martes, 6 de diciembre de 2011

Una Dubai en Costanera Sur


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En estos días la Legislatura podría llegar a aprobar en primera lectura un proyecto (1647-J-2011, vuelto luego a presentar con el número 2078-J-2011) enviado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el cual se aprueba un convenio con la empresa IRSA por el que se permite que en el terreno que alguna vez perteneció al Club Boca Juniors y donde se suponía que se construiría alguna vez una Ciudad Deportiva, pueda construirse una cantidad de entre once y quince torres de hasta 160 metros de altura a todo lujo en un proyecto denominado "Solares de Santa María". Para ello se requiere modificar el Código de Planeamiento Urbano, que en la actualidad no permite edificar en más del 30% en ese lugar y a una altura máxima de 12 metros.
Esta particular forma de extender el barrio de Puerto Madero ha sido cuestionada desde costados urbanísticos y ambientales, dignos de análisis, sobre los que no me creo en condiciones de opinar con fundamento pero que sin duda deben contemplar cualquier tipo de resolución que se alcance.
En este caso me interesa hacer hincapié en la decisión política que se está tomando, que implica permitirle a un privado llevar a cabo un negocio por el que la Ciudad recibe una proporción del terreno (el 40,37%), aunque con la condición de que sólo se pueda destinar a la infraestructura que permita hacer más agradable el entorno del emprendimiento: "apertura de calles y avenidas, canales de agua para fines hidráulicos, recreativos y paisajísticos en general, parques, plazas, plazoletas, bulevares y paseos peatonales" (artículo 5º del proyecto) y que (menos mal) correrán a cargo de la empresa constructora.
Supongamos entonces que el estudio de impacto ambiental se hace como corresponde y que se puede habilitar en el lugar cualquier tipo de construcción. ¿En qué condiciones conviene a la Ciudad aceptar la propuesta de Convenio?

Sin cena ni película

Uno de los primeros puntos que llamó mi atención fue que tanto en los fundamentos del proyecto como en los del dictamen de Comisión no se hace referencia a los potenciales beneficios del proyecto. Apenas se hace un repaso por la historia y se da cuenta de informes técnicos favorables de distintos organismos (insuficientes por cierto a la hora de despejar dudas respecto de los temas relacionados con el impacto ambiental).
Difícil confrontar con argumentos que no existen. En principio, poco razonable parece como dijimos más arriba aceptar como intercambio las áreas que tienen que ver con el trazado de calles y la construcción de plazas. Además, la Ciudad no puede construir ni una escuela en esos espacios, por ejemplo, sin permiso de IRSA. Este punto es importante porque podría dar lugar a interpretar que se ceden derechos sobre un espacio público, lo que significa que son necesarios 40 votos para aprobar el Convenio (art. 82º inc. 5 de la Constitución de la Ciudad) y no 31 votos como el macrismo pretende.
Un argumento que podría tener cierto peso es la creación de puestos de trabajo a partir de la actividad de construcción y los servicios vinculados tanto a la misma como a la existencia posterior del emprendimiento, argumento un tanto débil si se pretende tener un Código de Planeamiento, preservar patrimonio y toda una larga serie de etcéteras que normalmente se topan con la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios.
Lo importante es que con la aprobación del Convenio se permitiría la construcción de aproximadamente 715.000 metros cuadrados en una zona en la que el valor del metro ronda entre los cuatro mil y los seis mil dólares. Hablamos de un negocio, imposible sin el cambio de normas que propone el Poder Ejecutivo, de alrededor de u$s 3.500 millones, con una inversión proyectada, según confió el Presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, en una reunión en la Legislatura, de $ 900 millones (unos u$s 200 millones).

imagen http://www.skyscraperlife.com/construcciones-y-proyectos-la/37396-buenos-aires-solares-de-santa-maria.html

Vale mencionar que el terreno se compró en 1997, previa autorización legislativa para que Boca pueda vender los terrenos, en una cifra cercana a los u$s 50 millones. Solamente con el cambio respecto de la construcción permitida el terreno valdría aproximadamente u$s 200 millones, según calculó el Diputado Eduardo Epszteyn.
En cualquier caso, sea midiendo la ganancia que se genera en el valor del terreno o teniendo en cuenta lo que se puede ganar con su desarrollo inmobiliario, el planteo de fondo debería ser (siempre partiendo de la base de que se pueda resolver favorablemente la cuestión del impacto urbanístico y ambiental) si la Ciudad no debería obtener al menos una parte considerable de la ganancia en juego, sea a través de obras (la empresa constructora bien podría hacerse cargo de la construcción de viviendas para sectores medios y bajos en distintas zonas de la Ciudad, por ejemplo) o bien de una cantidad de dinero que se pueda destinar a distintas políticas públicas.
Cuesta entender cómo puede ser que a cualquier cesión de derechos que se vote en la Legislatura sobre distintos espacios públicos implica una contraprestación y en un caso como este, que necesita imperiosamente de normas aprobadas puntualmente no se le exige absolutamente nada.
Ya debería ser todo un tema de discusión si la Ciudad debe o no participar de convenios en los que se cambia normas "a la carta" para que un privado haga un negocio. Zanjada esa discusión, deberíamos ver bajo qué condiciones. En este caso, ninguno de los debates ha sido abierto y mucho menos resuelto. Si efectivamente el proyecto consigue su aprobación en primera lectura (el mecanismo obliga a una audiencia pública posterior y luego a una sanción definitiva del proyecto, según los artículos 89º y 90 de la Constitución de la Ciudad), sería razonable que no se apruebe en estas condiciones, pero habida cuenta la mayoría obtenida en las recientes elecciones, el PRO contará con los números para llevar adelante el proceso.
La política al servicio de los negocios.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

El negocio de la Verificación Técnica


El 21 de diciembre de 2006 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 2265, que establecía la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO, según la sigla que se adoptó entonces). Promulgada casi un mes después, va camino a cumplir 5 años sin implementarse.
Cualquiera pensaría que se trata de una demora del Poder Ejecutivo, de alguna ineficiencia en ponerla en marcha por parte de las administraciones Telerman y Macri, pero la verdadera razón fue la inclusión de un artículo en la ley que decía:
Artículo 23º.- Beneficio por Responsabilidad. El usuario que efectúe la primera Verificación Técnica de su vehículo dentro de los plazos fijados en el artículo 15 de la presente ley y durante el último mes de vigencia de las restantes obtendrá, en beneficio, el reintegro de la totalidad del precio de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO), siempre que presente constancias de libre deuda de patentes al momento de la verificación o tenga plan de facilidades al día. A ese fin, el Poder Ejecutivo implementará el procedimiento que facilite la sustanciación de este beneficio.
Sin perjuicio de lo enunciado en el párrafo anterior, la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) de aquellos vehículos comprendidos en el inciso 5 del artículo 256 de la Ley N° 1.543 y sus modificatorias y de aquellos cuyos propietarios sean jubilados o pensionados de cualquier caja del país que cobren el haber mínimo será gratuita, siempre que la misma sea efectuada dentro del plazo indicado en el artículo 15 en ocasión de la primera verificación o dentro del último mes de vigencia de la misma. (la negrita cursiva es mía)
La traducción de este texto es bastante sencilla. El costo de la Verificación Técnica no recaería en quienes tengan sus pagos de patente al día, y en esos casos el pago lo tendría que hacer el gobierno.
Hablamos, a números de hoy, de una combinación de costo y parque automotor que llevaría a un negocio anual de entre $ 300 millones y $ 400 millones. En este punto, la pregunta esencial sería ¿no justifica el que el gobierno se haga cargo del costo si la solución propuesta es efectiva? Pues bien, por algún motivo durante los últimos cinco años se consideró lo contrario.
Fue el propio Jefe de Gobierno el que recientemente reconoció que este artículo era el único obstáculo para poner en marcha la ley. Lo hizo al presentar un proyecto que solamente encaraba la modificación de esa parte resaltada en negrita (acompañando la propuesta de pliegos de licitación), y que llevó el número de expediente 524-J-2011. El nuevo artículo 23º decía:
"Artículo 23º: Beneficio por Responsabilidad. La Reglamentación podrá establecer beneficios arancelarios a favor de aquellos usuarios que realicen la verificación, en tanto esta se efectúe dentro de los plazos fijados en el artículo 15º de la presente ley y durante el último mes de vigencia de las restantes Verificaciones Técnicas Obligatorias"
El despacho conjunto de las Comisiones de Obras Públicas y Tránsito, para no ser menos, simplemente optó por eliminar el primer párrafo del artículo 23º. Ahora, el costo irá definitivamente a los dueños de los automóviles patentados en la Ciudad.

