viernes, 28 de octubre de 2011

La Nación: Derechos y Humanos


El miércoles pasado el Tribunal Oral Federal 5 condenó a dieciséis de los dieciocho acusados (doce de ellos a cadena perpetua), por los horrores cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. Poco se puede agregar al sentimiento de justicia que surge de un fallo que hubo que esperar por décadas.
No fue un problema de leyes. Fue la política, que les dio primero a estos criminales las leyes de obediencia debida y punto final y luego los indultos. La política, a partir de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, promovió la renovación de la Corte menemista y la anulación de esas leyes e indultos, iniciativas tomadas por Néstor Kirchner a partir de 2003, para poner las cosas en su lugar.
En el contexto de un fallo tan importante como histórico, en el que un país se hace cargo de las atrocidades cometidas en nombre del Estado, poner el acento en otro lado suena bastante feo. Decir "lo de la ESMA me parece bien, pero también habría que..." es una forma de mostrar disconformidad con una condena más que justa.
Cuando lo hace un medio de comunicación, de larga trayectoria junto a los sectores del golpismo y la represión ilegal, digamos que se nota bastante.
El diario La Nación saca hoy una editorial titulada "Derechos Humanos para todos" en la que dice lo siguiente:
"Las condenas del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA han sido un paso adelante contra la impunidad. Pero también hay que reconocer que, mientras tanto, se opta por ignorar y no sancionar a los culpables de las demás víctimas, e incluso las de civiles, totalmente ajenas al conflicto de los años 70. Falta una lucha solidaria e integral por los derechos de todos los involucrados en aquella tragedia de nuestra historia." (la negrita es mía)
Bien podría tratarse de un grito de más justicia. Sería lógico pensar que como dice el subtítulo de la nota "La búsqueda de la verdad y la justicia respecto de lo ocurrido en los años 70 debería realizarse sin ninguna impunidad". No en el momento indicado, pero podría creerse que el periódico de Bartolomé Mitre considera efectivamente que debe juzgarse los crímenes de la dictadura. No obstante, revisando el archivo encontramos otra editorial, esta vez del año 2004:


Decía en esa ocasión el diario:
"Desde esta columna hemos condenado duramente los aberrantes crímenes perpetrados hace más de un cuarto de siglo por los llamados grupos de tareas del gobierno militar en el marco de la llamada represión ilegal. Y hemos afirmado que esos actos delictivos fueron más graves aún que los ejecutados por el terrorismo subversivo, pues provenían de una utilización perversa de las estructuras del Estado. Pero eso no significa que los argentinos debamos dejar de lado el principio de la seguridad jurídica, pilar de toda sociedad organizada sobre la base del respeto a los derechos individuales. La ciudadanía tiene con demasiada frecuencia la sensación de que algunos sectores ideológicos intentan manipular los enfrentamientos del pasado con el fin de capitalizarlos políticamente. Cuanto se haga para desalentar esa clase de maniobras será de inestimable valor para la recuperación del espíritu de unidad y paz social sobre el cual deberá sustentarse el país del futuro." (la negrita es mía)
En ese momento no era una preocupación la impunidad de los crímenes de nadie. En nombre de la "pacificación", bien se los podía dejar pasar. Es más,
La propia declaración del magistrado sobre la necesidad de "desarticular el esquema de impunidad" en el país delata cuánto hay en su pronunciamiento de oportunismo estratégico, en el contexto de una fuerte politización del tema de la revisión judicial de los hechos de violencia de la década del 70.
Se les nota, muchachos. Si pueden, vean el fallo, escuchen el listado de atrocidades comprobadas por la justicia y si les queda algo de estómago, recapaciten acerca de lo que están defendiendo:

lunes, 17 de octubre de 2011

Presupuesto 2012 para la Ciudad (Primera parte): Sopa de nuevo


Es díficil que alguien cambie su forma de actuar cuando lo que hace le da resultados. Por lo menos eso puede constatarse cuando se analiza el proyecto de presupuesto 2012 que envió a la Legislatura de la Ciudad el Jefe de Gobierno recientemente reelecto, Mauricio Macri.
Poco se puede decir más allá de lo que se ha dicho hasta ahora en este blog. Por eso, más allá de que más abajo intentaré respaldar con algunos datos mis afirmaciones, al revisar los números del proyecto y el detalle de su articulado, nos encontramos con la misma política: previsiones de crecimiento e inflación insuficientes para dar cuenta de los recursos que se han de obtener y una inexistente perspectiva de aumentos de gastos (salarios, redeterminaciones de contratos de obra y servicios) incluso sin tener en cuenta la inflación esperada (9.2%).
Acompañan estas previsiones las facultades para mover partidas (libres hacia adentro del mismo inciso y en un 10% del gasto no salarial para el resto, que el macrismo ha utilizado frecuentemente en detrimento de las partidas de gasto social), y una historia de ejecución que también ha afectado negativamente las políticas sociales beneficiando a su vez el gasto en publicidad o el aumento de los créditos destinados a obras menores en el espacio público, por ejemplo.
En este contexto, resulta casi imposible prever si el déficit primario estimado en $ 548.974.246 se va a concretar o si ocurrirá como en los ejercicios anteriores, en los que la cifra presentada difirió en forma considerable respecto de la finalmente verificada en la Cuenta de Inversión respectiva:


