Ilustración: Federico Armada
Una de las primeras iniciativas de la administración de Mauricio Macri tuvo que ver con la gestión del arreglo de los baches producidos por empresas de servicios públicos. El cambio propuesto, luego concretado a través de la aprobación de la ley 2634 al inicio del mandato del ingeniero, consistió en que los cierres (bacheo) correspondientes a las aperturas y roturas de la vía pública serían efectuados por el Gobierno de la Ciudad, debiendo corresponder a las empresas el pago de dichos arreglos.
Con el sistema anterior, correspondía a las empresas la tarea de reparación y al Gobierno el control posterior de la obra, sistema que había mostrado sus falencias.
La razón que se esgrimió en el momento de presentar el proyecto era que supuestamente la gestión del bacheo por parte del Gobierno iba a ser más eficiente que la de las empresas privadas: "resulta muy difícil al Gobierno recuperar los daños provocados por la falta de cumplimiento de las obligaciones de las empresas que realizan las obras en el espacio público."
Por cierto, no se trataba de una "estatización" del bacheo. De hecho, el Ente de Mantenimiento Urbano fue señalado por el Gobierno de Macri como un foco de corrupción y se optó por dejarlo cada vez más de lado en las funciones que supuestamente debe tener. El espacio lo ganaron obviamente las empresas privadas.
Más allá de los argumentos vertidos por el macrismo, también la modificación legal podría permitir decidir qué empresas iban a hacer las obras y hacerse de un negocio más que interesante. Políticamente, reemplazar los vallados de las empresas de servicios públicos por los famosos cartelitos amarillos de "Haciendo Buenos Aires", servía para mostrar gestión a los vecinos: nadie podría negar que una obra en medio de una calle o avenida carece de visibilidad.
La ley es precisa respecto del cambio de esquema: las empresas deben abonar “un monto equivalente al costo de las tareas de reposición de aperturas y roturas en la vía pública, incluyendo materiales y mano de obra, además de un arancel por gastos fijos y administrativos fijados a tal fin." Además, impone fuertes multas a las empresas sin no respetan los mecanismos de la ley.
Sin embargo, los problemas financieros del Gobierno de la Ciudad han hecho su parte y las empresas encargadas del bacheo han sufrido demoras en los pagos y también han recibido bonos (todo ello a pesar de que los trabajos de bacheo se pagan por adelantado; como contraparte, las demoras producen renegociaciones en los contratos que rara vez benefician a los contribuyentes). La consecuencia también se fue haciendo notoria: pozos rectangulares tapados con cemento que dejan entre 10 y 20 cms de profundidad. Todo un desafío para el tren delantero del auto.
Lo más preocupante es que Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público, afirmó en una nota publicada por el diario La Nación del lunes 26 de abril de 2010 que “tenemos unas 2000 roturas por mes por parte de estas empresas, de las cuales no llegamos a reparar todas hoy por hoy”, y el motivo sería que “el Ministerio tiene 367 millones menos para gastar en 2010, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los objetivos de los últimos años, pero se nota mucho la baja presupuestaria”.
Con el sistema anterior, correspondía a las empresas la tarea de reparación y al Gobierno el control posterior de la obra, sistema que había mostrado sus falencias.
La razón que se esgrimió en el momento de presentar el proyecto era que supuestamente la gestión del bacheo por parte del Gobierno iba a ser más eficiente que la de las empresas privadas: "resulta muy difícil al Gobierno recuperar los daños provocados por la falta de cumplimiento de las obligaciones de las empresas que realizan las obras en el espacio público."
Por cierto, no se trataba de una "estatización" del bacheo. De hecho, el Ente de Mantenimiento Urbano fue señalado por el Gobierno de Macri como un foco de corrupción y se optó por dejarlo cada vez más de lado en las funciones que supuestamente debe tener. El espacio lo ganaron obviamente las empresas privadas.
Más allá de los argumentos vertidos por el macrismo, también la modificación legal podría permitir decidir qué empresas iban a hacer las obras y hacerse de un negocio más que interesante. Políticamente, reemplazar los vallados de las empresas de servicios públicos por los famosos cartelitos amarillos de "Haciendo Buenos Aires", servía para mostrar gestión a los vecinos: nadie podría negar que una obra en medio de una calle o avenida carece de visibilidad.
La ley es precisa respecto del cambio de esquema: las empresas deben abonar “un monto equivalente al costo de las tareas de reposición de aperturas y roturas en la vía pública, incluyendo materiales y mano de obra, además de un arancel por gastos fijos y administrativos fijados a tal fin." Además, impone fuertes multas a las empresas sin no respetan los mecanismos de la ley.
Sin embargo, los problemas financieros del Gobierno de la Ciudad han hecho su parte y las empresas encargadas del bacheo han sufrido demoras en los pagos y también han recibido bonos (todo ello a pesar de que los trabajos de bacheo se pagan por adelantado; como contraparte, las demoras producen renegociaciones en los contratos que rara vez benefician a los contribuyentes). La consecuencia también se fue haciendo notoria: pozos rectangulares tapados con cemento que dejan entre 10 y 20 cms de profundidad. Todo un desafío para el tren delantero del auto.
Lo más preocupante es que Diego Santilli, Ministro de Ambiente y Espacio Público, afirmó en una nota publicada por el diario La Nación del lunes 26 de abril de 2010 que “tenemos unas 2000 roturas por mes por parte de estas empresas, de las cuales no llegamos a reparar todas hoy por hoy”, y el motivo sería que “el Ministerio tiene 367 millones menos para gastar en 2010, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los objetivos de los últimos años, pero se nota mucho la baja presupuestaria”.
Más allá de la corrección o no de las cifras (dicho Ministerio ha sido claramente beneficiado por Macri respecto de Salud o Educación, por ejemplo), lo importante es destacar que con el nuevo sistema, de ser ciertas las afirmaciones de Santilli, el Gobierno de la Ciudad se estaría haciendo cargo de los costos que antes correspondían a las empresas de servicios públicos, o el dinero se estaría desviando para otros fines. A favor de la primera opción juegan las cifras suministradas por el propio Gobierno de la Ciudad: si efectivamente en el año 2009 se destinaron 240 millones de pesos al bacheo y a pesar de ello la cantidad de pozos aumentó respecto al año anterior como consecuencia del accionar de las empresas de servicios públicos (datos que también se pueden encontrar en la nota de La Nación), resulta inconcebible que la recaudación por ley 2634 haya ascendido el año pasado a $ 37.679.895,94, es decir alrededor de un 15% del gasto en bacheo.
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