Razones de peso(s)

¿Es la VTO un remedio efectivo contra los llamados accidentes de tránsito? ¿Es la forma más eficiente de invertir entre $ 300 millones y $ 400 millones para evitarlos? Francamente, me cuesta creer que sea así. La negativa a implementar la ley mientras representara algún costo para la Ciudad me da a entender que para los gobernantes tampoco lo sea.
Es necesario conocer en qué medida impactan en la cantidad de accidentes de tránsito las conductas más habitualmente desaprensivas de los conductores. Las más importantes, como la violación de la luz roja, el exceso de velocidad (o su contrario, circular por debajo de la mínima), cruzar barreras bajas, estacionar en ochavas, transitar las banquinas de las autopistas en caso de embotellamiento, no utilizar luces reglamentarias (aún cuando estas funcionen correctamente), no usar el casco en caso de los motociclistas, no respetar a los peatones, y una innumerable serie de etcéteras no tienen absolutamente nada que ver con el Estado de los vehículos sino con decisiones tomadas por personas.
A tal punto es la confusión que no pocas veces escuchamos o leemos que a los automóviles se les asignen conductas ("el auto invadió el carril correspondiente a los colectivos" o "los autos no respetan nada"). El ejemplo de la foto que encabeza el post es suficientemente gráfico: tan sólo a la vista, el coche carece de paragolpes, la patente no está en el lugar correcto, las luces están rotas (y apagadas, en una autopista), los ejes del coche no se ven alineados y los neumáticos están excesivamente gastados.
La culpa, amigos, no es del Renault 19, ni de quienes lo fabricaron. La culpa es de quien lo conduce. Lo más importante, es que no hay que hacer un gran esfuerzo para encontrar ejemplos como este. Los vemos a diario, y verdaderamente no hace falta solicitar una VTO para detener ese vehículo y sancionar a su chofer.
La gran mayoría de las infracciones que generan choques fatales tienen que ver con una insuficiente educación vial, con la falta de respeto por el otro y con un sistema punitivo destinado más a recaudar que a generar conciencia. Es fundamental, en este sentido, hacer una relación entre los distintos componentes de los accidentes de tránsito y la inversión pública destinada a resolver esta cuestión.
$ 400 millones son mucho dinero. Se trata de una cifra que supera largamente lo que la Ciudad gasta en publicidad (y dentro de esa publicidad el contenido orientado a seguridad vial es más bien marginal). Supera también lo que se destina a controles de tránsito (el presupuesto 2012 destina alrededor de $ 70 millones al Cuerpo de Agentes de Tránsito, por ejemplo).
No es cuestión de salir a matar mosquitos con una ametralladora. En este caso, lo que se está haciendo es lo mismo. O en realidad, lo que se está haciendo es garantizar un jugoso negocio.

lunes, 7 de noviembre de 2011

ABL para todos (Presupuesto 2012, Segunda Parte)

 Imagen: AGIP

Como mencioné en la primera nota de esta serie, el presente post tiene como objetivo hacer foco en el aumento del tributo conocido como ABL que contiene el proyecto de Presupuesto 2012 (específicamente en el proyecto de modificación del Código Fiscal y en el de Ley Tarifaria 2012 que lo acompañan y complementan). La idea, en este caso y más allá de insistir en algunos conceptos respecto de la forma de encarar este tema por parte del gobierno de la Ciudad, es tratar de ofrecer al lector un panorama que a su vez le permita tener alguna idea respecto del impacto que el aumento del ABL tendrá en su economía personal o familiar.
Desde este punto, se impone una descripción lo más breve posible sobre lo que contienen los proyectos de ley.

Reformas al impuesto

La primera cuestión es la división en dos del impuesto tal cual hoy lo conocemos: a partir de 2012 se pagará un impuesto inmobiliario por un lado y una tasa retributiva de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros, por otro.
Ambos impuestos seguirán siendo cobrados en la misma boleta, aunque cada una implica la aplicación de dos alícuotas diferentes. Lo más importante es que el conjunto de ambos impuestos pasará a pagarse en función del valor de mercado del inmueble: para ello se crea lo que se denomina "Valuación Fiscal Homogénea" que en la práctica equivaldrá al 20% del valor del inmueble.
¿Por qué, si se calcula el valor de mercado, sólo se toma el 20%? La idea, en este caso, es que la valuación de los inmuebles no impacte en las declaraciones de bienes personales y que no ocurra que la enorme mayoría de los porteños pase de repente a encontrarse obligado a pagar un impuesto nacional.
No obstante, la base sobre la que se va a aplicar las alícuotas del impuesto no es el 20% del valor de mercado del inmueble, ya que se crea la denominada "Unidad de Sustentabilidad Contributiva" que multiplica por cuatro la "Valuación Fiscal Homogénea" antes de aplicar dichas alícuotas.
Para ejemplificar, si un departamento tiene un valor de mercado de u$s 100.000 (cien mil dólares), la Valuación Fiscal Homogénea será de u$s 20.000, pero fruto de la aplicación de la Unidad de Sustentabilidad el tributo se pagará sobre un valor de u$s 80.000 (ochenta mil dólares).

Alícuotas

Por su parte, las alícuotas son las siguientes: una alícuota homogénea por la prestación de servicios del 0,5% (en el ejemplo arriba mencionado obligaría a pagar 400 dólares al año de tasa, 1712 pesos a 4,28 dólares) y otra alícuota (que va en función del valor de la propiedad y que aumenta a medida que aumenta el valor de la propiedad de acuerdo con la siguiente tabla: 

Sigamos con el ejemplo del inmueble de u$s 100.000. Este caso, y al valor del día de hoy del dólar ($ 4,28), los u$s 80.000 equivaldrían a $ 342.400. De acuerdo a la tabla, pagaría entonces $ 800 más el 0,45% de la diferencia entre $ 200.000 (límite mínimo del renglón en el que encaja la propiedad) y $ 342.400, es decir: 142.400 x 0,45% =  $ 640,80 que se suman a los $ 800 de la cuota fija.
Es decir, un departamento de un valor de mercado de u$s 100.000 pagaría:
$ 1.712 (tasa servicios) + $ 1.440,80 (impuesto inmobiliario) = $ 3.152,80 anuales
Va de a poco, pero va a ser duro

A esta altura, más de uno se habrá asustado bastante con el cálculo. Pagar semejante aumento de repente sería muy duro para cualquier economía, sin duda. Pero es hacia donde vamos. Según lo que nos han dicho los funcionarios del gobierno de la Ciudad el plan es que la totalidad de las partidas de la Ciudad alcance estos montos en un plazo de cinco a seis años.
Para tener en cuenta, ninguna propiedad pagará menos de $ 600 al año ($ 200 para cocheras y bauleras), no importa cómo se apliquen los números expuestos más arriba. A su vez, y para disimular el impacto, el ABL ya no se pagará en forma bimestral sino que la boleta será mensual, con una a favor: (por los montos no me queda demasiado claro a quién puede favorecer porque requerirá de una capacidad de pago importante), el pago anticipado anual permitirá un descuento del 20% (tampoco es tanto si tenemos en cuenta la inflación y que a fin de año el cumplimiento se premia con un 10%).
Las tablas que se utilizarán para aplicar los topes son las siguientes:

