"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales" Bertolt Brecht

martes, 22 de diciembre de 2009

Dos años de Macri



Pequeño video resumen, que se hizo en base a la burda propaganda que el Gobierno de la Ciudad sacó por estos días.

lunes, 21 de diciembre de 2009

La distracción Posse


Tero: Ave sudamericana que se caracteriza por gritar lejos del nido, para distraer enemigos.

Extraña designación la de Posse. O tal vez no. Responde exactamente a la ideología del grueso de los integrantes del macrismo (empezando por su líder) y le permite a Macri congraciarse con el núcleo más duro de sus votantes luego del "tropiezo" del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Lo nombraron al frente del Ministerio de Educación, área en la que la gestión ha sido por demás conflictiva, pero no precisamente por sus dotes de negociador (como diplomático de carrera debería tenerlas).
La primera lectura que parecía surgir de la nota del diario La Nación que desató una fuerte ola de rechazos hacia Posse era que el artículo (que hacía tiempo que el diario lo tenía sin publicar) fue puesta en tapa por influencia del Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio, aún enojado por la decisión del Jefe de Gobierno de permitir una boda Gay justo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta lectura tiene algún asidero en el hecho de que los candidatos a Ministro más ligados a la iglesia (como la Diputada Morales Gorleri) habían sido vetados por Bergoglio, profundamente enojado con Mauricio Macri (algunos hombres de la iglesia vaticinaban por estos días que el episodio del matrimonio había enterrado las chances de Macri de ser candidato presidencial).
Pero hay otra lectura, mucho más preocupante, que es la utilización de la figura de Posse para desviar el eje de la atención lejos del escándalo de las escuchas telefónicas y de los múltiples balances negativos de los dos años de gestión del PRO, algo que buscado o no, está ocurriendo en este mismo momento.
No sé si hay un acuerdo entre los medios y Macri al respecto (estos días el balance de dos años de gestión PRO ha tenido una fuerte presencia en los medios y por lo tanto un considerable gasto), o si incluso hay entendimientos políticos con el Gobierno Nacional para desviar el tema (Página 12 del domingo 20 de diciembre sólo habló de Posse). Lo cierto es que estamos todos enfocados en un tipo que lejos está de cumplir función alguna en el Gobierno de la Ciudad (el decreto 1.106/09 crea una especie de Ministro en las sombras que se ocupa de todos los aspectos de la gestión) y que aparentemente pasa mucho más tiempo de gira por los medios diciendo lo que mucha gente quiere oír en lugar de ocupar su despacho o de visitar las escuelas de la Ciudad.
La discusión ni siquiera parece centrarse en la política educativa de Macri, en los recortes de becas, en los malos sueldos de los maestros o lo que hace con la plata que tiene para construir y reparar establecimientos educativos, razones más que suficientes para cualquier plan de lucha de los docentes, y mucho más importantes que seguirle el circo al bufón de turno.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Veredas, escuelas y hospitales



(clic en la imagen para agrandar)

Dos años de gobierno de Mauricio Macri son toda una invitación a hacer balances. De los muchos que se me ocurren me parece interesante mostrar un cuadro que prácticamente me exime de demasiados análisis.
La gestión del ingeniero ha tenido en materia económica algunos ejes muy notorios: aumento de impuestos, endeudamiento, venta de activos (hace pocos días se vendió al único oferente que participó de la subasta un terreno en Catalinas por $ 95 millones) y déficit. Todos estos recursos deberían sobrarle para cumplir holgadamente con sus promesas.
Ya explicaré con más detalle en una nota próxima por qué se miente cuando se dice que la falta de financiamiento provocada por el Gobierno Nacional fue un obstáculo a la gestión, pero en parte deberíamos dudar del argumento observando el cuadro que encabeza esta nota: podemos ver que en los años 2008 y 2009, a pesar de que los montos votados para infraestructura escolar y hospitalaria por parte de la Legislatura eran individualmente muy superiores a las partidas destinadas a mantenimiento de la vía pública, finalmente se terminó invirtiendo en esto último más del doble que en obras en Salud y Educación (la tendencia en el año en curso da una fuerte impresión de ser irreversible). Lo peor es que para el presupuesto 2010 se envió un proyecto que sincera la decisión: se le otorga más presupuesto al área destinada a arreglar veredas que a Educación y Salud, que ven disminuidos sus presupuestos en forma considerable.
Si sumamos los presupuestos originales para las distintas áreas en el año 2008, encontramos que se preveía invertir $ 765.102.013. Si contamos lo que finalmente se gastó, la cifra alcanza los $ 786.669.378, es decir bastante más.
No hubo un problema de financiamiento ni una falta de recursos. Hubo una clara decisión de priorizar el maquillaje de la Ciudad.

viernes, 20 de noviembre de 2009

Macri y los cambios al Presupuesto 2009 que votó la Legislatura

Cada año, cuando se vota el presupuesto, en la Legislatura se incorpora una planilla al proyecto original del Poder Ejecutivo en el que se cristalizan los cambios acordados entre oficialismo y oposición y que en buena medida permiten que ese presupuesto se apruebe. Esta planilla, que en el Presupuesto 2009 llevó el número 46, contenía para el presente ejercicio asignaciones para distintos programas dentro del Poder Ejecutivo por $ 520.384.087 (también había modificaciones para áreas pertenecientes a otros poderes). De ese monto, Macri recortó usando las facultades de mover partidas que brinda el presupuesto $ 185.212.714, es decir un 35,59% de lo votado por los legisladores y al cierre del tercer trimestre no ha ejecutado aún la suma de $ 258.233.496, es decir un 49,62%.
Si bien resta aún un trimestre, hasta ahora más del 85% de las modificaciones que la Legislatura realizó al presupuesto 2009 han sido ignoradas por el Poder Ejecutivo.

Algunos ejemplos:

Vivienda es una de las áreas más afectadas por los recortes. Por ejemplo, la Legislatura agregó $ 22.141.850 para la operatoria ex AU3 que fueron eliminados en su totalidad por el Ejecutivo. La misma suerte corrieron $ 25.770.428 destinados a Rehabilitación La Boca. Al programa de viviendas colectivas con ahorro previo al que se le había agregado $ 44.252.132 se le recortó casi todo el aumento: $ 41.009.462.
Algunos programas no sufrieron recortes pero la subejecución es muy alta. Para créditos ley 341 la sanción de la ley había sumado $ 71.314.491 de los que resta ejecutar $ 54.027.513. Vivienda Porteña, a la que se había adicionado 23 millones de pesos, sufrió un recorte de $ 5.920.340 y resta ejecutar $ 15.636.626, mientras que de los $ 12.542.270 que la Legislatura añadió al presupuesto para rehabilitación de conjuntos urbanos $ 915.291 fueron suprimidos y el resto aún no se ejecutó.
Por su parte, el presupuesto asignado en el Ministerio de Desarrollo Económico al programa de intervención social en Villas de Emergencia y NHT ($ 10.000.000) fue recortado en $ 2.778.221. El resto directamente no fue ejecutado.
Los programas vinculados a Derechos Humanos también han sufrido bastante con los recortes de Macri. El aumento para asistencia a la víctima ($ 5.651.000) desapareció por completo y el dinero que la Legislatura imputó al pago de obras en el Liceo Naval y en el Parque de la Memoria (poco más de $ 10 millones) también fue cercenado en su totalidad, al igual que el destinando para obras en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado (casi cuatro millones de pesos).
Por su parte, las partidas destinadas a fortalecer el proceso de descentralización también fueron eliminadas casi por completo (Sobre $ 2.300.000 quedaron nada más que $ 100.000, de los que falta ejecutar $ 55.969).
En el Ministerio de Salud, lo que se sumó al Programa de detección precoz del Cáncer Génito Mamario y Enfermedades de Transmisión Sexual, $ 1.200.000 fue totalmente recortado (de lo que ya tenía presupuestado por el Ejecutivo se ejecutó una suma muy pequeña).
Por su parte, en Desarrollo Social, la política de prevención y asistencia de adicciones había obtenido un refuerzo presupuestario de $ 3.800.000. De esa cifra se quitó la suma de $ 1.210.000 y se encuentran pendientes de ejecución $ 2.555.293. No se ejecutó casi nada.
En Cultura, los museos habían recibido un aumento presupuestario de $ 2.100.000 que también fueron totalmente recortados.
En Educación, el Presupuesto asignado para material de difusión de Educación Sexual ($1.000.000) fue recortado en $ 144.506 y el resto no se ejecutó para nada. Destino similar tuvo el presupuesto para capacitar docentes en la misma temática: $ 1.000.000 de los que se suprimió $ 770.000 y resta ejecutarse $ 169.586.
En materia de becas educativas, la Legislatura adicionó un monto muy sustantivo al presupuesto enviado por el Ejecutivo: $ 51.500.000, de los que se amputaron $ 3.665.920 y resta ejecutarse $ 20.001.817.

Es probable que algunas de las áreas logren alguna ejecución en el último trimestre, pero lo cierto en que en muchas de ellas en las que no se recortó todo o casi todo el presupuesto se observan ejecuciones ínfimas o nulas, que hablan a las claras del desinterés del Gobierno de Mauricio Macri respecto de determinadas políticas, algo que en el marco de su gestión económico financiera (ya analizada en forma global en una nota anterior) no debería a esta altura extrañarnos demasiado. Los Diputados de la Ciudad tendrían que limitar seriamente en un futuro las facultades del Ejecutivo para reasignar partidas, tanto en términos de volumen como de políticas públicas potencialmente afectadas.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

¿Volverán a pagar con sal?

La decisión de Mauricio Macri de no apelar el fallo de la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que declaró la inconstitucionalidad del Código Civil respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo todavía confunde a propios y a extraños. Es muy cercana la relación del macrismo con la cúpula de la iglesia católica (muchos dirigentes tienen una estrecha relación con el Cardenal Bergoglio como Gabriela Michetti e incluso hay dirigentes que tienen relación directa con el Vaticano) y ese vínculo se hace patente en las políticas de Macri respecto de temas como la educación sexual y en el fenomenal aumento del gasto en educación privada durante su Gobierno. No existe área de Gobierno en la Ciudad vinculada a los intereses de la iglesia que no tenga funcionarios que respondan al Arzobispo.
Rechazar el fallo y apelar la medida hubiera sido más que consecuente con el núcleo más duro de sus apoyos políticos y con la posición contraria al proyecto que sobre el tema está adoptando el PRO en el Congreso.
Es muy posible que la decisión del Jefe de Gobierno se haya basado en encuestas de opinión. Las encuestas son una parte importante del esquema de decisión PRO, y ante una situación tan delicada como la crisis institucional desatada por las andanzas del grupo de muchachos que Macri puso al frente de la policía, no había mucho margen para tomar una decisión impopular que siguiera afectando su imagen.
No obstante, la reacción de los sectores más conservadores y de la iglesia no se hizo esperar. Ejemplo de ello es la editorial del diario La Nación titulada “Claudicación del Gobierno Porteño”.
Hubiera sido ingenuo pensar que el autor hablaría de la renuncia a diseñar una policía que no tuviera los vicios que las fuerzas de seguridad de nuestro país acuñaron durante décadas (más aún cuando entre los espiados se encuentra Bartolomé Mitre, algo que el único medio que pasó por alto es justamente La Nación). En definitiva, la nota era para criticar la falta de apelación al fallo arriba citado.
Cada vez espero menos de las editoriales de la Nación. Sus discursos, además de jurásicos, muchas veces huyen despavoridos de la realidad, y este no escapa a la regla, por supuesto. Lo interesante es que se repite un argumento esgrimido por Bergoglio a través de un comunicado, que hace referencia a la etimología de la palabra “matrimonio”. La editorial afirma que “ni aun una ley podría alterar la naturaleza de las cosas que impone que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con pretensiones de permanencia en el tiempo, y que no excluya la procreación y la educación de los hijos. Los homosexuales podrán tener sus instituciones particulares, uniones civiles mejoradas o lo que fuese, pero no un matrimonio que hasta etimológicamente requiere de la diversidad de sexos.” El arzobispado, por su parte, afirmó que “La crisis de valores que afecta hoy a nuestra sociedad hace olvidar que el origen mismo de la palabra ‘matrimonio’ se remonta a disposiciones ancestrales del Derecho Romano donde la palabra ‘matrimonium’ se vinculaba al derecho de toda mujer a tener hijos reconocidos expresamente en el seno de la legalidad.
Como se puede ver, los argumentos son muy parecidos (la referencia a la naturaleza de las cosas es tautológica y no merece mayor análisis) pero la pobreza intelectual de la afirmación es insoslayable. Muchísimas palabras que hoy usamos no tienen absolutamente nada que ver con su etimología, y un ejemplo de ello es el salario (etimológicamente la denominación proviene de las bolsitas con sal que se usaban para pagarle a los soldados romanos). ¿O será que para esta gente el sueldo de los trabajadores debería volver a pagarse con bolsitas de sal?

