El adelantamiento de las elecciones de este año, iniciado por la convocatoria efectuada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el 28 de junio pasado y concretado luego por la voluntad del Gobierno Nacional de no encarar un proceso electoral con el peso de una derrota en la Capital encima, me hizo pensar bastante, entre otros asuntos, en cuál debería ser la fecha de las elecciones. Dos cuestiones me parecen centrales: el periodo de tiempo entre la elección y el fin de los mandatos de los Diputados y los temas que se votan durante ese periodo.
Los mandatos en la Argentina se renuevan, en la mayoría de las jurisdicciones y en el Gobierno Nacional, el día 10 de diciembre. Una fecha demasiado cercana para mi gusto al cierre del ejercicio contable del Estado, ya que muchos Diputados que no han logrado renovar su banca (a veces porque ni siquiera se pudieron presentar a la reelección por obstáculos constitucionales que también juegan un rol en esta situación) terminan votando el presupuesto y las leyes que establecen modificaciones impositivas. Muchas veces más preocupados por su futuro en términos laborales.
El resultado de la elección fue malo para el partido que Gobierna a nivel nacional. Un poco por la magnitud de la derrota kirchnerista en la Provincia de Buenos Aires y otro poco por decisión editorial de los principales medios de comunicación, quedó de lado la fuerte caída en términos electorales que el macrismo cosechó en tan solo un año y medio de gestión (habría que tener en cuenta además que su principal candidata medía en las encuestas al menos 20 puntos más que cualquier otro candidato del mismo espacio). Lo importante es que en lo que hace a la construcción de mayorías parlamentarias el PRO tiene algo complicado el panorama futuro, especialmente en temas que requieren mayorías especiales (sobre todo dos tercios de los miembros de la Legislatura) y dicha situación ha acelerado algunas necesidades legislativas de Macri.
Entre dichas necesidades se cuenta la aprobación en segunda lectura de un proyecto para vender tres terrenos en la zona de Catalinas para construir Torres. En la primera votación, entre aliados habituales y aliados circunstanciales el oficialismo obtuvo 42 votos, que a juzgar por manifestaciones previas de candidatos y la composición futura de la Legislatura no serían obtenidos después del 10 de diciembre.
En la sesión en la que se aprobó en la primera lectura el proyecto Catalinas se votó, sobre el final, un proyecto de ley (2790-D-2008) destinado a crear un “Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública” (Ley 3064), que fue vetada por el Poder Ejecutivo en forma total mediante decreto 525/2009. Esto hecho disparó especulaciones en la Legislatura en torno al hecho de que algún Diputado habría negociado su voto a las Torres a cambio de un lugar en dicho Comité una vez concluido su mandato.
El veto del Poder Ejecutivo puede revestir básicamente dos formas: parcial o total. El veto parcial no implica desacuerdo general con la norma, sino con parte de su articulado, mientras que el veto total marca un desacuerdo de fondo.
Extrañamente, el Poder Ejecutivo de la Ciudad presentó en la mesa de entradas de la Legislatura, el día 12 de agosto (un día después de la audiencia pública que se realizó sobre el tema Catalinas) un proyecto de ley (1721-J-09)creando un “Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública”, o sea lo mismo que vetó en el decreto arriba citado el día 9 de junio pasado.
Macri tiene un esquema de gestión basado en prueba y error, y son constantes las marchas atrás, pero en este caso se da la particularidad de que la gran mayoría de los artículos de la ley son idénticos al proyecto de ley que originó la norma vetada en su totalidad, o casi. Cabe agregar que además uno de los argumentos centrales del veto fue que “no se cuenta con créditos presupuestarios para atender el gasto que demandaría el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley”, algo que vista la situación financiera de la Ciudad no sólo no ha cambiado desde junio, sino que tiende a empeorar.
Intenté ver en los fundamentos del proyecto del Ejecutivo las razones de tamaño cambio de opinión. No sé si se trata efectivamente de un intercambio, pero me cuesta creer que alguien sea capaz de votar un negocio de 700 millones de dólares a cambio de un puestito. Sería importante, a fin de despejar dudas al respecto, que la iniciativa sea dejada para más adelante, tal vez para algún momento en que las finanzas de la Ciudad se encuentren en mejor situación.
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