"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales" Bertolt Brecht

jueves, 25 de febrero de 2010

Otra original propuesta de la comunicación macrista


Durante la campaña electoral del 2007 el macrismo sacó un spot publicitario para televisión que plagiaba el formato de un aviso de PlayStation que se había realizado en Europa.
Los avisos que ilustran esta nota muestran que la comunicación PRO lo hizo de nuevo: el de la izquierda es un afiche correspondiente a una campaña de la Corporación PRO Antofagasta en Chile (la sigla PRO en este caso no tiene nada que ver con el partido político argentino), lanzado en febrero de 2008, mientras el de arriba a la derecha es parte de la campaña que comenzó a difundir el Gobierno de la Ciudad a fines del 2009, en el marco de una serie que había comenzado en noviembre de 2008 y que se denominó "jugá limpio".
Las similitudes son más que notorias, empezando por supuesto con los colores aunque los tonos de estas imágenes varían un poco, el hey! o ey! que a pesar de la hache son una copia cabal y las figuras humanas con extremidades y físicos idénticos más allá de que estén tirando la basura de un modo diferente. El signo de admiración, además, es exactamente el mismo (lo que indica que la tipografía es la misma, con la diferencia entre mayúsculas y minúsculas y un resaltado en negrita que lleva la de Buenos Aires).
Que un partido político utilice un aviso publicitario realizado en base a un plagio es en todo caso un problema de ese partido político y de sus líderes. Los ciudadanos pueden dar mayor o menor importancia al hecho, ignorando la truchada o castigándola a la hora de votar, pero cuando se trata de la comunicación institucional de un Gobierno el hecho es delicado, porque puede tener consecuencias gravosas para el erario público, más allá de que el papelón en este caso es para la Ciudad.
No sé si el municipio chileno es el autor original de la campaña, si lo sacó de avisos de otro lado o qué, pero alguien pensó en este formato tiempo antes que los encargados de la comunicación del Gobierno de Buenos Aires. Como mínimo, sería imprescindible que el Poder Ejecutivo de la Ciudad aclarara si le pidió permiso a la Corporación de Antofagasta o a la empresa que diseñó la campaña para poder utilizarla en la Ciudad de Buenos Aires. Si no es así, las consecuencias legales de este accionar probablemente tengamos que afrontarlas entre todos.

Escrito con la colaboración de Federico Armada.

Fomentando la ignorancia


(Foto: www.senado.gov.ar)

