La verdad como cuestión numérica

El 21 de julio pasado, en una conferencia de prensa que otorgó flanqueado por los miembros del bloque PRO en la Legislatura, Mauricio Macri pidió que se le iniciara juicio político.
Dijo entonces que "lo que da mayor transparencia, y por eso es que estoy acá con mis legisladores en los cuales confío plenamente" es el procedimiento de juicio político, cuya utilidad es "que la verdad llegue lo antes posible"
De más está decir que esto es un blog y no un tratado sobre filosofía, así que intentaremos dejar de lado cualquier profundización sobre el concepto de verdad. Simulemos que todos entendemos lo mismo respecto del significado de dicha palabra. Lo que importa es profundizar algunos puntos de vista ya desarrollados en una nota anterior respecto del sentido del instituto del juicio político, y tratar de contribuir a despejar algunos puntos de confusión bastante corrientes respecto de su finalidad.

Acción legislativa

Ante el tratamiento legislativo de los expedientes vinculados a solicitudes de juicio político varias, la postura mayoritaria de la oposición (la Coalición Cívica fundó aparte su adhesión al dictamen de comisión) fue:

"este Cuerpo debe obrar con prudencia y de acuerdo con las facultades que le son propias en el marco de la división de poderes en que se sustenta nuestro sistema republicano. Es precisamente en ese marco en el que el rol de búsqueda de “la verdad” en una investigación penal corresponde al Poder Judicial en sus diversas instancias y sobre cuyo accionar este Cuerpo no puede interferir"

Por su parte, el proyecto del macrismo, firmado por el Diputado Oscar Moscariello (PRO), dice en sus fundamentos todo lo contrario:

"consideramos que es aquí, en nuestra jurisdicción y en el ámbito legislativo, donde también debe realizarse una investigación profunda de los hechos referidos en la causa penal, a los fines de poder encontrar la verdad de lo sucedido."

Es importante destacar que la postura unánime de la oposición señala con acierto que uno de los defectos centrales del pedido de autojuicio político contra el Jefe de Gobierno radica en que no se establece el motivo (mal desempeño o comisión de delito). Más aún, no se aportan pruebas o una relación de hechos.
La disidencia parcial presentada por la Coalición Cívica se plantea esta ausencia de causales especulando en el sentido de que "la existencia de una conducta delictiva que no cuente con sentencia firme puede encuadrar dentro del supuesto de mal desempeño", pero resalta la necesidad previa del accionar de la Comisión Investigadora. No obstante, me resulta particularmente interesante señalar lo que se considera respecto del mal desempeño: citando a María Angélica Gelli, sostienen que el mal desempeño "supone una valoración político institucional no partidaria de los actos y omisiones de los funcionarios, teniendo a la vista resultados y consecuencias de aquel obrar para las instituciones o para la confianza pública que los ciudadanos debieran tener en los funcionarios". 
La Legislatura es un ámbito político institucional, pero donde están representados los partidos. Y está bien que así sea, porque los partidos son para nuestra Constitución instituciones fundamentales del sistema democrático.
El mal desempeño es una definición absolutamente subjetiva: si el Gobierno me parece bueno o no. Cuando esa definición corre por cuenta de un representante del pueblo, es una definición política con consecuencias políticas, que además tiene un origen vinculado a las posiciones políticas de cada uno. De esta forma, si mi partido es un partido de oposición al Gobierno es lógico que sus legisladores crean que el gobierno se desempeña mal. Sino serían oficialistas.
No por nada Macri dice que "confía plenamente" en sus legisladores, quienes han repetido hasta el cansancio el argumento respecto de la operación política del kirchnerismo detrás del asunto de las escuchas ilegales. ¿Quién podría creer que esos legisladores cambiarán súbitamente de opinión respecto del rol de Macri en este asunto?(1)
Es que con 19 votos en la Sala Acusadora, Macri se garantiza que sea imposible que el juicio político prospere ya que no habría forma de que se junten los 30 votos necesarios sobre los 45 integrantes de la Sala. Quedaría de todos modos flotando el interrogante respecto de un eventual 26-19 a favor de la acusación. ¿De qué lado estaría la verdad?

Comisión Investigadora 

La resolución que tuvo el jueves pasado este tema fue la creación por parte de la Legislatura de una Comisión Investigadora en la que el macrismo contará con 5 integrantes sobre 17 (todos los bloques de oposición tendrán un solo representante). Ante esa composición, el macrismo puso el grito en el cielo, amenazando (por ahora parece que no pasa de ahí) con ir a la justicia y no integrarla en nombre de una proporcionalidad que, en este caso, la Constitución no exige.

¿Por qué la cuestión numérica es central? Ni más ni menos porque incide en cuestiones procedimentales que más allá del resultado final de lo que se dictamine, son muy importantes si se quiere dirigir o desviar la atención respecto de algún punto en particular.
Seguramente en la decisión que tome el macrismo respecto de integrar la Comisión Investigadora influirá la capacidad de lograr que algunos bloques sostengan criterios comunes con sus diputados en esas cuestiones procedimentales.

La pregunta que sigue en pie es entonces dónde está la verdad en todo este asunto.
Así como desde este blog he señalado varias veces la forma en que el grupo Clarín ha sostenido los argumentos de Macri frente al escándalo (2), y en ese sentido he recordado la necesidad de ampliar las fuentes de información hacia otros medios de comunicación pertenecientes a otras empresas o al Estado y (por qué no) a algunos blogs, en este caso corresponde seguir el tema en forma análoga: afortunadamente la Legislatura ha de obtener copias de la causa judicial. Eso implica que habrá muchos otros ojos leyendo y distribuyendo información. De la lectura de todas esas fuentes de información y de los análisis que los distintos bloques parlamentarios puedan hacer (oficialismo y oposición) podremos hacernos una idea más cercana a "la verdad", porque las votaciones no definen verdades.