martes, 17 de noviembre de 2009

"Reforma Política CFK": Modernización del Código Electoral (Parte IV de IV)

De los cuatro ejes que conforman el proyecto de reforma política que estamos analizando, lo que se denomina “modernización del Código Electoral” es lo que mejores perspectivas presenta, más allá que dentro del capítulo referido al tema se incluyen algunas modificaciones vinculadas a los temas de publicidad, o que no se avance demasiado en lo que debe ser la capacitación de las autoridades de mesa. Muchas de las modificaciones tienen que ver con la incorporación de tecnología, pero también hay varias que tienen relación con la modificación de algunos aspectos anacrónicos del Código que no se refieren precisamente al uso de plataformas informáticas.
Entre los mencionados anacronismos se encontraba la prohibición de votar a los que, no habiendo sido declarados dementes en juicio, se encontraban recluidos en establecimientos públicos destinados a los mismos. No estaría mal aquí englobar la figura en “incapaces” (el caso de los sordomudos que no se puedan dar a entender por escrito: inc. b, Art. 3º entraría también en esta figura) para que una discapacidad que no haya sido declarada por un juez como un impedimento al ejercicio del voto no permanezca como una forma de discriminación. Esperemos que sea objeto de modificación a tiempo, sino quedará pendiente para el futuro.
Otra antigüedad que tenía el Código era por cierto la diferenciación entre mesas de electores masculinos y femeninos, y que por suerte se va a eliminar de una vez por todas si es que se aprueba esta ley. También se establece un tope para la cantidad de ciudadanos agrupados en cada mesa, lo que puede significar un perjuicio en términos de fiscalización para partidos pequeños, pero esos partidos tienden a desaparecer con el proyecto. El crecimiento de la cantidad de empadronados en las mesas llevó a muchísimos problemas en la elección de 2007 (había 450 por mesa), lo que generó demoras, colas, mal humor y gente que finalmente desistió de votar (además de especulaciones respecto de maniobras para robar boletas), y esos problemas prácticamente desaparecieron con la disminución a 380 de la cantidad de ciudadanos por unidad de votación en 2009. Con el nuevo tope de 350 empadronados por mesa, votar volverá a ser algo más sencillo para todos (sobre todo en la elección general, con pocos partidos).
Por su parte, se actualiza el tema de las secciones electorales incluyendo como tales a las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires (algo que también necesitaba actualización), y en cuanto al uso de tecnología, se incorpora el uso de registros informatizados en lugar de los tradicionales ficheros de papel (aunque con buen tino la Cámara Nacional Electoral se quedará con constancias documentales de los registros informáticos) y se garantiza a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el acceso al Registro de Electores, lo que permitirá que los distritos que así lo deseen puedan avanzar en la confección de padrones propios.
Tal vez queda pendiente hacer en este caso una modificación que se plantea en la primera nota respecto de la utilización de una boleta única. En un panorama de pocos partidos, y por lo menos para la elección general, debería analizarse seriamente su implementación y el suministro por parte del Estado.
Como se habrá visto, el balance del proyecto presenta todo tipo de aristas, pero en general las cuestiones negativas sobresalen un poco por sobre el resto. No hay que olvidar que se trata de una iniciativa que aborda muchos temas y que posiblemente se podría avanzar en buenas reformas si el oficialismo tuviera intención de buscar consenso en lugar de ver como se alcanza la ajustada mayoría de 129 Diputados.
Esperemos que sea así, aunque se ve difícil. En estas horas se están haciendo algunas modificaciones para obtener dictamen que parecen básicamente apuntar a suavizar los requisitos que permiten la subsistencia de los partidos, pero es necesario mejorar en muchos otros aspectos este proyecto.

"Reforma Política CFK": Financiamiento y Campañas (Parte III de IV)

Es difícil pensar en mejorar algo sin invertir en ello. No necesariamente se trata de dinero, puede ser esfuerzo físico o mental, tal vez tiempo.
Cuando se trata de políticas públicas es imposible creer que se puede asignar menos recursos económicos a mejorar la calidad de algún servicio prestado por el Estado. Es así que a nadie se le ocurriría proponer mejorar la educación, la salud o la defensa nacional a través de una reducción de su presupuesto.
No obstante, con la política parece ocurrir lo contrario. Parte de la crisis de representación ha tenido como resultado y se alimenta a la vez de la extensión de un discurso que pretende mejorar la política a través de la reducción del gasto que la misma genera (aunque en la práctica el costo puede ser mucho mayor). Se cree que con políticos mal pagos, con pocos recursos para capacitación y reduciendo las posibilidades de que los dirigentes honestos puedan contar con fondos para hacer campaña se puede mejorar la calidad de la representación.
Sin quererlo o decididamente a propósito, se genera el ambiente para que haya dos clases de políticos: los ricos y los que roban (categorías para nada excluyentes, por cierto y sobre todo con demasiados ejemplos a la vista). Profundizar este modelo sólo puede hacernos recaer en el fracaso y la frustración que nos tienen como abonados.
Cualquier reforma política seria debería encarar la cuestión del financiamiento desde dos premisas: que sea suficiente para sostener el funcionamiento constante de estructuras partidarias que generen políticos formados y que les permita discutir públicamente su agenda de propuestas en condiciones de igualdad y sin condicionamientos del lado de quienes ponen dinero para las campañas.
Dicho de otra forma, habría que dar el debate para la eliminación del financiamiento privado (dado que se trata de una inversión la tasa de retorno de la misma siempre es en perjuicio de la sociedad) y habría que trabajar sobre las condiciones para que los partidos políticos cuenten con los fondos necesarios para capacitación y para el planteo constante de propuestas alternativas de gobierno.
Lejos de estos ejes, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional trabaja sólo respecto del financiamiento de las campañas electorales y reduce la duración de las mismas. El análisis de cada una de las medidas que instaura el proyecto deja la sensación de que no sólo se trata de la parte peor trabajada del mismo, sino que además sus consecuencias se pueden prever como las más perniciosas.
No se trata de relativizar los efectos de las modificaciones a las cuestiones vinculadas con la personería de los partidos y las condiciones de presentación de los candidatos, temas sobre los que también se realiza una crítica, pero en ambos casos existe un margen de mejora sustancial que no reduzca el sistema político a un bipartidismo por la fuerza (de hecho es probable que se negocien ciertas mejoras en el Parlamento). El problema es que definitivamente el tema de campañas y financiamiento está mal encarado (o encarado en beneficio del Gobierno, lo que da igual) y no parece haber margen razonable para mejorar su redacción.
En lo que hace puntualmente a las modificaciones, se ha dado cierta publicidad a la eliminación del financiamiento privado a través personas de existencia ideal. En realidad, en la forma en que está abordado este tema no es más que maquillaje. Si partimos del hecho de que las campañas salen muchísimo más caras de lo que se rinde al final de las mismas (por lo menos en los casos de los candidatos con más chances), que en los informes de campañas es común que haya prestanombres, como ya ha sido demostrado en un sonado caso judicial, y que existe infinidad de formas de financiar una campaña sin que queden registros de los gastos, la modificación que se propone sólo sirve para que desaparezca el incentivo que algunas empresas tienen de figurar en las rendiciones de cuentas para obtener desgravaciones impositivas. Otro resultado es muy difícil de encontrar.
Como muestra de la poca efectividad de la medida, cabe mencionar que en la última rendición de ingresos de campaña del macrismo aparecen entre los aportantes varios Caputo (entre ellos uno que se llama igual que el dueño de la constructora que lleva ese apellido). Habría que ser demasiado ingenuos para desvincular los intereses personales de esta gente de los muchos intereses que la empresa constructora tiene en contratos que presta o puede prestar en el futuro.
De todas maneras, es muy importante destacar que la tendencia que han mostrado las mayores restricciones de gastos de campaña (entre ellas la falta de actualización respecto de la inflación de los aportes públicos que en la práctica opera como una disminución de los mismos) han fortalecido a los candidatos con mayor capacidad de compra de espacios televisivos, y no me refiero exactamente a los spots de campaña. Muy a pesar de lo que parece atacar el proyecto de ley, es difícil creer que la fortaleza de la campaña de De Narváez haya radicado en las propagandas partidarias en lugar de la popularidad que el imitador del programa de Marcelo Tinelli le aseguró. Si De Narváez pagó por ello no quedó registrado en ninguna parte, y por supuesto que a la credibilidad de Tinelli no le convendría blanquear eso ni aún en el caso en que el candidato lo quiera hacer.
Más aún, la posibilidad de comprar espacios como invitado en programas periodísticos a través del pago con publicidad de empresas por el “servicio” es algo imposible de frenar con este proyecto (más bien lo alienta), y es algo de lo que también se valen mucho los gobiernos a través de la publicidad oficial.
El proyecto avanza en la prohibición de la contratación de publicidad de campaña a través de los medios de comunicación audiovisual, estableciendo sanciones para los partidos (pérdida de aportes futuros) y para los medios (pérdida de licencias). Este aspecto de la reforma es interesante pero presenta dos interrogantes muy fuertes: el primero es respecto a la cantidad de espacio que recibirán los partidos (se garantiza un piso de sólo ocho emisiones en horario central en toda la campaña a todos los partidos, y además sin especificar un piso para la cantidad de tiempo) y la sanción, si no fuera por la que reciben los medios de comunicación, hay que medirla en función de lo que los fondos públicos pueden representar para una campaña. Si nos guiamos por lo que ha sido el reparto de espacios gratuitos en las ultimas elecciones, es difícil poder esperar mucho, a pesar de que la ley establece que las emisoras deben destinar el 10% de su programación. Dado que su reglamentación queda en manos del Gobierno de turno, posiblemente siga siendo muy poco.
Por su parte, la sanción de pérdida del dinero público puede tener escasa significación si el aporte no es sustancioso. Dado que la ley modifica la relación de gastos empleando el término “módulos” en lugar de “pesos”, será también aquí el Poder Ejecutivo el que decida cuánto vale un módulo y por lo tanto cuánto se aporta. Un candidato con mucho caudal de aportes privados bien puede darse el lujo de violar reiteradas veces la ley si no le importa carecer del aporte estatal.
Otros dos temas en los que avanza la reforma son la definición de las actividades de campaña y el tema de la difusión de encuestas de opinión. El primero de ellos define una serie de actividades (prácticamente todo lo que se puede hacer dentro de una campaña) siempre y cuando sean realizadas “durante el periodo establecido para la realización de la campaña” (¿será que fuera de ese periodo no lo son?). Cabe mencionar que en la forma en que está redactado el artículo 70º de la propuesta casi todo lo que hace un político (sobre todo cuando está en la oposición) se puede considerar campaña y violación de la ley. Da la impresión de que no se entiende demasiado que la actividad permanente de los políticos tiene que ver con la intención de "captar la voluntad política del electorado" porque así se construye poder y apoyo para concretar ideas.
El segundo establece la creación de un registro de encuestadores, el establecimiento de una serie de requisitos para publicar una encuesta y la prohibición de publicarlas dentro de los quince días previos a una elección. Lo más extraño de esta propuesta es que la sanción para los encuestadores que no cumplan con las obligaciones que establece la ley es la pérdida de su inscripción en el registro y no existe sanción para quienes publiquen encuestas fuera de lo establecido por la ley (la sanción en este caso es también para el encuestador). No existe ninguna razón para inscribirse en un registro si no existe sanción para un tercero que publique las encuestas de quienes no cumplen la ley y si la sanción para el encuestador es quedar fuera del registro.
Este último punto muestra la poca profundidad y calidad del trabajo respecto de un tema muy importante como es el financiamiento de las campañas. Lo que queda claro de la propuesta es que se profundiza un esquema de financiamiento en negro de la política a través de la compra de periodistas y comunicadores de todo estilo y sobre todo de mucho rating. La limitación de la publicidad oficial solamente prohíbe “contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”, algo que más o menos significa que el spot no puede decir algo tan burdo como “vote a tal”.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

