Un nuevo aumento de impuestos en la Ciudad

Finalmente el macrismo logró los votos necesarios para imponer un nuevo aumento de impuestos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto original fue motivo ya de un artículo de este blog, al que me remito respecto de las consideraciones generales, por lo que me centraré en este caso en lo que finalmente se aprobó, ya que hubo algunas diferencias.
Las diferencias tienen que ver con el acuerdo parlamentario logrado con el Bloque Radical, el Bloque Socialista, el Bloque Peronista y el Bloque Encuentro Progresista. Prefiero dejar de lado cualquier tipo de especulación respecto del acompañamiento al macrismo por parte de estos bloques (algunos de los cuales lo hacen muy habitualmente). Votaron en contra Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, Igualdad Social, la Coalición Cívica, el Encuentro Popular por la Victoria, Nuevo Encuentro y el MST.
La propuesta original del PRO pedía una suba generalizada de la alícuota general de ingresos brutos que pasaba del 3% al 3,5%, lo que finalmente se aprobó tiene que ver con segmentar a los contribuyentes alcanzados (aumentando al 4% la alícuota) y con gravar aún más otras actividades. Se sancionó un aumento en otras varias alícuotas, según este detalle:

• Agentes de bolsa, intermediación financiera, venta de tabaco (art. 59º Ley Tarifaria), pasan de pagar el 4,9% al 6%.
• Seguros de Retiro, casas de empeño, negociación de órdenes de compra, venta en comisión (art. 60º Ley tarifaria), pasan de pagar el 4,9% al 5,5%.
• Bancos (art. 59º Ley tarifaria), pasan de pagar el 5% al 6%.
• Préstamos (exceptuados los bancos art. 61º Ley tarifaria), pasan de pagar el 5,5% al 6,5%.
• Compraventa de divisas (art. 61º Ley tarifaria), pasan de pagar el 5,5% al 6%.
• Venta de billetes de lotería, turismo, masajes y baños (art. 62º Ley tarifaria), pasan de pagar el 4,5% al 6%.
• Una suba de la alícuota general (arts. 55º, 56º y 58º Ley tarifaria), que pasa para los contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a 30 millones de pesos del 3% al 4%. Se exceptúa en este caso la comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza.
• Se aumenta el monto del régimen simplificado de $ 144.000 a $ 300.000.

Hubo dos ejes de debate en la Legislatura: el primero referido a la necesidad o no de aumentar los impuestos para otorgar aumentos, tema ya desarrollado en el artículo anterior, y los destinatarios de la nueva carga impositiva.

Es evidente que se trata de una discusión difícil. Una redacción que invoca a los grandes contribuyentes da lugar a pensar que se trata de un universo pequeño y de gran capacidad de pago, pero es muy difícil sostener que los formadores de precios no puedan trasladar al menos una parte del impuesto a los consumidores. Más difícil aún es creer que un banco no pueda trasladar la tasa al otorgar un préstamo. Por lo menos, en el caso de este tipo de impuestos, es abundante la opinión respecto de la regresividad del tributo.
Resulta interesante, a tono de la discusión que se plantea, observar que se excluyeron expresamente los ingresos derivados de la comercialización minorista de artículos de tocador y de limpieza, aparentemente porque en estos casos se produciría un traslado a los precios. Juro que no le encuentro el sentido a esta diferenciación, no sé porqué ocurriría en estos casos y no en la venta de remeras, por ejemplo.
Sin duda podremos ver a lo largo del año quién tiene razón respecto de la necesidad de subir los impuestos para cubrir alzas salariales. De todas maneras, el macrismo ha conseguido aire para la caja, incluso es posible que la propuesta de sus aliados le pueda generar algún recurso extra.
Queda pendiente (por decirlo de alguna forma ya que no dar la discusión permite que se siga adelante), debatir en qué forma el gobierno de Mauricio Macri decide quienes ganan y quienes pierden en el reparto de los recursos públicos. Mientras algunos contratistas obtienen redeterminaciones de precios muy por encima de los aumentos de salarios (por ejemplo las empresas de recolección de residuos), se vuelcan más recursos para educación privada en detrimento de la escuela pública y se gastan fortunas en consultorías y publicidad, los salarios de los empleados públicos pierden participación en el gasto y la infraestructura social (educación, salud, vivienda) se deteriora fuertemente de la mano de muchos programas destinados a los sectores de bajos recursos.