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(1) Aclaro que no vale recordarme que uno de ellos se había pasado al kirchnerismo en enero del 2005 al grito de "si Macri quiere ser presidente, para presidente lo tengo a Kirchner, mi presidente", para después hacer campaña -figurando incluso en la lista- por Jorge Telerman y asumir un cargo en diciembre del 2010 en el flamante gobierno (el famoso "hice campaña y hasta aporté plata para la campaña de otro pero voté por usted") de Macri-Michetti. No vale apostar a casos de campeonato mundial de transfuguismo.
(2) Sin ir más lejos, hoy mismo el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, nos dice: "la causa judicial por las escuchas ilegales, que tiene un manejo claramente más político que jurídico..."

La imagen que ilustra esta nota pertenece a una obra de arte a la entrada de una iglesia en Roma, denominada "La boca de la verdad", no es un buzón para echar sobres, ni de a uno, ni de a dos.

Tragedia

Ayer ocurrió una tragedia, de tantas que ocurren. Se desplomó un edificio de tres plantas debido a un trabajo mal hecho en una obra de construcción lindera, y las consecuencias, más allá de los daños materiales, se cuentan en un importante número de heridos y en al menos una persona muerta. Pueden ser más, aunque cabe desear el milagro de que no ocurra eso.

Trágico parece el destino de la Ciudad de Buenos Aires si no sacamos conclusiones de las tragedias, aprendiendo de ellas en lugar de ver cómo podemos capitalizarlas políticamente. Si la única conclusión al la que llegó la Legislatura tras Cromañón fue que había que hacerle juicio político al Jefe de Gobierno y no se llevó adelante un proceso de revisión de la normativa y de los procesos de habilitación y funcionamiento de locales fue porque hacía falta demostrar que el problema era la gestión y que todo el resto funcionaba bien:

La política, antes que nada, debe ser un servicio público y un compromiso profundo con el ejercicio de las responsabilidades que marca la Constitución y que usted se comprometió a desarrollar en su propio juramento como Jefe de Gobierno. Usted no sólo tenía la responsabilidad indelegable de evitar la tragedia de Cromañón, sino que también contaba con las herramientas necesarias para hacerlo. (Michetti, 2005)

Si no se hace hincapié en la necesidad de educar a los ciudadanos para cuidar su vida y la de los otros a través del cumplimiento de las normas vamos a seguir, como siempre, pensando que la culpa es "del gobierno". Mientras tanto, en número comparable con cualquier estadística criminal mucha gente muere debajo de los escombros en derrumbes como el de ayer o en infinidad de "accidentes" de tránsito que se producen por la anomia generalizada de quienes creen que las normas son algo que "el gobierno" debe hacer cumplir y que no tienen nada que ver con mejorar nuestras condiciones de vida.

Nos preocupa vivir en condiciones de seguridad razonables, pero a muchos poco les importa cómo se construye una fuerza policial y qué clase de gente se pone al frente, como si poner a cualquiera con un arma en la calle fuera garantía de solución al problema. Por eso será fundamental que el trabajo de la Legislatura respecto del tema de las escuchas se centre en la construcción de la Policía Metropolitana y no tanto en la conducta del Jefe de Gobierno (por la cual debe responder ante la justicia). No servirá de nada un informe que no saque conclusiones respecto del diseño de la estructura de personal de la fuerza y la aplicación de sus recursos físicos y humanos, trabajando sobre los errores y horrores cometidos y ofreciendo a los ciudadanos una alternativa eficiente al desarrollo de una policía pensada para montar una estructura de inteligencia paraestatal y a la vez para desfilar sus trajes y vehículos.

Duranbarbismo

El Gobierno de la Ciudad dedicó tras el derrumbe sus primeros esfuerzos a la comunicación. Algunos amigos habituales intentaron dar una mano desde un principio (la foto que encabeza la nota es del día de ayer a las 18:44, cuando era imposible sacar una conclusión que lamentablemente fue desmentida por los hechos). Macri se fue a sacar una foto como si su presencia en el lugar sirviera para algo (probablemente tuvo en cuenta que a Ibarra se le criticó en su momento no acercarse al barrio de Once):

El ingeniero a cargo del emprendimiento, mientras tanto, se defendió apelando al manual del buen ingeniero en graves problemas: "Soy un hombre de trabajo", le contestó a Mauricio Macri y enfatizó que el jefe de Gobierno "está diciendo cualquier barbaridad, cualquier mentira", cuando le hecha la culpa por la tragedia.

Las vueltas de la vida en las que una fuerza política construida a partir de los designios de un consultor ecuatoriano que confía más en la difusión de slogans demagógicos en medios afines y en la publicidad oficial que en la formulación de políticas públicas, debe ahora lidiar con las cosas que se dijeron y se hicieron tras Cromañon, y tratar de explicar porqué las conclusiones de entonces no aplican, no debe alejarnos del objetivo de vivir en una Ciudad en la que se respeten las normas y que la vida, que tanto valor tiene (por cierto que es así) cuando es quitada por el arma de un delincuente, valga lo mismo cuando un chico muere de frío bajo una autopista o cuando alguien va a un gimnasio a hacer un poco de ejercicio.

Crisis y respuesta institucional en la Ciudad de Buenos Aires

El día jueves 15 de julio la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por unanimidad el procesamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investigan hechos de espionaje a una serie de personas entre las que se encuentran opositores políticos y familiares del Jefe de Gobierno.
Los delitos por los que se produce el procesamiento son muy graves: violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita, en este caso en carácter de miembro.
La crisis institucional que se ha generado es innegable.
Más allá de las razones que contiene la causa judicial, es importante detenernos en el diseño institucional de la Ciudad y en cómo ese diseño puede contribuir a la generación de situaciones de crisis a la vez que obstaculiza una resolución adecuada a los intereses de los habitantes de Buenos Aires, no tanto por el resultado respecto del signo político del gobierno, sino en función de que el gobierno efectivamente exista.