"Reforma Política CFK": Internas Abiertas (Parte II de IV)

En la primera nota de las cuatro que componen este análisis del proyecto de modificaciones a las normas electorales enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Parlamento, mencionábamos que uno de los cuatro ejes del mismo trataba sobre las condiciones para que los partidos puedan presentar candidatos. La fórmula elegida es un sistema denominado "PASO": Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias."
Uno de los costados del esquema es que la convocatoria a internas se realiza en función de la fecha que fije el Poder Ejecutivo para las elecciones generales (Presidente y/o Senadores y/o Diputados), un aspecto en el que se retrocedió en 2009 luego de eliminarse la fecha fija para las elecciones de cada año electoral y regresar al sistema de llamado en función de los intereses del Poder Ejecutivo. Como en este caso la elección primaria debe realizarse entre 60 y 90 días antes de la elección general los partidos (sobre todo los nuevos) quedan presos de las posibles maniobras de quienes tengan a su cargo la administración del Estado Nacional. Nada mal estaría que en todo caso se vuelva a establecer una fecha fija para las elecciones cada dos años, fijando en todo caso también una fecha para la realización de internas, y que las reglas de juego sean las mismas para todos, especialmente con los problemas que los diferentes partidos y candidatos enfrentarán en 2011 si es que se avanza en esta reforma.
Cabe destacar que las internas son obligatorias no sólo para los votantes, sino también para todos los partidos, incluidos aquellos que presenten una única lista. El sistema de votación será el mismo que en las elecciones generales, con la particularidad de que en el cuarto oscuro los electores tendrán a su disposición boletas de todos los candidatos de la totalidad de las agrupaciones políticas (partidos, alianzas, confederaciones) que se presenten.
Además, los candidatos que deseen participar de las internas deberán presentar adherentes en la forma en que lo establezca "cada Carta Orgánica Partidaria o Reglamento de Alianza Electoral", con un piso aproximado de 28.000 en el caso de candidatos a Presidente y Vice (uno por mil del padrón nacional repartidos en al menos cinco distritos) y del dos por mil hasta un millón (dos mil en los distritos más poblados) para la presentación de precandidaturas a Senadores y Diputados.
De los fundamentos del proyecto surge que esta forma de elección de candidatos "implica por una parte que el electorado se involucre y, por otra, imprime de mayor representatividad y legitimidad a los precandidatos electos por cada agrupación política". Verdaderamente es bastante opinable esta afirmación, básicamente porque la experiencia reciente de intentar obligar a los partidos a realizar internas abiertas tuvo exactamente el efecto contrario: la mayoría las abandonó por completo.
Es posible así que los partidos exijan en sus cartas orgánicas que los avales provengan de afiliados al partido, algo que podría reducir enormemente las chances de que exista competencia interna, pero más allá de eso es muy importante pensar si este mecanismo fortalece a los partidos o los debilita. Nadie podría negar que un mayor caudal de votos en la interna puede dar mayor sustento a una candidatura, pero el rol de los afiliados (requisto que para la ley ni siquiera es obligatorio si se desea ser candidato) disminuye notablemente, y las candidaturas han de surgir ya no de quienes mejor representan a un partido, sino del resto de la sociedad, algo que claramente juega a favor de quienes puedan tener mayor exposición mediática.
Tal vez sea mejor expresarlo con un ejemplo: cuando se formó la denominada Alianza, Fernando De la Rúa no tenía mayoría dentro de su propio partido (aunque las encuestas lo mostraban como el mejor candidato que la UCR podía presentar si quería competir en serio por la presidencia) y para nada su estilo bastante conservador congeniaba con el perfil que durante mucho tiempo había mostrado el Frepaso en cuanto a su construcción política. No obstante ello, a través de internas abiertas se lo convirtió en el candidato de dos fuerzas políticas que poco a poco lo fueron abandonando una vez que ya en el cargo el rumbo de la política se alejó de lo que la Alianza suponía representar.
Es seguramente mi punto de vista y puede no ser compartido, pero considero mejor para fortalecer los partidos brindar elementos para que crezca su actividad interna (el financiamiento para la actividad permanente de los partidos es casi inexistente, al menos la parte que se hace en blanco desde el Estado), y alentar el involucramiento de los ciudadanos a través de la afiliación y la participación dentro de los partidos, y no haciendo exactamente lo contrario. Más aún, si un candidato gana una interna abierta cuando la hubiera perdido en caso de ser cerrada, su fracaso en la gestión será una carga inmerecida para el partido así como ocurriría lo contrario con su éxito.
También habría que analizar con mayor detenimiento este objetivo de "involucrar" a los ciudadanos a través de la obligación de votar en internas. Cuesta creer que los argentinos seamos un poco más propensos a hacernos cargo de lo que elegimos por estar obligados a votar en las internas de los partidos, sobre todo cuando no lo hacemos ahora que en las elecciones generales el universo de candidatos y partidos tiende al infinito y hay para todos los gustos.
Un último aspecto de la Reforma es que se exige un piso de votos del 3% (se suma a estos efectos los votos de todas las líneas internas de cada agrupación) sobre el total de los votos válidos de las PASO para que una precandidatura sea proclamada, un requisito que seguramente barrerá con buena parte de los partidos pequeños ya en las elecciones internas y que parece demasiado alto (tal vez sería más razonable un porcentaje cercano al 1%). Puede incluso ocurrir que un candidato a presidente se quede afuera habiendo sacado el 2,9% de los votos con una lista única y que un partido que lleve diez candidatos que entre todos apenas superen el 3% logre proclamar a uno de ellos a pesar de que saque un 1,2%, por ejemplo.
Más allá de este detalle, es destacable tener en cuenta que de todas maneras con este sistema sería más que razonable incorporar la boleta única a la elección general, habida cuenta el reducido número de opciones que han de quedar para la misma.

martes, 10 de noviembre de 2009

"Reforma Política CFK": Reconocimiento y subsistencia de los Partidos (Parte I de IV)

El proyecto de “Reforma Política” (sí, entre comillas) enviado por el Gobierno Nacional al Congreso lleva el pomposo nombre de “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”. Esta forma de titular tan PRO no debería evitarnos la lectura del proyecto sino todo lo contrario, y mucho menos aventurar juicios acerca de su contenido.
Es probable que todos coincidamos en la necesidad de alcanzar los objetivos que plantea el título de la ley propuesta, pero lo que se escribe plantea una serie de interrogantes.
Según los fundamentos del proyecto, el resultado de la aplicación de la nueva ley será que “los partidos recuperarán el rol de protagonistas del debate y las políticas públicas” y vamos a “volver a contar con partidos sólidos y representativos”. Es importante que tengamos en cuenta esos dos horizontes en nuestro análisis.
El texto trabaja sobre cuatro ejes: los requisitos para la obtención y el sostenimiento de la personería de los partidos, las condiciones para la proclamación de candidatos, el financiamiento de las campañas electorales y lo que se denomina (en buena medida lo es) la modernización del Código Electoral.
Respecto del primero de ellos, cualquier diagnóstico serio permite llegar a la conclusión de que hay un excesivo número de partidos si tenemos en cuenta que, según datos del propio proyecto, existen en la actualidad 685 partidos, y 33 de ellos son de orden nacional.
No está mal en principio que haya variedad, pero lo cierto es que un gran número de agrupaciones son sólo sellos de goma: partidos que conservan su personería aún sin contar con afiliados ni vida partidaria alguna, pero que son útiles a quienes se dedican al transfuguismo y necesitan de vez en cuando “alquilar” la habilitación para participar en una elección sin tener partido propio.
El primer cambio importante que introduce la ley (art. 1º) es la eliminación del reconocimiento provisorio (aunque con un texto bastante malo) reemplazando los avales (firmas que no implicaban compromiso alguno ni afiliación al nuevo partido) por afiliaciones y elevando el piso de afiliados del cuatro por mil (hasta un millón de habitantes) al cinco por mil (también con el tope de un millón).
La eliminación del reconocimiento provisorio y el aumento de la cantidad de afiliados necesarios para formar un nuevo partido es una medida muy fuerte que seguramente generará un obstáculo muy grande a la formación de nuevos partidos, pero no es necesariamente mala. Juntar firmas de gente que puede no tener ningún interés en que un partido exista no es algo demasiado razonable, y además el sistema de planillas (una copia se la queda el partido) se prestaba demasiado a que exista un “mercado” de compra y venta de las mismas. Era muy llamativo encontrarse con el hecho de que muchos partidos no sólo no lograran la cantidad de afiliados necesarios para obtener el reconocimiento definitivo sino que muchos de ellos no pudieran hacerlo a pesar de haber tenido buenas performances electorales.
De todas formas, el piso de afiliados parece sumamente alto, y obtenerlos previamente a una elección parece casi imposible. Tal vez se podría seguir otorgando el reconocimiento provisorio, pero sobre una base menor de afiliados (el 50% o el 70%, por ejemplo).
Un punto que también es necesario analizar es la forma en que se afilian los ciudadanos. El sistema ha dado lugar a una innumerable cantidad de irregularidades que no tienen casi nunca castigo, y que tienen que ver también con la compra y venta de afiliaciones y el procedimiento (gravoso para quien es afiliado incorrectamente) para rechazarlas. Este tema, que tiene que ver con la propuesta de hacer caducar a todas las afiliaciones (algo que me parece por cierto muy exagerado y que por suerte no está en el proyecto), tiene mucho que ver con la transparencia y no es abordado para nada en la propuesta del Ejecutivo Nacional.
Los partidos tienen la obligación de contar con encargados de constatar la veracidad de las afiliaciones, pero en concreto si alguien aparece con un documento falso o brinda datos que no le pertenecen es difícil imputar a quien pone su firma por ello. En la práctica, casi no hay condenas por afiliar a ciudadanos fallecidos, por ejemplo.
Habría que trabajar algunas variantes para que los partidos puedan afiliar ciudadanos con un poco más de control, como por ejemplo a través de escribanos o abriendo oficinas en los barrios que dependan de la justicia electoral. Es un tema para trabajar más profundamente, pero muy necesario.
Otro de los requisitos que introduce el proyecto, y en este caso para los partidos nacionales, es el de contar con un piso del cinco por mil en al menos cinco distritos, condición a la que se agrega la obligación de que el total de afiliados en el país alcance el 1% del padrón nacional, lo que da una cifra cercana a 28.000 afiliados. Según los fundamentos del proyecto, sólo 7 de los 33 partidos nacionales alcanzan hoy el piso del 4 por mil en por lo menos 5 distritos, y habría que ver cuántos de esos 7 alcanzan los nuevos requisitos. Esta es básicamente la razón por la que se cree que el PJ y la UCR serán los principales beneficiarios de la ley.
Lo más complicado del texto es que el piso de afiliados que se establece es uno de los requisitos que se incorpora a la ley de partidos políticos para conservar la personería, lo que seguramente eliminará a la mayoría de los partidos ya existentes. A esto se añade la elevación del piso de votos necesarios en al menos una de dos elecciones: del dos al tres por ciento del padrón (nótese que al ser sobre los empadronados, teniendo en cuenta que vota cerca del 75% de los mismos, la cifra se eleva a aproximadamente un 4% de los votos).
El esquema diseñado por el proyecto dificulta pensar en más de cinco partidos nacionales, y lo mismo ocurre en cada distrito, donde es probable que los partidos locales tampoco puedan sostenerse frente a los nacionales por las exigencias en términos de votos.
Este diseño tiene algunas cosas positivas, ya que se elimina a los denominados sellos de goma y posiblemente los partidos sean más fuertes, aunque no necesariamente más representativos. El gran problema podría ser que buena parte de la sociedad no se encuentre representada en esos pocos partidos.
Es muy difícil pensar a futuro un nuevo sistema político que gire en torno a lo viejo. La gran pregunta es si la salida a la crisis de representatividad la pueden dar dos partidos que pueden dar a luz presidentes tan disímiles como Menem y Kirchner o como Alfonsín y De La Rúa. También es probable que se genere alguna fuerza de centroizquierda y otra de centroderecha que aglutinen votos en torno a una ideología y no tanto en función de la gestión de intereses que pueden variar según quienes ejercen el rol de líderes de los partidos tradicionales. La experiencia uruguaya del Frente Amplio nos muestra la posibilidad de que un partido que construya desde otra lógica pueda desplazar opciones tradicionales.
Tener una democracia de corporaciones como en Estados Unidos o una democracia de partidos políticos como en Europa debería preocuparnos muchísimo más que la forma de contener al peronismo bajo la tutela de Kirchner, pero el resultado no creo que esté cerrado, o al menos tengo la esperanza de ello.