En este caso se hace más difícil continuar con nuestro ejemplo, ya que dependerá de la valuación fiscal que al día de hoy tenga cada propiedad. De todas maneras, y para tratar de continuar graficando la aplicación del impuesto y la tasa le agregaremos a nuestra propiedad ejemplo el cálculo en base a que la valuación fiscal de hoy está en el renglón medio de la tabla de arriba: el inmueble, que tiene un valor de mercado de $ 428.000 (u$s 100.000), tiene una valuación fiscal hoy en día entre un 5% y un 10% de ese valor (entre $ 22.400 y $ 42.800). Supongamos que hoy paga $ 400 al año.
Teniendo en cuenta todas estas posibilidades, el tope de aumento sería el primer año del 200%. Es decir, en el año 2012 pasará a pagar $ 1.200 al año.
Los años siguientes, sin tener en cuenta la variación de las propiedades y la variación del precio del dólar, y de acuerdo a que en nuestro ejemplo la valuación fiscal homogénea (el 20% del valor de mercado) es de $ 85.600, el aumento tope anual será del 50% hasta alcanzar el valor arriba indicado de $ 3.152,80 anuales (o el valor que surja de la combinación de valores de propiedades y de dólares como dijimos). De esta forma, la evolución sería la siguiente:
2011: $ 400 al año.
2012: $ 1.200
2013: $ 1.800
2014: $ 2.700
2015: $ 3.152,80
Es decir, para nuestro ejemplo en tan sólo cuatro años se alcanzaría el valor del impuesto que pretende cobrar la administración de Mauricio Macri a las propiedades.
En definitiva, vamos hacia una combinación de impuesto y tasa que obligará a los porteños a pagar entre el 0,7% (0,7366 en nuestro ejemplo) y el 1% (valor tope establecido por la Ley Tarifaria) del valor de mercado de la propiedad en que viven. No importa si se trata de inquilinos (en muchos casos recae sobre éstos el pago del ABL), de gente que se acaba de mudar o de quienes habitan un barrio desde hace 40 años.
Más allá de se pueda estar utilizando un criterio que permita llegar a equiparar valuaciones fiscales (ya en una nota anterior he analizado algunas cuestiones relativas a la equidad en el pago de impuestos y la idea de tomar valores de mercado para el ABL), tengo la impresión de que el ABL alcanzará valores excesivamente altos y muy lejanos de las capacidades de pago de sectores medios y bajos. Considerar que luego del aumento del 2008 es necesaria una "actualización" que pueda alcanzar hasta el 300% de aumento (como empleado público de la Ciudad me encantaría que me reconozcan en el salario semejante inflación) y dejar sentadas las bases para aumentos futuros de hasta el 100% anual durante varios años parece desproporcionado. Ni hablar si tenemos en cuenta que los valores que se manejan en el mercado inmobiliario no tienen relación con la evolución del salario sino con otros factores, que además inciden negativamente sobre las posibilidades de acceder a la vivienda y al crédito por parte de amplias franjas de la población.

viernes, 28 de octubre de 2011

La Nación: Derechos y Humanos


El miércoles pasado el Tribunal Oral Federal 5 condenó a dieciséis de los dieciocho acusados (doce de ellos a cadena perpetua), por los horrores cometidos en la ESMA durante la última dictadura militar. Poco se puede agregar al sentimiento de justicia que surge de un fallo que hubo que esperar por décadas.
No fue un problema de leyes. Fue la política, que les dio primero a estos criminales las leyes de obediencia debida y punto final y luego los indultos. La política, a partir de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, promovió la renovación de la Corte menemista y la anulación de esas leyes e indultos, iniciativas tomadas por Néstor Kirchner a partir de 2003, para poner las cosas en su lugar.
En el contexto de un fallo tan importante como histórico, en el que un país se hace cargo de las atrocidades cometidas en nombre del Estado, poner el acento en otro lado suena bastante feo. Decir "lo de la ESMA me parece bien, pero también habría que..." es una forma de mostrar disconformidad con una condena más que justa.
Cuando lo hace un medio de comunicación, de larga trayectoria junto a los sectores del golpismo y la represión ilegal, digamos que se nota bastante.
El diario La Nación saca hoy una editorial titulada "Derechos Humanos para todos" en la que dice lo siguiente:
"Las condenas del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA han sido un paso adelante contra la impunidad. Pero también hay que reconocer que, mientras tanto, se opta por ignorar y no sancionar a los culpables de las demás víctimas, e incluso las de civiles, totalmente ajenas al conflicto de los años 70. Falta una lucha solidaria e integral por los derechos de todos los involucrados en aquella tragedia de nuestra historia." (la negrita es mía)
Bien podría tratarse de un grito de más justicia. Sería lógico pensar que como dice el subtítulo de la nota "La búsqueda de la verdad y la justicia respecto de lo ocurrido en los años 70 debería realizarse sin ninguna impunidad". No en el momento indicado, pero podría creerse que el periódico de Bartolomé Mitre considera efectivamente que debe juzgarse los crímenes de la dictadura. No obstante, revisando el archivo encontramos otra editorial, esta vez del año 2004:


Decía en esa ocasión el diario:
"Desde esta columna hemos condenado duramente los aberrantes crímenes perpetrados hace más de un cuarto de siglo por los llamados grupos de tareas del gobierno militar en el marco de la llamada represión ilegal. Y hemos afirmado que esos actos delictivos fueron más graves aún que los ejecutados por el terrorismo subversivo, pues provenían de una utilización perversa de las estructuras del Estado. Pero eso no significa que los argentinos debamos dejar de lado el principio de la seguridad jurídica, pilar de toda sociedad organizada sobre la base del respeto a los derechos individuales. La ciudadanía tiene con demasiada frecuencia la sensación de que algunos sectores ideológicos intentan manipular los enfrentamientos del pasado con el fin de capitalizarlos políticamente. Cuanto se haga para desalentar esa clase de maniobras será de inestimable valor para la recuperación del espíritu de unidad y paz social sobre el cual deberá sustentarse el país del futuro." (la negrita es mía)
En ese momento no era una preocupación la impunidad de los crímenes de nadie. En nombre de la "pacificación", bien se los podía dejar pasar. Es más,
La propia declaración del magistrado sobre la necesidad de "desarticular el esquema de impunidad" en el país delata cuánto hay en su pronunciamiento de oportunismo estratégico, en el contexto de una fuerte politización del tema de la revisión judicial de los hechos de violencia de la década del 70.
Se les nota, muchachos. Si pueden, vean el fallo, escuchen el listado de atrocidades comprobadas por la justicia y si les queda algo de estómago, recapaciten acerca de lo que están defendiendo:

lunes, 17 de octubre de 2011

Presupuesto 2012 para la Ciudad (Primera parte): Sopa de nuevo


Es díficil que alguien cambie su forma de actuar cuando lo que hace le da resultados. Por lo menos eso puede constatarse cuando se analiza el proyecto de presupuesto 2012 que envió a la Legislatura de la Ciudad el Jefe de Gobierno recientemente reelecto, Mauricio Macri.
Poco se puede decir más allá de lo que se ha dicho hasta ahora en este blog. Por eso, más allá de que más abajo intentaré respaldar con algunos datos mis afirmaciones, al revisar los números del proyecto y el detalle de su articulado, nos encontramos con la misma política: previsiones de crecimiento e inflación insuficientes para dar cuenta de los recursos que se han de obtener y una inexistente perspectiva de aumentos de gastos (salarios, redeterminaciones de contratos de obra y servicios) incluso sin tener en cuenta la inflación esperada (9.2%).
Acompañan estas previsiones las facultades para mover partidas (libres hacia adentro del mismo inciso y en un 10% del gasto no salarial para el resto, que el macrismo ha utilizado frecuentemente en detrimento de las partidas de gasto social), y una historia de ejecución que también ha afectado negativamente las políticas sociales beneficiando a su vez el gasto en publicidad o el aumento de los créditos destinados a obras menores en el espacio público, por ejemplo.
En este contexto, resulta casi imposible prever si el déficit primario estimado en $ 548.974.246 se va a concretar o si ocurrirá como en los ejercicios anteriores, en los que la cifra presentada difirió en forma considerable respecto de la finalmente verificada en la Cuenta de Inversión respectiva:


De esta forma, poco podemos decir respecto de la evolución de la política de endeudamiento y su impacto en la inversión, aunque no hay elementos para creer que haya un cambio sustancial respecto de la política desarrollada hasta ahora. Si bien no se prevé concretar nuevas operaciones de deuda en el presupuesto enviado, parte de la inversión se sustenta en autorizaciones ya efectuadas, y habrá que ver qué ocurre con la colocación de un bono de u$s 500 millones que entró en un impasse debido a la crisis internacional. Es posible que el presente ejercicio cierre con una fuerte restricción de la inversión combinada con un aumento de la deuda flotante de persistir esta situación. Cabe mencionar, asimismo, que el Ministro de Hacienda anunció la semana pasada ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto que podría intentarse la colocación de un crédito puente.
En todo caso, la única discusión posible es la que terminará dando cuenta de la recaudación real, una vez que el ejecutivo envíe el proyecto de ampliación presupuestaria una vez recorrido parte del 2012, para dar cuenta de esos recursos. En ese contexto, la única pelea de fondo es la relacionada al aumento del ABL, que trataremos en una segunda nota.

Prioridades

Es interesante destacar que con motivo de la tardía aprobación del presupuesto 2011, la pauta de aumentos salariales sí fue incluida en dicho presupuesto, con lo cual quedaron más claras algunas prioridades del Jefe de Gobierno a la hora de contar con mayores recursos. La marcha del presupuesto respecto del presupuesto vigente al segundo trimestre del 2011 (última ejecución presupuestaria disponible, lo que no nos permite alcanzar conclusiones relevantes) permite observar que al igual que en la formulación del presupuesto 2011 la evolución presenta un claro perfil de ganadores y perdedores, que se ha mantenido dentro de lo que podemos llamar una constante de la política del PRO: mientras las áreas de Salud, Desarrollo Social y  Educación crecen en torno al promedio de crecimiento del presupuesto de los distintos ministerios, la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Urbano, de Hacienda y de Desarrollo Económico crecen muy por encima. Ni hablar del impacto del vaciamiento del Instituto de Vivienda en la jurisdicción Jefatura de Gobierno o de la disminución nominal del presupuesto de Cultura.


Párrafo aparte merece el Ministerio de Espacio Público, que parece estar fuera de la regla. No obstante, en la ampliación presupuestaria aprobada el pasado 15 de septiembre, en la que se aprobaron $ 1.200 millones adicionales de presupuesto, el área que conduce Diego Santilli se llevó la parte del león, con un 25,24% del monto total, en gran medida destinada a la gestión de los contratos de recolección de residuos. Es así que se da el fenómeno de que el módico crecimiento de su presupuesto contiene una previsión de $ 1.873.317.663 destinados a la gestión de los contratos de recolección contra un gasto que de acuerdo a la ejecución del segundo trimestre puede estimarse para el año en curso como mínimo en $ 1.800 millones.
Estamos hablando del contrato más importante, que se lleva aproximadamente el 13% del gasto no salarial de la Ciudad de Buenos Aires. El escaso crecimiento porcentual del Ministerio de Espacio Público es explicado claramente por la imprevisión de la evolución futura del costo de la basura.
Más aún, luego de cerrados definitivamente tres ejercicios (2008, 2009 y 2010), se puede observar la evolución porcentual de distintos rubros de gastos y tener más claro el impacto de la política presupuestaria desarrollada:


La evolución del gasto total muestra un porcentaje del 101,17% en 2010 respecto del 2007. Como se puede ver, los contratos de recolección crecen por encima de esa cifra (moderando su crecimiento recién en 2010 luego de dos años de un crecimiento muy por encima del promedio) y casi 9 puntos por encima del promedio del gasto corriente del que son parte.
El rubro publicidad y propaganda podemos ver un altísimo nivel de crecimiento ($ 196 millones contra $ 56 millones en 2007) al punto que ya en el segundo trimestre se encuentra ejecutado su presupuesto casi en su totalidad.
Asimismo, se da una particularidad en el caso del Ministerio de Educación: si tomamos la evolución del Ministerio el promedio no es malo, pero no sucede lo mismo si diferenciamos el gasto vinculado a las transferencias a la educación privada del resto del Ministerio. Es así que mientras el gasto en educación privada aumenta un 121,20 %, el resto de las erogaciones del Ministerio apenas alcanza al 84% de aumento, muy por debajo del promedio, lo que explica la constante disminución de la participación de la educación pública en el total del gasto. También lo explica la bajísima ejecución del presupuesto de infraestructura escolar, por supuesto.
También el Ministerio de Salud tiene una evolución porcentual baja en el ritmo de aumento de gasto, lo que también explica la caída de esa cartera en la participación sobre el total del gasto. La inversión en equipamiento hospitalario ha sido claramente la más perjudicada en este caso.
Muy particular es la evolución de la inversión en vivienda. La propia dinámica de las erogaciones efectuadas a través del Instituto de Vivienda muestra claramente el vaciamiento del mismo, llegando incluso a mostrar cifras que en términos nominales son menores a las de años anteriores.
No obstante, el discurso de la administración PRO ha sido atribuir la baja del presupuesto del Instituto a la distribución de responsabilidades en la materia a través de otras jurisdicciones (el Ministerio de Espacio Público y el de Desarrollo Económico), por los que nos pareció que podía resultar ilustrativo observar la evolución de la función vivienda a lo largo de todo el presupuesto. La diferencia es ínfima. No es negativa en términos nominales, es cierto, pero lo es en términos reales. La inflación entre el 2007 y el 2010 está lejísimos del magro 5,64% de aumento observado.   
La segunda parte de esta nota tratará específicamente sobre el aumento del ABL.Clic acá para ir a la nota.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

Lobbystas de muerte


Otra vez una tragedia en lo que comúnmente se denomina accidente de tránsito, esta vez amplificada por las imágenes de un ómnibus arrollado por una formación de tren y por la cantidad de víctimas (hasta ahora 11 muertos y más de 200 heridos).
El espacio que el declive en el interés por la suerte de Candela fue dejando en los medios encontró algo con que llenarlo, y aparecieron los debates sobre seguridad vial y ferroviaria, y sobre los responsables: que el chofer del colectivo, que el guardabarrera, que la empresa TBA, que el Gobierno Nacional, que la Policía Metropolitana y quien sabe quienes más.
Francamente, como en otros casos en los que se pierden vidas de formas tan evitables, me parece algo secundario el listado de responsables, aunque me produce bastante desagrado la utilización política de estas cosas. Quiero decir, la utilización política no en el sentido de buscar reflexiones respecto de estos asuntos que ayuden a evitarlos, sino esa cosa de ver a quién le echamos la culpa para sacar algún rédito e irnos a dormir tranquilos esperando la próxima vez en que podamos señalar con el dedo a alguien. Como dije en alguna otra ocasión:
Si no se hace hincapié en la necesidad de educar a los ciudadanos para cuidar su vida y la de los otros a través del cumplimiento de las normas vamos a seguir, como siempre, pensando que la culpa es "del gobierno". Mientras tanto, en número comparable con cualquier estadística criminal mucha gente muere debajo de los escombros en derrumbes como el de ayer o en infinidad de "accidentes" de tránsito que se producen por la anomia generalizada de quienes creen que las normas son algo que "el gobierno" debe hacer cumplir y que no tienen nada que ver con mejorar nuestras condiciones de vida.
Entre medio de la cadena de acusaciones, me llamó mucho la atención la declaración del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, que se quejó de los amparos que impiden la construcción de pasos bajo nivel. También las quejas del Jefe de Gobierno respecto de la demora en lo que hace al soterramiento del Sarmiento.
Poner los trenes bajo la superficie no es un invento nuevo ni mucho menos. Sus ventajas son enormes, ya que se puede aumentar las frecuencias sustancialmente (sobre la superficie las barreras pasarían bajas demasiado tiempo), reducir la polución ambiental que genera el ruido de los trenes y el consumo de combustible de coches que esperan para cruzar y sin duda que se evitarían "accidentes" como el de ayer.
Los pasos bajo nivel me generan algunas dudas. No sólo porque retrasan la solución de fondo (el soterramiento), aunque parece que hablamos de un plazo inimaginable de tiempo y mientras tanto pueden ser útiles. Los vecinos que han presentado amparos contra ellos lo hacen porque se los planifica en calles en las que en algunos casos ni siquiera hay paso a nivel, donde no se soluciona el tránsito y se genera una degradación de la zona metiendo un túnel en medio. De lo que no tengo dudas es que en ningún caso hay proyectados túneles bajo nivel en el recorrido del Sarmiento. ¿De qué se quejaba Montenegro entonces?
Aquí es donde me surgen algunos interrogantes respecto del lugar desde donde se mira el mostrador. La imagen que encabeza este post está tomada de la web de la empresa ODS, al la que pertenece IECSA, a cargo de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y que integra el Consorcio Nuevo Sarmiento junto con las firmas Obedrecht y Ghella. Ghella e IECSA están a cargo de la obra del Maldonado, sobre la que también hablamos en otra oportunidad señalando algunas irregularidades.
En definitiva, el reclamo de Macri: ¿lo hace porque cree en la solución o porque se trata de un negocio familiar? Montenegro, ¿reclama por pasos bajo a nivel en una línea que no los tiene proyectados porque también ODS los hace?