Antecedentes: el Juicio Político a Aníbal Ibarra

En los años que van desde la aprobación en 1996 de la Constitución a la asunción de Macri al frente del Gobierno de la Ciudad, nadie pudo completar, por diversas razones, un mandato completo de cuatro años. No obstante ello, la única crisis institucional de relevancia se produjo tras el incendio que provocó la muerte de 194 jóvenes el el local de baile denominado "República de Cromañon", el 30 de diciembre de 2004.
Dicha crisis institucional, más allá de nuestra opinión respecto de su desenlace, duró más de catorce meses. Sus efectos sobre la gestión de Gobierno, se extendieron un poco más.
Detenerse a analizar ese proceso invita a plantearse algunos interrogantes respecto del contenido del texto constitucional, la ingeniería electoral desarrollada para obtener el Gobierno, el rol del Poder Legislativo y la resolución de crisis de gravedad.

La primera cuestión que salta a la vista es la forma de elección del Jefe de Gobierno que permitió que Aníbal Ibarra gane la elección tras haber obtenido en la primera vuelta tan sólo el 33,54% de los votos (la fórmula Macri - Rodríguez Larreta había obtenido el 37,55%). Con una Legislatura que a la vez se elegía todavía en su totalidad (recién en 2005 comenzó a elegirse por mitades) la gran fragmentación del sistema de partidos dio lugar a una composición del Cuerpo en la que el Jefe de Gobierno reelecto contaba con sólo 21 legisladores "propios" sobre un total de 60 (pongo entre comillas eso de propios porque la fórmula Ibarra - Telerman fue acompañada por tres listas de candidatos a Diputados diferentes y en definitiva, a poco de asumir, el bloque del Jefe de Gobierno pasó a tener nada más que tres integrantes).

Cuando nos ponemos a repasar el impacto de la distribución de bancas en las salas de Juicio Político (una Sala Acusadora integrada por 45 Diputados y una Sala Juzgadora integrada por los 15 restantes) encontramos que la Sala Acusadora contaba con 29 Diputados opositores (uno menos que los necesarios para acusar al Jefe de Gobierno ante la Sala Juzgadora), mientras que la composición de la Sala Juzgadora otorgaba una relación de 10 a 5, es decir, la posibilidad efectiva de que una vez lograda la acusación se diera la destitución.

¿Existió efectivamente esa relación entre "oposición" y "oficialismo" en el resultado final de la votación? En las imágenes que siguen (se puede hacer clic en cada una para agrandarlas), podemos observar la integración de cada una de las listas. Los nombres resaltados en rojo corresponden a los miembros de la Sala Juzgadora y los resaltados en azul son los que votaron en sentido contrario a lo que podíamos esperar de la lista que integraron.

De los integrantes de esas tres listas podemos ver que los Diputados Schifrin, Melillo, Cantero y Milcíades Peña votaron por la acusación a Ibarra a pesar de haber integrado sus listas. Los Diputados que finalmente integraron la Sala Juzgadora (hubo elecciones en el medio) fueron tres: La Porta, Moresi y Baltroc, quienes votaron por el rechazo de la acusación cuando les tocó decidir.

En este caso sólo un Legislador votó en sentido diferente a lo que se podía prever de acuerdo a su lista de origen: Mercado. Los Diputados que luego integraron la Sala Juzgadora fueron Rebot, Polimeni y Majdalani, quienes votaron la destitución del Jefe de Gobierno.

Las otras cuatro listas que lograron bancas muestran un patrón de voto similar a la de las principales listas opositoras (las del macrismo). En este caso, votaron en contra de la destitución los Diputados La Ruffa y Vázquez. Sólo el Diputado Bidonde llegó a votar en la Sala Juzgadora, y lo hizo en contra del Jefe de Gobierno.

La integración de la Sala Juzgadora sumó en virtud de las elecciones de 2005 a los Diputados Amoroso, Meis y Destéfano (macrismo), Di Filippo y Smith (Carrió), Gramajo y Vitali (FPV) y Romagnoli (Zamora). De éstos, sólo los Diputados pertenecientes al kirchnerismo (que en la Sala Acusadora no habían votado la continuidad del Juicio Político) evitaron votar por la destitución.

Es interesante destacar que cuando se sorteó la integración de la Sala Juzgadora, se introdujo en un mismo bolillero a los dos Diputados que habían ingresado a través de listas que obtuvieron una sola banca: el mencionado Romagnoli y la Diputada Verónica Gómez, del Partido Socialista, que había acompañado la candidatura de Norberto La Porta a Diputado Nacional y que pertenecía a un espacio interno liderado por el Diputado Roy Cortina, quien también había votado en favor de Ibarra. Dado que la votación resultó 10 a 5, es insoslayable marcar la importancia fundamental del azar en la destitución del Jefe de Gobierno. 