jueves, 5 de noviembre de 2009

Macri "Precidente"


Clic en la imagen para agrandar

Interesante descubrir las aspiraciones de "precidir" de Mauricio. En esta página de flickr en la que se reconoce como autor (al link se llega a través de la página de PRO), nuestro Jefe de Gobierno informa que "precidió" una ceremonia de designación de Ciudadano Ilustre al matemático israelí Yisrael Robert John Aumann.
Parece obvio lo de la falta de ortografía. Lo que no es tan obvio es lo que dice la Ley 578, de Reconocimientos y Distinciones de la Ciudad, en su artículo 5º:
Artículo 5º.-Ciudadano/a Ilustre.La distinción de Ciudadano/a ilustre de la Ciudad de Buenos Aires será otorgada mediante ley de la Legislatura, aprobada por los dos tercios de los miembros del cuerpo. Sólo podrán ser otorgadas un máximo de diez (10) distinciones anuales.
Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en la Ciudad de Buenos Aires o que hayan residido en ella durante 10 años como mínimo y que se hayan destacado por la obra y la trayectoria desarrollada en el campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa de los derechos sostenidos por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La distinción consistirá en una medalla de oro alusiva en cuyo reverso llevará impreso el Escudo Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y un Diploma de Honor que la acredite y será otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en la "Semana de Buenos Aires.(Conforme texto Art. 2º de la Ley Nº 1173, BOCBA Nº 1832 del 04/12/2003)

El muchacho no parece reunir las condiciones para ser declarado Ciudadano Ilustre y por cierto jamás se presentó proyecto alguno en la Legislatura para designarlo como tal...

lunes, 2 de noviembre de 2009

El fútbol y la televisión pública


Podría hacer una larga lista de medidas tomadas por el Gobierno que comparto. Por supuesto que también tengo críticas, pero entre estas últimas debo decir que lo que menos me gusta es el empeño que se pone algunas veces para caricaturizar algunas buenas decisiones.
Dicho de otro modo, si se convierte una puja por un par de puntos de derecho de exportación adicionales al comercio de soja en la lucha por la reforma agraria, probablemente se termine retrocediendo, además de abrir el camino para un fuerte retroceso en la implementación de políticas redistributivas.
¿Cabe alguna duda de que el próximo gobierno va a reducir fuertemente las retenciones y va a volver al camino del endeudamiento para cubrir ese agujero fiscal? Fue esta administración la que logró que la discusión sobre el nivel de derechos de exportación se convierta en una discusión sobre su subsistencia como política tributaria.
Cuando estaba a punto de resolverse la rescisión del contrato entre la AFA y el Grupo Clarín me permití opinar algunas cosas sobre el tema, y me pareció lógico apoyar abiertamente la posibilidad de que la televisión pública se haga con los derechos de transmisión.
Van casi tres meses desde que se produjeron los cambios, y me parece que hay algunos temas que merecen un análisis detallado.
En primer lugar, me preocupa especialmente que las transmisiones de los partidos de fútbol se hagan casi exclusivamente con publicidad oficial. No me parece del todo mal que dicha publicidad se quiera emitir cuando se pasan partidos de fútbol (al fin y al cabo tienen una buena cantidad de rating garantizado), pero que sólo podamos ver los logros del gobierno no sólo es bastante burdo, sino además muy costoso.
Habría que empezar por hacerle entender a los cerebros a cargo de tamaña decisión que la gente no mira la televisión pública para ver la propaganda del Gobierno sino para ver buenas programaciones, que por cierto las tiene (Visión 7 Internacional, Capusotto, Ciega a citas, etc.) y que el bombardeo de spots sobre logros de gestión aburre y cansa. Es fantástico que se tenga la decisión de terminar Atucha II, y será bueno que se concrete la promesa, pero el mensaje de "estamos contentos" que se puede ver en esta y otras propagandas de esta administración es tan torpe como decorar todos los días la tapa de tu diario con malas noticias porque ves afectados tus negocios por las decisiones del Gobierno.
La otra cara del problema es que se da parte de la razón a quienes hablaron de la "estatización" del fútbol y opinaron respecto de destinos mejores para los dineros públicos. No hace falta convertir al fútbol en un gasto para el Estado cuando puede ser un buen negocio. Lo que se está haciendo en buena medida servirá de excusa en el futuro para que el Estado pierda una buena fuente de ingresos como la que pueden generar estas transmisiones.


PD: Encima cambiamos a Fernando Niembro por Marcelo Araujo, uf...

miércoles, 21 de octubre de 2009

Asco



La imagen que se puede ver (haciendo clic sobre ella se puede hacerlo en tamaño natural), muestra algunos de los comentarios que los foristas del diario La Nación (el "goriforo" según uno de los que escriben ahí) hicieron a la publicación de un reportaje a Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA. El comentario de más arriba es antisemita y xenófobo (como muchos), y tuvo nada menos que 22 votos a favor!!!!
Mientras, el diario no se hace cargo y permite que se discrimine de todas las formas posibles, que se manche el nombre de cualquiera y que se diga cualquier estupidez.
Es inexplicable que los medios pongan su nombre a este tipo de comentarios (casi siempre anónimos) y que no tengan ninguna responsabilidad en ello. Que en algún momento los puedan moderar o eliminar (este llevaba ya una hora de publicado y había sido leído al menos por 31 personas) no es excusa para brindar espacio a este tipo de expresiones.

martes, 20 de octubre de 2009

Obras en escuelas: Haciendo cada vez menos en Buenos Aires



Imagen: Spot publicitario del Gobierno de la Ciudad (www.buenosaires.gov.ar)

La discusión sobre políticas públicas se puede hacer cotejando datos o a través de impresiones. Para cotejar datos se requieren fuentes confiables y colectar cifras que sean útiles a los fines que se persiguen.
Cuando no existen estadísticas serias y actualizadas (da mucha vergüenza lo que sucede con el Instituto Nacional de Estadística y Censos), cuando no se cuenta con series de datos que permitan dar contexto a las cifras, la discusión sobre políticas públicas pasa a depender de opiniones, y por sobre todo de quienes las forman y difunden.
Si los medios de comunicación se utilizan para difundir lo que el aparato publicitario de un Gobierno quiere o si desean hacer todo lo contrario en defensa de sus intereses como empresas, será difícil confrontar la opinión publicada sin contar con buenos datos estadísticos.
En estos días en los que un escándalo sobre espionaje a dirigentes opositores se encuentra en plena ebullición en la Ciudad, es llamativo comparar la cobertura de los distintos medios masivos de comunicación: mientras algunos publican avances a diario y llevan a la primera plana el asunto, otros le han dado cobertura mínima al tema, como si no tuviera importancia. Sin duda no es lo mismo que mientras un día la nota es tapa de un diario, otro periódico se dedica a informar sobre las molestias que ocasiona la caca de los perros en un barrio de la Ciudad.
Es así que sometidos a la confusión informativa y a la mentira habitual, los ciudadanos ejercen su derecho a votar sin contar con información adecuada y la democracia se deteriora.
Las campañas publicitarias, y en general las declaraciones públicas de los miembros del Gobierno de la Ciudad, tienen la particularidad de brindar muchas cifras sobre obras y gasto público, pero casi nunca se toman en contexto. Se utilizan las cifras sobre inversión pública a valores nominales para compararlas con años anteriores y se subraya el crecimiento del gasto, cuando muchas veces la comparación a valores constantes obligaría a concluir lo contrario de lo que se desea comunicar.
Otras veces se hacen afirmaciones del tipo "se dieron 24.700 soluciones en materia de alumbrado público", lo que incluye desde colocación de nuevos postes de luz al cambio de una lamparita, todo por igual. Además, si bien la cifra puede sonar a muchísimo, hay que ver de qué periodo de tiempo se está hablando y cuánto se acostumbraba hacer en periodos similares durante otros años. Es decir, podría ser verdad que se hizo más que nunca, podría ser perfectamente lo contrario.
Cuando hablamos de infraestructura escolar, encontramos el mismo patrón de comunicación: cifras que no dicen nada. Por eso me tomé el trabajo de analizar la ejecución presupuestaria en materia de infraestructura escolar y compararla con años anteriores.
La primera sorpresa que me encontré, a pesar de las declaraciones y del presupuesto supuestamente record en infraestructura escolar para el año 2008 (algo que fue parte del discurso PRO incluso durante la última campaña electoral), es que tomando el periodo 2003-2008 (lamentablemente no cuento con los datos de años anteriores) el porcentaje de ejecución del presupuesto fue por lejos el más bajo: 56,93%. Había sido del 65,42% en 2003, 66,16% en 2004, 92.8% en 2005, de un sorprendente 130,62% en 2006, y del 86,54% en 2007.
Por otra parte, la ejecución presupuestaria al segundo trimestre de 2009 (últimos datos suministrados por el Gobierno de la Ciudad) es en el rubro construcciones de apenas el 17,46%. En este caso, con un presupuesto para infraestructura escolar substancialmente menor (en términos reales y nominales) al presupuesto del año anterior, a pesar de que este año podemos esperar una tasa de inflación superior al 15%.
O sea, nada parece indicar que deseen cambiar la tendencia. Por eso es difícil creer el argumento de que la venta de terrenos de la zona de Catalinas Norte, que la semana pasada se votó en segunda lectura con las mismas mayorías que en la primera votación se va a destinar a mejorar la infraestructura escolar.
Lo más preocupante es que el presupuesto que el Poder Ejecutivo de la Ciudad envía para el año 2010 es mucho menor al que se envió para los años 2008 y 2009: apenas $ 145.293.903. Aún si se ejecutara este presupuesto en su totalidad, en términos reales la inversión sería por lejos la más baja de los últimos 8 años (sólo podría ser peor en 2009 si la ejecución en el segundo semestre fuera un desastre de proporciones bíblicas).
Claramente la educación pública no forma parte de las prioridades de esta administración.

