En la nota de Clarín se describía la crítica situación en materia de equipamiento de los hospitales. Algunos de sus párrafos merecen ser citados:
"Lo único positivo de esta crisis es que, al menos, es admitida por todos los sectores de la Salud y por todas las banderas políticas. La cuestión es cómo resolverla. El ministerio de Salud, a cargo de Jorge Lemus, propone que la única solución es con fondos extraordinarios al presupuesto, lo que por ahora es resistido en la oposición."
La negrita es mía, y resalto el texto porque tiene que ver con lo que decía más arriba. Una catástrofe descripta por el diario, y la oposición que asume una posición tan repudiable.
Siguiendo con el texto, tras el diagnóstico venía la única solución posible:
"¿Cómo se soluciona? Con inversión, con bastante plata. El gobierno porteño elaboró un proyecto de ley que implicaría endeudar a la Ciudad en 150 millones de pesos para poder comprar un poco de todo: resonadores, tomógrafos, mamógrafos, mesas de anestesia, equipos radiográficos y hasta respiradores pediátricos, un elemento básico que durante 2007, cuando estalló la epidemia de la bronquiolitis, hubo que salir a pedir prestado a clínicas privadas."
Todo esto acompañado de un editorial, cinco días después, titulado "
La crisis del sistema de salud porteño", en el que se destacaba (esta vez la negrita es del diario) que uno de los ejes de dicha crisis era
el "atraso tecnológico por falta de inversiones"
¿Cúal era la causa del conflicto en la Legislatura ante tamaña y evidente necesidad? Lo que ocurrió fue que el listado de equipos necesarios que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura, más o menos a finales de abril había sido objeto de una denuncia por parte de Aníbal Ibarra, que en su página web detalló que el listado de equipos que supuestamente había elaborado el Gobierno de la
Ciudad tras el relevamiento de las necesidades de los hospitales, incluía una marca “G-Scan” que, "casualmente, era producida y comercializada por una firma italiana: “Esaote SA”."
Por ese motivo, se envió una nota a las Comisiones de Salud y de Presupuesto, solicitando la siguiente información:
- Relevamientos realizados en los años 2007 y 2008, detallando las solicitudes de cada Hospital.
- Criterios utilizados para dar lugar o no a las solicitudes, y para destinar equipamiento no solicitado por los hospitales.
- Costo estimado de los equipos que componen el anexo del proyecto de ley.
- Necesidades de personal relevadas para operar los equipos, y plan de incorporación de dicho personal.
- Estado del préstamo PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Necesidades que se pueden cubrir a través del mismo y estado de la licitación 13/08.
No se pedía nada del otro mundo. Se solicitaba la información básica necesaria para saber si el listado de equipos había sido correctamente efectuado (es decir, de acuerdo a las necesidades del sistema de salud), o el listado correspondía efectivamente a saldos ofrecidos por una empresa extranjera.
La información jamás fue brindada por el Poder Ejecutivo y eso se plasmó en uno de los despachos de minoría.
El oficialismo logró que se emitieran los dictámenes el día 24 de junio del 2008. Casi a modo de refuerzo, el mismo diario Clarín publicó una nota, tres días después, titulada "
Hay días en que funciona sólo un tomógrafo para los hospitales", en la que mencionaba que el problema era "parte de una crisis que Clarín reveló hace un mes". El párrafo más saliente, a mi entender, era éste:
La tecnología que poseen los hospitales porteños caducó. Y se somete a la aparatología a un reciclado constante: un día se rompe un tomógrafo, al otro día se rompe otro, entonces se satura un tercero que luego se descompone justamente por la alta demanda. Así todo el tiempo, con un funcionamiento heterogéneo , le dijo a Clarín Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales. Gilardi considera que lo más importante es la recuperación de la tecnología. En este sentido el Poder Ejecutivo impulsa en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca endeudar a la Ciudad en unos $ 150 millones de pesos para financiar la compra de tomógrafos, resonadores, mamógrafos y camillas de anestesia. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Salud y Presupuesto de la cámara y este jueves sería tratado por los legisladores. Un tomógrafo cuesta unos US$ 500.000 y un resonador, US$ 1 millón.
Más interesante aún es lo que dice un pequeño artículo de opinión que acompañaba la nota, firmado por Guillermo Allerand. Creo que vale la pena citarlo completo:
Paradójicamente, la Ciudad necesita endeudarse en 150 millones de pesos para saldar una deuda que tiene con su sistema de salud. El Gobierno porteño espera que la Legislatura le apruebe un gasto a través de un bono para poder comprar algo que ya no puede esperar: aparatos de diagnóstico por imágenes modernos, que sirvan para la prevención y seguimiento de enfermedades no sólo de los habitantes de la Capital, sino de aquellos que llegan a atenderse desde el Gran Buenos Aires o incluso desde el Interior. Aquí no puede seguir dilatándose el tema bajo ninguna condición política. Es la salud de la gente.
La negrita, una vez más a mi cargo, resalta el concepto más importante. No importa de lo que se trate, lo que sea que se esté haciendo está bien.
La ley se aprobó el 3 de julio de 2008.