Catorce meses de incertidumbre respecto de la suerte del Jefe de Gobierno que dependieron de un bolillero. Pero más allá de este aspecto, existió una gran relación entre el voto de los Diputados y las listas que les permitieron acceder a una banca.
No se trata, sin embargo, de esperar otro comportamiento. En realidad, solamente puede resultar sorpresivo si tenemos en cuenta la enorme cantidad de casos de transfuguismo que hemos tenido en la Legislatura desde 1996 al día de hoy, pero la representación política, cuando se hace campaña a favor o en contra de la reelección de un Gobierno, debe respetar la voluntad popular.
Si tenemos en cuenta que al fin y al cabo cuatro votos que provenían de listas afines al Jefe de Gobierno le votaron en contra y que tres hicieron lo inverso, encontraremos un resultado que, además de ajustado, tiene que ver con lo que la gente votó en 2003.
El sistema electoral, así, se convierte en una bomba de tiempo. Quien logra el Gobierno en esas condiciones se ve frente a una oposición abrumadora, a la obligación de construir con enorme esfuerzo los consensos para lograr aprobar las leyes y a recurrir constantemente al veto, con el agregado de que la oposición se encuentra a sólo un voto de lograr insistir en los textos aprobados más allá de la voluntad del Poder Ejecutivo.
No obstante, ante una crisis institucional de magnitud como la que se generó a partir de Cromañon, la respuesta institucional demoró ni más ni menos que catorce meses, y a pesar de la voluntad que expresaron los legisladores en el juicio político la ciudadanía no participó de la decisión.

Participación popular

La Constitución de nuestra Ciudad ha avanzado en desarrollar una serie de cláusulas que tienen que ver con una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública y con aumentar la carga de condiciones para el cumplimiento de dicho objetivo. El conjunto de normas, entre habituales y novedosas y sin entrar en el análisis puntual de cada una, incluye el impedimento a la designación de funcionarios públicos procesados por delito doloso en perjuicio de la administración pública (sin especificar siquiera la necesidad de que dicho procesamiento sea firme, Art. 57º), un importante desarrollo de las inhabilidades e incompatibilidades de los Diputados que son extensivas al Jefe de Gobierno (Art. 72º, 73º y 97º), la posibilidad de que la Legislatura pueda, con dos tercios de sus votos, “suspender o destituir a cualquier Diputado, por inconducta grave en el ejercicio de sus funciones o procesamiento firme por delito doloso de acción pública” (Art. 79º). A todo esto se suma la posibilidad de destituir al Jefe de Gobierno en Juicio Político fundado en las causales de mal desempeño o por la “comisión de delito en ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes” (Art. 92º).
La Constitución también admite, en su artículo 67º, el requerimiento de revocatoria “del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño”.
La inclusión del artículo 57º en nuestra Constitución generó debate respecto de dos aspectos: el alcance del término “funcionario público” y la posible violación del principio de presunción de inocencia al impedir que un funcionario sea designado sin haber sido condenado. Respecto del primero de estos aspectos, decía la Convencional Patricia Bullrich: “siguiendo al profesor Bielsa, lo concretaremos aun más, afirmando que quienes concurren o expresan la voluntad del Estado, son Funcionarios Públicos; en tanto aquellos que simplemente ejecutan los actos de los anteriores son empleados”. (VT 16, pág. 1823) Por su parte, la Convencional Ginzburg decía: “Es indiscutible el acuerdo general con el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Entendemos que debe extenderse a todos aquellos que bajo una denominación cualquiera, sea por elección popular, por delegación del Poder Ejecutivo o cualquier otra forma de designación, están investidos de un mandato cuya ejecución se vincula a un interés de orden público.” (VT 14, pág. 1770).
Es importante destacar que el artículo 57º integra, junto con el artículo 56º, el Capítulo Decimoctavo del Título Segundo del Libro I de nuestra Carta Magna, bajo el título “Función Pública”. El artículo 56º es en el único en toda nuestra Constitución en el que se establece la obligatoriedad de presentar declaración jurada de bienes, algo que por cierto incluye a todos los funcionarios electivos, como los Diputados y el Jefe de Gobierno (edit: recomiendo leer sobre este tema el cuarto comentario de este post).
Respecto de la segunda materia de debate, la presunción de inocencia, decía el Convencional Zaffaroni: “vamos a generar una inhabilitación al margen del Código Penal, incluso no para penados sino para procesados, es decir, por las dudas, cuando todavía está vigente el principio de inocencia” (VT 16, pág. 1790). La respuesta del Convencional Garré, a esta preocupación, fue que “cuando hablamos de casos de procesamiento –según dice el proyecto de texto– nos referimos a los funcionarios que van a asumir un cargo. Con respecto a los que están en ejercicio, no estamos pidiendo su separación del cargo aunque tengan un auto de procesamiento, en función de la presunción de inocencia. Para este caso jugará la conciencia del funcionario y la opinión del público en el caso concreto.”
La situación es exactamente la prevista por el Convencional Garré: estamos en manos de la conciencia del funcionario o de la opinión del público. Por primera vez en la historia de nuestra autonomía, la máxima autoridad del Gobierno se encuentra procesada por la comisión de un delito doloso de acción pública. Mejor dicho: de una serie de delitos.
La obstinada negativa del Jefe de Gobierno de hacerse cargo de la situación, evitando brindar explicaciones ante la Legislatura y sosteniendo la imposible argumentación de que cuatro jueces y dos fiscales pueden complotarse en una persecución política (mientras se hace el distraído respecto del contenido de la voluminosa causa que se tramita en los tribunales federales) debería obligar a que sea la ciudadanía la que  indique el camino a seguir respecto de la situación de que Mauricio Macri cuente con un procesamiento firme.