sábado, 10 de octubre de 2009

Veletas


Imagen: Edición web de Clarín, 16 de julio de 2008

Una veleta es un dispositivo que marca la dirección del viento, y muchas veces los argentinos asumimos nuestra posición en función de la dirección del viento que dicta la opinión publicada en los medios masivos de comunicación.
No estaría nada mal que comencemos por hacernos cargo de ello, educando a nuestros hijos y a nosotros mismos en el hábito de leer aún a aquellos que representan las ideas menos afines a las nuestras.
Eso en dictadura es casi imposible hacerlo. Las dictaduras hacen todo lo que tienen a mano para impedir el pensamiento crítico: matar, secuestrar, torturar, sacar Decretos - Ley.
Cuando los legados normativos de esas dictaduras permiten que unos pocos decidan qué leemos todos, la democracia es casi una caricatura de sí misma. Todos sabemos que en la Argentina existe un grupo de medios que puede decidir si alguien es presidente, o si alguien definitivamente no lo va a ser. Ni hablar de cargos menores.
En el debate por la nueva ley de medios el principal exponente de la oposición lejos estuvo de los bloques políticos que integran el senado. El mayor conglomerado de medios del país, el Grupo Clarín, asumió sin tapujos el rol de opositor atacando desde todos los frentes al Gobierno y ocultando cualquier chanchullo de los dirigentes de la oposición (en especial uno de espías en el que también podría estar involucrado el multimedio).
Muchos de los elementos de presión fueron utilizados ya en la votación respecto del nivel de derechos de exportación (más comunmente conocidos con el nombre de retenciones). En especial, incinerar públicamente a cualquier legislador que pudiese mostrar un cambio en su posición (sólo en el caso de quienes votaran a favor de la ley, claro), aunque luego de la votación sobre la Resolución 125 no pareció algo a resaltar negativamente respecto de la conducta del propio vicepresidente de la Nación, que votó en contra del gobierno que integra.
Además, la votación en general de la ley salió 44 a 24, algo que difícilmente pueda atribuirse a casos de transfuguismo.
Lo que más me preocupa, de todas formas, es el permanente intento de juzgar la actuación de las instituciones (el Senado, la Cámara de Diputados, la Justicia) en función del resultado. Esto es, si el Senado votó en contra de mis intereses o de mis convicciones, poco menos que habría que cerrarlo.
Por eso me parece importante recordar la encuesta que publicaba Clarín en días triunfales. Ese mismo Senado, con sus mismos integrantes, cumplía un rol "beneficioso para la democracia" según el 93,4% de los encuestados (nada menos que 123.268 personas, y pensar que con 600 encuestados se puede vaticinar el resultado de una elección...).
Hoy lo volvió a cumplir. La aprobación de la nueva ley de medios es un paso importantísimo para que exista pluralidad de información, aunque en su implementación el camino va a ser arduo, y el Gobierno tiene una enorme responsabilidad respecto de quienes apoyaron esta norma desde años de lucha y esfuerzo frente a las grandes corporaciones y sus cómplices.

viernes, 2 de octubre de 2009

Prioridades en materia de educación



En una nota que escribí en junio detallé cómo se venía reduciendo la participación de Educación en el gasto de la administración de la Ciudad desde que asumió Macri. Acompañé el texto con un gráfico en el que mostraba la fuerte suba de la incidencia de las transferencias a escuelas privadas.
Con la llegada del proyecto de presupuesto 2010 a la Legislatura, noté que las estimaciones para el 2009 se vienen quedando cortas, y es posible que Macri logre en 2010 que de cada cinco pesos que la Ciudad destina a Educación, uno se transfiera directamente a las escuelas de gestión privada.
Si tomamos en cuenta la ejecución del presupuesto 2008, podemos observar que mientras ese año el gasto en personal del Ministerio de Educación creció alrededor del 24%, las transferencias a escuelas privadas crecieron casi el 50%, lo que hizo que el gasto en privada creciera considerablemente sobre el total del gasto educativo.

martes, 22 de septiembre de 2009

¿A esto le llaman Plan?


Leemos en el sitio web oficial de la Ciudad de Buenos Aires: "en el marco del Plan de Reordenamiento de Tránsito, la Avenida Triunvirato se convertirá en doble mano de circulación general sin restricciones, entre las calles 14 de Julio y Giribone.
Por ello, cambiarán de recorrido las líneas de colectivos: 71, 87, 108, 127, 113 y 133, quedando liberadas de la circulación de los mismos las calles residenciales: Roseti, Fraga, Chorroarín y Mariano Acha."
Un Plan requiere de estudios, análisis, y más cuando se trata de ordenar el tránsito.

Decir que se tiene un plan de ordenamiento del tránsito cuando se decide abandonar las promesas de campaña respecto de la construcción de líneas de subte, suena a "algo es algo".
Pero como algo es algo, no estaría mal que entre los estudios que se hicieron (¿o deberían haberse hecho?) para tomar semejante medida como la de convertir a Triunvirato en doble mano (más teniendo en cuenta que la experiencia de Pueyrredón dejó como único saldo visible que las grúas que actúan en la zona pueden recoger más autos y así recaudar más), alguien hubiese tomado nota de que Chorroarín es una Avenida, de poco tránsito y que además desemboca en sentido norte en la Avenida Álvarez Thomas, lo que no genera ningún tipo de congestión.

viernes, 18 de septiembre de 2009

¿Cuánto pagarías por tu vereda?

Análisis de la gestión económico financiera de la Administración Macri en su primer año y medio de gobierno.

La gestión de los recursos públicos por parte de un Gobierno siempre está relacionada con la agenda que trazan quienes se encuentran a cargo del mismo. En ese sentido, la elaboración del presupuesto y, más aún, su ejecución, nos brinda un buen panorama de las prioridades de una administración, algo que se hace más patente cuando los recursos, limitados de por sí, se reducen producto de una crisis económica que impacta sobre la recaudación y que aumenta la demanda sobre determinados gastos.
Es cierto que de todas maneras existe un componente de gestión que incide en la elaboración de la agenda pública y por lo tanto en la forma en que se gasta. A veces ocurre que los procesos para la concreción de determinadas obras se hacen muy largos, o se estructura mal la gestión de los asuntos en la distribución de facultades entre distintas áreas de gobierno. Otras veces la corrupción también representa un obstáculo.
Estas cuestiones no deben ser dejadas de lado, pero a contramano de lo que mucha gente cree (y de lo que se intenta muchas veces instalar en la opinión pública), no son centrales en la discusión respecto de la asignación de recursos. Sin duda que es importante tener dirigentes formados y honestos, pero cuesta creer que eso pueda ser patrimonio de un partido y no de una sociedad. Dicho de otra manera, si se formara un partido político sólo con gente honesta, de todas maneras sus dirigentes tendrían que resolver (con grandes posibilidades de no lograrlo) cuáles son sus prioridades en materia de asignación de recursos.
En este sentido, lo que se pretende hacer aquí es un análisis de la gestión de Mauricio Macri a través de la orientación que se dio a las políticas públicas y la forma en que ello se vio reflejado en la política de ingresos y gastos de la Ciudad.