Los títulos principales de los diarios de hoy destacan la fallida sesión del Senado de la Nación en la que no se logró aprobar la conformación de las Comisiones de asesoramiento. La mayoría de los medios tienen en común calificaciones del tipo "maniobra", "jugada", etc. Salvo Página 12, que tiene una postura afín al Gobierno, el resto de los diarios presentan la derrota de la oposición como una especie de trampa institucional del Ejecutivo y muestran al ex Presidente Menem (aliado ocasional por su ausencia) como un compañero "horrible" del kirchnerismo , como si haberlo contado en el otro bando no hubiera significado mácula alguna para sus eventuales compañeros de ruta (en mi opinión lo es de cualquiera de los dos lados).
Oposición y medios opositores culpan al Gobierno de un fracaso que en todo caso les es propio, pero lo complicado es jugar con la ignorancia de muchos destinatarios del mensaje. El quórum es uno de los elementos que nutren al Parlamento como institución y los distintos sectores tienen el derecho (y no la obligación) de prestarlo o no.
Quiero ser claro en un aspecto. No es que considere que el Gobierno no hace lo mismo que la oposición. Muchas veces, cuando es el Ejecutivo el que no logra sentar la suficiente cantidad de legisladores en el recinto, escuchamos quejas respecto de que los ausentes "no quieren trabajar" y que habría que sancionarlos de algún modo. Quienes hacen ese tipo de afirmaciones, sobre todo cuando se trata de legisladores o de periodistas especializados en temas parlamentarios, mienten. Saben que mienten y lo hacen a plena conciencia. Y cuando les toca a ellos no dar quórum se olvidan por completo de los pedidos de descuentos de sueldo y otras yerbas.
El Parlamento se compone de lo que los ciudadanos votan. De acuerdo a ese voto existen mayorías o no. Los resultados del trabajo parlamentario (el recinto es una parte pequeñísima del mismo) se presentan en la sesión a través de la conformación de mayorías que, dependiendo del voto de la gente, pueden ser logradas por un solo partido, por una coalición o por mayorías eventuales. Las reglas del juego implican que para lograr aprobar una ley, una resolución o lo que fuere, hay que sentar una cantidad de legisladores en sus bancas (algo que varía de acuerdo a los reglamentos) y eso también forma parte de la construcción de mayorías y consensos propia del funcionamiento del Congreso en un sistema democrático.
En el Senado de la Nación se da una circunstancia particular: producto del humor de los electorados provinciales en los años 2005, 2007 y 2009, en los que se votó un tercio de la actual composición del Cuerpo respectivamente, la oposición y el oficialismo están muy parejos en números, lo que hace sumamente complicadas las negociaciones (cada voto es muy importante). Lo que pasó ayer puede convertirse en moneda corriente entonces, y debemos tratar de conocer el funcionamiento de las instituciones (subrayo que el quórum es un elemento fundamental del mecanismo institucional) antes de comprar opiniones interesadas al respecto.
Se puede estar de acuerdo o no con el Gobierno. Lo que no se puede es aceptar discursos falaces ni medir distinto el mismo comportamiento dependiendo de la simpatía con el sector político que lo lleve adelante.
Es desagradable que haya medios y políticos que tomen con normalidad fomentar la ignorancia respecto de las instituciones y luego valerse de ello.

martes, 23 de febrero de 2010

Veredas, escuelas y hospitales II



En una nota que publiqué hace dos meses y medio traté de mostrar de qué forma se establecían las prioridades en materia de infraestructura desde que Macri se hizo cargo del Gobierno, recurriendo a una comparación de la inversión en infraestructura escolar, en infraestructura y equipamiento hospitalario y en mantenimiento de la vía pública.
El cuadro mostraba, con cifras del 2008 y del tercer trimestre del 2009, cómo a pesar de que Salud y Educación tenían presupuestos superiores al arreglo de veredas Macri se las rebuscó para gastar mucho más en esto último. Decía además que la tendencia que marcaban los números parecía irreversible. El cuadro que ilustra esta nota, ya con los números correspondientes al cierre del año 2009, me da la razón.
Al que no le dan la razón estos números es al Ministro de Economía de la Ciudad, que días atrás tuvo este diálogo con Werner Pertot, de Página 12:
WP: –¿Por qué el presupuesto de infraestructura escolar viene bajando desde 2008 (317 millones) hasta 2010 (145 millones)?
NG: –Porque la gran infraestructura se construyó en el primer año. Hubo mucha inversión al principio y ahora baja porque se ha resuelto.
La pregunta sería: ¿cómo es posible concretar en 2008 una "gran infraestructura", si el gasto total de los años 2008 y 2009 apenas supera lo que se había presupuestado sólo para el año 2008?
Peor le fue a Salud. La inversión total en infraestructura y equipamiento de los años 2008 y 2009 apenas alcanza el 70% del presupuesto que votó la Legislatura sólo para el año 2008.

