras para robar boletas), y esos problemas prácticamente desaparecieron con la disminución a 380 de la cantidad de ciudadanos por unidad de votación en 2009. Con el nuevo tope de 350 empadronados por mesa, votar volverá a ser algo más sencillo para todos (sobre todo en la elección general, con pocos partidos).
Por su parte, se actualiza el tema de las secciones electorales incluyendo como tales a las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires (algo que también necesitaba actualización), y en cuanto al uso de tecnología, se incorpora el uso de registros informatizados en lugar de los tradicionales ficheros de papel (aunque con buen tino la Cámara Nacional Electoral se quedará con constancias documentales de los registros informáticos) y se garantiza a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso al Registro de Electores, lo que permitirá que los distritos que así lo deseen puedan avanzar en la confección de padrones propios.
Tal vez queda pendiente hacer en este caso una modificación que se plantea en la primera nota respecto de la utilización de una boleta única. En un panorama de pocos partidos, y por lo menos para la elección general, debería analizarse seriamente su implementación y el suministro por parte del Estado.
Como se habrá visto, el balance del proyecto presenta todo tipo de aristas, pero en general las cuestiones negativas sobresalen un poco por sobre el resto. No hay que olvidar que se trata de una iniciativa que aborda muchos temas y que posiblemente se podría avanzar en buenas reformas si el oficialismo tuviera intención de buscar consenso en lugar de ver como se alcanza la ajustada mayoría de 129 Diputados.
Esperemos que sea así, aunque se ve difícil. En estas horas se están haciendo algunas modificaciones para obtener dictamen que parecen básicamente apuntar a suavizar los requisitos que permiten la subsistencia de los partidos, pero es necesario mejorar en muchos otros aspectos este proyecto.
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