La campaña electoral del 2007 tuvo por parte del macrismo un fuerte componente discursivo vinculado a la salud y a la educación pública, para lo que se utilizó mucho al “costado humano” del PRO, Gabriela Michetti. Se negó sistemáticamente la posibilidad de aumentar impuestos a pesar de que quien lo había deslizado a los medios sería finalmente el Ministro de Economía del Gobierno de la Ciudad. Se hicieron promesas imposibles de cumplir como la construcción de 10 Km. al año de subtes o el fin de las inundaciones, todo ello acompañado de un discurso muy orientado a la eficiencia en la gestión, de gente nueva en la política a pesar de que en realidad no lo era tanto y de tomar como antecedente comparable de gestión a Boca Juniors (un emirato petrolero en relación al resto de los clubes en materia de ingresos económicos).
Desde un principio, Mauricio Macri dejó en claro que una agenda tan agresiva necesitaba de recursos adicionales: para ello se subió los impuestos (el inmobiliario hasta un 300%, con un promedio del 100%) y se decidió avanzar en endeudar a la Ciudad. Se obtuvo una autorización para pagar en bonos la deuda flotante de la gestión Telerman por $ 490 millones y se consiguió la aprobación de una ley que permitía tomar deuda de las AFJP por un monto de alrededor de $ 1.600 millones (unos 500 millones de dólares al cambio del momento), para invertir en el denominado Fondo de Infraestructura Social (tema que voy a desarrollar aparte).
En la práctica, la aprobación del Fondo (FOISO según la sigla que se adoptó entonces) implicaba un amplio margen para aumentar el gasto corriente y no sólo el gasto de capital. Los vaivenes posteriores del Gobierno Nacional respecto de la autorización para salir al mercado y la eliminación del régimen de AFJP, más la crisis financiera internacional, hicieron imposible su colocación, lo que a la postre brindó una gran excusa y la posibilidad de victimizarse: el freno a las obras en los subterráneos, la falta de insumos en salud, los conflictos con los docentes y el recorte de becas escolares, la mínima ejecución presupuestaria en materia de vivienda y otras podas en materia de política social encontraron su razón y sus culpables.
Al Gobierno de la Ciudad sólo le quedó dinero para hacer veredas y colocar carteles amarillos por doquier, gastar fortunas en consultorías y desarrollar ideas que poco parecen tener de prioritario como mudar el Gobierno a los terrenos del Borda y el Moyano o construir una autopista subterránea debajo de la Avenida 9 de julio. El PRO, perjudicado en su gestión por la falta de recursos y a pesar de que Macri no tenía la culpa de los problemas, debió soportar una merma de casi quince puntos porcentuales en las elecciones de junio respecto de la elección de 2007.
Ahora bien, ¿existió verdaderamente una caída de recursos? La respuesta es no. De ninguna manera.
Si tomamos como indicador la cantidad de recursos con los que contó la Ciudad en 2007, observamos que la recaudación total ascendió a $ 9.581 millones, y los gastos fueron ese año de $ 9.917 millones, incluido el pago de intereses de la deuda. En 2008 los recursos de la Ciudad ascendieron a $ 12.776 millones, mientras que los gastos alcanzaron la cifra de $ 13.427 millones, pago de intereses de la deuda también incluidos.
Estas cifras ponen de manifiesto un incremento de los recursos en términos nominales de aproximadamente un 34%, y de los gastos de un poco más del 35%. Si tenemos en cuenta las estimaciones privadas de inflación (no las del INDEC), estamos hablando de un aumento real de los recursos en torno al 10%. Eso sin colocar el FOISO, aunque se gastó como si se lo hubiera hecho, llevando el resultado financiero del ejercicio a un negativo de más de $ 650 millones y la deuda flotante (lo que queda pendiente de pago al cierre del ejercicio) a la bonita suma de $ 1.900 millones.
Dicha deuda flotante sufrió un considerable aumento. En tan sólo un año el macrismo la aumentó en $ 1.100 millones, con lo que la falta de colocación del FOISO fue suplida ampliamente con el retraso del pago a proveedores, que en algunos casos alcanzó varios meses de demora. La pésima gestión financiera se intentó resolver, al menos en forma parcial, tratando de documentar esos atrasos con la aprobación el 27 de agosto pasado de la ley 3152, que permite colocar deuda a proveedores y extender plazos de letras del tesoro por una cifra cercana a los $ 1.900 millones.
Es decir, la actual administración recibió una relación deuda ingresos del 13,7% ($ 1.755 millones de stock al cierre 2007 respecto de ingresos 2008). Si se agrega al stock del cierre 2008 el incremento de deuda flotante a fin del 2008 se alcanza una relación del 18,6% ($ 2.767 millones de stock sobre $ 14.900 millones de ingresos probables para todo el 2009). La persistencia del déficit fiscal durante el 2009 (alrededor de $ 1.300 Millones) significa que esta relación se deteriore aún más y pase a un valor probable del 26,8% entre deuda e ingresos ($ 4.067 millones sobre $ 17.433 millones de recursos esperables para el 2010). O sea, en sólo dos años se duplica (para peor) el indicador principal de solvencia del distrito, sobre la base de la manera en que se administró durante el 2008 y lo que va del 2009.
Cabe mencionar que el gasto de personal creció en 2008 sólo un 30 % (parte por los aumentos de sueldo y parte por el importante aumento en la cantidad de funcionarios que además cobran sueldos y premios mucho más altos que antes). Teniendo en cuenta que ese egreso cayó respecto del total de gastos, el aumento del 10 % de los recursos implicó además una mayor disponibilidad para gastos en obras de infraestructura.
¿Hacia dónde fue a parar el mayor gasto? El menú es amplio: expansión del gasto corriente de un 82% respecto del año 2006, aumento de las transferencias al sector privado por encima de cualquier estimación de inflación o índice de aumento salarial, redeterminaciones de precios, gastos en consultoría que se acercaron a los $ 300 millones en 2008 y que van camino a sobrepasar esa cifra en el actual ejercicio, adelantos financieros por obras que a los pocos días se dejaron de lado como los $ 70 millones que se pagaron a dos empresas contratistas de obras en el subte para frenarlas tan sólo un mes después.
Pero sin duda la estrella fue el Ministerio de Espacio Público, y en particular el arreglo de veredas. El mantenimiento de la vía pública, que había generado erogaciones en 2007 por poco más de $ 180 millones, y para el que la Legislatura había votado una partida de $ 198 millones para el 2008, terminó en más de $ 490 millones en 2008 (se utilizaron los comúnmente denominados “superpoderes” para obtener recursos que originalmente se había presupuestado para educación y salud) y al cierre del segundo trimestre del 2009 (coincidiendo con la fecha de la elección), la ejecución presupuestaria del programa es de casi el 80%, mientras que se ha ejecutado sólo el 10% del presupuesto para equipar hospitales y el 18% del presupuesto para obras en escuelas.
Cabe preguntarse entonces, si la agenda de la administración que asumió en diciembre de 2007 reflejaba o no las aspiraciones de los porteños. ¿Estábamos convencidos de que se gasta demasiado en Salud y Educación?, ¿pensamos que es más necesario arreglar con nuestros impuestos la vereda de la sede del Citibank en la esquina de Mitre y San Martín -Macri parece haber llegado a la conclusión de que era necesario ayudar económicamente a los bancos antes que el propio George W. Bush- que dotar de una adecuada instalación de gas a una escuela?
Si bien queda claro que una importante porción de la población de la Ciudad de Buenos Aires sólo va a las escuelas públicas cuando le toca votar y que el único contacto con la salud pública se produce en caso de sufrir un accidente de tránsito, cuesta creer se prefiera una matriz de gasto como la que se gestó en el último año y medio. De otra manera no se entiende la necesidad de mostrar un lado humano por parte del macrismo y de gastar fortunas en verdades a medias -que no son más que mentiras- en spots publicitarios en los que se pone de relieve la dimensión del gasto educativo (en términos nominales y no en reales).
Tal vez haga falta trabajar mucho para difundir la forma en que se gastan los dineros de los porteños. Costará mucho (al fin y al cabo se debe enfrentar a una formidable máquina publicitaria como la que controla hoy el Gobierno de la Ciudad), pero se puede demostrar que así como se mintió respecto del aumento de impuestos (algo que volverá a ocurrir a fines de este año), también se mintió respecto de las áreas prioritarias para la inversión pública en la gestión PRO.
Tal vez haya una porción del electorado porteño que considera poco relevante invertir en salud, en vivienda y en educación pública, y que es más importante que ello reparar veredas en barrios acomodados. A ellos habrá que convencerlos de que la inclusión social y la igualdad de oportunidades generan más seguridad, mayor desarrollo económico y, al fin y al cabo, mayores posibilidades de que tengamos recursos para invertir en baldosas.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Aspirina, ¿si o no?


Tengo como regla general respetar a quien se tomó unos cuantos años para aprender una profesión o para obtener un título universitario. Trato de no pensar que puedo saber más que el arquitecto que hizo mi casa, el carpintero que hizo la mesa en la que como o el mecánico que arregla mi coche. Sé que pueden equivocarse y hasta estafarme, pero en caso de dudas trato de consultar a otro profesional, no de quedarme con mi opinión (ni tampoco de consultar a tantos profesionales como haga falta para encontrar al que me diga lo que quiero escuchar).
En el caso de los médicos, tengo una tendencia aún mayor a respetar su tarea, a pesar de que debe haber chantas y delincuentes como en cualquier otro gremio. En el caso de la pandemia de Gripe A H1N1, he tratado de seguir los consejos de los profesionales y autoridades públicas sobre la materia.
La fase más ríspida de la psicosis por la Gripe A parece haber pasado. Los medios ya no cuentan la cantidad de muertos (a pesar de que la cifra continúa siendo actualizada por el Ministerio de Salud de la Nación) y la gente se está volviendo a saludar, parece animarse más a viajar en nuestros atiborrados transportes públicos, y hace todas las cosas propias de quien comienza a perder el temor.
En medio de este panorama me llamó la atención ver en estos días (y escuchar por la radio) un spot publicitario de la empresa Bayer (protagonizado por el Dr. Cormillot) en la que se relativiza el riesgo de tomar aspirina ante un cuadro de Gripe A y se afirma que el riesgo queda circunscripto a menores. Intenté, hasta ahora sin éxito, buscar un link a dicha publicidad para ilustrar esta nota.
¿No era que no había que tomar aspirina? Lo cierto es que busqué sin suerte referencia al tema en la página del Ministerio de Salud de la Nación (ni una palabra a favor o en contra), y en las páginas vinculadas como los spots sobre el tema que tiene en youtube.
Donde sí encontré referencias es en la comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto en el video que se puede ver aquí como en esta lista de recomendaciones se insiste en que no se debe tomar aspirina.
¿Qué hacer entonces? Sólo nos queda esperar a que quienes tienen a su cargo las riendas de la política de Salud en la Nación y en la Ciudad se pongan de acuerdo, y que controlen que la publicidad de las corporaciones farmacéuticas no contradiga las recomendaciones que se hacen a la población en temas tan delicados.

jueves, 13 de agosto de 2009

Un veto, un voto

El adelantamiento de las elecciones de este año, iniciado por la convocatoria efectuada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el 28 de junio pasado y concretado luego por la voluntad del Gobierno Nacional de no encarar un proceso electoral con el peso de una derrota en la Capital encima, me hizo pensar bastante, entre otros asuntos, en cuál debería ser la fecha de las elecciones. Dos cuestiones me parecen centrales: el periodo de tiempo entre la elección y el fin de los mandatos de los Diputados y los temas que se votan durante ese periodo.
Los mandatos en la Argentina se renuevan, en la mayoría de las jurisdicciones y en el Gobierno Nacional, el día 10 de diciembre. Una fecha demasiado cercana para mi gusto al cierre del ejercicio contable del Estado, ya que muchos Diputados que no han logrado renovar su banca (a veces porque ni siquiera se pudieron presentar a la reelección por obstáculos constitucionales que también juegan un rol en esta situación) terminan votando el presupuesto y las leyes que establecen modificaciones impositivas. Muchas veces más preocupados por su futuro en términos laborales.
El resultado de la elección fue malo para el partido que Gobierna a nivel nacional. Un poco por la magnitud de la derrota kirchnerista en la Provincia de Buenos Aires y otro poco por decisión editorial de los principales medios de comunicación, quedó de lado la fuerte caída en términos electorales que el macrismo cosechó en tan solo un año y medio de gestión (habría que tener en cuenta además que su principal candidata medía en las encuestas al menos 20 puntos más que cualquier otro candidato del mismo espacio). Lo importante es que en lo que hace a la construcción de mayorías parlamentarias el PRO tiene algo complicado el panorama futuro, especialmente en temas que requieren mayorías especiales (sobre todo dos tercios de los miembros de la Legislatura) y dicha situación ha acelerado algunas necesidades legislativas de Macri.
Entre dichas necesidades se cuenta la aprobación en segunda lectura de un proyecto para vender tres terrenos en la zona de Catalinas para construir Torres. En la primera votación, entre aliados habituales y aliados circunstanciales el oficialismo obtuvo 42 votos, que a juzgar por manifestaciones previas de candidatos y la composición futura de la Legislatura no serían obtenidos después del 10 de diciembre.
En la sesión en la que se aprobó en la primera lectura el proyecto Catalinas se votó, sobre el final, un proyecto de ley (2790-D-2008) destinado a crear un “Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública” (Ley 3064), que fue vetada por el Poder Ejecutivo en forma total mediante decreto 525/2009. Esto hecho disparó especulaciones en la Legislatura en torno al hecho de que algún Diputado habría negociado su voto a las Torres a cambio de un lugar en dicho Comité una vez concluido su mandato.
El veto del Poder Ejecutivo puede revestir básicamente dos formas: parcial o total. El veto parcial no implica desacuerdo general con la norma, sino con parte de su articulado, mientras que el veto total marca un desacuerdo de fondo.
Extrañamente, el Poder Ejecutivo de la Ciudad presentó en la mesa de entradas de la Legislatura, el día 12 de agosto (un día después de la audiencia pública que se realizó sobre el tema Catalinas) un proyecto de ley (1721-J-09)creando un “Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública”, o sea lo mismo que vetó en el decreto arriba citado el día 9 de junio pasado.
Macri tiene un esquema de gestión basado en prueba y error, y son constantes las marchas atrás, pero en este caso se da la particularidad de que la gran mayoría de los artículos de la ley son idénticos al proyecto de ley que originó la norma vetada en su totalidad, o casi. Cabe agregar que además uno de los argumentos centrales del veto fue que “no se cuenta con créditos presupuestarios para atender el gasto que demandaría el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley”, algo que vista la situación financiera de la Ciudad no sólo no ha cambiado desde junio, sino que tiende a empeorar.
Intenté ver en los fundamentos del proyecto del Ejecutivo las razones de tamaño cambio de opinión. No sé si se trata efectivamente de un intercambio, pero me cuesta creer que alguien sea capaz de votar un negocio de 700 millones de dólares a cambio de un puestito. Sería importante, a fin de despejar dudas al respecto, que la iniciativa sea dejada para más adelante, tal vez para algún momento en que las finanzas de la Ciudad se encuentren en mejor situación.