lunes, 22 de febrero de 2010

Inundando Buenos Aires


Pienso que uno de los rasgos de nuestra pobre cultura política radica en la facilidad con la que todos caemos en repetir la frase "los políticos mienten", como si no tuviéramos responsabilidad en ello. Votar a candidatos que nos ofrecen soluciones espectaculares a nuestros problemas y paraísos terrenales a la vuelta de la esquina también debería obligarnos a hacer algún replanteo de las cosas, a fijarnos un poco si no tenemos alguna culpa cuando compramos alegremente espejitos de colores.
Uno de esos espejitos debutó con un furioso color amarillo allá por 2007, con cartelitos como el que ilustra este artículo.
En una semana en que la Ciudad se inundó feo por lo menos dos veces (mientras escribo la nota preparamos los botes para la que parece ser la tercera), asistimos al coro de excusas de un Gobierno de la Ciudad acéfalo por vacaciones que incluyó faltas de alertas meteorológicos, obras en curso, dudosas actitudes de aguas provenientes de otras jurisdicciones, vecinos muy PRO y a la vez terriblemente mugrientos, empresas privatizadas que se echan la culpa mutuamente con los reyes de la privatización y por supuesto el siempre buen recurso de la herencia recibida. Sólo falto San Pedro, pero no da para seguir sumando conflictos con la iglesia católica.
Si de espejitos de colores se trata, es nuestra culpa creer que una Ciudad situada al nivel del mar, recorrida bajo su superficie por un importante caudal de agua y con un ambiente propicio para tormentas de verano no pueda inundarse nunca. Prometer eso es de versero y creerlo es de ignorante. Pero tanta inundación, sin tanta agua como en otras ocasiones, con más obras hechas, debería llamarnos la atención. Más allá de las excusas, algo ocurre.
Tengo pendiente escribir un detalle de cómo ha hecho Macri para endeudar a la Ciudad mucho en muy poco tiempo. Básicamente algo he comentado al respecto, pero la política ha sido suplir la falta de acceso a mercados de deuda con el retraso de los pagos a proveedores, y eso tiene algo de incidencia en lo que está pasando por estos días. Por lo menos es lo que explica la evolución del gasto en limpieza de sumideros desde que asumió Macri, y cómo impactó la política de aumento de la deuda flotante en ese aspecto de la gestión.
Basta ver la evolución del gasto en los últimos tres periodos:
2007: $ 66.109.756,47
2008: $ 68.898.359
2009: $ 60.725.485,71.
Dos cuestiones surgen claramente de esas cifras. En el año 2009 se gastó menos que en los dos años anteriores, a pesar de que se trata de contratos con el sector privado sujetos a procesos de redeterminaciones de precios producto de la inflación, y en términos reales el gasto del 2008 también es sensiblemente inferior al del año precedente. Aún concediendo que pueda haber mejoras en los precios (algo que no se verifica -más bien lo contrario- a lo largo de toda la gestión de Mauricio Macri), resulta muy difícil creer que bajando el gasto se puedan limpiar mejor los sumideros y así impedir que cualquier nivel de lluvias provoque una inundación.
Por otra parte, la política de endeudamiento de la Ciudad a través de la deuda flotante (el atraso en el pago a proveedores) tuvo en 2008 un especial impacto en muchas áreas sensibles de Gobierno, entre las que se encuentra el servicio de mantenimiento de los desagües pluviales. Mientras la deuda flotante del 2007 equivalía a unos dos meses de atraso en los pagos ($ 11.330.895,65 sobre los $ 66.109.756,47 que mencionamos más arriba), la del año 2008 alcanzó los seis meses ($ 33.741.968,79 sobre $ 68.898.359). Si el Ministro de Economía de la Ciudad no mintió a los legisladores cuando presentó el presupuesto (algo muy difícil si la Ciudad volvió a cerrar sus cuentas con déficit en 2009), la deuda flotante al cierre del ejercicio en diciembre pasado está por lo menos a los mismos niveles del año 2008, con lo que el atraso se puede estimar al menos del mismo nivel.

jueves, 18 de febrero de 2010

¿Mentira o ignorancia?