De esta forma, poco podemos decir respecto de la evolución de la política de endeudamiento y su impacto en la inversión, aunque no hay elementos para creer que haya un cambio sustancial respecto de la política desarrollada hasta ahora. Si bien no se prevé concretar nuevas operaciones de deuda en el presupuesto enviado, parte de la inversión se sustenta en autorizaciones ya efectuadas, y habrá que ver qué ocurre con la colocación de un bono de u$s 500 millones que entró en un impasse debido a la crisis internacional. Es posible que el presente ejercicio cierre con una fuerte restricción de la inversión combinada con un aumento de la deuda flotante de persistir esta situación. Cabe mencionar, asimismo, que el Ministro de Hacienda anunció la semana pasada ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto que podría intentarse la colocación de un crédito puente.
En todo caso, la única discusión posible es la que terminará dando cuenta de la recaudación real, una vez que el ejecutivo envíe el proyecto de ampliación presupuestaria una vez recorrido parte del 2012, para dar cuenta de esos recursos. En ese contexto, la única pelea de fondo es la relacionada al aumento del ABL, que trataremos en una segunda nota.

Prioridades

Es interesante destacar que con motivo de la tardía aprobación del presupuesto 2011, la pauta de aumentos salariales sí fue incluida en dicho presupuesto, con lo cual quedaron más claras algunas prioridades del Jefe de Gobierno a la hora de contar con mayores recursos. La marcha del presupuesto respecto del presupuesto vigente al segundo trimestre del 2011 (última ejecución presupuestaria disponible, lo que no nos permite alcanzar conclusiones relevantes) permite observar que al igual que en la formulación del presupuesto 2011 la evolución presenta un claro perfil de ganadores y perdedores, que se ha mantenido dentro de lo que podemos llamar una constante de la política del PRO: mientras las áreas de Salud, Desarrollo Social y  Educación crecen en torno al promedio de crecimiento del presupuesto de los distintos ministerios, la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Urbano, de Hacienda y de Desarrollo Económico crecen muy por encima. Ni hablar del impacto del vaciamiento del Instituto de Vivienda en la jurisdicción Jefatura de Gobierno o de la disminución nominal del presupuesto de Cultura.


Párrafo aparte merece el Ministerio de Espacio Público, que parece estar fuera de la regla. No obstante, en la ampliación presupuestaria aprobada el pasado 15 de septiembre, en la que se aprobaron $ 1.200 millones adicionales de presupuesto, el área que conduce Diego Santilli se llevó la parte del león, con un 25,24% del monto total, en gran medida destinada a la gestión de los contratos de recolección de residuos. Es así que se da el fenómeno de que el módico crecimiento de su presupuesto contiene una previsión de $ 1.873.317.663 destinados a la gestión de los contratos de recolección contra un gasto que de acuerdo a la ejecución del segundo trimestre puede estimarse para el año en curso como mínimo en $ 1.800 millones.
Estamos hablando del contrato más importante, que se lleva aproximadamente el 13% del gasto no salarial de la Ciudad de Buenos Aires. El escaso crecimiento porcentual del Ministerio de Espacio Público es explicado claramente por la imprevisión de la evolución futura del costo de la basura.
Más aún, luego de cerrados definitivamente tres ejercicios (2008, 2009 y 2010), se puede observar la evolución porcentual de distintos rubros de gastos y tener más claro el impacto de la política presupuestaria desarrollada:


La evolución del gasto total muestra un porcentaje del 101,17% en 2010 respecto del 2007. Como se puede ver, los contratos de recolección crecen por encima de esa cifra (moderando su crecimiento recién en 2010 luego de dos años de un crecimiento muy por encima del promedio) y casi 9 puntos por encima del promedio del gasto corriente del que son parte.
El rubro publicidad y propaganda podemos ver un altísimo nivel de crecimiento ($ 196 millones contra $ 56 millones en 2007) al punto que ya en el segundo trimestre se encuentra ejecutado su presupuesto casi en su totalidad.
Asimismo, se da una particularidad en el caso del Ministerio de Educación: si tomamos la evolución del Ministerio el promedio no es malo, pero no sucede lo mismo si diferenciamos el gasto vinculado a las transferencias a la educación privada del resto del Ministerio. Es así que mientras el gasto en educación privada aumenta un 121,20 %, el resto de las erogaciones del Ministerio apenas alcanza al 84% de aumento, muy por debajo del promedio, lo que explica la constante disminución de la participación de la educación pública en el total del gasto. También lo explica la bajísima ejecución del presupuesto de infraestructura escolar, por supuesto.
También el Ministerio de Salud tiene una evolución porcentual baja en el ritmo de aumento de gasto, lo que también explica la caída de esa cartera en la participación sobre el total del gasto. La inversión en equipamiento hospitalario ha sido claramente la más perjudicada en este caso.
Muy particular es la evolución de la inversión en vivienda. La propia dinámica de las erogaciones efectuadas a través del Instituto de Vivienda muestra claramente el vaciamiento del mismo, llegando incluso a mostrar cifras que en términos nominales son menores a las de años anteriores.
No obstante, el discurso de la administración PRO ha sido atribuir la baja del presupuesto del Instituto a la distribución de responsabilidades en la materia a través de otras jurisdicciones (el Ministerio de Espacio Público y el de Desarrollo Económico), por los que nos pareció que podía resultar ilustrativo observar la evolución de la función vivienda a lo largo de todo el presupuesto. La diferencia es ínfima. No es negativa en términos nominales, es cierto, pero lo es en términos reales. La inflación entre el 2007 y el 2010 está lejísimos del magro 5,64% de aumento observado.   
La segunda parte de esta nota tratará específicamente sobre el aumento del ABL.Clic acá para ir a la nota.

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