lunes, 10 de agosto de 2009

Ahora dicen que el fútbol no es negocio

En estas horas se está resolviendo el futuro inmediato del fútbol argentino, especialmente en lo relativo al contrato con la televisión. Sea cual fuere el resultado promete cambios, y cualesquiera que resulten esos cambios, deberían servir para mejorar la economía de los clubes y por ende la calidad del espectáculo.
El conflicto estalló días atrás por la decisión del sindicato local de futbolistas de no empezar el campeonato si los clubes no se ponían al día con deudas que rondaban los 40 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares). Una medida por cierto razonable, que desencadenó necesarios debates sobre el manejo financiero de los dirigentes de los clubes y la necesidad de generar nuevos ingresos.
De alguna manera todo desató una pelea por los ingresos que genera el fútbol, que algunas estimaciones publicadas en los medios acercan a los 10.000 millones de pesos, de los que los clubes se llevan en concepto de televisación unos 268 millones.
Sin duda debe haber mejores y peores administradores entre los dirigentes de los clubes, y por supuesto que debe haber honestos y deshonestos, pero los ingresos del fútbol lejos parecen estar de llegar a sus legítimos dueños. Boca y River perciben cerca de 25 millones de pesos por año, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez (sin ánimo de ofender me cuesta entender que el club de Liniers integre este lote) reciben 16 millones y el resto de los clubes de primera entre 7 y 8 millones de pesos. Los dirigentes de los clubes han hecho un frente común en este tema con el presidente de la AFA por una razón muy concreta: ningún club puede estar al día sin vender jugadores para ello.
El problema que se genera en la necesidad de vender es que no todos pueden salir campeones en una temporada. Una mala campaña desvaloriza los planteles y las posibilidades de vender bien (o tan sólo vender) pueden simplemente desaparecer. La pretensión de los medios ligados al monopolio informativo encabezado por el Grupo Clarín (TyC Sports, TN, La Red, Fox Sports, etc.) de distinguir entre buenos y malos administradores a partir de ver quienes deben y quienes están al día choca con esa realidad: si administro pésimo pero me toca vender a un jugador del club en 20 millones de dólares y así puedo pagar mis deudas, ¿me convierto de repente en un buen administrador?
Vuelvo a insistir con un punto: sin duda hay buenos dirigentes por ahí, pero eso no quita que los ingresos sean bajos ni que los clubes sean pobres a pesar de que el fútbol argentino es un gran negocio.
Vale la pena detenerse en los argumentos que se han escuchado en estos días por parte de algunos voceros del grupo. El primero de ellos es que no se les debe dar más dinero a los clubes (dinero que reitero proviene del espectáculo que los clubes arman) porque primero deben administrarse bien.
Supongamos que usted y yo trabajamos en la misma empresa, hacemos la misma tarea y cobramos el mismo salario, que por cierto es muy bajo. Nuestro empleador gana cada vez más dinero con el producto de nuestra labor. A mi el dinero me alcanza porque como arroz todos los días, pero a usted que disfruta salir a comer afuera una vez cada quince días definitivamente tiene sus cuentas en rojo. ¿Aceptaría que se le niegue un aumento de sueldo porque el otro trabajador puede (aunque sea a duras penas) sobrevivir con el mismo salario? ¿Dejaría de tener en cuenta que su trabajo produce mayores ingresos? Obviamente no.
Otro argumento esgrimido por el Grupo Clarín fue que los clubes argentinos deben el 50% de sus ingresos a la televisión, en tanto que clubes como el Manchester United y el Real Madrid reciben de la tele nada más que el 37% promedio de sus ingresos. Nada se dice respecto de la posición que ostentan estos clubes en lo que hace a comercialización de camisetas, por ejemplo, que es propio de clubes de ese nivel y que por supuesto no corre para la gran mayoría de los clubes de las ligas española e inglesa, ni cuántos millones de euros y libras representa ese 37%, cifras que harían poner colorado a quien esbozó un argumento tan absurdo.
También se ha intentado mostrar ciertos números de TyC para sostener que es imposible un aumento como el que pide la AFA, como si no tuviera nada que ver que el megaoperador de cable que resultó de la fusión de Multicanal y Cablevisión (adivinen quiénes son los dueños) no fuera el único que incluye el fútbol en el área metropolitana de Buenos Aires. Una fusión que por cierto aprobó el Gobierno de Néstor Kirchner y que demuestra que la “seguridad jurídica” no descansa en este país en la defensa de la competencia, precisamente.
Este domingo, Clarín tituló en su tapa: "Denuncian que Kirchner ahora se mete con el fútbol". La nota es una entrevista al presidente de TyC, y extrañamente Clarín omite mencionar que se trata de alguien que trabaja para el grupo. Además, se agrega una subnota titulada "La oposición salió a criticar la injerencia del Estado" en la que Mauricio Macri, De Narváez (alguien que comenzó una brillante carrera hacia la renovación de su banca como Diputado Nacional siendo enfocado en la platea durante partidos de verano por las cámaras de Fox Sports y que luego basó su campaña en un personaje de parodia de un programa de televisión que se hizo justamente en el canal de aire de Clarín, Canal 13) y el Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad, Diego Santilli (que no es precisamente una figura relevante de la oposición y en la actualidad suena como futuro Ministro de Tránsito del Gobierno de Macri) hacen causa común con los intereses del multimedio.
Más allá de que Clarín sólo considere oposición al PRO, lo cierto es que también es una práctica recurrente conseguir un coro de opiniones que sostengan los intereses económicos del Grupo, más allá de la libertad informativa, procedimiento que Alejandro Wall describe en crítica y que también ha sido utilizado para combatir el proyecto de ley de Radiodifusión del Gobierno.
El argumento que hasta ahora parece tener más adeptos es el de la “estatización” del fútbol que provocaría el “Pacto Grondona-Kirchner” que denuncia TN estos días. El Gobierno ofrece una cifra más razonable por los derechos de televisación, de alrededor de 600 millones de pesos que el Monopolio ha sabido comparar con los 500 millones de pesos de subsidios a la producción láctea. Es ridícula la comparación (un subsidio contra una inversión que genera ingresos mayores), sobre todo si tenemos en cuenta los ingresos que significaría la televisación de los partidos para el Estado.
No sé en este momento cuál será el resultado. Probablemente el Gobierno vaya por un objetivo de mínima como el de lograr un reparto diferente del dinero que le genere costos a Clarín, pero es probable que finalmente se quede con los derechos de televisión. Lo importante es que mejore la economía de los clubes (Clarín se debería haber dado cuenta de que con jugadores paupérrimos los partidos son igual de paupérrimos y las posibilidades de ganar dinero son menores). Probablemente Grondona se convierta en una especie de sucesor del Padre Grassi para Clarín y tendrá que tener más espalda que nunca para conservar su lugar en la AFA, pero eso me importa muy poco. El fútbol argentino necesita cambios o seguirá languideciendo.

lunes, 3 de agosto de 2009

Escrutinio Definitivo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gripe de por medio y con muchos días de demora, finalmente el 27 de julio pasado la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal dio a conocer los resultados definitivos de la elección celebrada el 28 de junio.
Sobre un total de 2.525.560 ciudadanos inscriptos en 6766 mesas de votación, y con un porcentaje de concurrencia a las urnas del 74,15%, los siguientes fueron los principales resultados a Diputados Nacionales:
1º PRO (Michetti), 567.895 votos, 30,32%
2º Proyecto Sur (Solanas), 441.971 votos, 23,60%
3º Acuerdo Cívico y Social (Prat Gay), 348.261, 18,59%
4º Encuentro Popular para la Victoria (Heller), 211.277 votos, 11,28%
5º Diálogo por la Ciudad (Ibarra), 57.577 votos, 3,07%
6º Partido Socialista (Polino), 42.945 votos, 2,29%

Con estos resultados, el PRO obtuvo 5 bancas (Michetti, Bullrich, Bertol, Triaca y Alonso), Proyecto Sur 4 (Solanas, Argumedo, Cardelli y Parada), el Acuerdo Cívico y Social 3 (Prat Gay, Gil Lavedra y Carrió) y la restante corresponde a Carlos Heller.
Respecto de las elecciones para la Legislatura de la Ciudad, los resultados fueron los siguientes:
1º PRO (De Andreis), 566.026 votos, 30,26%
2º Proyecto Sur (Basteiro), 428.714 votos, 22,92%
3º Acuerdo Cívico y Social (Sánchez), 339.174, 18,13%
4º Encuentro Popular para la Victoria (Nenna), 206.968 votos, 11,06%
5º Diálogo por la Ciudad (Naddeo), 56.424 votos, 3,01%
6º Partido Socialista (Cortina), 50.795 votos, 2,71%

De acuerdo con estos números, el PRO consiguió 11 legisladores (De Andreis, Amoroso, Saya, Rebot, Polledo, Varela, Zago, Screnci Silva, Spalla, García y Stanley), Proyecto Sur 8 (Basteiro, Selser, González, Raffo, García Tuñón, Bisutti, Gentili y Camps), el Acuerdo Cívico y social 6 (Sánchez, Arenaza, Andía, Campos, Presman y Montes), Encuentro Popular para la Victoria 4 (Nenna, Romeo, Lubertino y Palmeyro) y la restante corresponde a María Elena Naddeo, de Diálogo por la Ciudad.

jueves, 2 de julio de 2009

Arroyo Maldonado: Haciendo (negocios con) Buenos Aires


La Ciudad de Buenos Aires tiene dos frentes de inversión en obras de envergadura estructural: subtes e inundaciones. De las obras para mitigar el efecto de las lluvias, la más importante es hoy la del arroyo Maldonado.
La gestión de Mauricio Macri se ha caracterizado en este último año y medio por la transferencia de recursos públicos al sector privado a través del pago de sobreprecios, adelantos financieros y redeterminaciones de precios. La obra del arroyo Maldonado no sólo es parte de este esquema, sino que muestra directamente cómo el Jefe de Gobierno hace negocios con el dinero de todos los ciudadanos.

