El proyecto de “Reforma Política” (sí, entre comillas) enviado por el Gobierno Nacional al Congreso lleva el pomposo nombre de “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. Esta forma de titular tan PRO no debería evitarnos la lectura del proyecto sino todo lo contrario, y mucho menos aventurar juicios acerca de su contenido.
Es probable que todos coincidamos en la necesidad de alcanzar los objetivos que plantea el título de la ley propuesta, pero lo que se escribe plantea una serie de interrogantes.
Según los fundamentos del proyecto, el resultado de la aplicación de la nueva ley será que “los partidos recuperarán el rol de protagonistas del debate y las políticas públicas” y vamos a “volver a contar con partidos sólidos y representativos”. Es importante que tengamos en cuenta esos dos horizontes en nuestro análisis.
El texto trabaja sobre cuatro ejes: los requisitos para la obtención y el sostenimiento de la personería de los partidos, las condiciones para la proclamación de candidatos, el financiamiento de las campañas electorales y lo que se denomina (en buena medida lo es) la modernización del Código Electoral.
Respecto del primero de ellos, cualquier diagnóstico serio permite llegar a la conclusión de que hay un excesivo número de partidos si tenemos en cuenta que, según datos del propio proyecto, existen en la actualidad 685 partidos, y 33 de ellos son de orden nacional.
No está mal en principio que haya variedad, pero lo cierto es que un gran número de agrupaciones son sólo sellos de goma: partidos que conservan su personería aún sin contar con afiliados ni vida partidaria alguna, pero que son útiles a quienes se dedican al transfuguismo y necesitan de vez en cuando “alquilar” la habilitación para participar en una elección sin tener partido propio.
El primer cambio importante que introduce la ley (art. 1º) es la eliminación del reconocimiento provisorio (aunque con un texto bastante malo) reemplazando los avales (firmas que no implicaban compromiso alguno ni afiliación al nuevo partido) por afiliaciones y elevando el piso de afiliados del cuatro por mil (hasta un millón de habitantes) al cinco por mil (también con el tope de un millón).
La eliminación del reconocimiento provisorio y el aumento de la cantidad de afiliados necesarios para formar un nuevo partido es una medida muy fuerte que seguramente generará un obstáculo muy grande a la formación de nuevos partidos, pero no es necesariamente mala. Juntar firmas de gente que puede no tener ningún interés en que un partido exista no es algo demasiado razonable, y además el sistema de planillas (una copia se la queda el partido) se prestaba demasiado a que exista un “mercado” de compra y venta de las mismas. Era muy llamativo encontrarse con el hecho de que muchos partidos no sólo no lograran la cantidad de afiliados necesarios para obtener el reconocimiento definitivo sino que muchos de ellos no pudieran hacerlo a pesar de haber tenido buenas performances electorales.
De todas formas, el piso de afiliados parece sumamente alto, y obtenerlos previamente a una elección parece casi imposible. Tal vez se podría seguir otorgando el reconocimiento provisorio, pero sobre una base menor de afiliados (el 50% o el 70%, por ejemplo).
Un punto que también es necesario analizar es la forma en que se afilian los ciudadanos. El sistema ha dado lugar a una innumerable cantidad de irregularidades que no tienen casi nunca castigo, y que tienen que ver también con la compra y venta de afiliaciones y el procedimiento (gravoso para quien es afiliado incorrectamente) para rechazarlas. Este tema, que tiene que ver con la propuesta de hacer caducar a todas las afiliaciones (algo que me parece por cierto muy exagerado y que por suerte no está en el proyecto), tiene mucho que ver con la transparencia y no es abordado para nada en la propuesta del Ejecutivo Nacional.
Los partidos tienen la obligación de contar con encargados de constatar la veracidad de las afiliaciones, pero en concreto si alguien aparece con un documento falso o brinda datos que no le pertenecen es difícil imputar a quien pone su firma por ello. En la práctica, casi no hay condenas por afiliar a ciudadanos fallecidos, por ejemplo.
Habría que trabajar algunas variantes para que los partidos puedan afiliar ciudadanos con un poco más de control, como por ejemplo a través de escribanos o abriendo oficinas en los barrios que dependan de la justicia electoral. Es un tema para trabajar más profundamente, pero muy necesario.
Otro de los requisitos que introduce el proyecto, y en este caso para los partidos nacionales, es el de contar con un piso del cinco por mil en al menos cinco distritos, condición a la que se agrega la obligación de que el total de afiliados en el país alcance el 1% del padrón nacional, lo que da una cifra cercana a 28.000 afiliados. Según los fundamentos del proyecto, sólo 7 de los 33 partidos nacionales alcanzan hoy el piso del 4 por mil en por lo menos 5 distritos, y habría que ver cuántos de esos 7 alcanzan los nuevos requisitos. Esta es básicamente la razón por la que se cree que el PJ y la UCR serán los principales beneficiarios de la ley.
Lo más complicado del texto es que el piso de afiliados que se establece es uno de los requisitos que se incorpora a la ley de partidos políticos para conservar la personería, lo que seguramente eliminará a la mayoría de los partidos ya existentes. A esto se añade la elevación del piso de votos necesarios en al menos una de dos elecciones: del dos al tres por ciento del padrón (nótese que al ser sobre los empadronados, teniendo en cuenta que vota cerca del 75% de los mismos, la cifra se eleva a aproximadamente un 4% de los votos).
El esquema diseñado por el proyecto dificulta pensar en más de cinco partidos nacionales, y lo mismo ocurre en cada distrito, donde es probable que los partidos locales tampoco puedan sostenerse frente a los nacionales por las exigencias en términos de votos.
Este diseño tiene algunas cosas positivas, ya que se elimina a los denominados sellos de goma y posiblemente los partidos sean más fuertes, aunque no necesariamente más representativos. El gran problema podría ser que buena parte de la sociedad no se encuentre representada en esos pocos partidos.
Es muy difícil pensar a futuro un nuevo sistema político que gire en torno a lo viejo. La gran pregunta es si la salida a la crisis de representatividad la pueden dar dos partidos que pueden dar a luz presidentes tan disímiles como Menem y Kirchner o como Alfonsín y De La Rúa. También es probable que se genere alguna fuerza de centroizquierda y otra de centroderecha que aglutinen votos en torno a una ideología y no tanto en función de la gestión de intereses que pueden variar según quienes ejercen el rol de líderes de los partidos tradicionales. La experiencia uruguaya del Frente Amplio nos muestra la posibilidad de que un partido que construya desde otra lógica pueda desplazar opciones tradicionales.
Tener una democracia de corporaciones como en Estados Unidos o una democracia de partidos políticos como en Europa debería preocuparnos muchísimo más que la forma de contener al peronismo bajo la tutela de Kirchner, pero el resultado no creo que esté cerrado, o al menos tengo la esperanza de ello.
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