La caída de la licitación
A pesar de que la ley logró aprobarse bajo supuestas garantías de imparcialidad en la licitación (se sacaron las denominaciones de equipos que daban exclusividad a la firma italiana), la derivación fue casi previsible: la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 17/DGCyC/2008 dio como resultado que sólo fue "Conforme Legal y Administrativamente" la propuesta de la firma "INSO
SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A." Como
relata Página 12 el día 29 de noviembre de 2008:
"La observación del diputado" (por Ibarra) "hizo que en aquel momento, cuando se aprobó la ley, se sacara el nombre de la marca. Pero tiempo después, el 15 de octubre último, cuando Lemus fue a la Legislatura a dar un informe, Ibarra quiso saber si a esa licitación se había presentado una empresa italiana. “Se presentaron cinco empresas”, respondió Lemus, sin dar más precisiones. Una semana después, el procurador Pablo Tonelli emitió su dictamen sobre esa licitación: se habían presentado cuatro empresas, de las cuales una se retiró antes de ser evaluada y otras dos fueron descalificadas porque presentaron de manera incompleta la documentación que se les exigía. ¿Cuál quedó? La italiana Inso Sistemi per le Infrastru-tture Sociale. “Otra vez Google me permitió saber que esta empresa es socia de E Saote en emprendimientos en Italia, Chile y Uruguay”, dijo Ibarra. (...) Lemus manifestó desconocimiento acerca de este proceso, por lo cual el legislador le sugirió que “averigüe, no sea cosa de que usted quede involucrado en una situación irregular”."
Poco tiempo después,a través de la
RESOLUCIÓN Nº 90/GCABA/MSGC/09, del 3 de febrero de 2009, se dejó sin efecto la licitación con estos argumentos:
Que tan escasa participación de oferentes en la etapa decisiva del trámite licitatorio dificulta la selección de la mejor oferta para la contratación prevista en la Ley 2780;
Que la adquisición del equipamiento hospitalario previsto en dicha norma resulta ser, por su cantidad, magnitud y complejidad, la mayor de las últimas décadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que debe asegurarse la mayor transparencia economía, eficiencia y eficacia en su trámite;
Que asimismo es dable destacar el hecho que a través de adquisiciones efectuadas por el propio Ministerio de Salud y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha incorporado nuevo equipamiento hospitalario, conlleva la posible necesidad de replantear los requerimientos oportunamente relevados para esta contratación, lo cual podría incluso podría tornar preciso efectuar actividad legislativa tendiente a realizar cambios en los Anexos de la Ley N° 2780;
La ejecución del presupuesto
Cualquiera podría pensar que la preocupación por dotar a los Hospitales y Centros de Salud de equipamiento adecuado era genuina, y que de acuerdo al texto de la Resolución se buscarían caminos alternativos para resolver un problema tan acuciante.
He señalado en artículos anteriores la preocupante
baja de la participación presupuestaria de las áreas sociales, y en particular he mencionado al
Ministerio de Salud como uno de los grandes perdedores de la política presupuestaria del PRO.
Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que durante la gestión de Mauricio Macri el Ministerio de Salud perdió dos puntos de participación en el presupuesto, lo que a números del 2010 equivaldría a unos $ 420 millones.
El gráfico siguiente muestra la participación de la inversión en maquinaria y equipo (rubro que incluye desde los equipos más básicos a tomógrafos y ambulancias) dentro del total del gasto en Salud. Es fácil notar que, aún con una menor participación en el total hay una caída abrupta de la inversión que se acerca mucho a los niveles del peor año de la crisis que se desató a principios de este siglo en la Argentina:
Más claro se nota cuando observamos la relación con el total del gasto:
El promedio del periodo 2003-2005, en torno a un tercio de punto (con un pico del 0,44% del total de gastos en 2004) equivale a números del 2010 a unos $ 70 millones, mientras que en el 2010 se invirtió sólo $ 13,59 millones:
Este cuadro, vale aclararlo, no está realizado en base a valores reales sino nominales. Aún así, es más que evidente la brutal caída de la inversión en maquinaria y equipo de Salud. De hecho, l
a inversión del año 2010 es menor a la del 2004, a pesar de que el gasto total del año pasado
multiplicó por cinco lo que la Ciudad había gastado entonces. Más aún, si comparamos
los últimos tres años de la gestión Ibarra con los últimos tres años,
la inversión durante el periodo de Gobierno del Ingeniero Macri es sustanciamente menor (poco menos de $ 38 millones contra casi $ 46 millones del ex Jefe de Gobierno), y apenas superior a lo que se invirtió en sólo dos años durante la gestión de Jorge Telerman (casi $ 33 millones). Vuelvo a subrayar que se trata de valores nominales.
Esto en parte se explica por los
niveles de ejecución presupuestaria del área. Los resultados tienen en buena parte que ver con una política presupuestaria de presentación de objetivos enormes cuando se envía el presupuesto a la Legislatura (en parte basados en el impacto presupuestario del denominado Plan de Equipamiento Hospitalario del que estamos hablando), pero los datos son elocuentes (cabe aclarar que en el caso del 2002 se recondujo el presupuesto y se asignó una cifra muy pequeña, lo que distorsiona el dato porque verdaderamente se invirtió muy poco):
La tendencia, que hasta el 2006 fue de sobreejecución del presupuesto, se convirtió en una fuerte subejecución. La lógica conclusión es que el único objetivo del Plan de Equipamiento Hospitalario era efectivamente comprar un paquete cerrado a un oferente único y que la evidencia de la maniobra terminó dejando al descubierto otra cuestión innegable: el equipamiento hospitalario está muy lejos de ser un objetivo de política pública para el PRO.