El Acuerdo Macri-Telerman

El 1° de marzo de 2004, Aníbal Ibarra anunciaba a la Legislatura que se estaba “cerrando un préstamo directo con el Banco Mundial, por u$s 150 millones, para las obras de mitigación de inundaciones en el Arroyo Maldonado, debajo de la Avenida Juan B. Justo.” Poco después, el 2 de diciembre, envía el proyecto de ley para aprobar el convenio con el BIRF, finalmente por u$s 130 millones, por el que además se declaraba de utilidad pública una serie de terrenos destinados a la puesta en marcha de las obras. Dicho proyecto fue convertido en ley el 17 de marzo de 2005, y promulgado por el Ejecutivo a través del decreto 477/05, publicado en el Boletín Oficial del día 19 de abril de ese año.
Ese mismo año, la Ciudad concluía la que hasta ese momento había sido la obra hidráulica de mayor importancia, el canal aliviador del arroyo Vega, que históricamente había generado inundaciones en el barrio de Belgrano.
Aníbal Ibarra fue suspendido de sus funciones en noviembre de 2005, por un acuerdo entre distintos sectores políticos que aprovecharon la tragedia de Cromañon para repartirse el Gobierno, en especial los sectores encabezados por Telerman y Macri.
Lamentablemente, no sólo se trató de repartirse el Gobierno, sino de posicionar a las empresas de la familia Macri en las obras públicas de la Ciudad, y de comenzar a generar las condiciones para hacer negocios a costa de los ciudadanos, proceso que fue acentuado una vez que Macri llegó a ocupar la sede de Bolívar I.
El grupo Macri ha tenido a lo largo de los años distintos emprendimientos, llevados a cabo a través de distintas empresas. Durante la última Dictadura Militar, por ejemplo, el grupo se quedó con una parte del contrato de la Basura a través de la conocida empresa Manliba, negocio que renegoció durante la gestión de un ex gerente de Socma como Carlos Grosso y al que intentó volver a participar a través de a empresa Iecsa, sin éxito, en el año 2004 (la licitación la ganaron otras empresas).
Decíamos arriba que el acuerdo Macri-Telerman no sólo implicó el “loteo” del Gobierno de la Ciudad (el macrismo colocó al Ministro de Economía y al de Obras Públicas, así como al Director General de Educación Privada, por ejemplo), sino que posicionó mejor a la empresa de la familia Macri, Iecsa, que logró no sólo algunos contratos para obras públicas, sino algunos privilegios dignos de destacar.
Con fecha 22 de mayo de 2007, Telerman firma dos decretos: el 737/07 y el 738/07, por el que adjudica a la empresa Iecsa la obras de los cruces bajo nivel la calle Punta Arenas y de la Avenida Mosconi, respectivamente, con las vías del Ferrocarril Urquiza. Los montos de las obras fueron de $ 22.113.000 para la primera de ellas y de $ 26.146.000 para la segunda.
Hasta aquí nada que pueda parecer extraño. Cabe agregar que, para evitar justificadas impugnaciones a la candidatura de Mauricio (la Constitución de la Ciudad establece claramente la incompatibilidad entre el cargo de Jefe de Gobierno y la participación en empresas contratistas) su padre anunció al inicio de la campaña electoral la venta de Iecsa en la Comisión Nacional de Valores.
Ahora bien, ¿se desprendió Macri de Iecsa? Hay que tener en cuenta un par de cosas: la “venta” de la empresa fue concretada al primo hermano de Mauricio, Angelo Calcaterra, en algo así como 61 millones de dólares, e incluía el 51% de las acciones de otra empresa del grupo, Creaurban, que entre otros negocios construye torres en Puerto Madero. Además, la venta se pactó en cuotas que se pagarán hasta el año 2014, por lo que Mauricio podría recuperar la empresa familiar si es que su primo decide dejar de pagar en algún momento, algo en lo que la familia ha hecho escuela, en el Correo para mencionar un caso.
Lo importante es apreciar que pocos meses antes de concretarse esa operación, la empresa Iecsa había comprado la mitad del paquete accionario de Calcaterra S.A. Es decir, la familia acostumbra hacer estos pases de manos de las empresas a su cargo y todo parece indicar que los Macri siguen manejando Iecsa.

Haciendo negocios con Buenos Aires

El acuerdo entre Macri y Telerman dio sus frutos rápidamente. La Ciudad, que hasta entonces había sido gobernada sin déficit y que había generado un fondo anticíclico para no repetir la experiencia de 2002, expandió en forma audaz sus gastos corrientes a fin de soportar una estructura de cargos mucho mayor, producto de los acuerdos legislativos del nuevo Gobierno. El superávit pronto desapareció, y lo que también desapareció fueron los fondos ahorrados para épocas de crisis, a pesar de que la economía (y los recursos de la Ciudad) crecían a tasas altísimas.
Esto produjo un cierto ahogo de las cuentas públicas hacia el final del Gobierno de Telerman, que una vez que perdió las elecciones tuvo que decidir la suspensión de muchas obras públicas y enviar un proyecto de ley a la Legislatura para hacer efectivos esos cambios (la ley se aprobó con el número 2407). Extrañamente, las modificaciones presupuestarias, que por supuesto también aprobó el macrismo, incluían un aumento de recursos destinados a obras de pasos bajo a nivel por $ 5.105.194.
Las obras adjudicadas a Iecsa no comenzaron en 2007, pero gracias a un párrafo introducido en el pliego de licitación se otorgó a la empresa la posibilidad de cobrar $ 7 millones en concepto de adelanto financiero. Esa práctica fue generalizada por el Gobierno de Macri a través de la Resolución 276-MDU-08, que establece la facultad de pagar hasta un 25% de los contratos de obra pública por adelantado (15% en concepto de acopio de materiales y 10% en concepto de adelanto financiero).
Además, el Ministro de Desarrollo Urbano otorgó a la empresa Iecsa una ampliación del plazo de la obra en Punta Arenas de 273 días (el contrato establece un plazo de 360), el día 6 de agosto de 2008.
Es decir, mientras no había plata para otras cosas, había para adelantar dinero para obras (que no habían sido iniciadas) a una empresa de la familia de quien para ese entonces ya había sido electo Jefe de Gobierno.
La relación de negocios entre Macri y Telerman, y la vinculación con las empresas de la familia no termina ahí. El Ministro de Economía de Telerman (uno de los principales responsables del pago a las empresas mencionadas de los adelantos financieros) pasó a ocupar un cargo en el directorio del Banco Ciudad, en el que hasta finales de 2007 se desempeñó quien ahora es Ministro de Economía de la Ciudad, Néstor Grindetti, que fue además Director de Iecsa y vicepresidente de Creaurban, cargos para los que es necesario además ser accionista. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, trabajó en las firmas Socma (otra empresa del Grupo Macri) y Sideco, en la que fue gerente, y el Secretario Legal y Técnico de la Ciudad, Pablo Clousellas, fue síndico de la empresa Creaurban.
La generalización de los adelantos financieros, que posibilitó por ejemplo el pago de $ 75 millones a dos empresas contratistas en el subte por obras que un mes después se decidieron posponer, es uno de los pilares de la política económica del Gobierno de Mauricio Macri. El otro es un esquema de redeterminaciones de precios que permite el pago a cuenta de las mismas en forma provisoria. El pago de adelantos y redeterminaciones, además por supuesto de las adjudicaciones de las obras y cualquier modificación que sufran los contratos, depende de los funcionarios mencionados más arriba.
Dicho de otra manera, cualquier adelanto financiero, redeterminación de precios o modificación del contrato que lo haga más barato u oneroso depende de funcionarios que provienen de las empresas familiares del Jefe de Gobierno, quien no podemos afirmar que aún se haya desprendido de ellas.
Cabe mencionar que la empresa Iecsa resultó adjudicataria de la obra de canales aliviadores de la Cuenca Erézcano, en el sur de la Ciudad, a través de un decreto que firmó Telerman a menos de un mes de dejar el Gobierno, por un monto de $ 89.634.107,30. A un año de adjudicada la obra el Ministro Chaín ya aprobó mediante la Resolución 873/08 del Ministerio a su cargo una solicitud de redeterminación provisoria del contrato.
Este es el marco en el que se desarrollan las obras públicas de la Ciudad. Un marco en el que se puede detener todas las obras en el subte pero pagar adelantos financieros. En el que se puede hacer retroceder la participación de salud y educación en el presupuesto a la vez que se utilizan los recursos votados para esas áreas por la Legislatura para reparar veredas, mientras se encuentran los recursos para sostener financieramente a las empresas contratistas de obras públicas. En el que la principal obra de infraestructura que queda en pie está en manos de una empresa vinculada al Jefe de Gobierno.

La obra del Maldonado, Yaciretá porteño: el pozo de los cien millones de pesos

El 14 de febrero de 2008 el Jefe de Gobierno firma el decreto 121/08 que adjudica a la firma Ghella el contrato para las obras de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, por un monto total de $ 279.353.720,73 más u$s 56.874.225, que al cambio del momento en que se hizo la oferta rondaba los u$s 150 millones. La empresa, de origen italiano, había competido con los consorcios de empresas Odebrecht-Supercemento y SELI-Dycasa, que habían ofertado montos muy superiores, de u$s 280 millones y u$s 202 millones, respectivamente.
Para ese entonces no sólo había una enorme disparidad entre las ofertas: la empresa Ghella ya no actuaba sola. Se había fusionado con Iecsa, según anunció Calcaterra en noviembre de 2007, y había formado ODS. A pesar de que tanto Ghella como Iecsa informaron al diario Clarín (nota del 8 de marzo de 2008) que Iecsa no tenía nada que ver con la obra del Maldonado, el gerenciamiento de ODS quedó en manos de Calcaterra.
Es decir, no sólo se asoció una empresa familiar de los Macri con la empresa italiana a cargo de la obra del Maldonado. Al frente del consorcio que tiene a su cargo la obra de infraestructura más importante que está llevando a cabo la Ciudad en este momento (en parte debido a la paralización de las obras del Subte), está el primo del Jefe de Gobierno.
Por otra parte, el Decreto 542/08, del 13 de mayo de ese año, aprueba la Licitación de servicios de consultoría para la inspección y control de las obras, al consorcio integrado por las firmas Geodata y CADIA. Geodata, empresa con sede en Torino, ha supervisado obras de su compatriota Ghella en Italia y otras partes del mundo, integran el directorio de la Sociedad Italiana de Tunelería y se han asociado para participar en licitaciones en forma conjunta.
Difícil que se controlen demasiado, pero para esto el Gobierno de la Ciudad designó a través de la Disposición N° 4 - DGOING/08 como Director de Obra en representación del Gobierno de la Ciudad al Ingeniero Eduardo Cohen. La Disposición fue firmada por el Director General de Obras de Ingeniería Roberto Walter Klix.
El contrato con la UTE Geodata-Cadia se paga por horas trabajadas, así sea en Buenos Aires o en Torino, algo también difícil de controlar.
Paralelamente, y al poco tiempo de firmarse un contrato que incluía más de 600 especificaciones técnicas (entre las especificaciones técnicas se encontraban las que daban los detalles de los 3 pozos de ataque, las que fueron plenamente aceptadas por Ghella. Además, todo el proyecto de obra –incluyendo estos 3 pozos- fue realizado por un consorcio internacional líder en estas obras de ingeniería y su óptimo funcionamiento fue chequeado a través de un modelo físico a escala que construyó y operó el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata), desde el Gobierno de la Ciudad se solicitó a la contratista que “se evaluaran alternativas para acelerar los pasos de ejecución.”
Tan solo un mes después, la empresa presenta un proyecto de modificación por el que en lugar de los tres pozos circulares de 14,40 metros de diámetro y 3 metros de profundidad (unidos en triángulo por paredes comunes), propuso la construcción de un único pozo circular de aproximadamente 40 metros de diámetro y 35 de profundidad.
Entre las condiciones para el otorgamiento del crédito se encuentra la contratación de Expertos Internacionales en la materia, que se manifestaron en contra de las modificaciones realizadas al contrato por tratarse de una mala solución desde el punto de vista técnico y, además, más cara.
La modificación haría ganar supuestamente a la obra 5 meses de tiempo.
Nos permitimos poner en duda la “autoría” del pedido de modificación. Lo cierto es que las modificaciones, sugeridas por quien sea, implican un costo adicional de las obras de entre $ 50 millones y $ 100 millones, que por supuesto no tienen nada que ver con la licitación de la que participaron otras empresas.
Adelantos financieros, modificaciones de los contratos, funcionarios de un Jefe de Gobierno que han sido empleados de las empresas que tienen a su cargo la obra y que el día de mañana pueden volver a ser de su dueño original (algunos dicen que los Calcaterra son “calcaterros” de Macri), modificaciones presupuestarias para generar con la tierra una península que pueda originar, como Puerto Madero, negocios para Creaurban y Caputo, consultoras encargadas de controlar a una empresa del mismo país de origen, redeterminaciones de precios de por medio. Probablemente la obra del Arroyo Maldonado supere en términos de costos y de negociados lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Como si Yaciretá, monumento nacional a la corrupción, estuviera siendo construida en la puerta de nuestras casas.

Aníbal Ibarra – Fernando Renzi

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