Juzgar el desempeño

Probablemente por el exceso de abogados en los cargos legislativos o por la confusión que provoca la denominación "Juicio Político", mucha gente asimila el procedimiento que nació en Inglaterra varios siglos atrás ("Impeachment") con un juicio penal en el que se recaban pruebas y un tribunal decide. Probablemente por eso se insiste en citar la definición que desde el derecho le ha dado Bielsa a la figura de "mal desempeño": lo contrario de "buen desempeño".
Si bien en su origen los parlamentarios ingleses llevaban efectivamente adelante una instrucción penal, es a partir de 1742 que la figura comienza a ser usada, a partir de la amenaza concreta de utilizar una mayoría legislativa para enjuiciar penalmente a un Primer Ministro, como una forma de exigencia de responsabilidad política: el funcionario amenazado, Robert Walpole, dimite. Se origina el principio de confianza, base de los sistemas parlamentarios modernos.
Tanto la Constitución de los Estados Unidos como nuestra Constitución Nacional conservan el mecanismo del Juicio Político, y a partir de esa historia el juicio político aparece, en 1996, en la Constitución de la Ciudad. La Constitución norteamericana permite el impeachment sólo en casos penales (la configuración que en Inglaterra tiene antecedentes en la Edad Media) y en nuestro país se utiliza también la figura de mal desempeño, que en este caso tiene que ver con la exigencia de responsabilidad política.
En nuestra Carta Magna local, además, se garantiza el derecho de defensa (aquí los abogados se pusieron definitivamente de acuerdo en complicar bien las cosas).

El juicio político no es una instancia judicial. La palabra "juicio" no tiene en este caso que ver con estrados y togas. Se relaciona con otra acepción de la palabra: con la calificación o juicio de valor. El mal desempeño es una definición absolutamente subjetiva: si el Gobierno me parece bueno o no. Cuando esa definición corre por cuenta de un representante del pueblo, es una definición política con consecuencias políticas, que además tiene un origen vinculado a las posiciones políticas de cada uno. De esta forma, si mi partido es un partido de oposición al Gobierno es lógico que sus legisladores crean que el gobierno se desempeña mal. Sino serían oficialistas.
Ni más ni menos que el juego de la representación democrática.

La resolución de una crisis política

Es evidente que la resolución de crisis políticas de magnitud no encuentra adecuada respuesta en la Constitución de la Ciudad. Estas crisis, en la medida que se prolongan, afectan la gobernabilidad y en definitiva a los ciudadanos.
En el momento del avance del Juicio Político a Aníbal Ibarra se intentó llevar adelante una revocatoria de mandato, figura que sin duda podría haber dejado en claro si los ciudadanos consideraban que lo que sucedió en Cromañon ameritaba truncar una gestión de Gobierno. El volumen de firmas necesarias dio por tierra esa posibilidad.
Una buena alternativa hubiera sido entonces que sea el propio Jefe de Gobierno quien consulte al pueblo. Tal vez podría hacerlo la Legislatura (siempre que Macri no vete la ley), pero la duda que podríamos plantearnos respecto del mecanismo a utilizar tiene que ver con el tamaño de la decisión: ¿consideramos los porteños que un procesamiento firme por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita no amerita que un funcionario de un paso al costado? Si no fuera así, ¿cuál es el límite?

La plata de las escuelas

La Legislatura esta a punto de tratar (el expediente tiene preferencia para este jueves) un proyecto de la Diputada Morales Gorleri (Presidenta de la Comisión de Educación e integrante del bloque PRO) que plantea la necesidad de modificar la Ley 3232, que establece la venta y rezonificación de una serie de inmuebles en el área conocida como Catalinas, destinando el producido de su venta a obras en el área de Educación.

Dicha ley reserva los fondos a “obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el ejercicio 2009 y siguientes”. Este texto fue incorporado durante el debate parlamentario para lograr supuestamente que  los fondos que se conseguían con la venta de tierras públicas generaran un excedente presupuestario por encima de los recursos del tesoro que habitualmente se destinan a este fin.

Cabe aclarar, por cierto, que durante la gestión de Mauricio Macri el dinero invertido en Educación provino de endeudamiento. Lo mismo ocurrió con otras áreas sociales tras la creación del denominado "Fondo de Infraestructura Social" (FOISO), a través de la Ley 2570.

La ley de creación del FOISO destinaba una suma cercana a los 388 millones de pesos al área de Educación. Esa cifra no fue ejecutada ni en el año 2008, ni sumando la ejecución del año 2009, como oportunamente señalé.

A pesar de los acuerdos parlamentarios previos, cuando se aprobó el presupuesto 2010 se modificó la integración del FOISO (por medio de la Ley 3379) suprimiendo los fondos destinados a Educación pero sin incorporar en el presupuesto partidas con una fuente de financiamiento distinta a la venta de los terrenos de Catalinas, por lo que muchas obras aún inconclusas carecen de los fondos presupuestarios necesarios para llevarlas adelante, poniendo una vez más por encima de la inversión en áreas sociales prioritarias cualquier otro gasto que tenga que ver con el maquillaje de la Ciudad.

Es digno de señalarse que en los años 2008 y 2009, a pesar de que los montos votados para infraestructura escolar y hospitalaria por parte de la Legislatura eran individualmente muy superiores a las partidas destinadas a mantenimiento de la vía pública, finalmente se terminó invirtiendo en esto último más del doble que en obras en Salud y Educación. Es así que sumando la ejecución de los años 2008 y 2009 en el área de infraestructura escolar, nos encontramos con que sólo se llegó a ejecutar el 85% del presupuesto del año 2008.

Resulta incomprensible entonces que se haya restado del FOISO la totalidad de las obras pendientes en Educación, destinándose fondos a recolección de residuos (125 millones) o a reparación de aceras (109 millones), por citar dos ejemplos que muestran claramente el tipo de prioridades de la actual administración.

La nueva propuesta destinará más de 144 millones de pesos a obras pendientes de reparación de escuelas (aproximadamente un tercio del total de fondos obtenidos por la venta de Catalinas), convalidando una política que sigue endeudando a la Ciudad y vendiendo terrenos públicos para un objetivo que está muy lejos del que se proclama.