Francamente, no tengo respuestas a esas preguntas pero creo que sería lógico no tener que formularlas.
El tema nos llama la atención por la magnitud, pero los "accidentes" de tren por gente que cruza en forma imprudente (tanto a pie como en cualquier tipo de vehículo) se repiten con bastante frecuencia y no van a ser evitados ni a corto ni a mediano plazo por soterramientos ni por un puñado de pasos bajo a nivel. Lo que me parece es que ante este tipo de hechos, que involucran vidas que se perdieron, es necesario que más allá de los esfuerzos que se puedan hacer en obras públicas que mejoren la infraestructura de transporte (muy necesarias por cierto) hay que focalizar sobre la necesidad de educar. Dejar la imagen de que se hace lobby a favor de un puñado de empresas no tiene nada que ver con eso.

martes, 6 de septiembre de 2011

Nuevo endeudamiento para la Ciudad


Dos razones me inclinan a escribir este post: la primera de ellas, entregar algunos datos sobre la evolución y el estado actual de la deuda de la Ciudad en el marco de un nuevo pedido de endeudamiento que la Legislatura probablemente apruebe esta misma semana. La segunda, analizar el impacto de la política de endeudamiento llevada adelante por la gestión Macri en la inversión pública, específicamente en obras de infraestructura. Este segundo punto me parece muy importante por algo que ya comenté en una nota anterior sobre la política de endeudamiento del PRO, y que tiene que ver con las posibilidades de sopesar una gestión de gobierno.
 El cuadro que muestra esta nota está en pesos, e incluye la denominada deuda flotante (pagos que quedan pendientes a los proveedores al cierre del ejercicio). Si bien la existencia de una deuda flotante es normal (no todos los certificados que se presentan sobre fin de año pueden ser pagados antes del 31 de diciembre), retrasarse en el pago a provedores también es una forma de financiarse, y como en algún momento lo hemos comentado, la actual gestión lo ha hecho cuando encontró dificultades para colocar endeudamiento a través de títulos públicos, como ocurrió en 2008. Hecha la aclaración, y dado que esta forma de mostrar la deuda puede ser engañoso dado el aumento de los recursos de la Ciudad, pasamos al siguiente cuadro, que muestra la evolución de la deuda respecto de los ingresos totales de la Ciudad para el ejercicio siguiente (el cálculo 2011 está tomado del vigente en la ejecución del segundo trimestre):


Como se puede observar, tras el fuerte aumento de la carga de la deuda producido por la devaluación (2002), el índice fue mejorando paulatinamente hasta el año 2007, justamente antes del inicio de la gestión de Mauricio Macri, y a partir de ahí comienza a empeorar. De la mano de este deterioro, podemos observar un aumento de la carga del servicio de la deuda en aproximadamente un punto respecto del gasto total. Eso sin contar el costo financiero de demorar pagos a provedores, mucho más difícil de cotejar y que se termina trasladando al precio de las obras y servicios que contrata la Ciudad. 
Si bien no se trata de un resultado catastrófico, es importante observar cómo ha influido ese crecimiento de la deuda (realizado en un contexto de altas tasas de crecimiento económico y de aumento de los recursos tributarios y no tributarios de la Ciudad) en la inversión pública.

Política de endeudamiento


La política de endeudamiento fue explicitada y justificada por el Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, aún antes de asumir su cargo, en su segunda visita a la Legislatura en el marco de las reuniones para aprobar el Presupuesto 2008. Decía Grindetti el 23 de noviembre de 2007:  
la inversión no ha sido para nada ambiciosa en estos años. El promedio de estas columnas prevé una inversión del orden del 11.5 por ciento respecto del gasto desde el año 2000 hasta el 2007. La administración actual proponía un 14 por ciento y nosotros pensamos llevarla al 22.9 por ciento respecto del gasto. Esta situación claramente ha generado en la ciudad lo que me parece que corresponde llamar “pasivo de infraestructura”.
Más allá de lo poco atinado que parecía entonces elaborar un promedio que incluyera los peores años de la crisis con la que nuestro país encaró el comienzo del milenio, parece un buen punto de partida para analizar el destino de los casi $ 4000 millones en los que aumentó la deuda de la Ciudad en este periodo de Gobierno. Vale decir, para comenzar, que la cifra del 22,9% sobre el total del gasto ha estado hasta ahora muy lejos de ser alcanzada por la gestión Macri: 


Lo que muestra este cuadro es que con la excepción del año 2008, la Inversión Real Directa sobre el total del gasto de la Ciudad (el indicador que utilizó Grindetti en 2007), no ha superado en 2009 y 2010 ni siquiera el porcentaje del 2005, ni hablar del del 2006, aunque habida cuenta que en el 2007 se terminó liquidando el Fondo Anticíclico que la Ciudad había formado durante la gestión de Aníbal Ibarra, tal vez podría aducirse que en el número de ese año hay un impacto de obras lanzadas sobre la base de contar con dicho financiamiento extra. Por este motivo, y teniendo en cuenta que en una reciente reunión de la Comisión de Presupuesto el Subsecretario Eglez tomó como referencia el 2005 para hablar de ejecución presupuestaria, tomaremos ese año 2005 como referencia para el análisis que sigue.
Comencemos tomando la diferencia entre el año 2008 y 2005 para ver qué fue lo que se financió con el aumento de la deuda de ese año (aproximadamente $ 950 millones). Los 3,5 puntos de mejora en la relación de inversión del 2008 son muy pobres respecto del aumento del endeudamiento durante ese año: a números del 2008, el 3,5% del gasto es menos de $ 500 millones, y el stock de deuda cerró ese año en $ 3687 millones contra los $ 2722 del año 2007.
Lo que se puede observar en los cuadros es que el aumento de la deuda en $ 4.000 millones no redundó en un crecimiento de la inversión sino que impactó de lleno en el gasto corriente. Dicho de otra manera, al mantenerse la relación de la inversión respecto del gasto, cada 100 pesos que la Ciudad tomó como deuda, apenas 15 se destinaron a inversión. Aproximadamente el 85% terminó financiando gastos corrientes.

