"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales" Bertolt Brecht

jueves, 7 de abril de 2011

Fondo Vivienda Porteña

El estallido generado por la política de Vivienda del Gobierno de la Ciudad a fines del año pasado, con lamentables episodios, disparó un debate muy necesario respecto de uno de los derechos básicos de las personas, que no suele tener la misma consideración que la educación, la salud o la seguridad en la mayoría de las conciencias, aunque a mi entender no debería ser así.
Decía en una reciente nota sobre el tema:
Entre tanta discusión cruzada a partir de la toma del parque indoamericano y tanta apelación vergonzosa a la xenofobia y el racismo por parte de quienes tienen a su cargo nada menos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece importante hacer eje en el necesario debate acerca de cuál es el piso de derechos que el Estado debe garantizar. Así como todos somos constestes en que entre esos derechos sin duda se cuentan la educación y la salud, cabe preguntarse porqué se reacciona en forma tan violenta cuando de lo que se trata es de garantizar que todos podamos tener un espacio donde vivir y no terminemos tirados en la calle.
Pues bien, uno de los argumentos más fuertes entre quienes planteaban oposición a una mayor inversión en vivienda social era que muchos sectores de clase media, que generalmente no son contemplados por las políticas de vivienda, tampoco tenían forma de alcanzar la vivienda propia y se veían condenados al alquiler de por vida.
Ese reclamo lo escuchamos y leímos innumerables veces en nuestra oficina.
Es importante hacer una distinción. Muchos de los que plantean el argumento no tienen ni la más mínima intención de resolver el problema de acceso a la vivienda de sectores bajos y medios. La política crediticia del Banco Ciudad, por ejemplo, nos da una pauta respecto de la postura que se puede asumir frente a este tema:


Como se puede observar, cuando asume la actual conducción del Banco Ciudad, macrista en su mayoría, la suma de los préstamos hipotecarios y los créditos otorgados a grandes empresas totalizaba $ 2057 millones, de los cuales el 53,28% pertenecía al primer grupo. En la actualidad, la participación en ese total de los créditos hipotecarios cayó al 42,65%, es decir más de diez puntos.
Esto se produce en medio de un contexto de crecimiento de los depósitos producto del crecimiento económico y la inflación. Vale entonces mencionar que mientras en este periodo el stock de préstamos hipotecarios creció un 107 %, el stock de préstamos a grandes empresas lo hizo en un 217 %. 
El 2010 deja un resultado neto para el Banco Ciudad de $ 639 millones, de los que el Poder Ejecutivo de la Ciudad pretende usar buena parte para engrosar el presupuesto (más de $ 400 millones). Entendiendo que no es una buena política utilizar las ganancias del Banco Ciudad para cubrir los gastos corrientes del Poder Ejecutivo (ganancias que serían aún mayores si por ejemplo no se hubieran utilizado para pagar gratificaciones por cifras cercanas a los $ 100.000 a altas autoridades del Banco), y atendiendo la necesidad de financiar un programa que acerque los créditos a una franja de la población que hoy a pesar de su esfuerzo no los puede alcanzar, se trabajó en un proyecto que tenga en cuenta ambas cuestiones. Fue presentado por Aníbal Ibarra, junto a los legisladores Juan Cabandié, Rubén Campos y Maria Elena Naddeo, y se puede acceder al mismo en este link.

3 comentarios:

  1. Muy interesante, ahora:

    ¿Qué es lo que no se entiende? más del 50% de los habitantes de las villas son extranjeros, y el resto (en su mayoría) son sus hijos.

    Es evidente que si Macri les garantizara una "vivienda digna" eso no haría más que desencadenar un proceso creciente de inmigración de gente muy pobre de diversos países de latinoamérica.

    No está claro tampoco que el "derecho a la vivienda" de los más humildes deba materializarse en el territorio de la Capital Federal ¿no sería conveniente descentralizar un poco?

    Otra cosa para analizar es por qué en la década de 90 se suscribían gran cantidad de hipotecas par gente de clase media y hoy en día el crédito hipotecario es inaccesible ¿a qué se debe?

    (Alcides Acevedo)

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  2. Alcides: No sé de dónde sacás los datos respecto al porcentaje de pobladores extranjeros en las villas, y francamente no entiendo lo que intentás decir en el primer párrafo. En todo caso, se trata de una discusión sobre la que he hablado en otros posts pero que no tiene que ver con el objeto del proyecto en este caso.
    Respecto de "desencadenar un proceso creciente de inmigración de gente muy pobre de diversos países de Latinoamérica" puedo decirte que como mucho se trata de una excusa (trato de no interpretarlo como una expresión xenófoba porque en ese caso no hubiera aceptado el comentario). Los fenómenos migratorios son profundamente más complejos y si la afirmación fuera cierta, hubiésemos tenido una auténtica avalancha migratoria en provincias como San Luis, cuya capital está rodeada de viviendas construidas por el Gobierno. Nada de eso ha ocurrido.
    Respecto de la cuestión territorial, estoy de acuerdo con desconcentrar la población del territorio del AMBA, pero no de distinguir entre porteños y conurbanos y mucho menos entre ricos y pobres. No obstante, el proyecto apunta a permitir que quienes habitan en la Ciudad puedan acceder a un crédito para comprar una vivienda en los partidos limítrofes de la Ciudad, pero con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas y no presionar sobre el marcado inmobiliario generando un impacto sobre los valores de las viviendas en la Ciudad, lo que restaría utilidad al proyecto.
    Respecto del último párrafo, lo que entendemos no es que el costo de las tasas sea alto (si las comparamos con la inflación en el corto plazo pueden resultar atractivas), sino que el precio de las propiedades se ha disparado por factores ajenos a la capacidad de pago de los sectores asalariados. Hay sectores de altos ingresos con alta capacidad de ahorro (por ejemplo propietarios de campos que cosechan soja) que por la experiencia nefasta que se ha tenido con los bancos y por el limitado acceso a otras alternativas de inversión invierte muy fuerte en un mercado inmobiliario que no es capaz de sostener una oferta adecuada a tamaña demanda. La propuesta de una tasa muy reducida apunta a atender este desequilibrio.

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  3. Más alla´de la falta de fuentes de los datos sobre habitantes de las villas (que parecen más surgidos del prejuicio que de la estadística, técnicamente todos los habitantes de villas serían extranjeros?), si los hijos de extranjeros nacidos en el país no deben ser contemplados como sujetos de derecho (de una vivienda digna, entre otras cosas), me parece que estamos listos.

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