Sugestiva forma de hacer vuvuzela catalán

En esto de hacer experiencia de a poco respecto de escribir un blog me cuestiono algunas cosas. Trato de darle a cada post algún valor, sea porque publico información que no encuentro en otros medios o porque trato de plantear algún punto de vista sobre algún tema.

Sé que no se puede ser siempre original, pero hay ocasiones en las que me parece válido hacer el esfuerzo de ayudar a transmitir un mensaje, o de discutir desde una posición alternativa algún tema. En el fondo, el nombre del blog tiene un poco que ver con eso. No me suelo sentir parte de corrientes mayoritarias de pensamiento, aunque lo desee (y juro que así es, no es que me guste nadar contra la corriente).

Entre las críticas que me hago, suelo plantearme cierta incomodidad respecto de los temas que aquí se publican: a veces me siento un poco monotemático, ya que escribo casi en forma excluyente sobre la gestión de Mauricio Macri. Trato de convencerme de que al fin y al cabo escribo sobre los temas que mejor conozco, y sobre los que puedo aportar algo nuevo, aunque sea un poquito.

En esta necesidad de escribir tiene mucho que ver la sensación de que Mauricio Macri tiene una protección mediática formidable, sobre la que ya me expresé en algunas oportunidades. El centro de esa protección viene siendo ocupado obviamente por el Grupo Clarín, que ostenta una hegemonía incuestionable que ojalá pueda terminar de la mano de la implementación de la ley de medios.

Con todo esto en la cabeza, muchas veces me siento tentado a plantear discusiones sobre lo que sale en el diario o en alguno de los múltiples medios del grupo. Lo hago muchísimo menos que las veces que lo pienso hacer, todo por no convertir a este blog en una especie de caricatura de un loro.

Pero algunas veces es imposible, como cuando leí la nota que ilustra esta página y que salió en la tapa del diario de hoy.

En verdad que se trata de un caso complejo. La Dictadura Militar de los años 1976-1983, nos dejó entre sus muchos y deplorables legados los resultados de una sistemática práctica de sustracción de bebés de madres desaparecidas. La formidable tarea desarrollada hasta hoy por las Abuelas de Plaza de Mayo permitió que ya hayan sido restituidos más de cien nietos. Los hijos de la dueña de Clarín podrían ser hijos de desaparecidos.

Siempre me resultó "sugestivo" que la dueña de Clarín usara todo su poder para evitar que se cotejen muestras de ADN de sus dos hijos, Marcela y Felipe, con las muestras de familiares de desaparecidos que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos. Al fin y al cabo, me resulta incomprensible que tratándose de algo tan particular y personal como el perfil genético alguien prefiera pasar casi una década batallando política y legalmente en vez de someterse a las pruebas necesarias para demostrar que no tiene fundamento alguno la acusación.

Pero todo siguió parado hasta que llegó a intervenir la Corte y una nueva jueza que decidió realizar un procedimiento para extraer muestras de ADN, que incluyó quedarse con la ropa interior de Marcela y Felipe. Muchos pensamos que finalmente iba a tener un desenlace esta causa, pero estábamos equivocados.

Resulta ahora que los perfiles encontrados eran hasta de tres personas diferentes, algo también "sugestivo", pero que permite al diario decir hoy (claro que citando una fuente anónima, que además especula):

Fuentes ligadas al caso deslizaron la sospecha de que la supuesta imposibilidad de realizar el mapa genético de Marcela y Felipe sea en realidad una maniobra dilatoria frente al hecho de que no se habrían hallado coincidencias con el ADN de las familias de desaparecidos a las que podrían corresponder, de acuerdo las fechas de sus nacimientos.

La verdad es que cuesta entender a esta altura que no se pueda terminar de resolver el tema. Mientras los chicos se sigan negando a extraerse sangre, mientras cualquier procedimiento se considere vejatorio por parte del diario (que por ejemplo no parece pensar lo mismo de realizar controles con saliva para hacer cosas  como labrar actas de tránsito), mientras algunos personajes de la oposición le hagan el circo a Ernestina Herrera de Noble sosteniendo exactamente lo opuesto que en otras oportunidades, vamos a seguir sin conocer la verdad.

Valores PRO

 Parafraseando a Groucho Marx, "estos son mis valores, si no le gustan, tengo otros..."

Después de haber alcanzado la fama gracias a utilizar sin autorización una canción de Kevin Johansen para un video en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, y tras una serie de declaraciones de algunos dirigentes del partido que intentaban despegarse de parte o de todo el mensaje trasmitido a través de youtube, parece que a la gente de Valores PRO se le acabaron las ganas de cambiar la política desde adentro.

Una pena. El propio gobierno de Mauricio Macri copia y nadie le dice nada.

Tapar o hacer tapa

En pleno debate sobre la nueva ley de medios el Grupo Clarín sacó una agresiva campaña bajo el lema "La realidad se puede tapar o hacer tapa". La misma mostraba aspectos de la realidad que supuestamente el Gobierno Nacional trataría de ocultar con la nueva ley de medios, y tapas de Clarín que mostraban cómo el diario se hacía eco de esos problemas.

Surgieron algunas respuestas ingeniosas (incluidas algunas muy buenas en el blog de Fede) que recordaban posturas del periódico ante determinados sucesos (la tapa del "La crisis sumó dos nuevas muertes" es ya un clásico de cualquier presentación crítica hacia el diario).

La campaña debió ser dejada de lado. El diario no resiste su propio archivo, por supuesto, y mucha gente ya ha tomado nota de que en la pelea con el Gobierno no está en juego la libertad de prensa sino la posición hegemónica del grupo en cuanto a decidir los contenidos de la información que recibimos los argentinos.