(clic en cada imagen para agrandar)

En estos días en que Macri ha descubierto que también le puede echar la culpa al Servicio Meteorológico Nacional de sus problemas (como si la limpieza de los sumideros dependiera de ese organismo) mucha gente se enteró a través de los medios de que puede acceder a un subsidio que la Ciudad paga para cubrir daños.
Mientras era Rodríguez Larreta el que daba la cara ante la prensa el discurso pareció obviar que se trataba de una ley aprobada unos años atrás. De hecho, la ley 1575 entró en vigencia en enero de 2005, y su reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 22 de septiembre de 2005. No es una decisión generosa del Gobierno de Macri como se intentó dar a entender en un principio.
Lo curioso es que según la nota del diario La Nación (también se puede encontrar las mismas argumentaciones en una nota de Clarín sobre la obra del Maldonado y en Crítica), Macri afirma que existe un tope de $ 5.000 determinado por la ley, lo cual no es cierto. El tope lo establece el artículo 2° del Anexo I de la Reglamentación, y por supuesto que no necesita instruir a los legisladores del PRO para que actualicen ninguna ley. La Reglamentación es un decreto, y puede cambiarla hoy mismo si así lo desea.

martes, 2 de febrero de 2010

Veto de Macri a la ley de Publicidad Oficial


Gráfica del Gobierno de la Ciudad. Seguiremos disfrutando de la cartelería con los colores del partido político del Jefe de Gobierno