En el año 2009 la Inversión cayó en términos nominales a pesar de que el gasto total de la Ciudad pasó de $ 12.777 millones a $ 15.093 millones. La Ciudad invirtió $ 187 millones menos que el año anterior, ya que la cifra de inversión pasó de los $ 2.519 millones referidos más arriba a $ 2.332 millones. La deuda, por su parte, creció en $ 1.191 millones.
En el 2010, por su parte, con la deuda creciendo en $ 1981 millones, la inversión llegó a los $ 2.926 millones, apenas $ 594 millones más que el año anterior, con un gasto total que alcanzó los $ 19.952 millones.
Veámoslo de otra forma. Supongamos que hubiese sido cierta la excusa del Jefe de Gobierno respecto de que la Nación le impidió el acceso a financiamiento y que la deuda no se hubiera podido aumentar. Veamos el siguiente cuadro, en el que restamos de la cifra destinada a la inversión (y por ende también del gasto total), el aumento de la deuda neta a lo largo del periodo 2005-2010:


¿Qué nos muestra este cuadro? Que lejos de lo afirmado por Grindetti, la política de endeudamiento no sirvió para aumentar la cantidad de dinero destinado a obra pública sino apenas para sostener los niveles de inversión en cifras cercanas a la del 2005, en el que la deuda de la Ciudad aumentó apenas en $ 84 millones. Lo más preocupante es que en un contexto de aumentos de impuestos, crecimiento económico y venta de activos la Ciudad destina cada vez menos de sus recursos propios a la inversión pública, alcanzando cifras de inversión similares a los de la crisis de principios de la década. Como correlato de ello, el aumento de la carga de los servicios de la deuda dejará en el futuro menos recursos disponibles para obras, y el peso del gasto corriente deja a la Ciudad en una situación de vulnerabilidad muy grande respecto de la aparición de una nueva crisis económica.
En este marco es que se pretende aumentar aún más el endeudamiento de la Ciudad, ya que si bien este año hay que desembolsar una cifra muy elevada en amortizaciones, los u$s 500 millones que la Legislatura ha de autorizar esta misma semana superan con creces lo que hay que pagar.
Se hace difícil no sucumbir a la tentación de hacer hoy las obras que vamos a disfrutar en el futuro (aunque en el paquete de endeudamiento se destinan $ 165 millones a obras de bacheo y veredas que difícilmente duren más tiempo que el plazo de amortización del préstamo). Lo cierto es que el endeudamiento no ha significado un salto en términos de inversión como se pretendía en 2007.
Resulta imposible pensar que en el futuro la Ciudad no va a necesitar dinero para hacer obras. En momentos en que se discute cómo se financia el Estado a nivel global y la Nación lleva adelante una política de desendeudamiento que permite dotar de solidez a las cuentas públicas para llevar adelante políticas que inyecten recursos en la economía cuando aparecen crisis económicas, la Ciudad ha recorrido un camino inverso, un camino que termina en un fuerte ajuste del gasto público si sobreviene una crisis. Una receta conocida, con resultados conocidos.

viernes, 19 de agosto de 2011

Publicidad oficial y campaña electoral PRO II


En una nota reciente acerca del gasto publicitario del Gobierno de la Ciudad, en la que trataba de analizar su relación con los procesos electorales, expuse una serie de datos que concluían con la cifra correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre del 2010, cifra que normalmente puede sufrir alguna corrección hacia arriba cuando se presenta la Cuenta de Inversión (balance final del ejercicio). Por cierto, la corrección fue más que significativa: la ejecución del rubro "Publicidad y Propaganda" para la totalidad del Gobierno de la Ciudad correspondiente al ejercicio 2010, que de acuerdo a la ejecución del cuarto trimestre había alcanzado casi $ 155 millones, cerró finalmente en más de $ 196 millones. Como se puede observar en la imagen, los niveles de crecimiento del gasto publicitario difícilmente puedan explicarse por algún tipo de medición de inflación, no importa de dónde provenga.
Esta cifra hace necesario hacer una actualización de los gráficos restantes. Mientras que con los datos provisorios el gasto publicitario sobre el total parecía haber dejado de lado la espiral ascendente y mostraba una baja (de 0,8% al 0,74%), con el resultado definitivo el gasto publicitario alcanzó casi un punto porcentual del total de gastos de la administración:


Por su parte, el porcentaje de ejecución del presupuesto, que con los datos preliminares había alcanzado la cifra más alta de la serie (149,1%), con los resultados finales alcanzó un número cercano al doble del presupuesto asignado por la Legislatura:


 Ejecución 2011

En la nota anterior llamaba nuestra atención la muy baja ejecución del presupuesto correspondiente al primer trimestre y trazábamos un paralelo con lo ocurrido en 2009, año en el que habíamos tenido elecciones también a mitad de año. Los datos de la ejecución del segundo trimestre muestran una fuerte ejecución, diez veces la ejecución del trimestre anterior:

Fuente: Informes de ejecución del presupuesto correspondientes al primer y segundo trimestre 2011. Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, la Secretaría de Comunicación Social, que concentra casi toda la política publicitaria oficial, ejecutó al 30 de junio el 85,36% de su presupuesto ($ 128.431.599,12 sobre $ 150.445.763 de presupuesto vigente). Cabe mencionar que en el primer trimestre sólo se habían ejecutado $ 13.682.822,43. Si tenemos en cuenta el monto destinado a los contratos de publicidad ($ 122.894.164), la ejecución es del 93,18% ($114.509.427,57, apenas dos millones por debajo del total gastado por el conjunto de los organismos del gobierno). En el primer trimestre había sido de $ 10.826.456,96 (7,89%).
Es fácil prever una ejecución muy por encima del presupuesto originalmente asignado como ocurrió en años anteriores. Ya dimos ejemplos respecto de cómo se reasignan partidas con este fin. Cabe sí preguntarse si estamos frente a un nuevo récord de ejecución o la principal concentración del gasto se dará en el segundo trimestre. De mantenerse el ritmo alcanzado en los meses de abril, mayo y junio la Ciudad estará gastando a fin de año más de $ 300 millones en publicidad de gestión.

martes, 16 de agosto de 2011

El voto de los argentinos


Tras el resultado de la elección del domingo he visto circular esta foto por internet, acompañada de toda clase de exclamaciones que expresan el disgusto de quienes votaron a cualquiera de los candidatos de la oposición. En algunos casos, se intenta expresar que el voto a Cristina tuvo que ver con el denominado "clientelismo", en otros que el mensaje es "extorsivo".
Esto me dispara tres interrogantes: ¿En serio les parece mal que el Estado pague más jubilaciones y pensiones y que no deje que los viejos se mueran de hambre? ¿De verdad prefieren que los aportes jubilatorios se vuelvan a timbear en la bolsa en vez de que los administre el Estado como siempre debió ser a través de la ANSES? ¿Tan mal está que los pibes de los barrios de menores recursos tengan trabajo? Creo que no comprender la importancia de estas políticas y lo que significaron en términos de devolver dignidad a millones de argentinos explica en buena parte la sorpresa que se llevaron muchos con el resultado. 
Es posible que el mensaje del cartel tenga algo de apocalíptico. Al fin y al cabo, en el mensaje político se usa con frecuencia el "nosotros o el fin del universo". El mismo uso que se puede criticar en el oficialismo está presente en el discurso de los partidos y los medios de la oposición. Pero más allá de eso, teniendo en cuenta que enfrente hay candidatos que pretenden volver a las AFJP, reducir subsidios (incluidos los que aportan al consumo de las clases medias) y aumentar la deuda pública para bajar retenciones y frenar la inflación vía baja del consumo (y por ende del empleo), lo que dice el cartel es rigurosamente cierto. Tomarlo como amenaza es un exceso. 
Los candidatos de los medios, los dueños de los medios y muchos de los que hoy se enojan con el resultado, no tienen el menor interés en mejorar la situación de los que menos tienen. Los usan como parte de su queja ("cada vez hay más gente mendigando en la calle"), pero critican de la peor manera las políticas sociales ("sigamos creando vagos"). Ese dinero que "se rifa", del que reciben una parte en subsidios varios (luz, gas, transporte, etc) se lo sacan a los exportadores de productos primarios que ganan fortunas gracias a que el gobierno sostiene un dólar alto. Fortunas que les permiten invertir a lo grande en propiedades, lo que explica en buena medida que mucha gente de clase media no pueda acceder a la vivienda por los precios que tienen esas propiedades. Tratar de entender las cosas es bastante difícil y complejo, cuesta esfuerzo, pero hay que tratar de dejar la "vagancia" de lado y no entregarse al discurso de los poderosos viendo la realidad sólo a través de un canal de televisión o un diario.
Tal vez no estaría mal que los que reaccionan tan mal ante el resultado de la elección (algunos se quejaron de las opiniones de Fito Páez, les recuerdo), traten de pensar en serio en cuáles son los motivos para que Cristina saque el 50% de los votos (aquí un muy buen post del Ruso al respecto si quieren ir empezando). Es hora de ampliar la mirada, analizar la realidad más allá de lo que digan las empresas de medios que hace rato les venden que el gobierno está terminado y no recurrir a la idiotez de pensar que los otros son tontos o están comprados.