En esa pelea, justamente, no pueden ni deben existir notas favorables al Gobierno (cualquier buena noticia es convertida en mala, ignorada o matizada). Para los que deseamos informarnos, obliga al esfuerzo de tratar de buscar fuentes múltiples para cada cuestión y analizarlas con mucho cuidado, algo que por cierto deberíamos hacer siempre y en lo que paradójicamente la histeria del diario de la vuvuzela nos sirve permanentemente de ayuda memoria.

Otro costado del problema es la actitud del Grupo frente a los dirigentes de la oposición. Sea por no abrirse demasiados frentes de conflicto, por la publicidad que algunos pueden aportar o por otros acuerdos políticos que puedan encontrarse más lejos de nuestro alcance (probablemente por un mix de las tres posibilidades), el Grupo asume una actitud frente a otros dirigentes muy pasiva frente a algunas de las cuestiones que los tienen involucrados, o incluso participa de operaciones políticas a su favor.

Me refiero particularmente a Mauricio Macri. En el caso del escándalo del espionaje por las escuchas telefónicas, Clarín comenzó ignorando por semanas el tema para luego hacerse eco de las excusas del Jefe de Gobierno en forma totalmente acrítica. Esta actuación, que puede dejarse en el plano de mis opiniones o revisar los archivos para ver si tengo razón, fue reforzada recientemente por la aparición en la tapa del diario de declaraciones de un aliado político del Jefe de Gobierno que decía que Oyarbide le había confesado su intención de llevarse puesto al Jefe de Gobierno. Ese elemento fue luego aportado por Macri como prueba para recusar al juez.
La recusación fue rechazada por un fallo de la Cámara Federal que desestima en forma muy clara sus argumentos.

También se acercó al trámite judicial, como evidencia de que el Gobierno estaba detrás del accionar de Oyarbide, otra nota del diario Clarín en la que el periodista Daniel Santoro publicaba una investigación supuestamente suya, que casualmente era publicada en el Diario La Nación del mismo día pero aludiendo como fuente a funcionarios del Gobierno de Macri. En la brillante pesquisa se identificaba a un agente de inteligencia del Estado (algo que roza el delito si la acusación resulta ser falsa) como el que había hecho el llamado a Sergio Burstein en el que se le informaba que estaba siendo espiado por el "Fino" Palacios. 

Poner eso en el foco de atención es como si en el caso Watergate hubiese sido más importante saber quién era "Garganta Profunda" que conocer a quienes estaban detrás del escándalo del espionaje al Partido Demócrata.

Daniel Santoro, por su parte, cuatro días después de la publicación de la "investigación exclusiva" recibió una medalla “en reconocimiento a su labor, trayectoria, honestidad y generosa contribución a la sociedad de su tiempo”, por parte de... Mauricio Macri.

Hoy nos desayunamos con una nueva maniobra legal basada en la "investigación" de Santoro, y por supuesto publicada por Clarín: pedir la nulidad del caso, ya que "todo el proceso sería ilegítimo si se confirma que la llamada que alertó sobre la pinchadura de su teléfono al dirigente de la asociación de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, fue realizada por un agente de la Side. En ese caso, el agente habría violado la ley de inteligencia y, siguiendo el razonamiento de los abogados del jefe de Gobierno, todo el caso se habría construido a partir de un hecho ilegal."

Pero lo más importante es la confesión que se puede leer más abajo: tal y como también dice La Nación en una nota similar, la fuente ya no es la investigación de Santoro, sino que "el espía Hugo Álvarez fue el autor de la llamada anónima a Burstein, tal como dos fuentes macristas adelantaron a principios de mes a Clarín." El contraste es más que interesante, ya que en la nota sobre la "investigación", "una llamada anónima dijo a este diario que se trataba “del gordo Alvarez, un empleado del Gobierno que frecuenta los cafés de alrededor del palacio de Tribunales”. Después de una serie de consultas, dos altas fuentes del sector policial, que pidieron no ser identificadas, afirmaron a este diario que se trataría de “Hugo David Alvarez”.

O sea, se mintió en la nota anterior o las fuentes policiales eran de la Metropolitana y también se dedicaban a hacer inteligencia.

Lo de Chamorro, en tanto, sólo vale cuatro líneas en las que se deja de lado mencionar que le echó la culpa al Fino del espionaje sobre dirigentes opositores y sobre un abogado que había denunciado a Calcaterra Construcciones. 

En algo tenían razón, la realidad se puede tapar o hacer tapa.

Crecimiento de la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires

Las noticias generan reacciones de todo tipo: alegría, incredulidad, bronca, tristeza. Enterarse de que en la Ciudad de Buenos Aires ha crecido la mortalidad infantil, según datos estadísticos suministrados por el propio Gobierno sin duda nos debe generar una enorme tristeza.

El informe dice al respecto: 

La mortalidad infantil es considerada uno de los indicadores más sensibles de las condiciones de salud de la población. Por otra parte es ampliamente conocida la asociación entre la mortalidad infantil y las condiciones de vida. De esta manera, la mortalidad infantil se convirtió, entonces, no sólo en indicador de salud, sino también de otros aspectos sociales, ya que reflejan la distribución y disponibilidad de los servicios de saneamiento, salud y educación de la población.