Hace varios años que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta regular la publicidad oficial. Basta hurgar en los buscadores de proyectos presentados para encontrar varias iniciativas que intentan impedir su uso con fines electorales a favor de algún partido o para intentar evitar que se la use como forma de coaccionar a la prensa (o de responder a la presión de algún grupo de medios, por qué no).
Más allá de la voluntad de legislar sobre el tema, lo cierto es que técnicamente es difícil hacer una buena ley al respecto. Lo demuestra la gran cantidad de alternativas presentadas, y la sensación es que muchas veces es complicado encontrar la redacción adecuada para controlar la publicidad oficial sin asfixiar una importante herramienta de política pública.
Entre los muchos proyectos presentados se logró aprobar una ley sobre finales del año 2009 que francamente no me dejaba para nada conforme, pero que en algunos sentidos representaba un avance respecto de no tener norma alguna. Los espacios en blanco podían ir siendo llenados con el tiempo, y la ley no tenía en su texto obligaciones gravosas para el Gobierno ni entorpecía un buen uso de la política publicitaria por parte del mismo.
No obstante Macri la vetó. Su partido la apoyó en la Legislatura, pero el Jefe de Gobierno decidió vetarla en forma parcial respecto de varios artículos.
Soy sincero. Esperaba que el veto tuviera un costo político y que Macri no se animara a vetarla. Pero evidentemente pesaron más sus necesidades de cara al 2011. Sin contar con el aparato publicitario del Gobierno de la Ciudad a su servicio, teniendo en cuenta su pésima gestión, sus chances son nulas.
Detallando los principales aspectos del veto podemos demostrar que el discurso PRO iba en muchos casos en el sentido de lo que decía la ley vetada. De hecho algunos artículos surgen del texto de proyectos presentados por Diputados del PRO: basta comparar el texto del artículo 3º de la ley con el del artículo 3º inciso a) del proyecto presentado por la Diputada Martínez Barrios, del PRO, y el del artículo 5º inciso a) con el mismo inciso del artículo 5º de dicho proyecto (2111-D-09) para poder observar de dónde surge el texto vetado.
Sin duda los vetos más importantes fueron efectuados a los artículos 8º y 9º, que son los que inciden más directamente sobre el uso electoral de la publicidad oficial. Son los artículos en los que más se nota el doble discurso del macrismo.
El inciso a) del artículo 8º incluye entre las prohibiciones respecto de la publicidad oficial "incluir el nombre, voz, imagen o cualquier elemento identificable con funcionarios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Este texto fue vetado bajo el fundamento de que "es frecuente que en diversas comunicaciones institucionales se muestren imágenes o voces de funcionarios, con la razonable finalidad de que aquéllos que cumplen una función pública rindan cuentas de sus actos a la ciudadanía, y se den así a conocer" y agrega que la aparición de los funcionarios "tiene como finalidad la rendición de cuentas permanente al votante acerca de las acciones que realiza en la gestión pública para al cual fue elegido". Más allá de que es muy objetable afirmar que la frecuencia de un acto lo convierte de por sí en legítimo o moralmente aceptable (con ese criterio deberíamos aceptar como tales los cantitos discriminatorios en las canchas de fútbol o la falta de uso del casco por parte de los motociclistas), el argumento es insostenible si tenemos en cuenta que lo que se nos dice es que la publicidad oficial se puede utilizar como elemento que sirva a los fines de que se pueda calificar una gestión de Gobierno en particular. Es precisamente esa utilización la que tiene fines electorales y la que se intentaba evitar tanto en el texto de la ley como en los proyectos que le dieron origen. Lo que sostiene el veto en el sentido de que la ley de campañas (Ley 268, y vale aclarar que el texto proviene de la Constitución de la Ciudad) prohíbe realizar propaganda para inducir el voto no es suficiente en absoluto, como se desprende del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en Hernández Natalia s/ amparo, en la que los jueces sostuvieron que debe demostrarse que en efecto la publicidad oficial logra convencer al votante de elegir un candidato, lo que habida cuenta el secreto del sufragio es absolutamente imposible.
Además, el texto no surge sólo de los proyectos de la oposición. También existe la prohibición en el proyecto 2731-D-06, firmado por los entonces Diputados PRO Saya, Borrelli, Herrera Bravo y Michetti (artículo 8º) y en el expediente 2992-D-06 de la también Diputada por el PRO Marta Varela (artículo 7 inciso g)).
Por su parte, el inciso b) del artículo 8 del proyecto de ley vetado que llevaba el número 3391 establece que se prohíbe "incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con partidos o agrupaciones políticas". El decreto de veto no tiene empacho en volver a confundir al Gobierno de la Ciudad con un coto de caza privado: "cada administración instituye una impronta de comunicación, y esa imagen, en términos comunicacionales, identifica las acciones de una gestión de gobierno en especial", algo que por supuesto se riñe con la prohibición de “fomentar la impresión positiva del partido o sector gobernante” que instauraba el texto del inciso a) de artículo 7º de la Diputada Martínez Barrios y con la de no “tener puntos de similitud conceptual, gráfica y/o visual con ningún partido político” que establecía el inciso f del artículo 7º del proyecto de la Diputada Varela. Otro inciso del mismo artículo de este último proyecto (el d) prohibía inducir a confusión “con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier agrupación política u organización social”.
Con el veto, Macri se garantiza que los colores de su partido (amarillo y negro), sigan siendo los colores de la Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Respecto del artículo 9º, el veto es definitivamente cínico: la ley prohibía la publicidad oficial (con excepciones vinculadas al desarrollo de los comicios, temas de salud o de servicios públicos) durante los 30 días previos a la elección. En el decreto de veto Macri afirma que “el plazo allí establecido resulta ser excesivo y contrario al estipulado en similares términos por la Ley Nacional 26.571, que fija un plazo de quince (15) días de prohibición a la fecha prevista para la realización de las elecciones primarias y la elección general, plazo que aparece como más razonable en relación con la necesidad de comunicar las acciones de gobierno aún en épocas electorales.”
Puede que sea discutible la razonabilidad del plazo. Se puede argumentar por más o por menos días. Lo que no se puede es contradecir la propia postura tan groseramente, ya que en una conferencia de prensa que brindó el propio Macri en mayo de 2007 y que podemos encontrar en el diario La Nación bajo el título “Macri se quejó de la ‘campaña sucia’ en afiches y en la prensa”, el actual Jefe de Gobierno prometió que en 2011 “no realizará publicidad oficial ni inauguraciones de obras públicas en los 30 días previos a los comicios”

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