lunes, 1 de agosto de 2011

El voto de los porteños


Con los resultados provisorios de la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires ya en la mano, es tiempo de empezar a completar un análisis que se inició al día siguiente de la primera rueda y en el que preveíamos un resultado casi idéntico al que finalmente se dio.
En este momento, muchos asistimos con perplejidad al volumen de apoyo obtenido por Mauricio Macri, aún cuando lo hayamos tomado como posible o haya sido parte de nuestras pesadillas. No es buen momento, creo yo, para enojarse con los porteños por lo que votaron. A mi entender, hay que tratar de entender el resultado y analizar qué cuestiones fallaron en el armado de una propuesta alternativa y en la comunicación de esa propuesta. Tratando de ser lo más sintético posible, algunas reflexiones.

Dos Ciudades

No hay muchos casos de ciudades autónomas del tamaño y la importancia de Buenos Aires. Me refiero específicamente al modo en que confluyen en una misma jurisdicción las responsabilidades propias de un gobierno municipal con las de un gobierno provincial. Es así que el mismo gobierno se encarga de cuestiones como el podado de un árbol y a la vez de gestionar un sistema de salud que cuenta con 33 hospitales. Podemos así movernos entre los distintos grados de responsabilidad del Gobierno con muchísimos ejemplos más.
Una primera cuestión que surge de este panorama es que existe en el tejido social de la Ciudad de Buenos Aires un importante sector de la población para el que los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad son básicamente los municipales: el arreglo de baches y veredas, el mantenimiento del alumbrado, el cuidado de las plazas, etc. Para muchos de ellos, el sistema de salud pública sólo puede interponerse en su camino en caso de un accidente en la vía pública porque cuentan con obra social o medicina prepaga, la escuela de sus chicos es privada (aunque reciba un subsidio estatal nadie considera que el colegio de los chicos se paga más allá del esfuerzo personal de afrontar una cuota), no necesitan de las políticas de vivienda (por lo menos no de las orientadas a los sectores más postergados), ni de lo que haga desarrollo social.
Si por un momento nos detuviéramos a pensar cuáles son las políticas básicas para el desarrollo de cualquier individuo en la sociedad, tal vez podamos acordar en cinco: salud, educación, trabajo (me refiero en este caso a que genere un ingreso personal y familiar que garantice cuestiones también básicas como la alimentación y la vestimenta, por ejemplo), vivienda y seguridad. Todos estos temas forman parte de la agenda básica del gobierno de la Ciudad, (y habrá que agregarles la gestión del tránsito y transporte, obviamente no en lo referido al bache o pavimentación, y la prevención de inundaciones), en buena medida compartidos con la Nación. Muchos de los ciudadanos de Buenos Aires sólo demandan seguridad, habida cuenta que tienen cubierto el resto.
En este sentido, cabe hacer una primera diferenciación entre dos niveles de votantes, muy en bruto: los que votan sólo un Gobierno Municipal y los que votan también un Gobierno provincial.
Obviamente, se trata de extremos ideales y por supuesto que en medio de ellos hay una escala de grises, a medida que disminuye o aumenta la dependencia de los bienes públicos en materia de salud, educación, etc.
Es cierto que buena parte de las materias "municipales" deberían ser gestionadas en el futuro inmediato por las Comunas, pero sea por la casi nula información al respecto (algo que probablemente el macrismo hizo deliberadamente para que la agenda de campaña no se centrara en temas sociales), o porque las elecciones también son un balance de lo que se hizo en los últimos cuatro años, por lo menos por esta vez siguieron siendo parte de lo que votamos los porteños cuando votamos Jefe de Gobierno.
Ahora bien, primer problema para la campaña de Filmus: la gestión de Mauricio Macri contó con varios factores a su favor: el "viento de cola" de la economía nacional que impactó positivamente en los ingresos de la Ciudad, una fuerte política de endeudamiento y subas de impuestos (algunas ya olvidadas, parece, y otras que pasaron desapercibidas) que los hicieron aún más holgados, y una política de disminución de la participación de la inversión social en el gasto total de la Ciudad, todos factores que contribuyeron al aumento de las partidas destinadas al "embellecimiento" de Buenos Aires y que hemos detallado y demostrado en varios post anteriores.
Tal vez el ejemplo más extremo del votante "municipal" podría mostrarse con esta imagen, capturada de una conversación en twitter:


Sin duda que se trata de un ejemplo muy extremo, pero en estos casos se hace necesario aplicar herramientas de análisis de opinión pública y cuantificar qué franja de la población tiene esta clase de razonamiento. Tengo de todas formas la impresión de que Durán Barba, así como en su momento contó con números que respaldaban la posición xenófoba e irresponsable del Jefe de Gobierno mientras se desarrollaba una crisis en el Parque Indoamericano, tiene números que le indican que muchos de los porteños tienen la necesidad de, al menos, quedarse tranquilos con su conciencia respecto a los temas sociales. Creo que eso se explica cuando vemos el importante despliegue de afiches que hacían referencia a la entrega de notebooks por parte de Clarín a los alumnos de las escuelas, las "historias para creer" que en algunos casos encima fueron falsas y debieron quitarse de difusión, y el fuerte blindaje por parte de los medios en torno a estos asuntos.
Creo que en estos temas la Campaña de Filmus estuvo ausente. El eje de la campaña se centró en temas sociales. No hay que mentirse, pero a pesar de que las calles de la Ciudad tienen muchos baches aún, no sería coherente con lo expresado más arriba no admitir que el macrismo puso mucho dinero en el tema y mostró, de la mano de la colocación de carteles amarillos por doquier, una actividad frenética. Más allá de eso, creo que de todas maneras no es razonable abandonar un eje de campaña en el que la complejidad de los problemas a solucionar siempre deja espacio a la crítica y a la propuesta superadora (en alguna nota anterior mostré deficiencias en la gestión del tema del bacheo que podrían servir de ejemplo).
Es posible que se haya creído que se trataba de un terreno donde precisamente quienes más interesados puedan mostrarse al respecto son los que votan por una cuestión ideológica al macrismo. Puede observarse que en las zonas más acomodadas de la Ciudad el macrismo sacó porcentajes en segunda vuelta cercanos al 80% (Comuna 2, por ejemplo). Tal vez el terreno no era nada fértil, pero sigo creyendo que se trata de una gran concesión.
Tampoco es cuestión de negar que el macrismo tenga algunos méritos para mostrar en la materia. La nivelación de la Avenida Patricios y su puesta en valor provocó una oleada de votos al PRO, así como seguramente mucha gente se debe haber quedado chocha con su vereda nueva. Con motivo de cumplirse un año y medio de la gestión de Macri, y bajo el título ¿Cuánto pagarías por tu vereda?, señalábamos:
Cabe preguntarse entonces, si la agenda de la administración que asumió en diciembre de 2007 reflejaba o no las aspiraciones de los porteños. ¿Estábamos convencidos de que se gasta demasiado en Salud y Educación?, ¿pensamos que es más necesario arreglar con nuestros impuestos la vereda de la sede del Citibank en la esquina de Mitre y San Martín -Macri parece haber llegado a la conclusión de que era necesario ayudar económicamente a los bancos antes que el propio George W. Bush- que dotar de una adecuada instalación de gas a una escuela?
Si bien queda claro que una importante porción de la población de la Ciudad de Buenos Aires sólo va a las escuelas públicas cuando le toca votar y que el único contacto con la salud pública se produce en caso de sufrir un accidente de tránsito, cuesta creer se prefiera una matriz de gasto como la que se gestó en el último año y medio. De otra manera no se entiende la necesidad de mostrar un lado humano por parte del macrismo y de gastar fortunas en verdades a medias -que no son más que mentiras- en spots publicitarios en los que se pone de relieve la dimensión del gasto educativo (en términos nominales y no en reales).
Tal vez haga falta trabajar mucho para difundir la forma en que se gastan los dineros de los porteños. Costará mucho (al fin y al cabo se debe enfrentar a una formidable máquina publicitaria como la que controla hoy el Gobierno de la Ciudad), pero se puede demostrar que así como se mintió respecto del aumento de impuestos (algo que volverá a ocurrir a fines de este año), también se mintió respecto de las áreas prioritarias para la inversión pública en la gestión PRO.
Tal vez haya una porción del electorado porteño que considera poco relevante invertir en salud, en vivienda y en educación pública, y que es más importante que ello reparar veredas en barrios acomodados. A ellos habrá que convencerlos de que la inclusión social y la igualdad de oportunidades generan más seguridad, mayor desarrollo económico y, al fin y al cabo, mayores posibilidades de que tengamos recursos para invertir en baldosas.
Creo francamente que nunca se remontó esa cuesta. No se trata de responsabilizar a nadie, leyéndome a mi mismo encuentro esa tendencia a hablarles de escuelas y hospitales a quienes lo único que les interesa es tener la vereda en condiciones. ¿Tenemos entonces que abandonar nuestras convicciones? Seguro que no, pero siempre tenemos que tener en claro que para llevarlas a cabo hay que acceder al gobierno, y para eso se necesitan votos. Además, y más allá de la importancia que demos a ciertos temas, mientras formen parte de las responsabilidades de Gobierno se hace necesario tener políticas específicas en carpeta y reitero, desarrollar críticas y propuestas alternativas a lo que se hace.
Se trata, además, de un terreno muy propicio para desarrollar el discurso "de gestión" en el que la política está ausente. Ceder terrenos en estos asuntos resulta a mi entender gravoso, aunque no tenga la posibilidad en este momento de cuantificarlo adecuadamente.