Vengo insistiendo con la asignación de prioridades de la administración encabezada por Mauricio Macri. El resultado es lógico, y particularmente doloroso porque la Ciudad venía mejorando año a año sus índices salvo en el periodo vinculado con la crisis 2001-2002. Además es paradójico teniendo en cuenta el volumen que ha alcanzado el gasto total de la Ciudad.
El crecimiento de la mortalidad infantil fue de un punto respecto del año 2008: 8,3 por mil contra 7,3, y el retroceso es tan grande que hay que ir hasta el año 2004 para observar una cifra apenas mayor: 8,5 por mil.
Decía ayer el Jefe de Gobierno en su twitter: "Mas seguridad trae mayor desarrollo ,mas creatividad y se generan mas oportunidadespara todos . El resultado final menor exclusion !" (sic)

Dejar la exclusión para el final y poner en manos del mercado la resolución del problema es ideológico por donde se lo quiera ver, y aún aunque se reniegue de la existencia de las ideologías. Los resultados están a la vista, y sobre todo si tenemos en cuenta que la zona sur de la Ciudad (más pobre), es la más golpeada:

 

Apostar por una mejor educación

Sin duda los porteños no nos sacamos la lotería con este Jefe de Gobierno. Tras dejar claro que se prefiere apostar por hacer veredas en lugar de escuelas y hospitales y poner más fichas para recolección de residuos, publicidad y otras cuestiones que seguramente son más importantes que la calefacción de las escuelas y las becas escolares, el costado lúdico de Mauricio Macri nos dice a través de su Twitter:  

"Hicimos nueva apuesta para el prox Boca Slorenzo. Equipamiento tecnologico para una escuela."

 La próxima idea seguramente será otorgar salida laboral a nuestros estudiantes como niños cantores o crupiers. En la siguiente imagen, un par de respuestas del alter ego de Michetti:

Tiene razón Gaby: las apuestas son políticas de Estado.

PD: Tecnológico va con acento en todos lados menos en Barrio Parque.

Un nuevo aumento de impuestos en la Ciudad

Finalmente el macrismo logró los votos necesarios para imponer un nuevo aumento de impuestos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto original fue motivo ya de un artículo de este blog, al que me remito respecto de las consideraciones generales, por lo que me centraré en este caso en lo que finalmente se aprobó, ya que hubo algunas diferencias.
Las diferencias tienen que ver con el acuerdo parlamentario logrado con el Bloque Radical, el Bloque Socialista, el Bloque Peronista y el Bloque Encuentro Progresista. Prefiero dejar de lado cualquier tipo de especulación respecto del acompañamiento al macrismo por parte de estos bloques (algunos de los cuales lo hacen muy habitualmente). Votaron en contra Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, Igualdad Social, la Coalición Cívica, el Encuentro Popular por la Victoria, Nuevo Encuentro y el MST.
La propuesta original del PRO pedía una suba generalizada de la alícuota general de ingresos brutos que pasaba del 3% al 3,5%, lo que finalmente se aprobó tiene que ver con segmentar a los contribuyentes alcanzados (aumentando al 4% la alícuota) y con gravar aún más otras actividades. Se sancionó un aumento en otras varias alícuotas, según este detalle:

• Agentes de bolsa, intermediación financiera, venta de tabaco (art. 59º Ley Tarifaria), pasan de pagar el 4,9% al 6%.
• Seguros de Retiro, casas de empeño, negociación de órdenes de compra, venta en comisión (art. 60º Ley tarifaria), pasan de pagar el 4,9% al 5,5%.
• Bancos (art. 59º Ley tarifaria), pasan de pagar el 5% al 6%.
• Préstamos (exceptuados los bancos art. 61º Ley tarifaria), pasan de pagar el 5,5% al 6,5%.
• Compraventa de divisas (art. 61º Ley tarifaria), pasan de pagar el 5,5% al 6%.
• Venta de billetes de lotería, turismo, masajes y baños (art. 62º Ley tarifaria), pasan de pagar el 4,5% al 6%.
• Una suba de la alícuota general (arts. 55º, 56º y 58º Ley tarifaria), que pasa para los contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a 30 millones de pesos del 3% al 4%. Se exceptúa en este caso la comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza.
• Se aumenta el monto del régimen simplificado de $ 144.000 a $ 300.000.

Hubo dos ejes de debate en la Legislatura: el primero referido a la necesidad o no de aumentar los impuestos para otorgar aumentos, tema ya desarrollado en el artículo anterior, y los destinatarios de la nueva carga impositiva.

Es evidente que se trata de una discusión difícil. Una redacción que invoca a los grandes contribuyentes da lugar a pensar que se trata de un universo pequeño y de gran capacidad de pago, pero es muy difícil sostener que los formadores de precios no puedan trasladar al menos una parte del impuesto a los consumidores. Más difícil aún es creer que un banco no pueda trasladar la tasa al otorgar un préstamo. Por lo menos, en el caso de este tipo de impuestos, es abundante la opinión respecto de la regresividad del tributo.
Resulta interesante, a tono de la discusión que se plantea, observar que se excluyeron expresamente los ingresos derivados de la comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza, aparentemente porque en estos casos se produciría un traslado a los precios. Juro que no le encuentro el sentido a esta diferenciación, no sé porqué ocurriría en estos casos y no en la venta de remeras, por ejemplo.
Sin duda podremos ver a lo largo del año quién tiene razón respecto de la necesidad de subir los impuestos para cubrir alzas salariales. De todas maneras, el macrismo ha conseguido aire para la caja, incluso es posible que la propuesta de sus aliados le pueda generar algún recurso extra.
Queda pendiente (por decirlo de alguna forma ya que no dar la discusión permite que se siga adelante), debatir en qué forma el gobierno de Mauricio Macri decide quienes ganan y quienes pierden en el reparto de los recursos públicos. Mientras algunos contratistas obtienen redeterminaciones de precios muy por encima de los aumentos de salarios (por ejemplo las empresas de recolección de residuos), se vuelcan más recursos para educación privada en detrimento de la escuela pública y se gastan fortunas en consultorías y publicidad, los salarios de los empleados públicos pierden participación en el gasto y la infraestructura social (educación, salud, vivienda) se deteriora fuertemente de la mano de muchos programas destinados a los sectores de bajos recursos.