La nacionalización de la elección

Cuando se iniciaba la campaña, pensaba en lo difícil que podría serle a Macri remar la sensación de que cuatro años más de gobierno, con Cristina Fernández de Kirchner gobernando al país hasta el 2015, iban a redundar en más impotencia y excusas de su parte. Si se la había pasado todo el mandato echando la culpa al gobierno nacional de todo lo que le salía mal (su quejas respecto a la imposibilidad de "acceder a financiamiento" y la política de endeudamiento son clara muestra de que se utilizó hasta el hartazgo esta mentira), ¿a qué nos iba a estar invitando los próximos cuatro años?
Pues bien, la campaña de Filmus, apoyada en encuestas que daban alta intención de voto a CFK en la Ciudad, tomó este cariz:


Confieso que antes de la campaña me imaginaba lo difícil que le sería a Macri invitar a los porteños a cuatro años más de impotencia. Si sus falencias eran a causa de un gobierno nacional que caminaba hacia una segura reelección, ¿qué nos podía ofrecer a futuro? No obstante, cierta demora en la instalación de un candidato por parte del Frente para la Victoria más la certeza de que la decisión fue toda de CFK, contribuyó a generar la imagen de que el candidato no era más que un "delegado" del gobierno. De ahí a presentar la "sintonía" como una extorsión al porteño (los medios y el resto de los partidos también juegan), un pasito. Inteligentemente, la campaña de Macri llamó a defender la autonomía:


Ya para la segunda vuelta se intentó hacer eje en una comunicación que siguió hablándole a los convencidos. Esta vez, intentando sumarse a la onda de los globos de colores ofreciendo corazones. Con lo resultados en la mano, podemos decir que no sirvió de mucho:


En definitiva, mientras la campaña se basó en aglutinar a los votantes de Cristina y se hizo eje en los temas sociales (en los que así como ocurre con la mejora de los índices de mortalidad infantil el gobierno nacional también tiene algo que ver), se dejó libre el espacio para hacer campaña en las cuestiones relacionadas con el interés de una amplia proporción de votantes de la Ciudad, se permitió que en materia de seguridad prevalezca la imagen de que la policía metropolitana era el único intento serio por parte de alguien para resolver el problema (la implementación del refuerzo de la seguridad en el sur por parte de la Nación sólo una semana antes de la elección tuvo a mi entender un efecto contraproducente, una especie de demostración de que la voluntad de hacerse cargo del tema aparece sólo ante una inminente derrota electoral). En este esquema, haber renunciado a la que en definitiva fue la única posibilidad de acceder a un debate de candidatos más que un error fue una consecuencia.
El resultado hoy nos muestra a un macrismo que tendrá una Legislatura casi a su merced (tiene 26 votos seguros y 10 diputados más con los que negociar mayorías que incluyan apropiarse de fondos del Banco Ciudad, seguir endeudando a Buenos Aires y volver a aumentar los impuestos, entre una larga lista de temas que permanecen en agenda). Una legitimidad de casi el 65% para impulsar cualquier expediente pendiente (mudanza del gobierno de la Ciudad a los terrenos del Borda y Moyano, Puerto Madero 2, etc.).
Es muy probable que, así como ocurre en muchas zonas de la Ciudad, el avance de los negocios inmobiliarios desplace población dependiente de los bienes públicos y se acentúe la "municipalización". Sin dejar de lado el contenido antipolítico, mediático y corporativo del neomenemismo triunfante en Buenos Aires que genera también un apoyo en sectores sociales medios y bajos, tenemos que tener presente que la derecha en la Ciudad es probablemente más fuerte que nunca.
Cabe mencionar que además la instalación de una agenda de cambio social no sólo genera una esperable reacción entre los ricos, sino que muchas veces genera temor en clases medias y bajas. La reacción de muchos de los vecinos de la zona del Indoamericano, plegándose al discurso en contra de la entrega de viviendas a los sectores más postergados es una muestra de ello. El macrismo sabe jugar con estos efectos (no se puede negar que el tema de Shoklender les vino como anillo al dedo), lo cual invita a redoblar esfuerzos no sólo en materia de pelea cultural, sino en la atención de los problemas pendientes de solución en distintas capas de la sociedad (en materia de vivienda, por ejemplo, la clase media tiene un grave problema de acceso por una cuestión de costos, y se hace necesaria una agenda de política pública que comprenda y encare el fenómeno si es que se quiere avanzar con mayor sustento en resolver los problemas más acuciantes de quienes están aún fuera del sistema).
Tal vez tendríamos que dejar de lado ciertas lecturas que hablan de tercios (progresista, de derecha e independientes). Si tenemos en cuenta que la única victoria contundente del espacio progresista (más allá de la composición de la UCR, De la Rúa no expresaba eso) se dio en el año 2000 cuando Ibarra le ganó a Cavallo, y que a duras penas se logró la reelección en 2003 luego de perder en primera vuelta frente al actual Jefe de Gobierno, tal vez se haga necesario reorientar la mirada hacia una construcción que abarque en la forma los más amplia posible el espacio (durante la campaña se produjo el rídiculo de permitir la existencia de dos colectoras y luego hacer todo lo posible luego por invisibilizarlas) y formule una propuesta que interpele a todos los ciudadanos de Buenos Aires. En buena medida, se trata de una batalla cultural contra visiones instaladas a lo largo de décadas y consolidadas de la mano de la fiesta del menemismo, visiones que además cuentan con la fuerza de un complejo mediático que sostiene su poder en ellas y que juega permanentemente a retroalimentarlas.

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